La Jornada Guerrero - Martes, 25 Junio 2019

Piden familiares de víctimas que dé solución a la violencia que se vive en la zona

La Sedena incumple acuerdo de instalar filtros de seguridad en tres comunidades, acusan


Zihuatanejo, 25 de junio. Familiares de los comunitarios de la Upoeg asesinados ayer en emboscada en la comunidad del Mameyal, municipio de Petatlán, dieron ultimátum al delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros para que se presente a dar solución a la violencia en esa zona. 

Luego de que ayer por la mañana, hombres armados emboscaran a comunitarios de la Policía Ciudadana de la Sierra y Costa Grande adheridos a la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg), y seis de ellos murieran por los impactos de bala, esta mañana, sus familiares amagaron con hacer un plantón permanente y que sea solucionada la crisis de violencia que aqueja a la zona de Petatlán.

Los comunitarios fueron emboscados en la comunidad del Mameyal, municipio de Petatlán, y eran originarios de las comunidades de El Limón, Corrales y el punto ya mencionado.

Entrevistado al respecto, Víctor Espino Cortés, líder de los comunitarios, atribuyó el ataque al grupo delictivo de la Guardia Guerrerense (GG) comandada por el jefe de plaza, Servando Bautista, alias el Ruso y Raúl Gallardo.

Mencionó que una de las quejas presentes ha sido el incumplimiento de los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, que se comprometió a la instalación de filtros de seguridad en los puntos del Venado, Cabritero y la Y griega de Petatlán.

Espino Cortés recordó que los acuerdos fueron en el mes de diciembre, sin embargo, actualmente el subsecretario de asuntos de Gobierno, Martín Maldonado, no les contesta las llamadas.

“Los familiares de los comunitarios asesinados ya querían hacer el plantón, el bloqueo, pero les dijimos que le íbamos a dar hasta las 10 de la mañana del jueves a que venga Pablo Amílcar, a él le toca esto, y que lo resuelva, sino contesta en estas horas, se bloquea la carretera hasta que haya solución”, dijo.

Desde hace dos semanas, los hechos violentos entre grupos delincuenciales y la Upoeg han ido incrementándose. El pasado 4 de junio se dio un enfrentamiento de más de 12 horas en la sierra petatleca, y el 15 de junio la Upoeg bloqueó la carretera en exigencia de la liberación de 2 de sus compañeros, reteniendo unas horas a elementos de la Marina.

Los comunitarios asesinados en la emboscada fueron: Carlos Chávez Rodríguez, Gonzalo Guillén Rodríguez, Piedad Cobos Hernández, Inés Albarrán Guzmán, Luis Félix Escobar Hidalgo y Robín Cobos.

Publicado en Sociedad y Justicia

La “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue un absurdo, considera Helguera

Torturaron a implicados en la desaparición de los 43 para sacar conclusiones y verdades, declara

Inaugura el mandatario estatal en Zihuatanejo un edificio con seis aulas para una escuela primaria


Chilpancingo, 25 de junio. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, afirmó que las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe replantearse, pues la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto “fue un absurdo”.

Entrevistado sobre el video que circuló este viernes, donde se observa la tortura del que fue objeto uno de los implicados en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala en 2014, Helguera Jiménez coincidió con el Alto Comisionado de la ONU en México, Jan Jarab, al asegurar que las investigaciones por el caso de Ayotzinapa deben replantearse.

“Yo creo que tienen razón en replantear (las investigaciones). Se habló de una verdad histórica, una cosa increíble, absurda de que habían quemado a los jóvenes; eso científicamente no es posible”.

Reprochó que ahora, a través de este video que salió a la luz pública, se demuestra que se usó la tortura “para sacar conclusiones y diseñar verdades”.

El presidente de la Jucopo se pronunció porque se rehaga el caso, pues el Estado Mexicano tiene una gran deuda con los padres de familia de los normalistas desaparecidos.

“Más vale que se replantee para que se tenga una verdad verdadera; la verdad histórica se cae con esto (…) creo que hubo mucha irresponsabilidad de quien la manejó y de quien permitió que se manejara así”, señaló, y llamó a sancionar a aquellos funcionarios implicados en obstaculizar la justicia.

Publicado en Sociedad y Justicia

Demanda la liberación de 3 de sus miembros detenidos el lunes por la Policía Estatal

Se suma el CCTI a exigencia de la presentación con vida de los comunitarios y de civiles


Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) de Acatempa en Tixtla bloquearon desde las 5 de la mañana la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, para exigir la liberación de tres compañeros que el lunes fueron detenidos por la policía estatal.

Desde las 5 de la mañana pobladores e integrantes de la comunitaria bloquearon el paso a los vehículos, dejando parados a decenas de pasajeros que se dirigían a la capital, Chilapa e incluso a Tlapa.

Sin embargo, el bloqueo también lo hicieron un día anterior, pues detuvieron a tres de sus compañeros.

Los pasajeros tuvieron que bajarse y del otro lado del bloqueo tomar otro vehículo para trasladarse, mientras que los choferes con carros particulares tuvieron que quedar parados hasta que se permitiera el paso.

Los manifestantes colocaron camionetas atravesadas en la carretera y un montón de huizache (arbusto con espinas) para reforzar el cierre del paso.

En entrevista con el comandante Filogonio Carranza expuso que detuvieron a tres compañeros un día antes, el coordinador Pastor Coctecón Plateado, Honorio Tejacal Amatitlán y el comisario Andrés Coctecón de la Cruz.

Dijo que los detuvieron a las 11:45 de la mañana en la colonia San Miguel, en la carretera Tixtla-Atliaca, y reprochó que quien hizo la detención fue la Policía Estatal y que no entienden por qué lo hicieron si quien hace las detenciones es la Policía Ministerial, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Publicado en Política
Martes, 25 Junio 2019 23:56

¿Dónde quedó la ley?

Si policías estatales detuvieron a tres comunitarios como probables responsables del asesinato de las ocho personas que aparecieron en la batea de una camioneta en Chilpancingo, habría que suponer que la acción está debidamente fundamentada con apego a la legalidad.

Por tanto, habría que suponer también que habitantes de Tixtla que bloquearon por más de seis horas la carretera federal que conecta a Chilpancingo con esa cabecera debieron esperar los resultados del proceso jurídico en vez de recurrir a acciones que atentan contra el libre tránsito, hecho que constituye un delito.

En principio, debería dejarse en libertad a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que hiciera su trabajo; es de entenderse que debe contar con los elementos suficientes para concluir que los detenidos podrían ser responsables de la matanza, bajo el principio de que cualquier ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Los comunitarios no son santos, ni están vacunados contra la comisión de excesos, pero tampoco puede caerse en la ligereza de aseverar que son delincuentes.

El problema radica en que la FGE no tiene credibilidad, razón que crea sospechas de que los tres detenidos pueden ser chivos expiatorios, cuya creación es un vicio practicado desde siempre por los encargados de procurar justicia.

Habría que cuestionar que los comunitarios no fueron detenidos durante la comisión del delito. No es explicable que hayan sido policías estatales quienes los detuvieron porque los que tienen encomiendas de este tipo son los policías ministeriales.

Nadie tiene confianza en la actuación policiaca, pero eso tampoco justifica el caos generado por los tixtlecos al cerrar una carretera federal.

No debería exigirse la liberación de los comunitarios, sino demandar un proceso justo, imparcial, si fuera, desde luego, el estado de derecho el que prevaleciera. Pero con el desprestigio y el descrédito de la autoridad, complementados por la impunidad, es la ley de la selva la que predomina, y los que se consideran agraviados por un hecho pisotean a placer la ley confiando en que, hágase lo que se haga, legal o ilegal, no pasa nada. n

Publicado en Editorial

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