La Jornada Guerrero - Lunes, 03 Junio 2019
Martes, 04 Junio 2019 00:05

Congreso itinerante

El conflicto laboral que padece el Congreso local y que ayer entró en su tercera semana de duración ha dado origen a que haya un Poder Legislativo itinerante, al deambular de un escenario local a otro, para llevar a cabo sus sesiones.

Si bien la actividad legislativa no se ha detenido, el movimiento que llevan a cabo los trabajadores ha traído, entre otras consecuencias, que el Congreso gaste en el alquiler de espacios para hacer su trabajo, lo cual ha tenido diversas interpretaciones, entre ellas la de sus empleados, que consideran que en vez de andar pagando entre 250 mil y 300 mil pesos “en hoteles de cinco estrellas”, podría utilizar ese dinero para cubrir a una buena parte de ellos el incremento salarial reclamado.

Es evidente que las negociaciones entre la representación patronal y los sindicalizados permanecen estancadas; la primera se aferra a su posición de no otorgar más de 5 por ciento, en tanto los empleados no ceden en sus pretensiones de obtener 13 por ciento.

De entrada, habrá que admitir que los paristas están en todo su derecho de exigir el porcentaje referido, y si, como dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, Antonio Helguera Jiménez, de filiación morenista, el Congreso no está en condiciones de otorgar más de 5 por ciento, eso no significa que no se busque alcanzar un acuerdo que satisfaga a las dos partes.

Lejos de ello, existe la impresión de que Helguera Jiménez le apuesta a vencer a sus trabajadores mediante el agotamiento.

Se ha dedicado, además, a formular acusaciones que, lejos de abonar el terreno para un arreglo, lo descompone más, como cuando ha afirmado que los paristas no buscan mejores condiciones económicas, sino ambicionan privilegios.

Publicado en Editorial

La audiencia podría durar una semana; la FGE presentará 30 pruebas y la defensa, 70

Envían escrito con más de 5 mil firmas a representante del gobierno estatal en la CDMX para pedir su liberación


La mañana del lunes comenzó la audiencia de juicio oral de los 16 comuneros, policías comunitarios de Cacahuatepec y miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), recluidos en el penal de Las Cruces desde el 7 de enero de 2018, tras los hechos ocurridos en la localidad de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, donde murieron seis civiles y cinco policías comunitarios.

Los 16 acusados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de homicidio, fueron trasladados desde alrededor de las 8 de la mañana del Centro de Reinserción Social de Acapulco hasta el Centro Integral de Justicia de Acapulco, en la zona Diamante del puerto, con el argumento de las lluvias y el probable mal estado del camino.

La audiencia comenzó oficialmente a las 10 de la mañana, luego de que el pasado 22 de mayo se suspendió, debido a que el Ministerio Público solicitó la presencia de dos testigos, quienes no se presentaron ese día, por lo que pidió al tribunal el aplazamiento de la audiencia, pospuesta para este lunes.

En el exterior del Centro de Justicia Oral se dieron cita testigos, familiares de los detenidos, así como representantes de organizaciones como el Movimiento para la Liberación de los Presos Políticos de Guerrero y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quienes representan a los 16 comuneros del Cecop y policías comunitarios de Cacahuatepec, explicaron que la defensa tiene prevista la presentación de 70 pruebas, y la FGE 30, por lo que la audiencia se podría prolongar hasta una semana.

Publicado en Política

El hostigamiento a mi persona y a mi familia es constante, acusa su hija Soledad

La impartición de justicia mexicana es parcial y no nos brindan medidas cautelares, se queja


Iguala, 3 de junio. En el sexto aniversario del asesinato del líder de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, su hija Soledad Hernández Mena denunció que a ella como a su familia han sido amenazadas vía telefónica en su oficina, y a pesar de eso, no se le han otorgado las medidas cautelares solicitadas desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y “el gobierno mexicano ha sido parcial”.

En el interior del palacio municipal de Iguala donde se ubica una placa conmemorativa del asesinato del líder de Iguala junto a otros dos más de la organización, Ángel Román Ramírez y Rafael Balderas Román, se realizó el acto de repudio por el sexto aniversario del crimen de Hernández Cardona, donde se concentraron representantes de los mineros de la sección 17, líderes de organizaciones de Iguala y del Bloque Democrático de Organizaciones Sociales y Urbanas de Iguala y zona Norte para solidarizarse con Soledad Hernández y familia, ante la mirada de funcionarios y personas que acudieron a realizar sus trámites al ayuntamiento.

En su momento, Hernández Mena condenó que sea perseguida y hostigada con amenazas vía telefónica en la oficina de la Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), no solo a ella, sino también a su familia.

“Los poderes fácticos están incrustados en el gobierno, y es la ambición por el poder de una curul, de un escaño, de una presidencia y en ellas servidores públicos, mercenarios, grupos delictivos y con negocios al amparo del poder”, destruyen vidas, denunció.

En este acto, denunció que hay corrupción en la investigación del líder de la UP, porque mientras el caso está en Matamoros, Tamaulipas, la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, preso en el Altiplano, María de los Ángeles Pineda está en un penal de Morelos.

Después denunció que solicitó a través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos medidas cautelares al gobierno de México, ante las amenazas que ha tenido ella y su familia, sin embargo, la impartición de justicia mexicana “ha sido parcial”.

“En la última reunión entre la comisión y el gobierno fue para denunciar que del expediente extrajeron la declaración del testigo de cargo, y que el hostigamiento a mi persona y a mi familia es constante”, indicó.

Por eso se pronunció porque se agilice el caso de su padre y haya justicia en el caso Iguala.

Publicado en Política

Demandan 10% de incremento; la alcaldía ofrece 3.5%, dicen


Chilpancingo, 2 de junio. Trabajadores del ayuntamiento de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) marcharon y tomaron la alcaldía para demandar aumento salarial de 10 por ciento.

Este lunes, unos 50 agremiados del sindicato se concentraron en la entrada del palacio municipal, pues luego de exigir el aumento salarial al alcalde Antonio Gaspar Beltrán, este  les dijo que sólo podía designarles 3.5 por ciento de aumento.

Ante esta situación, los sindicalistas decidieron protestar para presionar y se les cumpla su demanda.

Los trabajadores decidieron marchar hasta el Congreso local donde mantienen tomado el inmueble trabajadores de la sección 55 del Suspeg, para aprovechar y externarles su solidaridad, pues al igual que ellos están luchando por mejoras laborales.

En consulta con el secretario general de la sección 28, Natividad Adame Martínez, expuso que tienen un pliego petitorio con 36 puntos que ya le entregaron al presidente municipal, en el que destaca el incremento salarial.

Agregó que otras demanda son la póliza de seguro, pagos de marcha y gastos funerarios, que por lo cual están agotando el diálogo, si no, estarán realizando una serie de protestas para presionar.

Abundó que en el ayuntamiento sólo les da 3.5 por ciento de aumento salarial, que no representa ni 150 pesos para cada trabajador, y que en cambio si se aumentara 10 por ciento son cerca de 500 pesos.

En el caso del seguro de vida insistió que ya son tres administraciones que pasan por el ayuntamiento y no se les da.

“Alguna autoridad tiene que voltear los ojos, en base a derecho, apegado a la ley los trabajadores tienen que tener un seguro de vida… estamos hablando de unos 45 trabajadores que no se les está pagando”, resaltó.

Posteriormente la sección 28 se trasladó al ayuntamiento donde tomó las instalaciones y cerró con candados ambas puertas, para seguir con su lucha de pliego petitorio.

Publicado en Sociedad y Justicia

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