La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Domingo, 18 Agosto 2019

Acapulco, Gro. Ex socios del Acabús exigen al gobierno del estado el pago total de sus conseciones, ya que aseguran solo se les ha pagado una parte. Piden de manera inmediata una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para plantearle sus inconformidades. 

La mañana de este lunes, alrededor de unas 100 personas cerraron ambos sentidos de la avenida Cuauhtémoc, frente al Palacio Municipal. 

El ex socio Nelson Ríos, argumentó que aún faltan por pagar a varios socios, han recibido sólo el 50 por ciento de sus acciones, además de no recibir el apoyo mensual de 12 meses, solo a algunos socios ya se les liquidó al 100 por ciento. 

De acuerdo a un comunicado, el Sistema Integral de Transporte (SIT) Acabús, la OPD pagó a todos los ex socios y fueron indemnizados conforme a la ley, y lo que pretenden son recursos excedentes, a través de la presión.

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Atoyac de Álvarez, Gro. Productores de café de este municipio de la Costa Grande de Guerrero pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con lo prometido en su Proyecto Alternativo de Nación: impulsar una política de Estado para que valga el grano; crear un instituto del ramo y un sistema de financiamiento y crédito.

Lamentaron que apoye a la trasnacional Nestlé y que haya entregado 100 millones de dólares a los caficultores de Honduras y El Salvador, pues se olvidó de los mexicanos.

La semana pasada en Acapulco, productores de las regiones de la Costa Grande y la Montaña acordaron realizar una movilización nacional para exigir al gobierno federal que apoye a los productores de café.

En entrevista, los cafetaleros Arturo García Jiménez, de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos; Julio Flores, del Combinado Agroindustrial de la Costa de Guerrero; Miguel Llanes, comisario ejidal de Río Santiago; Jesús Martínez, de San Vicente de Jesús; Ubaldo Sánchez, de El Paraíso; Silvestre Castro, de El Porvenir-Limón, así como los productores Lucio Mesino y Eduardo Durán Reyes, coincidieron en que a López Obrador se le olvidó el café.

En la cabecera municipal de Atoyac, García Jiménez, también coordinador en Guerrero del Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI, explicó la situación de los productores locales de café, principalmente en la Costa Grande: “El mercado está la baja. En la Bolsa de Nueva York se cotiza a entre 85 y 90 dólares por 100 libras, cuando antes estaba arriba de 150 dólares. Ya no es redituable.

“Si hoy quisiéramos cosechar no saldrían ni los costos del corte. Por si fuera poco, la organización de los productores también está a la baja. Durante los gobiernos de (Vicente) Fox y (Felipe) Calderón no hubo apoyo a la caficultura; se apoyó la producción de café robusta, un café inferior que usa Nestlé para sus productos solubles.

Al final se apoyó con 2 mil 300 pesos al año a cada productor. El padrón en Guerrero es de 24 mil; en la Costa Grande somos unos 6 mil y en La Montaña son más, pero con poca superficie, detalló.

García Jiménez recordó que con Enrique Peña Nieto, en 2016 se impulsó el Programa Integral de Apoyo a la Caficultura (PEAC) para sembrar 3 mil 333 plantas por hectárea; luego dijeron que sólo serían mil, y en lugar de entregar 5 mil pesos, apenas dieron 2 mil 500. Al final terminamos con 500 plantas por hectárea.

La entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, agregó, sólo benefició a los proveedores. En ese entonces se destinaron a Guerrero 100 millones de pesos, pero los proveedores se quedaron con 40 millones por insumos y material de viveros. Además, el dinero llegó tarde. Entregaron las plantas cuando ya no llovía y los insumos no se utilizaron. En resumen, a Guerrero no llegó más que 10 por ciento de lo prometido.

García Jiménez enumeró los problemas que enfrentan los productores: el envejecimiento de los cafetales por falta de apoyo y la plaga de la roya, que desde 2013 ha atacado a 90 por ciento de las plantas en la región. En 1985 la producción récord en la entidad fue de 245 mil quintales y en 2019 no llegamos ni a 20 mil(un quintal equivale a 46 kilos).

El tercer problema es la falta de presupuesto. Son 738 millones de pesos por año. Nos daban mil plantas, cada una de las cuales cuesta seis pesos, pero nos entregaban un paquete de 2 mil 500 pesos para insumos, lo que sumaría 8 mil 500 pesos, pero ahora nos dan 5 mil pesos parejo, tanto para el productor que tiene media hectárea como para el de cinco o 20 hectáreas, y eso no reactiva nada. Lo gastas en una semana pagando a los jornaleros. Lo ideal serían 12 mil pesos por hectárea.

El cuarto problema es el precio del café. Tenemos una sobreproducción de Brasil y de Vietnam, lo que ha hecho que el precio se caiga. Además, hay un incremento de la producción de café robusta, el que usa Nestlé, lo que hace que los precios caigan.

La diferencia entre el café robusta y el arábigo, que usa la mayoría de los productores del país, es que el primero es de menor calidad y se usa para hacer café soluble, como sustrato o mero complemento.

El último gran problema es que los productores de café están envejeciendo y los jóvenes abandonan sus comunidades. ¿Y cómo no, si el jornal es de 150 pesos diarios? Con eso no se puede vivir. Los factores de mercado son determinantes.

Hace dos décadas se producían en el estado 100 mil quintales al año y “hoy no llegamos a 20 mil. Si cada quintal cuesta 3 mil pesos, estamos hablando de 30 millones que circulaban en la región.

“No nos gustó que López Obrador, antes de anunciar apoyo para los cafetaleros de Veracruz, haya respaldado a Nestlé. Le dijeron que habrá muchos empleos y eso no es cierto.

Es una competencia desleal, porque además el café robusta se cultiva a pleno sol, implica derribar árboles y afectar al medio ambiente. El precio de este grano es casi la mitad del café arábigo que se produce en México, destacó.

A López Obrador lo apoyamos, pero somos críticos. En su Proyecto Alternativo de Nación dijo: vamos a frenar la introducción de café ilegal.

Indicó que mucho producto proviene de Centroamérica. Los empresarios y el gobierno anterior no se preocupaban por la producción en México porque entraban unos 2 millones de sacos de café ilegal desde Honduras, Guatemala y Nicaragua. A la fecha siguen ingresando; decían que eso suplía la falta de producción en México.

Expuso que López Obrador dijo que se pondría fin a esto, pero “sólo se tradujo en 5 mil pesos por productor y no se nos han entregado, pese a que ya empezaron las lluvias y la siembra de café. Las últimas tres veces que lo vimos en campaña, nos dijo: ‘Ahora sí vamos a apoyar a los cafetaleros’, pero prefirió apoyar a Nestlé y a los cafetaleros y productores de Honduras y El Salvador con 100 millones de dólares. El presupuesto que tenemos en México no es ni la mitad de eso”.

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Acapulco. El arzobispo de esta ciudad, Leopoldo González González, advirtió que se debe detener la proliferación de armas en Guerrero, y que representa una situación que debe ser atendida por autoridades.

“Veo la proliferación de armas en nuestro estado como una situación que ha de atenderse, ¿cómo? generando situaciones de confianza a las comunidades”, comentó en la conferencia de prensa dominical.

En el contexto del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se conmemora cada 19 de agosto, González González dijo que es evidente la mayor presencia de las policías y las fuerzas armadas en calles y colonias del puerto.

“Esto sin duda, ha inhibido la comisión de crímenes y delitos en esas zonas, la mejor coordinación puede ampliar las áreas y tiempos de protección en dichos espacios”, manifestó.

Sin embargo, expresó: “Se siguen dando crímenes y delitos, de tal forma que persiste la sensación de inseguridad, y de que en cualquier parte puede darse uno de estos hechos”.

Por ello, explicó que es fundamental que la autoridad haga el esfuerzo para conocer la verdad de cada crimen, de cada asesinato, de cada delito que se comete; para que la investigación llegue al conocimiento de la verdad y pueda actuarse en justicia. Se deben mirar y analizar las causas en que se da la violencia para prevenirla, en las zonas en que se da, para generar estrategias para evitar los factores que la provocan en cada región.

Debe haber una mayor prevención, así como erradicar la violencia en el hogar, lo cual, sentenció, es fundamental para disminuir los índices violencia en la sociedad.

“El deterioro de la familia trae consigo el deterioro de la sociedad”, agregó el arzobispo.

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Lunes, 19 Agosto 2019 00:05

Desesperación frente a la impunidad

Una verdad contundente de familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos quedó de manifiesto durante el primer informe del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello: “Hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos del diputado Armando Chavarría Barrera y de dirigentes sociales como Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino, ocurren en Guerrero debido a la impunidad”, coincidieron participantes.

El aparato de seguridad y justicia falla de principio a fin: no previene, no persigue, no detiene, no procesa, no encarcela.

Está paralizado, convertido en espectador, simulando que hace, sin hacer lo que le corresponde.

Sandra Román Jaimes, del Colectivo Desaparecidos de Iguala, denunció que el mismo gobierno impide que sigan buscando a sus hijos, porque les dice que “hay zonas prohibidas”.

Reclamó que para buscar a sus seres queridos, el mismo gobierno les pone trabas, a tal extremo que “nos sentimos victimizados y criminalizados”.

Expuso que el presidente de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla, les envió un mensaje en el sentido de que cancelaran su búsqueda porque no podían entrar a buscar a un sitio donde les dijo que estaba prohibido hacerlo.

La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Marta Obeso, dijo Guerrero es “el huevo de la serpiente”, y muestra de la impunidad que se vive en el país, “aquí pasa cualquier atrocidad, porque no se investiga ningún caso y no se castiga a los responsables, por eso en Guerrero las cosas siguen igual”.

La activista María Luisa Garfias reprochó que otro problema a causa de la impunidad son los feminicidios, que van al alza en Guerrero.

Denunció que en estos casos tampoco se investigan, ni se castiga a los responsables.

Nada deja entrever la probabilidad de que la población pueda vivir confiada y segura; las recientes conferencias de alcaldes ante el Congreso dejaron claro que los ayuntamiento son incapaces de prevenir la delincuencia. Por ejemplo, el municipio de Cocula, desde hace cinco años, carece de policía.

La Fiscalía General del Estado ha dejado evidencia tras evidencia de su incapacidad para llevar a los tribunales al crimen, en tanto la Federación ha dejado sin razones a gobernador y alcaldes para seguir sosteniendo que la Guardia Nacional abatirá la delincuencia.

No hay salida. No hay estrategia. No hay autoridad más que para levantar y contar cadáveres. n

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