La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Lunes, 16 Septiembre 2019

Es por la intención política y corrupción que hay en el PJF, denuncia

La resolución la firma la secretaria de acuerdos no el juez, afirma el subsecretario de Segob


Taxco, 16 de septiembre. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, denunció que en los siguientes días podrían quedar en libertad más implicados en el caso en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por la intención política y corrupción que hay en el Poder Judicial federal, como ocurrió este fin de semana con la vieja práctica de sabadazo y de puente, en el que el juez primero de distrito de procesos penales de Reynosa, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, decretó un auto de libertad para 24 detenidos, entre ellos policías de Huitzuco, Iguala y Cocula, y líderes de la célula delictiva Guerreros Unidos.

Denunció que no hay ninguna fotografía del juez que dictó la libertad a los implicados del caso, en una resolución que, hasta eso, “no firma el juez, sino firma la secretaria de acuerdos, Adriana Rubalcaba Velázquez”.

“El juez primero de distrito de procesos penales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, de quien no encontramos fotografía alguna ni registro alguno en las páginas del Poder Judicial e incluso del propio juzgado que él encabeza, dictó la libertad absoluta e inmediata de 24 personas detenidas, por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa”.

Reclamó que con estas 24 libertades se suman a las 53 ya otorgadas por el mismo juez, el cual suman 77 libertades de las 142 personas “privadas de su libertad a quienes se les había identificado la presunción de la comisión de diversos delitos”.

Teme que pronto sean liberados más involucrados en el caso

Encinas Rodríguez alertó que quedan 65 de las 142 personas detenidas por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Alertó que de mantenerse la tendencia y como “es esa la intención política, quizá en los próximos días y con motivo de los cinco años del aniversario de la desaparición de los normalistas, sean liberadas otras personas” más involucradas en el caso Iguala.

 

Publicado en Política
Martes, 17 Septiembre 2019 00:05

¿Quiénes son los malos?

La liberación de Gildardo López Astudillo El Gil fue el grano que comenzó a desgranar la mazorca en el caso de los presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este fin de semana, Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de procesos penales de Reynosa, Tamaulipas, decretó auto de libertad para 24 detenidos, entre ellos policías de Huitzuco, Iguala y Cocula, así como líderes del crimen organizado.

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, denunció que en los siguientes días podrían quedar en libertad más implicados en el caso “por corrupción en el Poder Judicial federal”.

Encinas contabilizó que estas 24 liberaciones, más las 53 ya otorgadas por el mismo juez, hacen un total de 77, y quedan en prisión 65 de las 142 personas detenidas.

Advirtió el funcionario federal que quizá en los próximos días sean liberadas otras personas.

Ante el alud de liberaciones, el gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió: así como van las cosas, al rato no habrá nadie responsable del caso Ayotzinapa.

Antes, al enterarse de la liberación de López Astudillo, el mandatario había pedido “parar todo en seco”, revisar la actuación de los jueces y hacer las reformas legales que tuvieran que hacerse.

En el caso de El Gil, el juez adujo la liberación a fallas en el debido proceso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los normalistas desaparecidos, consideró que, si bien las fallas fueron del procurador de Justicia de la anterior administración, hubo descuido en el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, acusó, debió estar atento al asunto. Toda la razón.

El subsecretario Encinas atribuye las excarcelaciones a corrupción en el Poder Judicial.

El punto es que todos tienen la culpa de que estén saliendo del penal los responsables, menos el actual gobierno, al que nueve meses de gestión no le han sido suficientes para meter mano en el seguimiento de los procesos de los detenidos.

Si el anterior régimen falló, ¿cómo es que el actual no ha corregido esas fallas? Si la corrupción es la causa, ¿por qué no se ha hecho nada para corregirla?. n

Publicado en Editorial

Comentábamos en ocasión anterior que el pasado 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Como es práctica ya establecida del legislador, la nueva normatividad incluye un capítulo de delitos, lo que la convierte en una ley penal especial más, que viene a extender el amplio conjunto de tipos penales previstos fuera del Código Penal.

Los delitos se organizan de manera que se sugiere la protección de tres bienes jurídicos tutelados: el patrimonio de los clientes de las instituciones de tecnología financiera y de las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos; el patrimonio de estas propias instituciones, y la adecuada operación de estas instituciones. En una idea preliminar, de acuerdo con el principio de racionalización del derecho penal, habría que preguntarse si el patrimonio de clientes e instituciones no está ya protegido por otras figuras típicas convencionales (abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta), y de acuerdo con el principio de ultima ratio, habría que preguntar si un marco administrativo, como las reglas de funcionamiento dadas por esta ley, es un bien que amerita tutela penal.

En esta ocasión comentaremos los primeros delitos, contra el patrimonio de los clientes. El artículo 119 sanciona a quien “en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, disponga de los recursos, fondos de pago electrónico o activos virtuales de los clientes”. La pena por esta conducta es prisión de tres a nueve años y multa de 5 mil a 150 mil unidades de medida.

Cómo decíamos, es un delito de corte patrimonial, cuyo objeto son los recursos o activos virtuales de los clientes. Respecto a las conductas, se trata de hipótesis que bien podrían ser de administración fraudulenta o de abuso de confianza (utilizar, transferir o disponer de manera indebida), y aun de robo o fraude (obtener de manera indebida). Esta manera indebida es un elemento normativo que hemos de interpretar; significa que la conducta infringe reglas de operación o se realiza sin autorización, que en este caso será de los clientes.

El mismo artículo prevé una hipótesis agravada, cuando las mismas conductas son ejercidas por accionista, socio, consejero, funcionario, directivo, administrador, empleado o proveedor, o un tercero ajeno pero con acceso autorizado a los sistemas. Aquí la sanción será de prisión de seis a 18 años y multa de 10 mil a 300 mil unidades.

Propiamente, aparece que la primera hipótesis ha de ser cometida por alguien totalmente ajeno a estas instituciones, que podría ser un hacker quizá, que entra al sistema y de manera indebida utiliza recursos. En esta tesitura, el delito toca con los accesos ilícitos a sistemas con fines de lucro y otros cibercrímenes. No se entiende que resulte agravado cuando es cometido por un empleado o persona relacionada con las propias instituciones, sino que es esta característica la que podría singularizar el delito como tipo especial.

Otro delito, previsto en el artículo 120, se comete por quien “se encuentre facultado para disponer de los recursos a cargo de una ITF o una sociedad, entidad financiera u otro sujeto supervisado por alguna comisión supervisora o por el Banco de México, autorizado para operar con modelos novedosos, y no realice la devolución de éstos a sus clientes, estando obligado a hacerlo, o se niegue sin causa justificada”. La sanción en este caso es de prisión de tres a nueve años y multa de 5 mil a 150 mil unidades.

Este delito parece una “retención” indebida; el agente no se apropia de los recursos, que sería otro de los delitos del artículo anterior, pero estando obligado a hacerlo, no los devuelve o se niega “sin causa justificada”. Este elemento lleva a pensar que habrá ciertos casos en los que sí se pueda negar la devolución, lo cual no es del todo claro, pero hace endeble la supuesta protección al patrimonio de los clientes. n

Publicado en Artículo

Buscan recabar fondos para representar a Guerrero en justa nacional en Guadalajara

Llama entrenador a autoridades a voltear los ojos a disciplinas consideradas menores como el Tae Kwon Do

Se las arreglan para obtener triunfos importantes que ponen en alto al estado, dice Javier Bernabé


Tecpan, 16 de septiembre. Debido a que el Instituto del Deporte en Guerrero (Indeg) se niega a apoyarlos económicamente, varios jóvenes de la escuela Cheng Woohoi de Tae Kwon Do de Tecpan, se plantaron en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para pedir cooperaciones a los conductores, con el fin de recabar fondos para representar a Guerrero en un certamen nacional que se llevará a cabo en Guadalajara, Jalisco el próximo mes.

Los adolescentes se apostaron en medio de la vía federal con cartulinas en las que exhortaban a los choferes a cooperar para reunir el dinero suficiente para pagar los gastos que les genera el transporte y la estancia en la capital jalisciense.

Entre el grupo se hallaba uno de los dos jóvenes tecpanecos que fueron seleccionados para formar parte del selectivo guerrerense que participará en la etapa nacional de los Juegos Populares en la disciplina de Artes Marciales.

De acuerdo con el instructor de la escuela, Javier Bernabé Solís, a pesar de que irán representando a Guerrero, hasta hoy ha sido nula la respuesta de las autoridades del Indeg a las peticiones que la directiva de la escuela ha enviado para conseguir el apoyo económico que necesitan para viajar a la ciudad del bajío mexicano, “por lo que nos vemos en la necesidad de pedir recursos a la gente para poder asistir”, lamentó.

Dijo que a pesar de que los alumnos han logrado triunfos importantes y campeonatos nacionales, la historia ha sido la misma de parte de la dependencia estatal cuando han solicitado la ayuda para participar en justas deportivas estatales o nacionales.

Recalcó que la poca ayuda que han recibido, en base a sus posibilidades, es de parte del ayuntamiento, la cual, sin embargo, es insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos que genera una competencia de altura a cada uno de los estudiantes de artes marciales. Bernabé Solís llamó a las autoridades del Indeg para que volteen los ojos a las disciplinas deportivas consideradas menores como el Tae Kwon Do y apoyen a sus practicantes, “los cuales, a pesar de las adversidades, se las arreglan para obtener triunfos importantes que ponen en alto el nombre de Tecpan y de Guerrero dentro de las justas deportivas a las que asisten”.

Publicado en Sociedad y Justicia

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