La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Miércoles, 04 Septiembre 2019

Condena el subsecretario de la Segob la sentencia absolutoria a favor de El Gil

Se iniciará en la FGR y la Judicatura una investigación para deslindar responsabilidades, anuncia

El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no fue detenido por los 43 estudiantes desaparecidos, dice


Taxco, 4 de septiembre. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas, advirtió que por una indebida integración en la investigación al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, hay 50 detenidos que pueden alcanzar la libertad absolutoria como la obtuvo el presunto vinculado con el tema de Iguala, Guerrero, y hoy libre, Gildardo López Astudillo conocido como El Gil.

En la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario de la Segob condenó la sentencia absolutoria a favor de López Astudillo que emitió el juez primero de distrito en procesos penales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, al determinar que “no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada”, y aseguró que como él, también hay otros 50 detenidos que pueden alcanzar la libertad.

Informó que Ventura Ramos desestimó 44 pruebas en contra de López que buscar acreditar el delito de secuestro; se circunscribió a analizar 172 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación, y consideró que se había aplicado el delito de tortura a pesar de que “la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó el examen médico conocido como protocolo de Estambul, en el que se acreditó no había sido torturado”.

El funcionario federal calificó “de grave” que la PGR no haya aplicado la prueba de audiometría; este “es un precedente muy grave y es una sentencia absolutoria”.

Dijo que con esto, viene a fortalecer los procesos a favor de los detenidos implicados para alcanzar la libertad. “Hubo una indebida integración en la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley, y la mal llamada verdad histórica, se construyó en la simulación, fabricación de pruebas y en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas, habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos”.

Detalló que fueron de 2014 a 2018 se consignaron a 169 personas y detuvieron a 142 personas: 67 civiles presuntos integrantes del cartel Guerreros Unidos que tenía la plaza en Iguala y región Norte de Guerrero, 55 policías de Iguala y 20 policías de Cocula, por el delito fundamental de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y delitos previstos en la Ley general de Secuestro.

Añadió que la PGR procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, a lo largo de estos años “el proceso judicial que han seguido con 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, hasta hoy solamente subsisten como pruebas 44”.

Destacó que de los 142 detenidos han sido liberados 53 presuntos delincuentes y existen los elementos para que la autoridad pueda liberar a otras 50 personas detenidas en este proceso.

Afirmó que la actuación de la autoridad judicial ha generado condiciones para “que con una muy laxa interpretación de la ley”, se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.

José Luis Abarca fue detenido por el asesinato de Arturo Hernández

Por otra parte, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca no fue detenido por el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sino por el asesinato del luchador social de la Unidad Popular (UP), Arturo Hernández Cardona, confirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

Aseguró que Abarca está detenido y no puede alcanzar la libertad absolutoria, como ocurrió con el presunto vinculado con el tema de Iguala, Guerrero, y hoy libre, Gildardo López Astudillo conocido como El Gil, el 30 de agosto.

“Hay que recordar que, Abarca y procesados, están detenidos por el delito de homicidio de Arturo Hernández Cardona, y no necesariamente por los vínculos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

Advirtió que en el momento en que se acrediten “no solamente las violaciones al debido proceso, sino la fabricación o sembrado de pruebas en la formulación de la verdad histórica, va alcanzar el fincamiento de responsabilidades no solo al ex procurador, Jesús Murillo Karam, sino a todos los responsables de este dictamen que emitió la procuraduría”.

Mencionó que hay un procedimiento por parte de la visitaduría de la FGR en contra del exsecretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, por “haber actuado indebidamente en todo el proceso del caso Ayotzinapa, y esto derivará el fincamiento o deslinde de responsabilidades; no solamente contra él, sino contra los funcionarios que resulten responsables de haber alterado el debido proceso de la investigación”.

Dijo que en el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “aquí se tienen que aplicar los criterios judiciales, y se debe tomar en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, porque se trata de impartir justicia y no interpretarla.

Dijo que ante todo debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios, dijo que son de los temas fundamentales que se tienen que definir y podemos hacer hoy para hacer un exhorto a las Fiscalía General de la República (FGR) para que rencauce la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala; subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades civiles en esta desaparición.

“Iniciaremos, advirtió, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la FGR y de los jueces, en el caso del Poder Judicial para deslindar las responsabilidades en estos casos donde, en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, se están generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito”.

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Ometepec, 4 de septiembre. El martes por la tarde trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Ometepec protestaron fuera de la Fundación Bellonidenses, donde despacha el ex alcalde Omar Estrada Bustos, pero no se encontraba; los sindicalizados pidieron una aclaración sobre del dinero del Issspeg que no fue depositado y quieren que se les reembolse. Los trabajadores dijeron que les asiste el artículo 8 de la Constitución y por ello están pidiendo que se les reembolse.

“Por este conducto la base trabajadora del H. Ayuntamiento de Ometepec se dirige a su persona para solicitarle sea usted quien clarifique las aportaciones realizadas, referente a la cuota Issspeg, durante su administración, ya que como bien sabe, existe un adeudo durante el mismo, el cual asciende a la cantidad de 2 millones 462 mil 579 pesos, cuando fungió como presidente municipal, que fue descontado a toda la base trabajadora (sindicalizados) durante 15 meses, por lo cual exigimos se nos reembolse.”, dicta el documento que presentaron.

Este miércoles el ex tesorero municipal, Juan Álvarez Salinas; el ex coordinador de Normatividad y Procedimientos y el ex secretario general, Delfino Nicolás Rojas, dieron una conferencia de prensa donde dijeron que la petición que hicieron los sindicalizados no procede porque ya no es autoridad y el artículo que mencionan aplica solamente a funcionarios, y el presidente de la Fundación Bellonidenses es persona física.

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Sólo los evaluaron por tres meses para calificar todo el ciclo escolar, señalan alumnos

 “En lugar de tener clases nos ponían de albañiles”; piden cooperaciones voluntarias constantes, indican


Atoyac, 4 de septiembre. Alumnos de la Universidad Del Bienestar Benito Juárez, ubicada en la comunidad de Zacualpan, Atoyac, denunciaron que los maestros de ese plantel carecen de capacidad para desempeñar su trabajo, además de que piden “cooperaciones voluntarias” de 50 pesos constantemente a los estudiantes.

Aseguraron que por la incapacidad de los docentes, 28 de los 49 reprobaron el semestre, “cuando en muchas ocasiones los maestros los ponían a hacer trabajos de albañilería”, apuntaron.

Los alumnos que integran el grupo de primer año A denunciaron que en la escuela les quitan mucho dinero disfrazado de cooperaciones.

En entrevista, el alumno Lucio Cárdenas Jacobo, denunció que “los docentes le dieron preferencia a gente que no cumplía con su trabajo, que no iba a  clases y no participaba, e hicieron a un lado a los alumnos que si cumplían y de paso los reprobaron”.

Abundó que los 50 pesos o más que les pedían eran con el argumento de que servirían para contratar una máquina para la introducción del drenaje, pero jamás se hicieron los trabajos y eran a ellos a los que ponían a hacer las fajinas para la escuela todos los miércoles.

“En lugar de tener clases los maestros nos ponían a trabajar, y sólo nos informaron que no tenemos derecho a exámenes extraordinarios, sólo nos dijeron que estábamos reprobados”, puntualizó.

Los inconformes señalaron en este caso a los profesores Juana Ortiz García Márquez, Juan Antonio Flores y Joaquín Núñez Medrano, como los responsables de evaluarlos por tres meses y con eso calificaron todo el año.

Asimismo, pidieron a las autoridades federales que rigen la Universidad del Bienestar que evalúen a los maestros Juana García Márquez, Juan Antonio Vargas Flores y Joaquín Núñez Medrano, porque afirmaron que no están capacitados para dar clases.

Solicitan que intervenga AMLO

Los jóvenes dieron a conocer las quejas cuando acudieron a la oficina de la regidora, Mariela Meza Piza, a la que exigieron que su petición sea enviada al jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Los alumnos reprobados son: Melissa Laurel Olea, Lizeth Yovana Ávila Galeana, Eneida Guerrero Mesino, Lourdes Gatica de la Cruz, Víctor Aldair Mesino Atanasio, Juana Iris Ortiz Bailón, Iván José Díaz Mesino, Lucio Cárdenas Jacobo, Berenice Ortiz Ramos, José de Jesús, Sada Eli Sanvoval Ozuna, Anahí Lucero de Jesús Leyva, Leslie Roque, María del Milagro Ibarez Carachure, Juan Eduardo García, Guadalupe Yarazet Méndez, Karina Reyes Aguilar, Rodolfo Astudillo y Jesús Castro Nava.

 

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Reprochan la reducción de su presupuesto anual en la entidad


Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Guerrero (Cecyteg), suspendieron labores este miércoles en planteles de todo el estado, para sumarse al paro nacional de este subsistema educativo, y manifestarse contra las reformas que afectan sus derechos laborales.

Asimismo, suspendieron actividades como medida de protesta contra la reducción de su presupuesto anual en la entidad, y para expresar su inconformidad por la aplicación de un descuento por impuestos al pago de su aguinaldo, el cual es de 86 días.

“El paro es en todos los planteles”

Aquiles Tránsito Salmerón, delegado sindical del plantel Mozimba del Cecyteg, precisó que “se trata de un paro de brazos caídos en todos los planteles de Guerrero, de las delegaciones sindicales aglutinadas en la Confederación de Sindicatos del Cecyte”.

Tránsito Salmerón señaló que la exigencia a autoridades es la abrogación total de la reforma educativa, pues existen afectaciones a los trabajadores del nivel medio superior, pues se encuentra en riesgo el contrato colectivo de trabajo, así como en lo referente a los requisitos necesarios para el ingreso, permanencia y remoción del servicio profesional docente.

Señalaron que también se encuentra en riesgo la antigüedad de los trabajadores.

También exigieron que se respete el presupuesto original asignado de 27 millones de pesos para los planteles del estado de Guerrero, pues fueron recortados 9 millones de pesos anuales a los Cecyte, que forma parte de los organismos públicos descentralizados, lo que ha ocasionado problemas en el rubro de mantenimiento de infraestructura.

Señalaron que ha existido retraso en el pago de sus salarios.

La suspensión de labores afectó a 9 mil alumnos en el estado de Guerrero, y laboran alrededor e 500 trabajadores del Cecyteg en la entidad.

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