La Jornada Guerrero - Elementos filtrados por fecha: Domingo, 08 Septiembre 2019

Perredistas e integrantes de la asociación civil Jackomienza respaldaron en Acapulco el proyecto del ex diputado local Carlos Reyes Torres denominado Guerrero Necesita un Plan.

Ayer se llevó a cabo en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Internacional Acapulco (CIA) el séptimo foro de dicho proyecto, convocado por el presidente de Jackomienza y ex candidato a alcalde de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla.

Estuvieron el dirigente estatal del PRD Ricardo Barrientos Ríos, el ex candidato a diputado federal Napoleón Astudillo Martínez y el diputado local Celestino Cesáreo Guzmán, entre otros.

En su mensaje, Badillo Escamilla manifestó su respaldo al proyecto del aspirante a candidato a la gubernatura del estado: “estas organizaciones se unen al proyecto de Carlos Reyes para construir un plan para Guerrero”.

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Había paz con la Crac-PC en Olinalá, afirma la senadora


Taxco, 8 de septiembre. La senadora de la República por Guerrero de Morena, Nestora Salgado, defendió a la organización social como herramienta de seguridad, y puso de ejemplo que cuando ella estuvo al frente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) de Olinalá “siempre hubo paz”, por eso condenó que la delincuencia aún persista en la entidad y siga siendo uno de los estados más violentos del país.

“Es triste, condenó, que la historia en Guerrero sea el estado más pobre; el estado con mayor violencia. Tenemos unas cifras en lo más feo, “¿porquée no cambiar esa historia?”.

Durante su gira de trabajo en Taxco, donde estuvo acompañada por el regidor independiente del cabildo, José Luis Fuentes, y por el ex candidato a la presidencia municipal de Taxco, Mario Figueroa Mundo, para recoger demandas los sectores sociales, condenó también el tema de la violación a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Denunció que hay una gran cantidad de migrantes de México que están en las cárceles de manera injusta por no saber inglés, y al firmar documentos “nuestro connacionales” no pueden regresar a su país, porque siguen un proceso del que no pueden defenderse de manera legal.

Por eso, mencionó que ella en Estados Unidos luchó, junto con otras organizaciones sociales internacionales, para que los migrantes encarcelados tuvieran la oportunidad de conocer su caso y afrontarlo con el respaldo legal.

Al mismo tiempo, hizo referencia que las policía comunitaria organizada puede combatir la delincuencia, y puso de ejemplo a la Crac-PC de Olinalá, cuando ella fue comandante de su municipio.

“Cuando estuve organizando a mi pueblo, Olinalá, Guerrero, detalló, cambiamos la historia. Cuando la Policía Comunitaria se puso a trabajar, ahí no secuestraban a nadie, no nos asesinaban a nadie, no nos robaban un carro, no nos robaban un animal, nada, teníamos bien controlado y vigilado; había seguridad, había paz”.

Ante varios sectores sociales de Taxco, la senadora llamó a la unidad de la sociedad para poder ayudar a Guerrero a salir de la brecha en que se encuentra, así mismo, de luchar por el estado para juntos puedan apoyar a la transformación del presidente del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, se pronunció en apostarle a la seguridad y a la organización social.

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Más de 79 familias de El Quemado, Atoyac, no han recibido la reparación del año, reprochan


Atoyac, 8 de septiembre. Habitantes de la comunidad de El Quemado, en Atoyac, que fueron víctimas del terrorismo de Estado en la década de 1970, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha incumplido hasta la fecha con el pago por la reparación de daños a las más de 79 familias de esa localidad, por lo que llamaron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga, “ya que varias de las víctimas han muerto sin recibir la ayuda gubernamental y otras son personas de la tercera edad imposibilitadas para efectuar los trámites requeridos”.

El anuncio fue dado a conocer a los afectados por los mismos miembros de la CEAV en octubre del año pasado, cuando se comprometieron a que en diciembre pasado comenzaría a llegar la ayuda referente a la reparación del daño de manera particular y colectiva para las familias, lo que se formalizó con la firma de una minuta el 11 de febrero de este año, sin que eso suceda hasta la fecha, puntualizaron en conferencia de prensa realizada en el zócalo de Atoyac, bajo el obelisco al guerrillero Lucio Cabañas Barrientos.

“Hasta hoy no hay respuesta ni de los de la CEAV, ni de ninguna dependencia del gobierno federal o estatal hacia las 79 familias que fueron vinculadas con el movimiento armado que encabezó el profesor, Lucio Cabañas Barrientos, lo que mantiene la desconfianza y la preocupación de la gente, sobre todo si se toma en cuenta que entre los afectados hay ancianos enfermos que requieren atención médica y carecen de recursos para atenderse, en tanto que otros han muerto sin ver la ayuda del gobierno por los hechos que ocurrieron hace más de 40 años en esa localidad”, asentó Arturo Ríos Morales, uno de los afectados.

Recordó que la firma del documento en febrero, se llevó a cabo con la presencia del gobernador Héctor Astudillo Flores; Jaime Rochín, hoy ex titular de la CEAV, pues renunció en julio pasado, y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Ahí se acordó cumplir con las primeras 40 resoluciones, de un total de 79, entre marzo y julio, “sin embargo sólo nos han llevado con engaños. Los de la CEAV han estado en El Quemado en dos ocasiones y siempre ha sido para corroborar los domicilios, pero nada más”, reprochó Norberto Morales, otro de los afectados.

Ríos Morales explicó que entre las familias afectadas por la represión militar hay adultos que requieren atención médica y ayuda sicológica, además de proyectos productivos, lo que es de conocimiento del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Recordó que el pasado 5 de septiembre se cumplieron 47 años de que en 1972 el pueblo de El Quemado fue secuestrado por el ejército mexicano que no dejó salir ni a mujeres, ni a hombres, a los que torturó y desapareció y dejó decenas de familias desamparadas, mismas que, aseveró, siguen en espera de la ayuda que el gobierno les ha prometido a través de otros organismos como la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado), la Comisión de la Verdad (Comverdad), “y ahora con la CEAV, sin éxito hasta la fecha”, lamentó.

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Lunes, 09 Septiembre 2019 00:05

Incumplimientos y desdén

El caso de las víctimas del suceso ocurrido hace 47 años en Atoyac, cuando el pueblo El Quemado fue secuestrado por soldados del Ejército, que no dejaron salir a mujeres, ni a hombres; torturaron a muchos de ellos y los desaparecieron en seguida, refleja con transparencia la falta de interés del gobierno por hacer justicia a víctimas de la violencia.

Narran agraviados que en octubre de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a que en dicembre del mismo año les comenzarían a entregar la ayuda por concepto de reparación del daño. No obstante los nueve meses transcurridos, ninguna de las 79 familias ha recibido nada.

Ni la CEAV, como tampoco el gobierno del estado, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también firmaron el acuerdo, han dado una razón del incumplimiento.

Lo ocurrido no es de extrañarse realmente, pues sobradas muestras ha dado la autoridad de que las víctimas de la violencia de los años 60 y 70, lo mismo que los miles de desaparecidos y los también miles desplazados de hoy en día, no figuran en su agenda de prioridades, sino que, de una u otra manera, con promesas que luego no cumple, con engaños y mentiras, presionada por los afectados, busca la manera de sobrellevar los problemas solamente.

Para la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem), no hay ninguna duda de que el gobierno no tiene la menor intención ni de reparar el daño ni de castigar a los responsables; cita como prueba de ello el hecho de que, en vez de obligar a comparecer a los responsables de los hechos ocurridos en Atoyac, recurre a la búsqueda en predios donde estuvieron acuartelados los soldados, sin resultado alguno.

Agrupados en organizaciones en varias partes de la entidad, familiares de desaparecidos salen a cerros, laderas y ciudades, prácticamente sin apoyo oficial.

El caso de los desplazados es otro de los temas relegados a la indiferencia oficial.

Ninguno de los tres casos ocupó renglón alguno en el reciente informe presidencial, a no ser por los 43 desaparecidos de la rural normal de Ayotzinapa, tema en el que no sólo no hay avances, sino suceden retrocesos con la liberación de uno de los presuntos culpables y la probable excarcelación de otros 50, según lo advertido por Gobernación. n

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