La Jornada Guerrero - Jueves, 16 Enero 2020

San Marcos, Gro. Habitantes del municipio de San Marcos, del ejido de "Las Lechugas", bloquearon la calle Cuauhtemoc, frente a las instalaciones de la Procuraduría Agraria para exigir la atención que hicieron desde el mes de octubre, para que se lanzará una convocatoria y se removiera al comisariado ejidal de este lugar.

Indicaron que hasta el momento su solicitud no ha sido atendida y solo piden que se emita la convocatoria para que se pueda elegir un nuevo comité o se ratifique el que está en funciones, así como verificar que las funciones que están desempeñando sean las apegadas a la ley.

Adelantaron que, de no ser atendidos, todos los miembros de este ejido viajarán a la capital del estado para hacer otro tipo de movilizaciones.

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El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, negó estar interviniendo en los trabajos legislativos del Congreso del estado y adelantarse a tiempos electorales establecidos porque en este momento le corresponde llevar los programas sociales a toda la población.

Tras ser relevado en su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, el diputado Antonio Helguera Jiménez, acusó a Sandoval Ballesteros de dirigir a 12 de los 22 diputados que integran la fracción de Morena para removerlo mediante un acuerdo presentado a la Mesa Directiva del órgano legislativo el pasado viernes.

En entrevista este jueves, el delegado consideró que “la acusación es absurda, debe haber pruebas para un señalamiento tan grave, yo respeto mucho la autonomía del Poder Legislativo, pero los propios diputados deben respetarse, no se pude aducir que sus propios compañeros son manipulables”.

Pablo Amílcar Sandoval hizo votos por la unidad, la concordia y el trabajo, para que se puedan dar procesos ordenados en Morena y en el segmento legislativo.

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Sedena solicita la entrega física para iniciar la edificación


Zihuatanejo, 16 de enero. El gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), donó un terreno de Ixtapa para las instalaciones de la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el gerente de Gestión Institucional e Internacional de Fonatur Ixtapa, Rogelio Suazo, se trata de un predio de 2.3 hectáreas, se ubica en el lote 10, manzana 3 del desarrollo Lomas de las Garzas.

Por teléfono, detalló que la donación se realizó durante el año pasado pero aún no se hace oficial.

“Fonatur lo donó a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), y ellos harán una permuta a la Guardia Nacional”, sostuvo.

Suazo comentó que lo que ahora solicita la Sedena es la entrega física, con lo que quedaría de manera formal la donación. Del inicio de obra de las instalaciones, manifestó que se desconoce y depende de la Sedena.

Con la entrega del terreno, quedó descartada el uso de instalaciones municipales como las Villas Juveniles, sitio que era opción para la base de los uniformados, según declaraciones del segundo síndico procurador Obdulio Solís Bravo.

Por separado, la delegada en Costa Grande del gobierno federal, Leticia Rodríguez Rodríguez, también dijo desconocer del inicio de obras para las instalaciones.

En cambio, cuestionada sobre las actividades de la GN en Zihuatanejo, aseguró que el organismo de seguridad “ya se asentó en el puerto y está trabajando de manera permanente”.

Se le cuestionó del número de efectivos asignados al municipio, dato que dijo también desconoce, pero considera que la GN trabaja todos los días en diferentes operativos coordinados con otras corporaciones de seguridad.

Los elementos de la GN hicieron presencia en el municipio desde el mes de agosto de 2019, y actualmente son observados en unidades de la Policía Municipal en recorridos por las zonas turísticas y comerciales del puerto, además de colonias populares.

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Ejerció la Policía Estatal violencia sexual contra la abogada Teodomira Rosales

Exige la Red TDT disculpa pública, reparación de daños y castigo a los responsables de los hechos

El ataque fue el 28 de diciembre en Chichihualco, cuando los activistas estaban con desplazados


Chilpancingo, 16 de enero. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) demandó investigar y que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal haga una disculpa pública a las víctimas del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, en especial a la abogada Teodomira Rosales Sierra, por la violencia sexual ejercida en su contra en los hechos ocurridos en Chichihualco.

La Red recordó los hechos ocurridos el 28 de diciembre en Chichihualco, donde fueron agredidos los defensores cuando se encontraban con desplazados por la violencia en un bloqueo, y donde Teodomira Rosales y el director Manuel Olivares fueron agredidos por miembros de las fuerzas especiales de la Policía Estatal durante la documentación de estos hechos.

Aunó que, ante este contexto, la Red anteriormente emitió una serie de exigencias vinculadas con las demandas de la población que exigía la protección de los cuerpos de seguridad, así como por la violencia sexual, agresiones y sustracción de objetos en contra de las personas defensoras de derechos humanos, y que en particular se exigía una investigación de los hechos para hacer la reparación de daños y castigo a los responsables.

Lamentó que la SSP califica de “supuestos abusos” lo denunciado, y que  posteriormente a ello señala que no se trató de una riña, y que niega “categóricamente que algún elemento de la Policía Estatal haya cometido agravios en contra de Teodomira Rosales y Manuel Olivares, ni sustraído pertenencias de los representantes del Centro Morelos”.

Por lo tanto, la Red exigió realizar una investigación independiente sobre los hechos denunciados, que incorpore una perspectiva de género así como un enfoque diferenciado; que el Estado repare los daños generados de manera diferenciada.

Indicó que la SSP debe ofrecer una disculpa pública a las personas defensoras agredidas, con especial énfasis en Teodomira Rosales por la violencia sexual de parte de elementos de la SSP Guerrero.

También demandó reconocer e investigar el despojo de dos celulares y dos laptops del Centro Morelos, así como devolverlos o, en su caso, reponer su valor material; reconocer la importancia  del trabajo de las personas defensoras y ofrecer las garantías necesarias para su trabajo, y ofrecer mecanismos reales para la resolución de las demandas integrales de las personas víctimas y familiares de desaparición forzada y desplazamiento forzado.

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