La Jornada Guerrero - Domingo, 11 Octubre 2020
Lunes, 12 Octubre 2020 01:29

Antijuridicidad y delincuencia de menores

¿Cómo se presenta el aspecto antijurídico en el caso de las conductas atípicas cometidas por menores? Nuestro planteamiento gira principalmente en torno a identificar lo que sucede cuando el menor se desarrolla en un ambiente criminógeno, especialmente en el caso del entorno familiar, en el que se soslayen y aun se incentiven las conductas ilícitas; si bien toda conducta tipificada en la ley penal adquiere por tal motivo el carácter de ser antijurídica formalmente, dicho carácter exige confirmación práctica del conglomerado, para que la conducta pueda ser a su vez antijurídica materialmente.

No es nuestra intención adoptar una postura que diferencie completamente la antijuridicidad material de la formal; pero, yendo más allá del aspecto meramente teórico, conociendo nuestro entorno, es factible que ambas puedan no sólo estar separadas, sino que resulten inclusive contradictorias. En México, como en muchas otras naciones, es factible que se presente este fenómeno por dos causas principales: a) de inicio, por la impreparación y poca lucidez de los legisladores, quienes ajenos totalmente a las necesidades colectivas, suelen comprometer en el texto legal los intereses de la mayoría en beneficio de unos cuantos; así, resulta común que se pretenda prohibir por la ley conductas que a consideración del conjunto social no son repudiables, sino inclusive plausibles, y b) en caso contrario, tratándose del auge incontenible de la criminalidad, suele suceder que la marginación y las condiciones de carencia extrema crean islas o núcleos sociales aislados del resto de la población, en los cuales, por las propias condiciones de marginalidad y pobreza, el repudio colectivo hacia los delitos (principalmente los patrimoniales) se va atenuando, hasta que, si bien no se considera totalmente correcta la comisión de conductas delictivas, sí se admite o se solapa su ejecución como vía de subsistencia.

Así las cosas, en nuestra opinión, acorde con las tendencias garantistas, que afirman que el menor no delinque por sí mismo, sino que incurre en conductas antisociales por factores ajenos a sí, consideramos que en el caso de un menor que se desarrolla en un ambiente social que propicia y alienta las conductas ilícitas, no se presentará el sentido de lo antijurídico materialmente, porque en su entorno no se reconoce o se disimula la lesividad social de su conducta. Ello, especialmente tratándose del ámbito familiar, el cual, al ser el primer círculo de socialización al que tiene acceso el menor, es sin duda el primer punto de acceso del infante a los valores sociales, entre ellos, el respeto a la ley.

En una sociedad que promueve constantemente los actos de violencia armada, como la de Estados Unidos, no obstante que las conductas estén incluidas en el orden jurídico y sean antijurídicas formalmente, la relajación en el sentido antijurídico material del conglomerado social fomenta la comisión de dichas conductas; el menor, creciendo en ese ambiente de ambivalencia, es factible que se incline por ellas, como de hecho sucede, pues tiene como ejemplo las cada vez más comunes matanzas de estudiantes a manos de un compañero.

En el caso de México, un menor que se desarrolla en un ambiente de pobreza y marginación, en el cual observa que sus semejantes tienen como fuente principal de ingresos el robo o el secuestro, es probable, igualmente, que una vez que esté en posibilidades de hacerlo, se dedique a la realización de dichas conductas, que si bien están tipificadas, y por tanto son antijurídicas formalmente, debido a la desintegración social no se identifica en ese sector su antijuridicidad material.

De tal suerte que, aunque la doctrina tienda a unificar la antijuridicidad formal con la material, en la práctica influyen numerosos factores que causan su separación. En el caso de un menor que ha delinquido, consideramos que es de especial importancia el que pueda determinarse si al hacerlo tuvo conciencia de que su conducta era indebida, contraria a la ley, tanto en el aspecto estrictamente jurídico (formalmente) como en el social (materialmente). n

Publicado en Artículo
Lunes, 12 Octubre 2020 01:28

Muchas palabras, cero resultados

El 18 de febrero pasado, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, denunció la operación de mafias al interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama); advirtió que “la propia clase trabajadora trabaja en contra de Capama, en contra de los intereses de la sociedad acapulqueña, porque estamos ante verdaderas mafias... antes hacían tontería y media para que la mitad del dinero quedara en unos cuantos bolsillos”.

Reforzó: “Esta es una de nuestras debilidades en donde ya tenemos una estrategia; ya sabemos lo que tenemos qué hacer”.

Fue entonces que aseguró por primera vez que la delincuencia impedía que se abrieran las válvulas en las colonias y afirmó haber ordenado rescindir sus contratos laborales a los trabajadores de la paramunicipal que incurrieran en irregularidades; comentó que uno de los empleados ya fue dado de baja; fue el responsable de cerrar la válvula a un hotel de la zona turística en las vacaciones de fin de año.

Este 8 de octubre, la primera autoridad del puerto declaró: “Estoy totalmente consciente de la falta de servicio de agua potable aún en varias colonias de nuestro municipio; hemos detectado que un gran porcentaje de esta carencia de servicio se debe al cierre ilegal criminal e irresponsable de las válvulas que suministran agua por parte de grupos que lucran con la necesidad ciudadana”.

Es decir el mismo problema de hace ocho meses.

Hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar estos actos para combatir la corrupción en el organismo.

¿Qué no sabían ya lo que tenían que hacer?

Pidió la colaboración “de todos ustedes, a fin de denunciar estos hechos e impedir que sigan sucediendo”.

¿No tenían ya una estrategia?

“Durante décadas han ocurrido estos delitos con la complicidad silenciosa tanto de ciudadanos como de trabajadores de Capama”.

¿Sí? Tal vez, pero la escasez no había sido tan cruda como actualmente.

¿Ya no son las mafias las culpables? ¿Ahora son los ciudadanos?

Comentó que en diciembre del año pasado fue dado de baja un operador de válvulas y puesto a disposición del Ministerio Público por dejar sin agua a un hotel de la Costera.

¿No fue el mismo del que habló el 18 de febrero?

¿No están exactamente donde empezaron?

¿Siguen haciendo “tontería y media” en la paramunicipal?

¿Siguen la criminalidad y la irresponsabilidad?

¿Sigue quedando el dinero en unos cuantos bolsillos? n

Publicado en Editorial

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