La Jornada Guerrero - Martes, 11 Febrero 2020

Una de las víctimas de tortura murió mientras esperaba el apoyo, denuncian


Tecpan, 11 de febrero. A un año de que los habitantes de la comunidad de El Quemado, del municipio de Atoyac, que fueron víctimas de la represión del Ejército a principios de la década de los años 70 del siglo pasado, se reunieron con los representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), los funcionarios federales no han dado ayuda a deudos ni a afectados directos, aseguraron representantes de los pobladores.

Mediante una carta dirigida a Mara Gómez Pérez, titular de la CEAV, los afectados por la guerra sucia indicaron que ese organismo ha incumplido los acuerdos pactados el 11 de febrero del 2019, durante una reunión entre el entonces comisionado presidente del organismo, Javier Rochin, y unos 200 habitantes de la comunidad, entre ellos que la dependencia depositaría en marzo del año pasado el primer pago del apoyo emergente, el cual continuaría hasta que se hiciera el pago de la compensación individual.

Otro de los acuerdos fue que la CEAV haría la compensación individual entre marzo y julio del año pasado, y se informaría a cada familia, además de que del 1º de marzo a diciembre de 2019 se llevaría a cabo un proceso de creación de un memorial conmemorativo, todo vigilado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “lo que finalmente no ha ocurrido”.

Los habitantes lamentaron el incumplimiento de los miembros de la CEAV, aún cuando, antes de esa reunión, el gobernador Héctor Astudillo Flores y Javier Rochin, así como los visitadores primero y sexto de la CNDH, anunciaron un el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, que incluye la reparación de daños a los familiares y las comunidades donde ocurrió la desaparición de personas durante la guerra sucia en los años 60 y 70 en México, en la cual se puso énfasis a la comunidad de El Quemado.

En la carta, que fue firmada por Francisco Vargas Vinalay, Norberto Morales Lozano, Saúl Martínez Palacios y Francisco Martínez Mayares, como representantes de los agraviados, exigieron que se establezca un grupo de trabajo entre los pobladores de El Quemado, la Secretaría de Gobernación (Segob); la CNDH y la CEAV para definir los parámetros que se considerarán en las resoluciones y que en la primera reunión que se programe, para la cual le solicitaron fecha, se defina una ruta para dar solución definitiva a esta situación.

“Nuestros compañeros aún tienen esperanzas de solución con el nuevo gobierno de la cuarta transformación. Varios han muerto y otros más padecen enfermedades. Recientemente falleció Tito Flores Morales, de 96 años, quien en vida soportó las secuelas de la tortura, y no queremos que se sigan muriendo más compañeros, sin haber recibido apoyo para ellos y sus familiares”, concluye el escrito.

Publicado en Sociedad y Justicia

Lamenta la muerte de dos menores de edad en Cocula


Ciudad de México, 11 de febrero. El senador Félix Salgado Macedonio ratificó su solidaridad con las víctimas de la violencia en Guerrero, y exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a agilizar las investigaciones para acabar con la impunidad.

En la sesión de Pleno de este martes, el legislador de la fracción parlamentaria de Morena condenó el asesinato de dos niños en el municipio de Cocula y de 10 músicos en Chilapa de Álvarez.

Al inicio de la sesión, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza pidió que se guardara un minuto de silencio en memoria de los dos menores que fueron hallados sin vida el pasado 9 de febrero. Se trata de una niña de 13 años y un niño de 16.

Mencionó que el asesinato de los menores “se suma a una serie de acontecimientos que han venido pasando de manera muy lamentable” en Guerrero.

Desde su escaño, el legislador dijo que no se puede permitir que sigan asesinando niñas y niños en ningún lugar del país.

El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio se sumó al posicionamiento de Álvarez Icaza. 

“Me solidarizo con las familias víctimas de la violencia en Guerrero, particularmente en Cocula y Chilapa (...) y también hago el exhorto al gobierno del estado y al gobierno federal, para que se hagan las investigaciones de manera correcta y se castigue a los responsables”, expresó.

Afirmó que la violencia que se vive no solamente en Guerrero, sino en todo el país, “es viral, creciente y producto de la descomposición de los gobiernos anteriores, que en lugar de combatir al crimen se aliaron a ellos”.

Por ese motivo, Salgado Macedonio se adhirió a la proposición con punto de acuerdo que presentaron los senadores Nestora Salgado García, Emilio Álvarez Icaza y Josefina Vázquez Mota sobre el homicidio de los dos niños en Cocula, mediante la cual se exhorta a la Fiscalía General del Estado a que se investigue el crimen, se dé con los probables responsables y se esclarezca de manera eficaz y con prontitud.

También se exhorta a las instancias de seguridad pública federales y estatales a que, con base en las atribuciones establecidas a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se establezca una Estrategia Nacional de Prevención y Atención a la violencia armada contra niñas, niños y adolescentes, con énfasis en una intervención coordinada en el estado de Guerrero.

En la segunda intervención desde su escaño, Salgado Macedonio celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) entregará al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep) dos mil millones de pesos que fueron confiscados al crimen organizado.

“Esto sienta un precedente histórico, como nunca antes en la vida del país, porque los ladrones del ayer y del antier deben de saber que ahora el pueblo está exigente porque se le regrese lo que le han robado”, sentenció.

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Celebra el gobernador que es por las acciones implementadas en el municipio

Reconoce y agradece la participación del gobierno federal en la pacificación de esta zona

Lamenta que si no fuera por la muerte de los diez músicos, habría sólo dos homicidios aquí


Chilpancingo, 11 de febrero. El gobernador Héctor Astudillo Flores destacó la diminución “real” en los índices delictivos en el municipio de Chilapa; si no se hubiera presentado el asesinato de los 10 músicos, “estaríamos en dos homicidios” en lo que va del año. En el estado, los homicidios dolosos bajaron 42.75 por ciento.

En conferencia de prensa, el gobernador celebró que debido a las acciones que se han implementado en el municipio de Chilapa, a raíz del asesinato de 10 músicos indígenas de Alcozacán, municipio de Chilapa, hace casi ya un mes, la incidencia delictiva ha bajado.

“Me parece muy importante que yo subraye la importancia de que observen los ceros, el día 17 de enero, efectivamente tuvimos un problema muy fuerte, pero si ustedes observan la disminución de Chilapa es real”.

Detalló que de acuerdo a las cifras, en 2017, en Chilapa se tuvo un total de 235 homicidios, en 2018 bajó a 134 y para el 2019, la incidencia bajó a 88 asesinatos.

“El comportamiento: 2017 muy alto, 2018 disminuyó y 2019 disminuyó notablemente, entre el 2019 y el 2017 hay una diferencia enorme”, destacó el gobernador.

En lo que va de este año –agregó- se tienen 12 homicidios dolosos, que si no fuera por los ocurridos el pasado 17 de enero, cuando un grupo del crimen organizado mató a 10 músicos indígenas, se tendría un registro de dos asesinatos.

“Lamentablemente sucedió, y lo que hemos tratado de hacer es realizar una serie de acciones para restablecer la armonía, para restablecer actividades normales, pensando en los niños, en las niñas, y pensando también en las mujeres y en los hombres que tengan alguna actividad, que les permita desarrollarse de manera correcta, hablando como seres humanos, hablando como guerrerenses, como mexicanos”.

Además, Astudillo Flores mencionó que en estos días se recorrieron 10 poblaciones de Chilapa, en donde se ha tenido conflicto con los comunitarios.

De igual forma, el gobernador reconoció y agradeció la participación del Gobierno Federal en la pacificación del municipio de Chilapa, con quien también ha habido coordinación es con el presidente municipal, quien estuvo presente en la conferencia.

El alcalde de Chilapa, Jesús García Parra, reconoció que gobernar el municipio “no ha sido una tarea fácil, ha sido una tarea compleja, afortunadamente con la coordinación de los tres órdenes de gobierno, como ustedes acaban de presentar las estadísticas delictivas han venido a la baja, y la población el día de hoy se encuentra más tranquila, hay confianza en las autoridades, en el Gobierno Federal, en el gobierno estatal; el último acontecimiento que vivimos fue un momento complejo, difícil. Se ha atendido con prontitud”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, informó que hasta ayer 10 de febrero se registró una disminución del 59.75 por ciento en Acapulco y a nivel estatal un 42.75 por ciento en lo que va del año en comparación con el mismo periodo de 2019, en tanto, los municipios de Chilpancingo, Chilapa y Zihuatanejo continúa con la tendencia delictiva a la baja.

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“No le voy a dar una disculpa”, como ordenan magistrados


El ex senador de la República David Jiménez Rumbo dijo que la resolución pronunciada por los magistrados de la sala civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado le ordena ofrecer una disculpa pública y pagar 5 millones 734 mil pesos al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo por daño moral, y señaló al sistema de justicia de ser corrupto.

Jiménez Rumbo acusó jurídicamente al ex mandatario de Guerrero de ser autor del asesinato de quien era presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, en 2009, por lo que Torreblanca Galindo lo demandó en 2012, por difamación, y el Tribunal falló a su favor al no entregarse pruebas de la imputación tras casi una década del evento.

En conferencia este martes, David Jiménez declaró que “mi maestro político Armando Chavarría Barrera me dijo una semana antes de que lo mataran ‘tengo la sospecha de que me quieren asesinar, y mi jefe el gobernador me retiró la escolta’. Después yo me presenté a declarar esto ante la autoridad, por eso me instalaron un juicio por daño moral”.

Señaló que en Guerrero existe una red de corrupción de jueces y magistrados alineados que lo sentenciaron a retractarse públicamente de la acusación y agregaron la indemnización por calumnia.

“Zeferino sólo pedía que yo le diera una disculpa pública, pero el juez le dio más; yo no le voy a dar una disculpa, y me van a dejar con menos patrimonio, pero voy a seguir dando la pelea”.

Denunció que quienes fallaron en su contra fueron Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco, Alberto López Celis y Julio Lorenzo Jáuregui García, jueces instalados durante el gobierno de Torreblanca Galindo.

Agregó que el juicio de amparo se encuentra ahora en la instancia federal, a cargo de la jueza Adriana Ivette Chávez Romero, a quien no cuestiona hasta el momento.

Al planteamiento de que no pudo comprobar su acusación y le solicitan desdecirse, tendría que sumar ahora también demostrar que los jueces y magistrados son corruptos o podría recibir nuevas demandas por calumnias sostuvo que “así es el sistema”.

Juventino Rodríguez Martínez, abogado defensor del ex senador, informó que para avanzar solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso.

David Jiménez Rumbo pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores su intervención y al delegado único del gobierno federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros hacer saber al presidente Andrés Manuel López Obrador que existe un red corrupción en el estado que dictaminó en su contra.

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