La Jornada Guerrero - Martes, 04 Febrero 2020

En una semana, la Fiscalía dará los resultados del equipo forense, adelantan

La pacificación en Chilapa no se va a lograr con dádivas, señala la hija del luchador social


Chilpancingo, 4 de febrero. La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó la entrega de los restos del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, quien fuera asesinado el 14 de octubre de 2017, esto se da porque se han concluido los estudios de investigación que realizaron los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los familiares de Ranferi Hernández dijeron que la FGE sólo les entrega el dictamen de reconocimiento genético, pero tendrán que esperar al menos una semana más para el dictamen de causa de muerte; además de que hasta el momento no hay avances en la investigación de este hecho, así como en todos los casos de violencia que se “están investigando” en todo el estado.

El 14 de octubre de 2017 fue asesinado Ranferi Hernández, junto con su esposa Lucia Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio y su ahijado, que era su chofer, Antonio Pineda; hechos que se dieron en la carretera que lleva a la comunidad de Nejapa, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

Este martes, desde el mediodía, los familiares de Ranferi Hernández ingresaron a la Unidad de Servicios Periciales de la FGE, donde tuvieron que revivir paso a paso los hechos que llevaron al asesinato de sus padres y abuela, incluso en esta misma unidad se les ha limitado el acceso a los expedientes.

Después de cuatro horas de revisión de las carpetas de investigación, y una serie de trabas para que finalmente les entregaran los cuerpos de sus cuatro familiares, salieron de Servicios Periciales y se dirigieron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde los restos fueron estudiados por el EAAF.

En este lugar se les realizó una segunda autopsia y exámenes periciales, para determinar la causa de muerte, además de otros exámenes que les serán entregados dentro de unas semanas, que informará la Fiscalía General del Estado (FGE), además de las conclusiones a las que llegue el EAAF.

En entrevista, Abel López Rosas, yerno de Hernández Acevedo, declaró que a más de dos años de los hechos, las autoridades encargadas, tanto federales como estatales, de la impartición de justicia sólo les han dado lamentaciones, pero de las investigaciones no han avanzado en nada.

Dijo que prácticamente en ninguno de los crímenes que han ocurrido en Chilapa por la confrontación entre grupos armados, y en contra de la Policía Comunitaria, el gobierno se ha ausentado y las familias tienen que, por su cuenta, buscar la justicia.

Lamentó que el gobierno prefiera confrontar a las organizaciones y colectivos que exigen justicia, y no haga nada para detener a los responsables de la violencia que hay en las comunidades y contra activistas, como Arturo Hernández Cardona, Rocío Messino y el caso más emblemático, la desaparición de los 43 normalistas.

Por otro lado, la hija del activista, Diana Hernández, hizo el llamado para que no se olvide este caso, que no se permita que quede en la impunidad.

“Lo que nosotros estamos buscando es justicia, algo que para muchos es una utopía, tenemos la necesidad de aclarar y saber qué es lo que realmente sucedió, algo que el gobierno nos ha impedido saber qué pasó con nuestros familiares, porqué los asesinaron”, declaró.

Reprochó por qué se les sigue revictimizando y agregó que la pacificación en la zona no se va a lograr con dádivas como pretende el gobernador, Héctor Astudillo Flores, sino con proyectos que surjan directamente de los pueblos.

Los restos les fueron entregados por la noche, mismos que serán sepultados este miércoles en su natal Ahuacuotzingo, no sin antes hacer un enérgico llamado a la justicia, a poner un alto a la impunidad, hallar y castigar a los responsables de este multihomicidio.

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Chilapa, con –36.8%, está entre los municipios en que disminuyó el fenómeno

Los datos, del 1º de enero al 3 de febrero, son presentados en la Mesa para la Construcción de la Paz


Chilpancingo, 4 de febrero. En la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz se aseguró que disminuyó la incidencia delictiva 54.2 por ciento; en Zihuatanejo bajó 45.4 por ciento, y en Chilapa, 36.8 por ciento, del 1º de enero al 3 de febrero.

Durante la Mesa de Coordinación, que se hace a diario, también se expuso el seguimiento que se le está dando a las acciones en Chilapa, en los temas de seguridad, justicia e inversión social, en los poblados de Alcozacán y El Jagüey.

El gobernador Héctor Astudillo Flores aseguró que este martes se enviarían a comunidades de la zona rural de Chilapa brigadas de atención social; mientras que el delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, anunció que personal de la Secretaría de Gobernación visitará la zona, luego de los hechos violentos.

El secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, también aseguró que la incidencia delictiva disminuyó en Acapulco, Zihuatanejo y Chilapa, del primero de enero al 3 de febrero, en comparación con el mismo periodo de 2019.

También se indicó que se tiene que fortalecer la seguridad en los municipios de Taxco e Iguala y continuar las tareas de disuasión del delito en el resto de la entidad.

“Después de evaluar el operativo conjunto de seguridad en el municipio de Zirándaro, se acordó proponer acciones para gestionar con el gobierno de México apoyos sociales y productivos en beneficio de la población, así como acciones para reforzar la seguridad”, se añadió.

En otro tema, respecto a los apoyos que se otorgan a las 146 familias desplazadas de la comunidad de Zihuaquio, municipio de Coyuca de Catalán, y que se encuentran en la localidad de Vallecitos de Zaragoza, se dijo que se están coordinado acciones para que los gobiernos estatal y federal recuperen su patrimonio.

En la reunión estuvieron el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; Sandoval Ballesteros; el comandante de la 35 zona militar, Ernesto Ávalos Pardo; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Antonio Ramos Argüello; el coordinador estatal de la Policía Federal, Pedro Radilla Suástegui; el jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia, Juan Gabriel Sosa Pintos; el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila; el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, y el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado, Ramón Navarrete Magdaleno.

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Miércoles, 05 Febrero 2020 00:23

La otra delincuencia

Cuando la dirigente estatal del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, dice que la aparición de niños armados y vestidos de policías comunitarios en Chilapa es reflejo de lo fallida que ha resultado la estrategia de seguridad, puede causar escozor en el medio gubernamental, pero no cabe duda de que su fogonazo tiene lógica.

En el momento en que los funcionarios se levantan la mano unos a otros presumiendo que han disminuido los homicidios dolosos, llega la hora de preguntarse qué está pasando realmente, porque si decrecen los asesinatos y los infractores no son aprehendidos por las fuerzas de seguridad, ni han caído abatidos, no cabe más que pensar que sólo se han replegado, tal vez por estrategia, pero de eso a que hayan sido sometidos hay mucha distancia.

Guevara Tejedor refuerza la embestida al acusar que “el gobierno federal y el estatal saben dónde están; quiénes encabezan e integran los grupos delictivos en los estados y el país, pero se rehúsan a combatirlos”.

Entre esos grupos delictivos el gobierno mismo ha señalado una y otra vez a policías comunitarias, a las que ha acusado de estar al servicio de cárteles y bandas, pero tampoco las mete en cintura.

En este sentido, la dirigente del FDP respaldó las voces que piden que las autoridades desarmen e investiguen a policías comunitarias, que, valga decir, este lunes asumieron una actitud de desafío al exhibirse con armas de grueso calibre frente al gobernador Héctor Astudillo, en su visita a Chilapa.

A su vez, el Frente de Defensa Francisco Villa reprobó que el gobierno del estado no ejecute las órdenes de aprehensión contra integrantes de la Crac-PF.

Ayer, Astudillo Flores dijo durante la inauguración de la Semana Jurídica con motivo del aniversario de la Constitución, que ésta no permite ni permitirá que ciudadanos “anden armados en demasía”, en referencia a las policías comunitarias y autodefensas que operan en el estado.

No quiso declarar si serán desarmadas, pues dijo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no ha dicho eso, sino que se revisará su actuación.

Así, en este jamelgo, cabalgan la paz y la justicia. n

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