La Jornada Guerrero - Miércoles, 05 Febrero 2020

Las cifras presentadas por el gobierno no corresponden a la realidad, señala

El gobierno federal no quiere aceptar el fracaso del programa de fertilizante que aplicó el año pasado, dice


Tecpan, 5 de febrero. El dirigente estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado, Evencio Romero Sotelo, aseguró que el gobierno federal pretende maquillar el desplome de la producción de maíz en Guerrero con cifras que no corresponden a la realidad, para no aceptar el fracaso del programa de fertilizante que aplicó el año pasado.

Indicó que la Federación, por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quiere hacer creer a la población que la caída en la producción de maíz fue de 10.6 por ciento, en relación a las 796 mil 655 toneladas de ese grano que, según la dependencia federal, hubo en 2018, cuando publicaciones oficiales de la misma oficina detallan que en ese año en Guerrero la cosecha fue de un millón 271 mil 855 toneladas, lo que demuestra que el derrumbe real de la producción en 2019 fue de 50 por ciento aproximadamente.

“Es lamentable que a través de números maquillados el gobierno federal quiera ocultar el fracaso del programa. Los más afectados con las mentiras son los productores y las cifras lo reflejan. No es posible que se improvise de esa manera con los productos que alimentan a cientos de familias guerrerenses”, asentó Romero Sotelo.

Los datos, para quien quiera consultarlos, abundó, están publicados en los espacios oficiales del Sistema de Información Agrícola y Pecuaria que pertenece a la página oficial de la Sader, por lo que afirmó que son falsos los números dados a conocer por los funcionarios federales.

Mencionó que los resultados obtenidos en las parcelas demuestran que de nada sirvieron las más de 450 toneladas de semilla mejorada que Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), incluyó en los paquetes, porque se fue semilla en mal estado y con plagas, por lo que insistió en que la Federación audite tanto a los responsables del programa como a las empresas y dependencias que participaron en el, “porque seguramente se descubrirán actos corruptos y de desvío de recursos”, apuntó.

El líder llamó al nuevo responsable del programa de fertilizante en Guerrero a que coordine su trabajo con los ayuntamientos y con funcionarios del gobierno del estado para planear el programa este año.

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El alza en las casetas de cobro fue autorizada por el Fondo Nacional de Infraestructura

El aumento es de acuerdo a la inflación de diciembre de 2018 al mismo mes de 2019, dice la SCT

Es el segundo en la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador


Chilpancingo, 5 de febrero. A partir de este miércoles, las tarifas en el peaje de la autopista del Sol, tendrá un incremento de tres por ciento. Dicho incremento fue autorizado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Este aumento es el segundo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el primero fue en septiembre de 2019.

En un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se informó que el aumento es de acuerdo a la inflación correspondiente de diciembre de 2018 a diciembre de 2019.

Con este nuevo aumento, el recorrido México-Cuernavaca incrementó de 107 pesos a 110, mientras que de Cuernavaca hacia Acapulco pasará de 466 a 499 pesos.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso de Guerrero, Arturo López Sugía, llamó al gobierno federal a que se aplique un descuento de 50 por ciento.

“Se trata de un ajuste que se hace en febrero de cada año, el pasado fue de 4.8% en este es de 3% de acuerdo con la inflación pero no deja de ser un aumento y por supuesto que como acapulqueños no queremos que se encarezca la autopista y como guerrerenses creemos que merecemos un trato especial porque se nos dejó fuera de los proyectos estratégicos, sin la Zona Económica Especial”. López Sugía consideró que en estos momentos, cuando los destinos turísticos son afectados por la inseguridad, sería justo que se pueda tener una concesión presidencial para gozar mínimo de 50 por ciento de descuento en las casetas.

Publicado en Sociedad y Justicia

“El gobierno estatal está abierto a recibir y analizar propuestas de reformas a la Ley 701”

El estado sí tiene estrategias para atenderlos en Zirándaro y Zihuaquio, les dimos despensas y colchonetas, dice


Chilpancingo, 5 de febrero. El secretario general del gobierno del estado, Florencio Salazar, reconoció que se tiene registro de unos mil 500 desplazados en todo el estado de municipios como Leonardo Bravo, Zitlala, Zirándaro y Heliodoro Castillo.

También aseguro el que el estado está abierto a recibir y analizar las propuestas de reformas a la Ley 701 de reconocimiento a los derechos y cultura indígena “que sean viables y no sea anticonstitucional”.

La mañana de este miércoles el secretario general de gobierno presidio la ceremonia conmemorativa del CIII (103) aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; posteriormente en entrevista, dio a conocer que el censo que tiene el estado sobre los desplazados indica que existen “más o menos” mil 500 personas, cifra que en su mayoría se integra en los últimos dos años.

“Son de diferentes momentos, pero básicamente ha sido de dos años para acá. Hay un desplazamiento que nosotros desconocemos y hay personas que de pronto salen de sus lugares originarios, por su cuenta se van a otros lugares, o de repente se van del estado, que no tenemos manera de registrarlos. Tenemos registrados, incluso, a los que les hemos dado seguridad para trasladarse a otras comunidades como pasó con Zihuaquio que se fueron a Vallecitos”, indicó.

Cabe señalar, que de acuerdo con las declaraciones del presidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, en su municipio existen al menos dos mil personas desplazadas.

Además de que, en el mes de noviembre del año 2018, cerca de mil 600 personas de ocho comunidades del municipio de Leonardo Bravo, salieron de sus hogares, luego de que se diera una irrupción en sus localidades por parte del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (Fupceg).

Florencio Salazar defendió el estado sí tiene estrategias para atender a personas desplazadas. “Tenemos protocolos, programas y hay una estrategia”.

Poniendo como ejemplo y recordando los recientes casos de Zirándaro y Zihuaquio, en donde el Gobierno levantó un censo, y dio apoyo humanitario inmediato, como despensas y colchonetas.

“Ahora lo que tenemos que ver es si desean volver para implementar un mecanismo de retorno seguro o darles una ubicación más permanente en coordinación con el Gobierno federal”.

Dijo que el compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar. Por otro lado, argumento que en el gobierno del estado “estamos abiertos” a las propuestas de reforma que se pretenden presentar para la Ley 701. “Para eso se requiere de diálogo, y nosotros vamos a tener la próxima semana una reunión con algunos diputados con el propósito de que nos pongamos de acuerdo. No hay un dogma y todo lo que sirva para mejorar lo vamos a promover”, argumentó.

Salazar Adame comentó que la Ley 701 establece que los policías comunitarios deben ser habitantes de la comunidad a la que sirven, ser electos en la asamblea para que se sepan que son vecinos del lugar y responder al mandato de las autoridades comunitarias, actuar sólo dentro del área de sus propias comunidades y no usar armas exclusivas del Ejército mexicano.

Agregó que con el cumplimiento de esos requisitos se asegura que las policías sean legítimamente de las comunidades y se evitan infiltraciones que pueden ser de grupos criminales.

Publicado en Sociedad y Justicia

No quieren tener otros cuatro años a la actual directora, dicen


Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica, ubicado en Ometepec, pidieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores en el paro que mantienen desde el 24 de enero para exigir la destitución de la directora del plantel, Hortensia Montero Mayrén.

En conferencia de prensa, los trabajadores Alma Inés Bustos Zacapala, Erick Rueda Solano, Raúl Mejía Ramírez e Isidro Solano Cortés, denunciaron que el 14 de diciembre del año pasado, Hortensia Montero fue ratificada en el cargo de directora por cuatro años más, a lo cual están en contra porque ha incurrido en diferentes irregularidades.

La profesora Alma Inés Bustos dijo que de un total de 130 trabajadores del Instituto, son 41 empleados administrativos y docentes, entre sindicalizados y de confianza, los que están en contra de la ratificación de la directora.

Abundó que unos de los cinco principales motivos por los que no quieren su ratificación es porque no cumple con lo establecido en el decreto de creación del Instituto, que es que el director debe tener una de las cinco carreras que se imparten dentro del plantel, ya que Hortensia Montero tiene licenciatura en educación.

Otro de los motivos, añadió, es que ha incurrido en el uso irregular de los recursos del plantel, ya que entre 2018 y 2019 se autorizaron para el plantel cerca de 2 millones de pesos, los cuales fueron comprobados en obras fantasmas.

Aseveró que hace cuatro años aceptaron su nombramiento de directora por respeto a la decisión del gobernador Héctor Astudillo, pero dijo que la escuela ya no soportaría mantenerla otros cuatro años en el cargo por las irregularidades en las que ha incurrido. “Fueron cuatro años de quejas, tanto de alumnos de manera individual como de docentes por academias, gestiones negadas, viajes de prácticas cancelados, fueron cuatro años de irregularidades. Nosotros quisimos respetar la decisión del gobernador de mantenerla en el cargo; sin embargo el 14 de diciembre del 2019 se determina ese nombramiento de cuatro años. La señora presume una ratificación por otros cuatros años, entonces el descenso del plantel es indudable, otros cuatro años ya no los va a resistir, va a colapsar definitivamente. El único objetivo de nosotros, trabajadores y estudiantes, es levantar el instituto, queremos rescatarlo, queremos que vuelva a ser la máxima casa de estudios de la Costa Chica”.

Por su parte, el trabajador administrativo, Erick Alfredo Rueda Solano, señaló que Montero Mayrén fue nombrada directora de la escuela como “premio de consolación” porque perdió una diputación local.

“La llegada de la licenciada al Tecnológico es una cuota que tienen que pagar porque la señora perdió una elección para diputada local; como premio de consolación le dan la dirección del Instituto Tecnológico, por respeto a la decisión del señor gobernador se le permitió que trabajara dándole el beneficio de la duda durante cuatro años, a la fecha no ha hecho absolutamente nada por mejorar un instituto que está en una zona de completa marginación”.

Reprochó que ninguna autoridad estatal ha intervenido en el conflicto, que ya han buscado a través de un documento al gobernador y al secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, pero “no ha habido respuesta de ninguna autoridad de alto nivel, simplemente han mandado emisarios a preguntar cómo están las cosas”.

Los inconformes pidieron la pronta intervención del gobernador para que se solucione lo antes posible la toma del plantel que mantienen desde el mes pasado.

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