La Jornada Guerrero - Jueves, 06 Febrero 2020

Bloqueaban la autopista del Sol en demanda de presupuesto y reconocimiento


Chilpancingo, 6 de febrero. Policías antimotines desalojaron a maestros, padres de familia y alumnos que mantenían un bloqueo en el entronque a la autopista del sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, para exigir a las autoridades educativas el reconocimiento oficial, así como presupuesto de 2.9 millones de pesos para el mantenimiento de la matrícula escolar.

Los manifestantes marcharon por la avenida Lázaro Cárdenas y doblaron hacia el Congreso del estado para luego dirigirse al Palacio de Gobierno, donde hicieron un bloqueo en los carriles que van de norte a sur; ahí se mantuvieron por una hora y media, y reiniciaron la marcha hacia el Parador del Marqués.

En entrevista, el director de la escuela preparatoria popular General Vicente Guerrero Saldaña, ubicada en Pochotillo, municipio de Tecoanapa, Ernesto Ramírez Mayo, quien es enlace con la prensa, explicó que el recurso que cada año les otorgan es como si fueran una organización social y no una institución educativa, con el objetivo de no pagar prestaciones laborales.

“Lo hacen así porque saben que, de acuerdo a las leyes, nos deberían otorgar todas las prestaciones de ley, como aguinaldos, vacaciones y todos los derechos laborales que un trabajador tiene, y eso precisamente no quieren hacerlo y por eso no nos reconocen”, dijo.

Explicó que la exigencia es que les regresen 2 millones 980 mil pesos que tuvieron de subejercicio de 2019, pues con ello se estarían pagando aguinaldos y vacaciones a los más de mil profesores de los 112 planteles que hay en todo el estado.

Agregó que tienen una matrícula de 12 mil 500 alumnos en todo el estado y aun cuando a la Universidad Autónoma de Guerrero se le asigna el presupuesto con base en la matrícula escolar, a las preparatorias populares no se les otorga ni un peso.

“Hay una tremenda injusticia muy fuerte a pesar de que debería ser lo contrario porque estamos abatiendo el rezago educativo en comunidades marginadas donde la educación formal no llega; nosotros ahí estamos. Cada año tenemos que estar manifestándonos para que nos den presupuesto”, lamentó.

Al no llegar a ningún acuerdo con las autoridades estatales, el contingente de al menos 500 personas provenientes de Acapulco, La Montaña y la Costa Chica se trasladaron en marcha hacia el Parador del Marqués, donde ya los esperaba un centenar de policías antimotines, encabezados por el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, quienes tras unos 20 minutos de bloqueo total en la autopista, los desalojaron.

Los policías estatales lanzaron bombas lacrimógenas y fueron replegando a los maestros, alumnos y padres de familia a toletazos y empujones hasta liberar la vía.

Durante la refriega, al menos 50 estudiantes resultaron golpeados por los antimotines; además, los policías se llevaron detenidos a los profesores Simón Ramos Aburto y Mario Ramírez Mora, de quienes no se sabe su ubicación, ni su situación legal, ni su integridad física, por lo que los manifestantes advirtieron que continuarán las manifestaciones en los próximos días.

Por la tarde, una comisión de maestros se trasladó a las oficinas de la Comisión de los Derechos Humanos estatal a presentar queja.

Ahí ofrecieron una conferencia de prensa, en la que hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le manifestaron que en Guerrero se sigue golpeando a estudiantes, no hay educación gratuita y sus diputados en el estado no han hecho nada para calmar esta situación.

“El presidente dijo becarios sí, sicarios no; entonces, cómo pretenden terminar con esta violencia cuando a nuestros alumnos los golpean por exigir su derecho a la educación”, reclamó la coordinadora de Preparatorias Populares del Estado, Julia Martínez Suárez.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de los dos profesores detenidos durante el desalojo, así como que se deje de golpear al movimiento y en cambio les den solución a sus demandas.

Publicado en Política
Viernes, 07 Febrero 2020 02:00

La libertad de los mineros

México tiene una actividad minera de más de 500 años. La dinámica e intensidad de este sector no sólo ha sido fundamental para el desarrollo industrial de nuestro país, también ha jugado un papel estratégico para el crecimiento de la economía nacional. No hay industria en México ni en el mundo que no dependa de los metales y estos son extraídos de las entrañas de la tierra por los mineros, son transformados por los trabajadores metalúrgicos y convertidos en productos básicos por los siderúrgicos para un desarrollo sólido de la estructura productiva y la transformación manufacturera de cualquier región.

¿Quiénes son los mineros y qué aportan a México? Son preguntas que muchos se plantean, pero no conocen la respuesta, aunque sí la intuyen. Los trabajadores de este sector tienen un carácter fuerte, desarrollado en la lucha diaria para superar las adversidades, los altos riesgos y los retos que presenta esta actividad. Cuando han sido atacados o violentados sus derechos de inmediato responden e inician un proceso de resistencia, de valor, de unidad y solidaridad que no se encuentra fácilmente en otros sectores de las ramas productivas del país.

Los empresarios mineros, por otra parte, por lo general –salvo excepciones–, son ambiciosos y codiciosos por naturaleza y generalmente no reconocen ni valoran lo que hacen los trabajadores, mucho menos los compensan o pagan sus servicios de manera adecuada, con remuneraciones justas y dignas de acuerdo con su esfuerzo y sacrificios, así como a su contribución al enriquecimiento de los inversionistas.

De ahí que constantemente se generan conflictos que se suman a las pésimas condiciones generales de trabajo y a la explotación frecuente de ellos y sus familias. La contaminación y los desperdicios tóxicos se agregan a la larga lista de violaciones a sus derechos fundamentales y los de las comunidades donde operan. Todo eso se da independientemente de los ataques y métodos de control empresarial que pretenden imponer a los mineros, desconocer su fuerza, pero sobre todo atentar contra su libertad y el derecho que tienen a la libre sindicalización.

Por eso estos trabajadores tienen muchos enemigos que no entienden, ignoran o simplemente se hacen de la vista gorda ante la inseguridad y las pésimas condiciones de trabajo en que los mantienen. Usan a los mineros, les pagan salarios bajos e indignos comparados con su sacrificio y con las riquezas que como productores manejan, y luego los empresarios, en complicidad con políticos y líderes corruptos que son insensibles ante las injusticias y los abusos, pretenden acentuar esos grados de explotación hasta niveles insultantes.

La mentalidad empresarial de hoy se proyecta al pasado, a la época de los señores esclavistas, hacendados y latifundistas de los siglos XVIII y XIX. Ambicionan y ven sólo ganancias, no se fijan en necesidades humanas. A pesar de lo anterior, la constancia, visión y perseverancia de los mineros nos ha llevado a una serie de triunfos desde el año anterior en materia de organización y afiliación de muchos trabajadores al Sindicato Nacional de Mineros que me honro en presidir, en casos muy sonados como en las empresas mineras El Boleo, de Baja California; el Baztán del Cobre, en Michoacán; Teksid, de Monclova, Coahuila; la mina de Cosalá, en Sinaloa y otras más.

No ha sido fácil conseguir la libertad de los mineros mexicanos como tampoco defender el derecho a la libre asociación para que sean ellos y nadie más quienes decidan a qué organización pertenecer y a qué dirigentes elegir. Anteriormente, y todavía en muchos casos, ha habido una actitud de autoridades ineficientes, cómplices, que actúan con dolo y de manera insegura e hipócrita para favorecer intereses particulares y de grupo.

En las administraciones anteriores, el poder político se había entregado, coludido o aliado con el poder económico. La influencia de los más poderosos había crecido enormemente y su dominio a nivel regional o estatal era y ha sido evidente. Como ejemplo, el Grupo Peñoles controla Zacatecas y otras regiones más; Grupo México, en el estado de Sonora, mientras el Grupo Acerero del Norte lo hace con las minas en todo Coahuila. A nivel federal no ha sido menor su control y prácticas de corrupción, tráfico de influencias y uso de la información confidencial.

El gobierno federal tiene razón y lo ha expresado: esa clase de empresarios no son ni serán amigos leales a México ni a los mexicanos porque siempre les ha gustado vivir en la opulencia de unos cuantos frente a la indigencia, desigualdad y marginación de las mayorías.

Muchas veces esos mismos grupos presionan, amenazan y chantajean con no invertir si no se les complace en sus propuestas y rechazarán los cambios, salvo aquellos que no impliquen transformaciones de fondo, muy al estilo del Gatopardo. Frente a esta situación no queda más que aplicar la democracia, la justicia, la libertad y el bienestar, a la vez que promover la inversión y el crecimiento de la mano de la política laboral y social del país impulsada desde el gobierno actual. El crecimiento frío, sin los elementos para satisfacer las necesidades humanas, generalmente termina en crisis y en fracasos. n

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Viernes, 07 Febrero 2020 01:58

Operativo Mochila

El lamentable hecho que sucedió en días pasados, cuando un niño alumno de una escuela privada de Torreón, Coahuila, disparó contra varias personas, asesinó a una maestra y después se suicidó, desencadenó las iniciativas de poner en operación los llamados operativos Mochila, que no son otra cosa que la revisión de los útiles escolares de los estudiantes en la entrada de las escuelas.

Los llamados operativos Mochila es verdad que han descubierto armas de todo tipo que podrían atentar contra la seguridad de estudiantes, profesores y trabajadores en las escuelas.

El 15 de enero, en el plantel 01 del Colegio de Bachilleres, se inició el Programa Operativo Mochila en Guerrero, con la presencia de autoridades estatales y de personal de la Comisión de los Derechos Humanos del estado. Tales acciones, a decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, atentan contra la dignidad de los estudiantes, además de que ubican sin fundamento legal alguno a los alumnos como sospechosos de poseer o portar cualquier tipo de arma y de sustancias ilícitas.

Tales operativos atentan contra el honor de miles de menores, aunque estas acciones se lleven a cabo con el consentimiento y la participación de los padres de familia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado estas acciones como atentatorias contra los derechos de la niñez y de la infancia; es claro que se debe de educar a los hijos en casa, orientar a los padres de familia, implementar pláticas y talleres, pero nunca generar excesos en la aplicación de operativos fuera de la ley, que en su aplicación discriminan y estigmatizan a alumnas y alumnos, y es de reconocer que se debe de garantizar el respeto a los derechos humanos, particularmente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

No se debe de aplicar medidas coercitivas contra los menores; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo con oportunidad un llamado a las autoridades educativas de todo el país “a no aplicar estos operativos Mochila”, dado que no existen protocolos homologados para su aplicación, además de que se exponen las pertenencias del alumnado a la vista, operaciones que ha efectuado personal de seguridad pública uniformado y fuertemente armado, utilizando los llamados binomios caninos y detectores de metales, lo cual genera incertidumbre y un clima amenazador para los menores; incluso en ocasiones se ha llegado a revisiones corporales que implican tocar el cuerpo de los menores o pedirles que se quiten la ropa, con lo cual se atenta gravemente contra la dignidad y la intimidad de las personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas en general a no implementar medidas de este tipo, por considerarlas reactivas. Es necesario que autoridades y padres de familia implementen acciones preventivas, principalmente la comunicación entre padres e hijos, entre niños o adolescentes y sus familias, que impulsen prácticas amorosas y generen vínculos comunicativos y de confianza entre las familias.

Es claro que en algunos casos existe en los estudiantes una falta de afecto, de cariño, de amor y empatía, problemas emocionales, trastornos emocionales psicológicos e incluso psiquiátricos, lo cual hace necesario poner atención particular en su salud mental, en su comportamiento, en sus aspiraciones y sueños, en sus proyectos de vida, en el desarrollo de sus potencialidades.

Es necesario redimensionar el valor de la familia, como la célula más pequeña, pero más importante, de una sociedad; ponerle atención al desarrollo personal sano y armónico de niñas y niños, afectivo y emocional; a la empatía social, al aprendizaje y al desarrollo de los valores sociales y humanos.

Existe un debate sobre la operación Mochila Segura, si se debe seguir aplicando o no, si es una medida coercitiva o efectiva, si se seguirá operando o no, si atenta o no contra los derechos de la infancia, si discrimina y violenta la intimidad de los niños, si es sano hurgar en sus pertenencias con policías armados o perros entrenados, si en verdad es una medida contra la violencia y la drogadicción, si es en realidad efectiva para prevenir la violencia en las escuelas, si atenta contra los derechos de la niñez a la educación y a la intimidad.

¿Cuál será la posición del sistema educativo nacional, de los padres de familia, de los maestros y de las autoridades de los tres niveles de gobierno? n

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Viernes, 07 Febrero 2020 01:57

El otro lado de la moneda

Si el gobierno estatal tiene registrados “unos mil 500 desplazados” por la violencia en toda la entidad, como expuso el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, significa, sin lugar a dudas, que suman el doble o el triple, porque, como expresa el funcionario, “hay un desplazamiento que nosotros desconocemos; hay personas que de pronto salen de sus lugares originarios, por su cuenta se van a otros lugares, o de repente se van del estado; no tenemos manera de registrarlos”.

El hecho de que no cuenten con cifras precisas es normal y entendible; lo que no debería ser normal es que no se haga lo que debería hacerse para proteger a la gente a fin de evitar que la delincuencia la obligue a abandonar sus comunidades.

Por otra parte, externó el servidor que el “compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar”.

El secretario general debería ponerse de acuerdo con el de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, quien en el Congreso local advirtió el 28 de noviembre pasado que los desplazados de sus lugares de origen “legalmente no son considerados como víctimas”.

En entrevista concedida a periodistas este miércoles, luego de encabezar la ceremonia conmemorativa del 103 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Salazar Adame aseguró que el estado sí tiene estrategias para atender a personas desplazadas. “Tenemos protocolos, programas y hay una estrategia”, asentó, en tanto Moreno Arcos subrayó que, al no ser considerados legalmente como víctimas, “resultan difíciles de atender por no cumplir con los requisitos para acceder a programas sociales”.

¿A qué programas se refiere el secretario general de Gobierno?

Por otra parte, si el Estado cumpliera su responsabilidad de proporcionar seguridad a los guerrerenses, de sobra estarían esos protocolos, programas y estrategias de que habla Salazar Adame, pues generan salidas a las consecuencias en que deriva el incumplimiento de la ley.

Cuando se refiere a que el “compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar”, oportuno sería que explicara a los desplazados por la violencia de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Zitlala por qué no les han garantizado su regreso a sus poblados a pesar de los bloqueos de la autopista del Sol (17 de octubre de 2019) y las marchas (11 de noviembre de 2019) en demanda de garantías para su regreso a sus casas.

Diametralmente opuestas resultan las maneras en que el gobierno ve los problemas y en que las víctimas los padecen. n

Publicado en Editorial

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