La Jornada Guerrero - Domingo, 21 Junio 2020

Informan a familiares de afectados en El Quemado, Atoyac, de recorte presupuestal

Enfrentaron hace más de 40 años un terrorismo de Estado en esa comunidad por parte del Ejército

Acusan que la Federación incumple con las normas internacionales firmadas con la Cidh y la Coidh


Atoyac, 21 de junio. Los recortes presupuestales a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) que dio a conocer hace unos días su titular Mara Gómez, preocupa a los familiares de las víctimas de la guerra sucia a principio de la década de los años 70 en la comunidad de El Quemado, en Atoyac, porque eso los aleja aún más de recibir el pago por la reparación de daños, que desde hace 2 años y medio aún no reciben de parte de esa organización, indicó el vocero de los familiares Arturo García Jiménez.

La postura de la Federación, aseguró, incumple con las normas internacionales firmadas con instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), entre otros, donde la indemnización a los familiares debe seguir un mecanismo definido y debe ser integral: el pago económico por la reparación de los daños a cada uno de los afectados; la reparación colectiva, enfocada al mejoramiento de la comunidad en donde se causaron los daños, y la creación y aplicación de mecanismos que garanticen que los hechos no volverán a repetirse en los pueblos.

En entrevista, contó que en la última conversación que los representantes de los familiares afectados tuvieron con la representante de la Ceav, ésta, en pocas palabras, dio a entender que lo que el gobierno federal podía hacer es ingresar a los afectados a los programas sociales de acuerdo a la necesidad que tengan las familias, “pero que dinero no habría”.

Lamentó el posicionamiento del Estado mexicano en su nueva administración, porque los pobladores de El Quemado, dijo, tenían muchas esperanzas de que las cosas cambiaran con la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y, sin embargo, hasta hoy, los que fueron víctimas de la violencia de parte del Ejército se enfrentan aún a la omisión institucional a pesar de que existe un Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado, que fue presentado en Atoyac en febrero de 2019, la reparación del daño sigue posponiéndose en el nuevo gobierno de la cuarta transformación, apuntó García Jiménez.

Asentó que “no es posible que el gobierno de la República siga negándose a ayudar a los familiares que hace más de 40 años enfrentaron un verdadero terrorismo de Estado en esa localidad a manos del Ejército Mexicano, los sobrevivientes de aquella represión política siguen en espera de la reparación de los daños como parte de una injusticia histórica que cada vez ven más lejana”.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia Mara Gómez Pérez a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin embargo, trascendió que la renuncia fue por presión del propio jefe del Ejecutivo federal, después de que la funcionaria diera a conocer públicamente que los recortes presupuestales hechos a la Ceav limitan su trabajo sustancialmente.

Publicado en Sociedad y Justicia
Lunes, 22 Junio 2020 03:51

El funcionalismo penal

En lo que se ha dado en llamar la dogmática post-finalista, son dos sistemas teóricos los que sobresalen en el debate penal contemporáneo: el modelo teleológico político-criminal impulsado por Claus Roxin, y el funcionalismo normativo de Günther Jakobs. Evidentemente, se trata de formulaciones teóricas en plena discusión, cuyo análisis corresponde a niveles de conocimiento jurídico especializados.

El teleologismo de Roxin parte del esquema básico del sistema tripartita del delito, que reconoce la existencia de tres elementos esenciales: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, herencia del finalismo. La reformulación que él hace de estos tres elementos básicos del delito consiste en que los dota de un contenido político-criminal por medio de la inclusión de elementos de utilidad social. Con ello, Roxin ha generado un sistema abierto; ejemplo de ello es su teoría de la pena, misma que para este autor debe tener intereses exclusivamente preventivos, en rechazo a las posturas tradicionales que afirman la retribución como fin de la pena. De esta manera, de acuerdo con Roxin, la pena desempeña tanto fines de prevención general como de prevención especial, puesto que busca evitar los delitos, influyendo tanto sobre el particular como sobre la colectividad en su conjunto. La intención es que ambos fines se armonicen cuidadosamente, sobre la base de que la culpabilidad, como límite de la pena, exige que ésta última nunca rebase la medida de la propia culpabilidad, pero sí pueda reducirse, cuando así lo aconsejen los criterios preventivo-especiales, referidos al autor del delito (resocialización, etcétera).

Al añadir a la categoría de la culpabilidad, esas consideraciones relativas a las necesidades preventivas, ya sea con carácter general o especial, que a juicio de Roxin deben definirse como finalidades de la pena, dicha categoría de culpabilidad extiende su ámbito, para caracterizarse ahora como responsabilidad.

Por su parte, dentro de su esquema teórico, Jakobs propugna por la normativización del sistema jurídico penal, suprimiendo de su seno criterios naturalistas u ontológicos. Ello, sobre la base de afirmar que el derecho penal, más que garantizar bienes jurídicos, tiene como finalidad garantizar la identidad normativa, la constitución y la sociedad. Siguiendo a Welzel, Jakobs sostiene que el derecho penal no tiene como misión inmediata la protección de bienes jurídicos, pues por lo general llega demasiado tarde; es decir que interviene cuando el bien ya ha sido lesionado.

Yendo más allá, Jakobs sostiene que, como consecuencia de ello, la función del derecho penal, y en concreto de la pena, es salvaguardar la identidad normativa de la sociedad, es decir la vigencia de la norma. No repara bienes lesionados, sino que responde frente a un hecho, en cuanto éste implica quebrantamiento de una norma. Esta normativización se extiende a la definición de conceptos como la acción (que para Jakobs se convierte en acción culpable, pasando la culpabilidad a ser un presupuesto de dicha acción); el de imputación objetiva, así como los de autoría y participación. n

Publicado en Artículo
Lunes, 22 Junio 2020 03:50

¿Reorientar la estrategia?

Cuando el país ha rebasado los 175 mil contagios de Covid-19 confirmados y más de 20 mil muertos, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, aceptó que el modelo de vigilancia epidemiológica para el virus en México deberá ser reorientado para tener más y mejor información sobre la enfermedad y la ruta que sigue en el país.

Después de más cien días de pandemia, durante los cuales han aplicado las mismas medidas obteniendo como resultado invariable el aumento exponencial de contagios, al parecer la Federación se ha percatado de que ha seguido un sistema equivocado.

Durante el seminario virtual Vigilancia Epidemiológica y Utilización de Pruebas de Diagnóstico, explicó el funcionario federal que ya están por presentar las modificaciones “para precisar un monitoreo que nos permita información de lo más localizado posible”.

Argumentó que con el nuevo monitoreo se podría considerar la aplicación de pruebas en casos leves, así como en grupos de riesgo, en lo que actualmente, admite, el sector salud no se enfoca.

¿No hablará, acaso, Alomía de lo mismo que la Organización Mundial de la Salud recomendaba desde un principio de la expansión, es decir de la aplicación de pruebas como el método más efectivo de frenar la pandemia?

Porque, hasta ahora, la autoridad no habla de aplicación de pruebas más que como un recurso excepcional, y centra el combate del Covid-19 en recomendaciones de “quédate en casa”, guardar la sana distancia y usar cubrebocas.

De esta manera, el gobierno ha transferido la responsabilidad de detener la pandemia a la población, a la que culpa de que no se haya aplanado la línea de contagios y muertes.

Se ha dedicado a crear en hospitales áreas para atender a contagiados, eso sí; paralizar la economía, exhortar a la población para que atienda las sugerencias y reprenderla por no acatarlas, así como a cavar tumbas para los muertos que vienen.

Contra lo que establece el protocolo, no se monitorea a las personas con las que tuvo contacto un contagiado.

¿Y cómo detectar a los asintomáticos si no se les hace la prueba correspondiente? Mientras no afloran los síntomas, andan como si nada infectando a otros y otros a otros, porque no se va más allá de las recomendaciones descritas.

Pero parece que, después de tres meses y días en que ha vapuleado el virus a la población, cayeron ya en la cuenta de que van por el camino errado. n

Publicado en Editorial

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