La Jornada Guerrero - Miércoles, 16 Septiembre 2020

Exigen una auditoría a estos centros administrados por personas afines al PT

Trabajadoras denuncian hostigamiento laboral de forma permanente por directivos


Padres de familia y maestras del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Guadalupe Rodríguez de Anaya, que se ubica en la colonia Renacimiento, en Acapulco, bloquearon aproximadamente dos horas, desde las 10 de la mañana, un sentido del bulevar Vicente Guerrero, entre las colonias Zapata y Renacimiento, para exigir una auditoría a estos centros de cuidado de niños, que son administrados por personas afines al Partido del Trabajo (PT).

Los manifestantes acusaron que el Cendi de Renacimiento, que funciona en una instalación del gobierno estatal, opera con claves de centros de trabajo de instituciones privadas, pues no cuenta con clave propia desde hace tres años. Señalaron que los niños son atendidos por personal que en su mayoría, no reúne el perfil académico necesario.

Los inconformes exigieron cuentas del destino de 22 millones de pesos que la Federación asigna anualmente al funcionamiento de los Cendi del PT, por medio del programa Expansión a la educación inicial.

Padres de familia advirtieron que les cobran 700 pesos mensuales, y directivos del Cendi no se los dejaron de cobrar durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, lo que equivale a 98 mil pesos mensuales, pues en el Cendi de Renacimiento se encuentran registrados alrededor de 140 niños.

Los manifestantes exigieron además una reunión directamente con el gobernador Héctor Astudillo Flores, pues anteriormente ya habían denunciado irregularidades y el problema no ha sido resuelto.

En representación de los padres inconformes, Edgar Ramírez Espinoza expresó que “hay muchas irregularidades, las maestras no cuentan con perfil académico, lo que ha ocasionado muchos cambios de profesoras”.

Alertó que niños corren riesgo en el interior del Cendi de Renacimiento y acusó que Alma Juárez Altamirano, directora de los Cendi del PT en Guerrero, tiene una perra de raza pitbull en el interior del centro; mientras que los vidrios no cuentan con capa de protección, además de que recientemente fue construido un estacionamiento a un costado del área de juegos infantiles.

Ramírez Espinoza agregó que al no contar con clave de trabajo, los niños no están registrados en el sistema nacional de educación, y los infantes que egresaron en el año pasado lo hicieron con claves de otros jardines de niños.

Acusó que les fue vendido un seguro de salud, para en caso de sufrir un accidente, los niños fueran atendidos en hospitales privados, lo cual no ha ocurrido, pues en casos recientes, fueron llevados al Hospital General de Acapulco, en El Quemado.

Los inconformes retiraron el bloqueo, una vez que acordaron una mesa de trabajo con autoridades del sector educativo, el próximo viernes.

Denuncian hostigamiento laboral

Trabajadoras del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) Guadalupe Rodríguez de Anaya, que se encuentra en la colonia Renacimiento, acusaron que son hostigadas laboralmente de forma permanente por directivos de este centro de trabajo, además de que no cuentan con prestaciones ni seguro social, lo que las deja en estado de vulnerabilidad.

Trabajadoras señalaron que para laborar en el Cendi, uno de los requisitos es afiliarse al Partido del Trabajo (PT).

Durante la manifestación del miércoles por la mañana en el bulevar Vicente Guerrero, maestras afectadas explicaron que son alrededor de 25 maestros y 15 trabajadores administrativos los que laboran en el Cendi de Renacimiento.

Martha Karina Gutiérrez, maestra de danza y artes plásticas, expresó que “no tenemos prestaciones, ni seguro, ni aguinaldo, ni aumento salarial; el Cendi se sostiene con recursos federales, la directora Alma Juárez no es la dueña, ella lo está privatizando, la instalación es del gobierno estatal.”

Karina Gutiérrez insistió en que “no tenemos prestaciones, hemos sido hostigadas, yo he sido una de ellas, me han afectado por exigir mis derechos”.

Sostuvo que “están privatizando la escuela, cuando debe ser pública, ahí están las claves de centro de trabajo, cuando recibe recursos públicos, por lo que no puede ser privatizada”.

Acusó que “mi único delito fue pedir una oportunidad de trabajo, y me han violado mis derechos laborales”.

Aseguró que “nos hacen votar por el PT, porque si no votamos, nos corren, soy miembro activa del PT, fue una condición que nos pusieron como trabajadores, ahora el PT dice que nos tenemos que aguantar estas irregularidades”.

En tanto, Patricia Vargas Merino, quien acudió en silla de ruedas a la manifestación, relató que sufrió un accidente el 4 de septiembre de 2019, cuando se dirigía a laborar al Cendi de Renacimiento, donde su responsabilidad era la preparación de los alimentos de los niños.

Vargas Merino manifestó que “yo solventé todos mis gastos médicos. La maestra Alma Juárez me bloqueó y me sacó del proyecto en diciembre del año pasado, me cuestionó cuándo se terminaban mis incapacidades, cuando ni siquiera tengo clave, ni prestaciones”.

Publicado en Política
Jueves, 17 Septiembre 2020 02:50

Horrores del espuriato

Allende, Coahuila, es una población al norte de ese estado, de poco más de 20 mil habitantes, que en marzo de 2011 vivió una tragedia de proporciones dantescas, con horrores mayores a los de las más encarnizadas guerras, un comando de alrededor de 40 camionetas rodeó el pueblo y durante horas fueron torturadas, violadas, asesinadas, “levantadas” y desaparecidas más de 300 personas, entre ellas hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos, familias enteras, todo por órdenes del capo Z-40 (hoy ya preso).

Todo lo anterior, por una supuesta traición al ser informantes de la DEA un par de familiares y/o gente cercana a todas estas familias masacradas en una acción parecida a la de los nazis en Lídice en la Segunda Guerra Mundial, arrasando después con maquinaria pesada decenas de casas ya vacías propiedad de las víctimas; nada se supo en su momento, ningún medio nacional se dio por enterado; después, en fechas fechas posteriores, algo salió a la luz, escuetamente, gracias a medios internacionales como El País y The Economist.

Es ahí entonces cuando muchas preguntas nos asaltan: ¿cuántos exterminios como el de Allende hubo durante el calderonato?, ¿por qué existe, todavía hoy en algunos y a pesar de toda la evidencia en contra, la creencia de que aquel sexenio (2006-2012) sí instrumentó una estrategia eficaz contra el crimen?, cuando esa administración federal sólo atraía la atención con detenciones de raterillos y sicarios de medio pelo y de cárteles contrarios al protegido y socio (cuando que no, hasta inocentes), con “enfrentamientos” que no eran más que ejecuciones extra judiciales.

Vimos desde robo de cadáveres de capos supuestamente abatidos, hasta shows y montajes y demás barbaridades para desviar la atención de la realidad, de que la guerra inútil y perdida de Felipe Calderón se había ya convertido en una crisis humanitaria, jamás vimos marchas “por los 300 de Allende”, ni intento de investigación alguna por la entonces PGR, en aquellos sucesos para las autoridades federales y para las televisoras y demás medios masivos, sencillamente nada ocurrió. De ese tamaño era la complicidad.

Ya en el peñanietismo, el hecho de que se haya quitado el tema de la violencia de los primeros lugares del discurso oficial, no quiso decir que no se tomaran acciones en ese sentido, sólo fue parte de un cambio de estrategia con un poco menos de la bestialidad heredada (violencia sólo genera más violencia) y poquito más inteligencia, de hecho, durante los dos primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto los índices delictivos fueron a la baja; que porque se volvieron a disparar, después de dos años, las cifras en este delicado asunto, sería materia de no pocos intentos de análisis, pero el hecho es que así aconteció, tristemente.

La guerra criminal de Calderón sólo sirvió para dejar sin cabeza a los cárteles, multiplicarlos y enfrentarlos entre ellos, diversificando muchos sus actividades en delitos en los que antes no incurrían, como el secuestro, cobro de piso, extorsión, asaltos, robo masivo de combustibles, asesinatos, etcétera, y una mucho mayor penetración del crimen a las instituciones de todos los niveles, una muestra de todo eso fue el caso Ayotzinapa, que contrario al caso de Allende, Coahuila, sí se mediatizó, y se le dio un seguimiento crítico de los medios como nunca antes, y las autoridades, entonces, simularon, ahora constatamos, llevar a cabo una investigación “como no se tenía memoria”.

El tamaño del daño de una guerra inventada para desviar la atención de una elección (2006) amañada es inimaginable e incuantificable, los hechos de Guerrero y otros tantos, que aún hoy siguen ocurriendo son sólo una muestra, ya que sólo una fracción de estos se mediatiza. n

Publicado en Artículo
Jueves, 17 Septiembre 2020 02:49

Rebeldía no prevista

Tras la actitud en apariencia despreocupada o desinformada de las personas que en estos días –pero también a lo largo de toda la contingencia– han sido obligadas a dispersarse por las autoridades cuando celebraban reuniones, en condiciones más que idóneas para la propagación de la infección del nuevo coronavirus, subyace una especie de rebeldía, que no es exclusiva de la idiosincrasia del mexicano, y que no previeron en un principio las autoridades a cargo del control de la pandemia en México.

A pesar de todas las advertencias, de toda la información que ha circulado sobre el tema, de las muertes y los contagios de los que todo mundo se ha enterado, la actitud de los pobladores de nuestro país sigue siendo de aparente despreocupación o de falta de información.

La noche del Grito de Independencia, al menos 10 establecimientos nocturnos ubicados en zonas turísticas de Acapulco tuvieron aglomeración de clientes; tres de ellos fueron cerrados por autoridades, que también obligaron a unas 500 personas a dispersarse. Y eso a pesar de que el semáforo epidemiológico retrocedió al naranja, que implica volver a sujetarse a restricciones en lo que respecta a la operación de establecimientos en los que se reúne la gente.

Ese ingrediente no lo tuvo en cuenta el gobierno federal cuando diseñó su estrategia para hacer frente a la invasión del virus: la rebeldía, el hecho de que muchos ciudadanos harían caso omiso a los llamados o incluso a las súplicas de las autoridades, y no sólo se expondrían al contagio, sino que se convertirían ellos mismos en vehículos de contagio.

Así, desde hace varios días México rebasó el escenario “catastrófico” descrito por el subsecretario López-Gatell hace cinco o seis meses, el de los 60 mil decesos por el Covid-19, y ayer llegaba a los 72 mil muertos.

Ahora, con la experiencia acumulada en estos meses en que ha sido necesario que militares, guardias nacionales y policías conminaran o hasta obligaran a muchas personas a dispersarse, tal vez no sea demasiado tarde como para incluir esta táctica en la estrategia oficial. Tal vez aún puede ralentizarse el contagio. n

Publicado en Editorial

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