La Jornada Guerrero - Jueves, 24 Septiembre 2020

“Se han realizado reuniones” entre líder, minera y gobierno, dice el también senador

“Es una realidad que se reabran las minas”, expresa el representante nacional de los obreros

Al propiciar la huelga, los empresarios “vinieron a arruinar la vida de trabajadores y comunidad”


Ciudad de México, 24 de septiembre. La huelga minera de Taxco, que cumplió 13 años, “no debió haberse generado; es un capricho e irresponsabilidad de algunas personas que por muy poderosas que se sientan, vinieron a arruinar la vida de trabajadores y de la comunidad”, denunció el senador de la República Napoleón Gómez Urrutia.

Se manifestó por la urgencia de hallar una solución, y como líder nacional minero, “estoy en la mejor disposición de negociar y buscar la solución a este conflicto, pero la empresa GM hasta el momento no ha hecho ninguna manifestación mediática, pero en la práctica sí se han realizado reuniones y se ha encontrado también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS) y de Gobernación (Segob) la posibilidad de que ya se resuelva”.

Gómez Urrutia expresó que no hay fecha para la reapertura, pero están los acercamientos de las partes para tener una solución, “y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, porque los trámites de reapertura son muy largos y tediosos, pero es una realidad que se reabran las minas en Taxco, porque es importante la fuente laboral en Taxco”.

Aseguró que “he tenido muchas conversaciones con los mineros de la sección 17 del Sindicato Nacional Minero de Taxco, y con empresarios del mismo lugar que se dedican a la transformación de plata, y hacen productos artesanales de joyería”.

Destacó que él, como líder sindical nacional, ha tenido reuniones con la empresa Grupo México (GM) y con el gobernador Héctor Astudillo Flores en busca de una solución a un conflicto que no debió darse.

Acusó a GM de haber generado este problema minero, cuyos directivos “no se dieron cuenta de que iban a afectar la economía de una ciudad como lo es Taxco, gente honesta y trabajadora, pero estamos en el camino de encontrar la solución”.

Dijo que hay planteamientos de ambos lados, que están en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y que desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, el compromiso es avanzar en las pláticas para la reapertura de las minas de Taxco.

“El problema es muy serio, lo que los ha obligado a competir en condiciones muy desventajosas, y más el impacto minero en comunidades de Taxco no sólo por la derrama de los recursos, sino por las actividades que dan servicio de forma paralela a esa empresa GM y a toda la distribución y transformación de la plata”, dijo.

Se reúne con la CIT Guerrero

Integrantes de la Confederación Internacional del Trabajo (CIT) delegación Guerrero se reunieron con el senador Napoleón Gómez Urrutia para acordar nuevas acciones que permitan que el gobierno del estado reconozca legalmente la figura de esta unión; se dé continuidad a la armonización de la reforma al sistema de justicia laboral que entrará en vigor en 2021, y se destrabe la huelga minera de Taxco, que cumplió 13 años.

En la sede sindical minera, los integrantes electos de la confederación en la delegación Guerrero expusieron ante Gómez Urrutia los problemas por los que atraviesa el gremio obrero de la entidad.

También se tocó el asunto minero, relacionado con el conflicto de la minera Media Luna y obreros despedidos, además de la huelga minera de Taxco.

En esta reunión, que fue cerrada, Gómez Urrutia reconoció al próximo secretario general de la CIT en la entidad, Lenin Vargas Rodríguez, a quien le encomendó empezar a atender los problemas de los agremiados de la confederación ahora en Guerrero.

Adelantó que como confederación se pedirá al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores del Congreso local que reconozcan esta alianza de organizaciones sindicales en el estado, atiendan los problemas y busquen que Guerrero sea el undécimo estado en armonizar la reforma laboral que entrará en vigor en 2021, con la eliminación de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que se convertirán en tribunales laborales.

Vargas Rodríguez, secretario electo de la CIT delegación Guerrero, expresó que es necesario que el estado armonice la reforma al sistema de justicia laboral con los 11 estados que la aplicarán para el siguiente año, y con eso se beneficiará al sector obrero al entrar en vigor el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), con la eliminación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Adelantó que, como confederación, se buscará con las organizaciones impulsar la demanda de solución a la huelga minera de Taxco y que los gobiernos estatal y federal, que se comprometieron a ser mediadores, ayuden a destrabar el problema entre Grupo México (GM) y el Sindicato Nacional Minero.

Publicado en Sociedad y Justicia

Reitera la alcaldesa de Acapulco que aguardará que Morena defina el género

Esperará que el partido decida; entonces tomará la decisión de pedir licencia al cargo, afirma

Pide a funcionarios municipales que aspiren a algún puesto de elección popular que renuncien


La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, manifestó que está decidida a buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

En declaraciones a reporteros tras inaugurar la obra de remodelación de los baños públicos del mercado El Parazal, reiteró que esperará a que el partido determine el género del candidato a la gubernatura para decidir si pedirá licencia al cargo.

“Ya tomé la decisión, voy a buscarla (la candidatura) pero hay que esperar los tiempos; yo no sé si es género, si no es género, es el partido quien va a decidir y una vez que se decidan, entonces tomaré la decisión de pedir licencia”, expresó.

Román Ocampo añadió además que ya “leyó la cartilla” a los funcionarios municipales, para que quien aspire a algún cargo de elección popular presente su renuncia.

“Que quien aspire a tener un cargo no esté utilizando la estructura del gobierno o del cargo que representa para empezar su candidatura. Yo estoy trabajando en lo mío, en la presidencia municipal, y ya le leí la cartilla a mis funcionarios, si alguno de los funcionarios está alebrestado se va a tener que ir a que haga el trabajo que quiera hacer; quien quiera y aspire a un cargo público tendrá que irse de la administración municipal”.

Por otra parte, Román Ocampo comentó que está en la mejor disposición de reunirse con los regidores de Morena que se pronunciaron en su contra durante el segundo informe de gobierno para dialogar con ellos.

Señaló que a los ediles se les ha olvidado que ahora son gobierno, y les pidió que comprueben los señalamientos en su contra ante las instancias correspondientes.

“Los compañeros se han olvidado que somos gobierno, que ya no son oposición. Si asumimos que somos gobierno, vamos a actuar de otra manera, si yo me quedo callada el día de mi informe es aceptar que es cierto lo que están diciendo de mí. A mí que me prueben en las instancias, que me cite la Auditoría de la Federación, del Estado”, aseveró.

En otros temas, la alcaldesa confirmó que el ayuntamiento tendrá que solicitar otro préstamo para poder cubrir los gastos de fin de año como el pago de aguinaldos a los trabajadores.

De la reapertura de bares de Costera 127, comentó que se les dio permiso de volver a dar servicio colocando mesas en la vía pública porque ya llevaban mucho tiempo cerrados a causa de la contingencia sanitaria.

“Se abrieron con muchas limitaciones, porque la gente tiene que comer y tiene que ser en área libre... les estoy dando la oportunidad de que salgan de los lugares donde están cerrados al exterior de manera provisional, aunque no tengan licencia”. 

Sobre la circulación de pipas por la avenida Escénica, comentó que las unidades que no tengan permiso no podrán circular, y que hay un operativo permanente para evitar que los piperos violen esta disposición.

Publicado en Política
Viernes, 25 Septiembre 2020 06:23

Facturas equivocadas

¿Hizo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores al no impedir el ataque de normalistas al Congreso del estado perpetrado como parte de la jornada nacional por los seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

Mantenerse al margen el gobierno podría interpretarse como una invitación a cualquier grupo inconforme a actuar de igual modo que los estudiantes, con la certeza de que los abrigará la impunidad, que ya de por sí lo hacen.

Frenar a los agresores mediante el uso de la fuerza pública, por otra parte, habría generado una confrontación con saldo –fácil, fácil– de muertos y heridos, y habría creado un conflicto mayor con repercusiones indeseables. Eso sí.

En consecuencia, lo mismo en la agresión al Congreso que la embestida violenta contra el Poder Judicial, el gobierno optó por asumir el costo de los daños, y evitar así un problema de inexpugnables dimensiones.

¿Pero, entonces, dónde queda la ley?

¿Dónde el derecho constitucional?

¿Se encuadra esta decisión en el estado de derecho?

Dejemos la respuesta a los estudiosos del derecho, pero sí habrá que entender que ambos ataques constituyen facturas que no corresponde pagar al estado de Guerrero.

¿Cómo está eso?

Es verdad que en el Congreso local se han resistido a llamar a comparecencia a representantes del Poder Judicial para que expliquen qué pasó con los videos que supuestamente fueron entregados al Tribunal Superior de Justicia y que contenían grabaciones de la noche en que se ejecutó la detención y la desaparición de los 43.

También es verdad que el Poder Judicial ha sido reacio a definir de manera convincente qué pasó con esas grabaciones, motivos, en ambos casos, tras los que se pertrechan los normalistas para ejecutar sus protestas en la entidad.

Los reclamos parecen peccata minuta comparados con lo que no ha hecho el gobierno federal, en cuyas manos está la solución al problema de fondo.

Ha sido la Federación –y no las autoridades de Guerrero– la que, en un sexenio y otro, ha venido posponiendo el esclarecimiento de los acontecimientos y la aplicación de la ley a los responsables.

Seis años cumplirá mañana la desaparición de los muchachos, tiempo en que se ha simulado que se investiga el caso, sin que se resuelva.

Pero corresponde al gobierno federal hacer justicia o asumir las consecuencias; cobrar la factura a Guerrero es improcedente e injusto.

Obvio: los normalistas lo que buscan es provocar ruido, causar desorden, pero si ya se hubiera resuelto la desaparición –o mejor aún, si se hubiera impedido– no tendrían los inconformes bandera que enarbolar. n

Publicado en Editorial

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