El párroco de la iglesia de San Pedro Apóstol, San Pedro Cacahuatepec, Javier Alonso Mendoza, señaló que ha sido difícil encontrar caminos de reconciliación entre pobladores de los bienes comunales de Cacahuatepec, tras los hechos ocurridos en el poblado de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, en que murieron 11 personas el pasado 7 de enero, cinco de ellas policías comunitarios. 

La mañana de este domingo, pobladores de diversas comunidades de Cacahuatepec, principalmente familiares de las seis personas fallecidas durante el aparente enfrentamiento a balazos suscitado con policías comunitarios, durante la madrugada del 7 de enero, participaron en una peregrinación por la paz, la cual inició en la comunidad de Aguacaliente, y culminó en La Concepción, con una celebración eucarística en la cancha techada de esta localidad. 

Al frente del contingente, pobladores portaban una pancarta en la pedían que el vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, no sea liberado, en la que se leía: “Por la paz, que nadie proteja a asesinos, Marco Suástegui y sus cómplices ¡Castigo ejemplar!”. 

Si las autoridades fallan, la gente trata de hacer justicia por propia mano, expone

En vez de desarmar a las autodefensas, hay que quitarles la razón de ser, dice el aspirante a alcalde


Ometepec, 13 de enero. Rubén Figueroa Smutny dijo que el tema principal que ve como aspirante a la alcaldía porteña por el partido de Nueva Alianza es la inseguridad, y para ello tiene propuestas claras de cómo atacar el problema de “altísimos niveles de inseguridad y delincuencia”. 

Mencionó que lo que pasó en La Concepción en los Bienes Comunales de Cacahuatepec es el resultado de que el gobierno estatal y municipal no están cumpliendo con brindarle seguridad a la gente, “cuando el gobierno no cumple, la gente queda indefensa y lo que hace es tratar de dar justicia por propia mano, porque se sienten indefensos ante los delincuentes”, expuso. 

Y prosiguió “yo no creo que usando el ejército para desarmar a los grupos de autodefensa sea el camino, lo que hay que buscar es quitarle la razón de ser”, y ello se consigue si el gobierno de Evodio Velázquez y el de Héctor Astudillo Flores cumplen su responsabilidad de seguridad pública, y los policías comunitarios regresen a sus actividades cotidianas y dejen de hacer la labor de policías, en la que no están capacitados, “y ni tienen mucho interés en hacerlo, lo hacen porque no hay de otra”, dijo. 

Luego de una reunión que sostuvo en el municipio de Marquelia, explicó que el “gravísimo problema” del presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, es que al inicio de su administración junto con el cabildo firmaron el convenio del Mando Único, que le da facultades al gobierno estatal y federal, “para hacer las labores de seguridad pública y quitarle facultades al alcalde en ese tema, de hecho al secretario de Seguridad Pública ni siquiera lo nombró el alcalde, lo nombró el gobierno federal con la anuencia del gobierno del estado, a él simplemente le avisaron quien iba a ser, entonces, a quien le obedece no es a él, le obedece a quienes lo pusieron”, remarcó. 

Aparecen dos en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento, señalan

Las dos bajas de los uniformados no se hicieron públicas porque eran conocidos sicarios, denuncian


Testigos del operativo policiaco del domingo en La Concepción refieren que dos de los policías comunitarios que murieron ese día, en realidad fueron detenidos vivos por la policía estatal, e incluso refieren que ambos aparecen en videos y fotografías que circulan en Internet sobre ese momento. 

Además, relataron que apenas terminó ese operativo, cuando los policías estatales allanaron unas 20 casas en La Concepción y Aguacaliente, donde tiraron puertas, rompieron cristales, y se llevaron a algunos de sus moradores aunque evidentemente no estaban en la escena del enfrentamiento.

Durante la acción policiaca en la comandancia de la Comunitaria, dijeron que al menos 20 mujeres fueron golpeadas, entre ellas una mujer ciega, de más de 60 años de edad. 

Asimismo, señalaron que entre los uniformados hubo dos bajas, pero no se hicieron públicas porque en realidad, aunque llevaban uniforme de la Policía Estatal, eran conocidos sicarios al servicio del empresario gravillero Humberto Marín. 

Los comuneros hablaron con un grupo de abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que, encabezado por su director Abel Barrera Hernández, recorrió ambos poblados. 

Las visitas del grupo de abogados se realizaron en domicilios particulares, tanto en Aguacaliente como en La Concepción, y los testigos hablaron a condición de que en estos momentos no se dieran a conocer sus nombres, aunque algunos afirmaron que estarían dispuestos a declarar ministerialmente en un momento posterior. 

El fiscal miente al llamar civiles armados a policías avalados por la Crac-pc estatal, señalan

El gobierno no podrá con la Crac y el Cecop; se sumarán más comunidades a su lucha, advierten


En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a policías comunitarios de Cacahuatepec porque se oponen a la presa La Parota, que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 15 años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

Advirtieron que el gobierno no podrá con la Crac ni con el Cecop, pues se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Representantes de diversas organizaciones sociales dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde tres guardias comunitarios murieron abatidos por policías estatales y ministeriales, quienes implementaron un operativo en esta zona, apoyados por el Ejército, tras el fallecimiento de seis civiles y otros dos elementos comunitarios, ocurrido durante la madrugada de ese mismo domingo.

El vocero del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, subrayó que el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, miente al llamar civiles armados a policías comunitarios, pues la Casa de Justicia de La Concepción, está avalada por la Crac-pc estatal.

Chávez Galindo sentenció que “el gobierno se atrevió a hacer esto que nosotros llamamos un fusilamiento de la comunitaria de Cacahuatepec, pues lo que buscan desde hace 15 años es construir la presa La Parota”.

Manifestó que “durante todos estos años ha habido muchos muertos, encarcelados, ordenes de aprehensión, pero hemos logrado que la presa fuera suspendida, por la decisión de los pueblos”, y enfatizó que “las asambleas fraudulentas organizadas para construir la presa hidroeléctrica fueron echadas abajo jurídicamente por el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Chávez Galindo puntualizó que “uno de los únicos lugares de Guerrero donde no se trasiega droga es Cacahuatepec, pues ahí está el Cecop y la policía comunitaria”.

Advirtió que “el narcopoder quiere meterse a Cacahuatepec, está coludido con el gobierno no quieren que exista el sistema comunitario”.

Chávez Galindo puntualizó que el Cecop se opone a la instalación de zonas económicas especiales, pues no permitirá la privatización del territorio, del agua, ni de los bienes comunes; así como tampoco está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior.

Debido a ello, Chávez Galindo alertó que “viene un problema muy grave para todo el país, pues habrá represión contra todos los campesinos que estén estorbando a empresas que quieran instalar plantas de energía eléctrica o que digan que encontraron petróleo”.

Insistió que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas durante ese día.

El representante de la Crac de San Luis Acatlán, Sabas Aburto Espino Barro, cuestionó por qué la autoridad estatal no actuó de la misma manera cuando fueron asesinadas siete personas en San Pedro Cacahuatepec, el pasado 9 de junio de 2017.

Criticó la labor del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, para perseguir a líderes de grupos criminales.

Sostuvo que “estamos en la mira del gobierno federal y estatal, que buscan acotar a la Crac-pc, pero no podrán desmantelarla, pues es un proyecto sostenido por las bases de la comunidades”, y concluyó: “el Cecop no se va a arrodillar, jamás va a abandonar sus tierras”. En este encuentro estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, se solidarizaron con comuneros y policías comunitarios detenidos, y advirtieron que caminarán junto al Cecop y la Crac en su movimiento de defensa del territorio.

En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Cecop y la CRAC advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a los policías comunitarios porque se oponen a la presa La Parota que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 14 años en el Río Papagayo.

Sin embargo, advirtieron que el gobierno no podrá con la CRAC ni con el Cecop porque se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Explicaron que también se oponen a la instalación de Zonas Económicas Especiales y a la Ley de Seguridad Interior.

Representantes de organizaciones dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, cuando 11 personas murieron en el poblado de La Concepción.

El representante de la CRAC señaló que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas.

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