Efectivos del Ejército y de la PE los desalojaron, reprochan


Personal médico del hospital general informó que acudió este lunes a la Comisión de los Derechos humanos del estado de Guerrero, a interponer una queja por el desalojo que sufrieron a manos de la Policía Estatal el sábado por la noche.

Trabajadores inconformes con el traslado de domicilio laboral al nuevo nosocomio, que ahora estará instalado en la localidad de El Quemado, en la periferia de Acapulco, reprocharon que fueron desalojados desde el sábado por la noche, después de mantener tomada el área de gobierno del hospital en la avenida Ruiz Cortines, en la parte alta de Acapulco, desde la semana anterior.

Los médicos denuncian que las instrucciones para desalojarlos fueron ordenadas por el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña, con el consentimiento de la diputada federal priísta Beatriz Vélez Núñez, quien es secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a quien acusaron de avalar el operativo de su desalojo.

Explicaron que durante su desalojo, fue arrebatado el teléfono celular a una enfermera, con el que tomaba fotografías del despliegue, efectuado en el pasillo del acceso principal, donde se encuentra el acceso al área de gobierno.

En cinco de los atentados, los agresores fueron funcionarios públicos, denuncian

Rechazan una reunión con el gobernador porque, dicen, no muestra voluntad de detener ataques


Chilpancingo, 29 de agosto. Integrantes de la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) pidieron al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Coddehum), Ramón Navarrete Magdaleno, intervenga para detener las agresiones en contra de reporteros, que en su mayoría son encabezadas por servidores públicos.

Este lunes, integrantes de la APEG se reunieron con Navarrete Magdaleno. Los reporteros le pidieron que intervenga para detener las agresiones en su contra. Le expusieron que en la semana que acaba de concluir siete reporteros fueron agredidos y, en cinco de ellas, los agresores fueron servidores públicos.

Le pidieron que haga pública su postura sobre las agresiones en contra de los reporteros y el contexto de violencia que se vive.

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