Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Ha sido omiso en cumplir obligaciones de protección, critican


El año que concluye ha sido el del mayor incremento de violaciones a los derechos de los migrantes, tanto de zonas indígenas como mestizas, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas. 

“La persecución de personas migrantes transitando por las distintas rutas migratorias del país fue persistente a lo largo de este año, y se acompañó de un incremento en la violencia contra esta población y contra quienes les defienden. 

El resultado ha sido la detención y expulsión expedita de miles de personas, devueltas por la fuerza a la violencia y el peligro de muerte del que intentaron huir.

Nos resulta particularmente preocupante el incremento en la participación de efectivos militares en esta estrategia”, estableció la Red, que aglutina a 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana. 

Entre sus organizaciones destacan organismos de defensa de migrantes como La Casa del Migrante, de Saltillo; Haciendo Camino, de Chihuahua; Estancia del Migrante González y Martínez, AC, de Querétaro; y de derechos humanos como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Comité Cerezo, los centros de derechos humanos La Montaña Tlachonillan y José María Morelos, de Guerrero; Agustín Pro Juárez, de la Ciudad de México; Fray Matías de Córdova, de Tapachula; de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, de Tatahuicapan de Juárez; Victoria Diez, de León; Digna Ochoa, de Tonalá; Centro de Derechos Indígenas de Bachajón; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, de Oaxaca, entre muchos más. 

Se trata de  fortalecer la democracia, la promoción y defensa de los Derechos Humanos

La justicia electoral es la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, dice el magistrado José Luis Vargas Valdez

Necesario mantener la colaboración vigente, frente a los desafíos democráticos en la región, destaca el secretario general de la OEA, Luis Almagro


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las relaciones institucionales y llevar a cabo programas y actividades de interés recíproco en materia de justicia y derecho electoral, y con ello, profundizar su conocimiento y difusión de la justicia y fortalecer la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Con la representación del TEPJF, el magistrado de la Sala Superior José Luis Vargas Valdez suscribió el Convenio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo continental en Washington.

El magistrado José Luis Vargas Valdez subrayó la responsabilidad que tiene el TEPJF en la impartición de justicia electoral, “al ser la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, la coordinación y la colaboración nos permitirá atender esa alta responsabilidad y enfrentar los retos de un mundo cambiante, de una manera más eficaz”.

Vargas Valdez destacó la importancia de la colaboración interamericana en un contexto globalizado por la tecnología y la interdependencia política y económica. Por ello, “el intercambio de buenas prácticas y la identificación de soluciones a dilemas compartidos, son necesarias para el desarrollo democrático”.

Por su parte, el Secretario General de la OEA reconoció la colaboración entre ambas instituciones, y como un ejemplo de ello, señaló el apoyo del TEPJF en el Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana, en las misiones de observación electoral en las que participaron especialistas en la materia, así como su decidido respaldo para en la organización de la XI Reunión de Autoridades Electorales en 2016.

Almagro aludió al convenio específico de colaboración firmado con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), y aplaudió que la paridad de género esté garantizada por la Constitución de México. “Ello demuestra el compromiso del TEPJF con la democracia, en un tiempo donde las autoridades electorales desempeñan un papel crucial para la consolidación y estabilidad de los sistemas democráticos en la región”.

El magistrado Vargas Valdez y Luis Almagro coincidieron en destacar la importancia de la colaboración de la OEA y el TEPJF en foros e iniciativas internacionales, como la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

La RMJE, constituida en México durante noviembre pasado, busca el intercambio de mejores prácticas, desde la perspectiva de la justicia electoral, para hacer frente a los desafíos de las democracias contemporáneas, como lo son el uso de nuevas tecnologías, el financiamiento de la política, la participación política igualitaria y hacer frente a la desafección democrática.

Ambas se dicen víctimas y piden que se les haga justicia


Chilpancingo, 24 de octubre. Las dos se dicen víctimas, las dos piden justicia. Yndira Sandoval Sánchez es activista y defensora de los derechos humanos; Claudia Juárez Gómez es policía en Tlapa, Guerrero. La activista dice que la policía la violó, que le tocó sus partes íntimas en una celda de la comandancia; la agente lo niega, incluso dice que ni siquiera entró al cuarto.

Este caso explotó el domingo con la publicación de la denuncia de la activista.

Dos días después han pasado muchas cosas: se difundieron videos donde se ve a Yndira discutiendo con los agentes en la calle y en otro en la comandancia; las autoridades se han pronunciado y Claudia se defendió.

De la difusión de los videos, dice Yndira, son parte de la criminalización, de la violencia del Estado para subestimar el caso. Claudia también piensa que este caso la está violentando.

“Yo sigo trabajando, asisto a cuidar la entrada y la salida de la comandancia, pero ahora me siendo avergonzada: la gente que pasa por ahí me señala y dice: “ahí está la violadora”, cuenta Claudia en entrevista.

Esa noche, recuerda la policía, llegó a la clínica San Antonio porque sus compañeros solicitaron el apoyo: ellos no podían detener a la activista, por ser hombres.

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