Ciudad de México, a 17 de enero. Por unanimidad, el Pleno aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos 9 , 31 por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI advierte lo siguiente:  

El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

Servirá para romper resistencias en los pueblos, asevera


Zihuatanejo, 10 de enero. El campesino ecologista, Juan Ramón Valdez señaló que en los hechos violentos del pasado domingo en la comunidad de La Concepción, se aplicó una estrategia que ya se hacía, pero ahora se llama Ley de Seguridad Interior y que servirá al gobierno federal para romper las resistencias que haya en los pueblos. Valdez, también integrante del Frente Popular por el Derecho a la Vivienda en Papanoa, expresó que “yo veo que están legalizando una práctica que ya vienen ejerciendo desde hace sexenios, y que hoy, bueno, ya es legal, y los resultados los conocemos, les llamaron daños colaterales, males necesarios, pero sólo vienen a legalizar lo que ya han ido haciendo”. 

“Tratan de intimidar a la resistencia y además van pensando en 2018”, dijo. Sobre si se vulnera la autonomía de los pueblos en resistencia campesina, afirmó que es un intento de dividir a los pueblos y sus formas de organización “yo dudo que lo hagan, pero entorpecen el desarrollo de la lucha, concretamente del Cecop”. 

Subrayó que han estado atentos a las diversas formas de hostigamiento contra el movimiento del Cecop, “desde manejar las elecciones de comisarías, tanto ejidales como municipales, luego hacer dos grupos, uno que está a favor de las gravilleras, y por otro lado de quienes no porque se lleven los recursos, entonces, dividen al pueblo”. 

En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Cecop y la CRAC advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a los policías comunitarios porque se oponen a la presa La Parota que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 14 años en el Río Papagayo.

Sin embargo, advirtieron que el gobierno no podrá con la CRAC ni con el Cecop porque se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Explicaron que también se oponen a la instalación de Zonas Económicas Especiales y a la Ley de Seguridad Interior.

Representantes de organizaciones dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, cuando 11 personas murieron en el poblado de La Concepción.

El representante de la CRAC señaló que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas.

Ciudad de México, 27 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo de esas características, que atendiera la problemática que nuestro país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos, sin menoscabo del cabal ejercicio de las atribuciones estatales.

Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal. Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional.

La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

Chilpancingo, 23 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de mostrar respeto por los derechos humanos al promulgar la Ley de Seguridad Interior, reclamó la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. 

La activista lamentó que el presidente de México haya promulgado la Ley a pesar de todos los pronunciamientos en contra así como de las múltiples evidencias que se demostraron contra dicha ley. 

Criticó la postura del Ejecutivo de no escuchar a organismos internacionales de derechos humanos quienes advirtieron las graves consecuencias que traerá la presencia de las fuerzas armadas en las calles. 

“Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, reclamó la activista. Tania Reneaum remarcó que el presidente Enrique Peña Nieto “ha perdido la oportunidad” de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos, al emitir una ley que pone en grave peligro los derechos de las personas. 

Considera el Centro Morelos que hay retroceso en el respeto de los derechos humanos

No se incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, manifiesta


Chilpancingo, 22 de diciembre. El Centro de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la promulgación de la Ley de Seguridad Interna ante los oídos sordos de los legisladores y de Enrique Peña Nieto “ante las múltiples peticiones de rechazo”, pues consideró que se trata de un retroceso en el respeto de los derechos humanos. 

El Centro Morelos indicó que en la nueva ley los legisladores no incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”. 

Agrega: “En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”. 

El Centro Morelos expresó: “nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

Este órgano garante considera que el texto final del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por el Congreso de la Unión, no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad


El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) solicita respetuosamente al Presidente de la República, para que, en términos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita observaciones al artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que se privilegie el principio de máxima publicidad.

Reconoce que si bien, el Senado de la República, sensible a la postura del Pleno, modificó la redacción original del artículo, el texto final, aprobado por las dos Cámaras, es contrario a dicho principio, ya que, por regla general, toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.

A la letra el artículo 9 dice “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Con tal redacción, el Instituto advierte que no se garantiza el derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6º de la Constitución, pues lejos de propugnar por la apertura de la información se privilegia la reserva de información.

El Pleno del INAI está convencido de que en toda norma y actuar del Estado debe privilegiarse siempre la transparencia y garantizarse el derecho de acceso a la información, lo cual no se consigue con el texto final aprobado del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior.

Consistente con las observaciones hechas al Senado de la República, el Pleno de este órgano garante reitera su preocupación ahora al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que, conforme a sus competencias, observe la nueva ley, de manera concreta, el artículo 9, en favor de la prevalencia del principio constitucional de máxima publicidad.

La oportunidad es al ser promulgada o al ser aplicada, dice Roberto Castellanos

Se deben promover ante juzgados de distrito, a título individual o de manera colectiva, indica

Otras opciones son salir a las calles y acudir a tribunales internacionales, plantea el especialista


Zihuatanejo, 17 de diciembre. El especialista en derecho Roberto Castellanos informó que la recién aprobada Ley de Seguridad Interior puede ser impugnada en tribunales internacionales y con recursos como el amparo, lo que es un derecho de todos los mexicanos.

Entrevistado sobre las estrategias legales para derogar la Ley de Seguridad Interior, explicó que sí existen y una de ellas es el amparo.

“Hay dos momentos en los que se puede interponer un amparo contra las leyes, uno que es el momento en que se promulga, y que como ciudadano lo puede hacer si le afecta la ley, y es en el plazo de 15 días; y otro que es después de que ya venció el término y que ya le afectó la ley, como es que lo detenga el Ejército; en ese momento puede impugnarla”, explicó.

Precisó que a partir de que se promulga una ley hay 15 días para impugnarla y que, incluso, puede ser colectivo.

El amparo se debe interponer ante un juzgado de distrito, y puede ser como ciudadano u organizaciones, pero mientras más amparos haya es más efectivo, dijo.

Sobre si ya hay bufetes o asociaciones de abogados en Guerrero presentando recursos ante la controversial Ley de Seguridad Interior, ironizó que “precisamente la hicieron en estas fechas que la gente está distraída”.

Señala la misiva que es inconstitucional y aprobada al vapor


Chilpancingo, 16 de diciembre. Organizaciones sociales, colectivos y sociedad en general han enviado miles de cartas para poder frenar la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en el Senado el viernes por la mañana. 

La carta enviada a los senadores de la República y que puede ser firmada por toda persona que esté en contra de la Ley, manifiesta que dicha Ley de Seguridad Interior “es inconstitucional”, pues el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. 

Además de que el artículo 21 establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles. En la misiva también se propone que en vez de legalizar lo ilegal, se debe de hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. “Como ciudadan@, me indigna y me preocupa que diputados y senadores aprueben una Ley de esta naturaleza al vapor y sin una adecuada discusión.

Tomen el tiempo que sea necesario para entender el problema que enfrentamos de fondo, queremos que nuestros diputados y senadores legislen con evidencia, no con presiones ni pasiones”, detalla el cuerpo de la carta. Además se argumenta que a lo largo de 10 años de guerra contra el narcotráfico no sólo se ha demostrado que “no se ha reducido la violencia, sino que ésta se ha recrudecido”. 

Como legisladores –agrega- tienen la responsabilidad de evitar que se vulneren los derechos de las y los mexicanos y no convertir al país en uno menos democrático. 

Cuestiona el gobernador que escuelas de Acapulco hayan suspendido clases antes

 “No deja a todos satisfechos al 100%; a algunos no les gustó como la arregló el Senado”, considera


Flores afirmó que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que se llevó a cabo ahora por el Senado de la República, no dejó a todos satisfechos al 100 por ciento, pero dijo que solo había dos rutas: “no hacer nada o intentar hacer algo” para regular la actuación de las Fuerzas Armadas. 

Luego de encabezar la firma del convenio con la Unicef México para la puesta en marcha del programa Atajo por las niñas, niños y adolescentes de Guerrero, el mandatario cuestionó que las escuelas de Acapulco hayan suspendido clases antes de iniciar el período vacacional, con el argumento de la inseguridad, porque dijo que son las únicas escuelas del país que están siendo cuidadas por efectivos de la Secretaría de la Defensa. 

El gobernador cuestionó el manejo que a veces hacen los medios de comunicación de temas que tienen que ver con Guerrero, y mencionó uno que hace unos días señalaba que en La Montaña se venden las niñas, pero dijo que en realidad lo que ocurre es que “los papás en ocasiones orientan que se casen, principalmente cuando ven que se pueden casar bien”; y luego en una televisora publicaron que las escuelas cerraron por inseguridad.

“¡No! –dijo-, cerraron porque no querían tener clases, las escuelas de estas zonas, son escuelas que están vigiladas por la Secretaría de la Defensa Nacional, son las escuelas más vigiladas del país, punto.

Y cuando veo en la televisión que cerraron por la inseguridad, cada una de estas escuelas tienen militares en la puerta y de pronto dijeron vámonos y se fueron, y no hay poder humano que les diga no se vayan, pero entonces argumentan, por la inseguridad.

Se repetirá la militarización como en aquellos tiempos, afirma Julio Mata Montiel

No le conviene al gobierno federal capacitar a la policía para que haga su función, asegura


Atoyac, 14 de diciembre. El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, alertó que, de ser aprobada la Ley de Seguridad Interna, el Ejército Mexicano tendrá las mismas facultades y atribuciones que en la década de los años 70, cuando el Estado combatió la guerrilla del profesor Lucio Cabañas Barrientos, y se repetirá la militarización en las calles como en aquellos años. 

“Si la ley se aprueba, será casi casi como un toque de queda en México.

La militarización avanza desde los años 60, principalmente en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, pero ahora prácticamente se legaliza la presencia y funciones de los militares en torno a la violación de derechos humanos, porque ellos serán los que determinen dónde intervenir, ya sea en manifestaciones, en las casas, dentro de algún inmueble o en alguna plaza pública”, puntualizó. 

Asentó que al gobierno federal no le conviene capacitar a la policía para que ésta haga su función, y prefiere que sean los soldados los encargados de patrullar las calles, ya que al registrarse una gran cantidad de delitos graves, de los cuales el gobierno está en contubernio con la delincuencia organizada en 99 por ciento de los casos, se convierten en el pretexto ideal para el Estado, para la intervención de los militares, lo que promueve la militarización que desde los años 60 existe en el país. 

Está en su papel el gobernador Héctor Astudillo Flores al asistir al Senado a respaldar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que Guerrero ha sido uno de los estados que mayor apoyo ha requerido de la Federación para enfrentar al crimen organizado, ante la incapacidad y apatía de los municipios y el gobierno estatal e incluso frente a la incompetencia de las mismas fuerzas policiacas del gobierno federal.

Al emitir su opinión respecto a la aprobación ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Si se da como un hecho lo afirmado por el gobierno federal en el sentido de que la mayoría de los delitos cometidos pertenecen al orden común, habrá que llegar a la conclusión de que ha sido fundamentalmente el gobierno estatal el que ha fallado en la detención de los delincuentes y la aplicación del castigo correspondiente, en tanto los municipios han sido incapaces de cumplir con su tarea de prevenir la comisión de delitos.

Por eso mismo, importante es señalar lo sostenido por Astudillo en cuanto a que “la Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal”.

"Procedente y necesaria Ley de Seguridad Interior para enfrentar al crimen bajo un marco jurídico y respeto a los Derechos Humanos"

"En Guerrero quien viola los derechos humanos son los delincuentes"

Pide el mandatario estatal al Senado superar limitaciones presupuestales a entidades para elevar capacidades de fuerzas locales de seguridad


Ciudad de México, 11 de diciembre.- Al emitir su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Ante senadores, el Ejecutivo guerrerense expresó: "Consideramos que es procedente aprobar el dictamen (Ley de Seguridad Interior) en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad.

"La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y paralelamente señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal".

Expuso que la condición de violencia de Guerrero es alarmante, a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, los cuales dijo, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que sufre el Estado.

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