Cumplidos ayer cuatro años del asesinato de la dirigente social Rocío Mesino Mesino, no hay ningún resultado tendiente a esclarecer el homicidio y a castigar a los responsables.

Ex regidora de Atoyac y dirigente en su momento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Mesino Mesino fue asesinada a balazos a plena luz del día por dos sujetos en el puente de Mexcaltepec, comunidad de ese municipio, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción después de los meteoros Ingrid y Manuel.

La Fiscalía General del Estado se encuentra con las manos vacías.

En conferencia de prensa ofrecida el martes pasado por la hermana de la víctima, Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la fiscalía especial para agravios a defensores de derechos humanos y periodistas dependientes de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez.

Para el defensor de derechos humanos Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.

“No queremos que el gobierno lo lamente; queremos que investigue y sancione”, dice


El asesinato del ex presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática y activo promotor de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, Ranferi Hernández Acevedo, “es una monstruosidad”, expresó la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino.

El también ex diputado local, exiliado en Francia a mediados de los años 90, fue asesinado la noche del sábado en la carretera entre Ahuacuotzingo y Chilapa, junto con su esposa, su suegra y su chofer.

Mesino Mesino afirmó que Hernández Acevedo había denunciado recientemente amenazas y había solicitado medidas cautelares, pero le fueron negadas por el gobierno del estado.

Dijo que los familiares y los amigos y organizaciones sociales “no queremos que el gobierno del estado lamente el asesinato, queremos que se investigue y se sancione a los responsables”.

La dirigente de la OCSS, organización a la que Hernández Acevedo estuvo muy ligado, dijo que cuando se enteró por la nuera y el yerno del dirigente que este había salido a las 5 de la tarde de Ahuacuotzingo y a las 10 de la noche aún no llegaba a Chilapa, adonde se dirigía, se comunicó con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y le dio los datos del vehículo y los teléfonos celulares de quienes iban en él, y envió los mismos al fiscal Xavier Olea, quien nunca le recibió la llamada, así como a organizaciones sociales y a periodistas. Los victimados fueron encontrados después de la medianoche con huellas de tortura, amarrados con alambre y encajuelados. Sólo la suegra parecía haber sido ejecutada en el asiento trasero de la camioneta.

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