El fiscal miente al llamar civiles armados a policías avalados por la Crac-pc estatal, señalan

El gobierno no podrá con la Crac y el Cecop; se sumarán más comunidades a su lucha, advierten


En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a policías comunitarios de Cacahuatepec porque se oponen a la presa La Parota, que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 15 años en el río Papagayo, en la zona rural de Acapulco.

Advirtieron que el gobierno no podrá con la Crac ni con el Cecop, pues se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Representantes de diversas organizaciones sociales dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde tres guardias comunitarios murieron abatidos por policías estatales y ministeriales, quienes implementaron un operativo en esta zona, apoyados por el Ejército, tras el fallecimiento de seis civiles y otros dos elementos comunitarios, ocurrido durante la madrugada de ese mismo domingo.

El vocero del Cecop, Rodolfo Chávez Galindo, subrayó que el fiscal estatal, Xavier Olea Peláez, miente al llamar civiles armados a policías comunitarios, pues la Casa de Justicia de La Concepción, está avalada por la Crac-pc estatal.

Chávez Galindo sentenció que “el gobierno se atrevió a hacer esto que nosotros llamamos un fusilamiento de la comunitaria de Cacahuatepec, pues lo que buscan desde hace 15 años es construir la presa La Parota”.

Manifestó que “durante todos estos años ha habido muchos muertos, encarcelados, ordenes de aprehensión, pero hemos logrado que la presa fuera suspendida, por la decisión de los pueblos”, y enfatizó que “las asambleas fraudulentas organizadas para construir la presa hidroeléctrica fueron echadas abajo jurídicamente por el Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan”.

Chávez Galindo puntualizó que “uno de los únicos lugares de Guerrero donde no se trasiega droga es Cacahuatepec, pues ahí está el Cecop y la policía comunitaria”.

Advirtió que “el narcopoder quiere meterse a Cacahuatepec, está coludido con el gobierno no quieren que exista el sistema comunitario”.

Chávez Galindo puntualizó que el Cecop se opone a la instalación de zonas económicas especiales, pues no permitirá la privatización del territorio, del agua, ni de los bienes comunes; así como tampoco está de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior.

Debido a ello, Chávez Galindo alertó que “viene un problema muy grave para todo el país, pues habrá represión contra todos los campesinos que estén estorbando a empresas que quieran instalar plantas de energía eléctrica o que digan que encontraron petróleo”.

Insistió que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas durante ese día.

El representante de la Crac de San Luis Acatlán, Sabas Aburto Espino Barro, cuestionó por qué la autoridad estatal no actuó de la misma manera cuando fueron asesinadas siete personas en San Pedro Cacahuatepec, el pasado 9 de junio de 2017.

Criticó la labor del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, para perseguir a líderes de grupos criminales.

Sostuvo que “estamos en la mira del gobierno federal y estatal, que buscan acotar a la Crac-pc, pero no podrán desmantelarla, pues es un proyecto sostenido por las bases de la comunidades”, y concluyó: “el Cecop no se va a arrodillar, jamás va a abandonar sus tierras”. En este encuentro estudiantes de la normal de Ayotzinapa, así como profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, se solidarizaron con comuneros y policías comunitarios detenidos, y advirtieron que caminarán junto al Cecop y la Crac en su movimiento de defensa del territorio.

En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Cecop y la CRAC advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a los policías comunitarios porque se oponen a la presa La Parota que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 14 años en el Río Papagayo.

Sin embargo, advirtieron que el gobierno no podrá con la CRAC ni con el Cecop porque se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Explicaron que también se oponen a la instalación de Zonas Económicas Especiales y a la Ley de Seguridad Interior.

Representantes de organizaciones dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, cuando 11 personas murieron en el poblado de La Concepción.

El representante de la CRAC señaló que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas.

Reprueba Abel Barrera el uso excesivo de la fuerza policiaca el domingo en Cacahuatepec


El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que hay indicios de que los tres policías comunitarios muertos en el enfrentamiento del domingo en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales, en el contexto de un uso excesivo de la fuerza letal con la intención de privarlos de la vida.

Dijo que es evidente que los policías eran superiores en número y armamento, y fácilmente sometieron a los comunitarios, los cuales no eran capaces de poner en riesgo su integridad física.

“Nosotros tenemos indicios por las personas que estuvieron ahí, de cómo los policías dispararon a los comunitarios. Obviamente esto obliga a que se investigue adecuadamente, a que se haga una revisión minuciosa de cómo se dio la escena de los hechos, pero por los testimonios que nos dan ellos, ninguno opuso resistencia. Es más, por la forma en cómo se actuó, la policía en cuanto a número de elementos y de tipo de corporaciones, era proporcionalmente muy diferente”, señaló.

Entrevistado después de que acudió junto con el coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a visitar a los seis que fueron recluidos en el penal de Las Cruces, entre ellos el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a las presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui y su hermano Vicente, Barrera Hernández dijo: “Estamos hablando de policías que estaban ya sometidos y que no había ningún riesgo de que se pudiera actuar en contra de las fuerzas represivas del Estado, sin embargo, el objetivo fue usar las armas”.

Ese solo hecho, añadió, demuestra que hubo “un exceso de la fuerza letal, porque fue para privarlos de la vida. Eso nos indica que en verdad hubo una acción arbitraria, premeditada, excesiva, donde la intención fue privar de la vida. Eso es grave, y obviamente las autoridades tienen que hacer sus propias investigaciones”.

Por otra parte, señaló que todos los detenidos fueron brutalmente golpeados, lo que indica un uso excesivo de la fuerza con una manera “tan arbitraria, de sometimiento, no solo desarmarlos, sino golpearlos, tenerlos en el suelo, pisotearlos, patearlos, aventarles tierra en la cara, en los ojos, y (darles) golpes en las costillas, en el abdomen, en la cara. Todavía presentan golpes en la cara dos de los compañeros, entonces hay muchos elementos que muestran esta acción arbitraria que procedieron estos policías estatales y federales”.

El defensor de derechos humanos dijo que tan pronto se terminara la audiencia con los que estaban en el penal, acudirían con los que estaban siendo declarados en la Fiscalía Regional, para saber en qué situación se encuentran, y ver si igualmente fueron golpeados, agredidos o heridos.

Se desahogan pruebas del proceso en Tlapa, informa abogado


Tlapa, 7 de noviembre. Seis policías comunitarios que estuvieron presos acusados de secuestro y fueron dejados en libertad bajo fianza, sostuvieron un careo en el Cereso de esta ciudad con cuatro personas demandantes, quienes no ratificaron su denuncia, asegurando que no fueron secuestrados o privados de su libertad.

Los policías comunitarios de la casa de justicia del Paraíso, Bernardino García, Ángel García, Florentino García Eleuterio García, Abad Ambrosio y Benito Morales, se presentaron hoy en el centro de readaptación social de esta ciudad para rea-lizar un careo para desahogo de pruebas como parte de su proceso legal.

Los seis elementos de policía comunitaria habían sido detenidos acusados de secuestro junto con Arturo Campos, pero los abogados promovieron un amparo para revocar el delito de secuestro y dejar solo dejar la acusación por el delito de privación de la libertad.

En el 2016 y tras pagar una fianza de 10 mil 500 pesos los seis policías salieron de la cárcel y poder iniciar un proceso penal fuera de prisión.

Durante el careo que sostuvieron los seis policías comunitarios con cuatro supuestos demandantes del municipio de Alpoyeca y Huamuxtitlan, estos aseguraron no haber conocido a los elementos de la Crac, además negaron haber sido secuestrados o privados de su libertad.

Se dispuso un operativo conjunto de Policía Estatal, Policía Federal y Ejército: vocero

Un centenar de personas efectuaron bloqueos intermitentes para exigir que liberen a 49 comunitarios


Chilpancingo, 28 de octubre. Después de una intensa negociación que sostuvo el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado, apoyado por personal de la Fiscalía General del Estado, con los comisarios de nueve comunidades, se acordó la liberación pacífica de la carretera federal, que mantenían bloqueada en la localidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri.

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, señaló que se dispuso un operativo conjunto con la Policía Estatal, Policía Federal y el Ejército, que se trasladó al punto del bloqueo en espera de que los servidores públicos concluyeran el diálogo con quienes protestaban con el cierre total de la vía federal, que inició minutos después de la una de la tarde y terminó a las 15:15 horas.

Aproximadamente un centenar de individuos exigieron la liberación de 49 personas, que el jueves pasado incursionaron armadas en Zumpango del Río, y las cuales fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República para que sea esta instancia la que determine su situación legal.

Los inconformes, en su mayoría familiares o conocidos de los detenidos, establecieron bloqueos intermitentes en la carretera federal durante parte de la mañana.

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