Piden eurodiputados valorar y defender la labor de los defensores de derechos humanos

Externan 32 miembros de la Eurocámara su preocupación por las condiciones de activistas


Zihuatanejo, 17 de enero. Treinta y dos parlamentarios europeos de 12 países exhortaron a los gobiernos mexicano y estatal a atender la “evidente crisis para la defensa de derechos humanos en el estado de Guerrero”. 

En un comunicado, los parlamentarios se dirigieron al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y al gobernador Héctor Astudillo Flores para mostrar su preocupación y convicción de que la situación de las personas y colectivos de derechos humanos son emblemáticos de la forma en que un país garantiza y valora los derechos de sus ciudadanos. 

Los parlamentarios europeos señalan que “durante los últimos meses hemos tenido noticias del asesinato de personas defensoras de derechos humanos reconocidas internacionalmente y de periodistas que desempeñaban un destacado trabajo por la justicia y contra la corrupción.

Además, según el informe de la Red TDT La esperanza no se agota, sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se habrían producido 106 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras y 81 desapariciones, por destacar sólo los crímenes más graves dentro de un listado de agresiones más amplio”. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

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