Ciudad de México. Las comisiones unidas de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron esta noche en lo general el dictamen de la Ley de Austeridad Republicana “de Estado”.

Aun cuando se argumentó en la reunión que el dictamen se presentó con serias deficiencias de técnica legislativa, y que los diputados anticiparon que distintas disposiciones de racionalidad del gasto ya existen en leyes vigentes, el dictamen se votó y será presentado como principal tema en la sesión de mañana.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron de votar y anticiparon que este martes, en sus reuniones plenarias, decidirán si votan a favor o en contra del dictamen.

Arturo Escobar, del PVEM, exigió que ante la violación del proceso legislativo por parte de Morena, esta bancada no utilice su mayoría en el pleno para regresar al proyecto de dictamen original, del que por la negociación se excluyó, por ejemplo, que el Congreso quede sujeto a la ley, debido a que no hay atribución expresa. "¿Morena va a regresar al dictamen original? Seamos sinceros. Dígalo", demandó al presidente de la Comisión, Alfonso Ramírez Cuéllar. Éste eludió: "Ya veremos".

La priísta Sara Rocha sostuvo que las preguntas sobre un albazo de Morena se deben a la desconfianza que esta bancada ha creado, al comprometerse con acuerdos que luego no cumple. "Nos hemos leído tanto las manos", expresó.

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció su votó en contra, al argumentar que el dictamen choca con la legislación vigente e incluso con la Constitución. “No debería ser incluso una ley de Estado”, resaltó el diputado blanquiazul Xavier Azuara.

Ante el anuncio de esas tres bancadas, y a propuesta de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Presupuesto aceptó integrar una subcomisión que “armonice” las observaciones y procure integrar la mayoría de coincidencias, con objeto de que se presenten como reservas durante la discusión en el pleno.

En la Comisión de Hacienda el dictamen se aprobó con 18 votos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, y siete abstenciones de PRI, PAN, PVEM, MC y PRD. En la de Presupuesto, con 24 a favor y once abstenciones, de PRI, PAN, PVEM, MC y PRD.

Diputados del PRI, PVEM y PRD explicaron que difícilmente se puede presentar un voto en contra de una ley que tiene como objeto la austeridad.

Sin embargo, el priísta Fernando Galindo, expresó que se quiere enviar a la sociedad “un mensaje político con el nombre bonito de una ley, pero con una contradicción de normas”.

Planteó que si el incentivo de la nueva ley es tener ahorro todos los años, este se logrará al final del año “y cuando lo queramos destinar a inversión, ya no se podrá, porque no habrá tiempo para destinarlos”.

Refirió que uno de los objetivos es que, en cada ejercicio subsecuente, se gaste menos que el año previo. “Si eso es así, no sirve de nada que aprobemos el presupuesto. Austeridad sí, pero para que sirva a la gente, no para que limite la capacidad del gobierno”.

Ramírez Cuéllar dijo que la Cámara aprobará una ley que mejorará la administración del gobierno, con respeto a los derechos de los trabajadores.

“Queremos dejar explícito terminar con la falta de transparencia en los fideicomisos, la contratación de funcionarios, y con la duplicidad de plazas”, indicó.

 

No contempla generar otra opción de empleo, dice Sergio Godínez


El recién nombrado director general de Ecología y Medio Ambiente del municipio, Sergio Godínez Maldonado, coincidió en que la Ley de Bienestar Animal está incompleta, dado que no contempla un recurso especial para generar otra opción de empleo a las personas que se dedican al servicio de calandrias en Acapulco. 

Así lo señaló en respuesta al exhorto que aprobaron diputados locales del Partido Verde Ecologista al gobierno municipal, para que este aplique la Ley de Bienestar Animal retirando las calandrias jaladas por caballos que circulan por la avenida Costera. 

En entrevista, el funcionario municipal dijo que es válido que se aplique la ley y el reglamento municipal vigentes, pero señaló que la Ley de Bienestar Animal tiene una “laguna”, porque no se etiquetó un recurso especial para el destino final de los equinos, ni para sustituirlos y darle otra fuente de empleo a los 56 calandreros del puerto. 

Ciudad de México, 27 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo de esas características, que atendiera la problemática que nuestro país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos, sin menoscabo del cabal ejercicio de las atribuciones estatales.

Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal. Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional.

La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

Considera el Centro Morelos que hay retroceso en el respeto de los derechos humanos

No se incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública, manifiesta


Chilpancingo, 22 de diciembre. El Centro de Defensa de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) lamentó la promulgación de la Ley de Seguridad Interna ante los oídos sordos de los legisladores y de Enrique Peña Nieto “ante las múltiples peticiones de rechazo”, pues consideró que se trata de un retroceso en el respeto de los derechos humanos. 

El Centro Morelos indicó que en la nueva ley los legisladores no incorporaron estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública. 

“El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general”. 

Agrega: “En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitiría Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara un análisis sobre su constitucionalidad.

Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública”. 

El Centro Morelos expresó: “nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad”. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

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