El caso de la activista Yndira Sandoval Sánchez no debe quedar impune, por lo que tiene que aclararse a la brevedad, y, además, haber castigo. El problema no es el hecho de que si estaba o no estaba pasada de copas, lo cual se ha convertido en el punto central de las redes sociales –particularmente en Guerrero– y, en mucho, en los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos, como si se tratara de un linchamiento.

El delito de violación puede cometerse contra una persona que se halle o no se halle en estado etílico.

Aunque el Estado mexicano, concretamente el gobierno en sus tres niveles, tenga su prestigio por los suelos o carezca de credibilidad casi por completo entre la sociedad civil, al igual que los partidos y los políticos, el Ministerio Público debe investigar hasta en el último rincón de la escena en que se suscitaron los hechos.

Los cuerpos policiacos de los tres tipos de gobierno, en todo México, tienen entre la población en general una confianza casi nula, por el hecho de pensar en que hay nexos, de alguna manera, con el crimen organizado, y que por eso mismo pudieran actuar a su antojo, con absoluta impunidad ante cualquier persona, trátese de quien se trate.

Inclusive ha habido casos en el país de que miembros de la delincuencia andan vestidos con uniforme de policía para hacer de las suyas. No estamos señalando de esto a ningún municipio en específico, ni siquiera a los de Tlapa, donde ocurrieron los hechos.

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