Ornato

Mar 09, 2021

Los sucesos violentos ocurridos este fin y principio de semana reflejan, una vez más, que la delincuencia no ha desaparecido y que está al acecho, lista para hacer su aparición en el momento y sitio que considera precisos.

Todo lo tiene calculado; nada deja a la improvisación.

Emerge, ataca y desaparece como si nada.

¿Dónde está?

La autoridad lo sabe, pero finge ignorarlo.

¿Dónde están los que incendiaron los siete locales ubicados junto al Mercado Central de Abasto?

¿Dónde están los que quemaron la camioneta tipo Urvan?

¿Y los que quemaron los puestos en el mercado de Tepito?

Entre tanto, el gobierno se complace difundiendo día a día la reducción de homicidios dolosos, que son los únicos que para el mismo cuentan, pues ni referencia hace al cobro de piso, ni a las extorsiones, prácticas que se han convertido en parte de la cotidianidad en la que se ahogan los clamores de empresarios sobre seguridad.

No menos grave resulta el enfrentamiento ocurrido entre civiles de la Upoeg y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en San Pedro Las Playas.

Para nada ha servido el que el gobierno desconozca a la Upoeg como policía comunitaria al no reunir los requerimientos propios de esta agrupación.

Ilegal y todo, opera libremente en los territorios conquistados, no obstante que la administración estatal y la misma federal, la han considerado una y otra vez ilegal.

En el enfrentamiento de este domingo, los autodenominados policías comunitarios retuvieron a ocho efectivos de la Policía Estatal; las fuerzas gubernamentales tuvieron que dialogar con los upoegistas para su liberación.

Así, de este nivel es la capacidad de operación de la Upoeg.

No es la primera vez que, en situaciones como ésta, impone sus condiciones al gobierno para salir airosa de los trances en que se ha visto involucrada.

Lejos de aplicar la ley, el gobierno la negocia, y parte de esta negociación implica que la supuesta comunitaria continúe operando imponiendo sus reglas.

Si bien no puede negarse que los homicidios han decrecido y que la violencia ya no es la misma, tampoco puede negarse que las autoridades constitucionales bailan al son que les toca la delincuencia.

Es ella la que impone el clima de seguridad o inseguridad. n

Insistentes hemos sido en este espacio respecto a que no se justifica reclamar el cumplimiento de derechos mediante procedimientos que perjudican a terceros, así como indebido es utilizar la ilegalidad para exigir legalidad.

Si, como suelen pregonar los gobernantes, el de México es un estado de derecho, es decir que es un Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por ley, imprescindible resulta para que ello no sea un slogan político, sino una realidad, que predomine el cumplimiento de la ley para que haya paz, tranquilidad y justicia.

En este contexto, si los responsables de aplicar la ley no hacen su tarea satisfactoriamente, preciso sería retirarlos del cargo; y si son las instituciones las que no están adecuadas a los tiempos actuales, conveniente sería cambiarlas o modificarlas, pero si los responsables de procurar justicia cumplen su cometido y las instituciones responden a las necesidades de la sociedad, necesario es apegarse a sus designios, veredictos y sentencias.

Ahora bien, si el asunto es político, funciona una autoridad electoral que se encarga de ventilarlos y colocarlos en su verdadero sitio.

Por consiguiente, no es aceptable hacer a un lado ninguna de las leyes y dar a los problemas otros cauces, y menos aún si incluyen la violencia, para imponer la voluntad de algunos grupos, provocando la ilegalidad y con ello la anarquía.

Porque si a los procedimientos ilegales se diera validez, serían los grupos generadores del caos los únicos beneficiados, pues para alcanzar su cometido bastaría fabricar de la noche a la mañana campañas de desprestigio montadas en la ilegalidad. n

Si lo que el gobierno estatal hizo ayer con los docentes jubilados inconformes lo hiciera con todos los grupos de manifestantes que reclaman lo que por derecho les corresponde, otra imagen se tendría de la administración estatal.

No se entiende por qué la autoridad deja correr el problema si sabe perfectamente que terminará atendiéndolo.

Esas olas de movilizaciones resultan en cansancio y angustia para los manifestantes, fastidio para el gobierno y molesto para los terceros perjudicados.

Varios días tenían los jubilados movilizándose y exteriorizando su inconformidad, demandando, verbigracia, el pago pendiente del seguro por indemnización del Plan de Previsión Social (PPS), que representa aproximadamente 30 mil pesos que deben recibir profesores al jubilarse, pero que hasta ahora alrededor de mil de ellos no han recibido desde 2016.

No es asunto menor.

Además, el pago de la retención de 2 por ciento al salario de los profesores durante su vida laboral activa, el cual es parte del sistema de ahorro para el retiro, y pagos por invalidez que se adeudan desde 2014.

¿Es justo que al retirarse para disfrutar la jubilación tengan que dedicar su tiempo a reclamar la entrega de beneficios alcanzados durante su vida laboral, por irresponsabilidad de unos gobiernos y las corruptelas de otros?

Ayer, cuando se manifestaban en el exterior de la oficina de Promotora Turística, en la zona Diamante, fueron atendidos por el gobernador, Héctor Astudillo Flores y miembros de su gabinete.

El mandatario los escuchó y se comprometió a reunirse con ellos en próximos días.

¿Por qué no haberlo hecho antes?

¿Por qué no desactivar –antes de que estallen– movimientos que presentan a un gobierno como indolente y ajeno a los reclamos de quienes le sirvieron la mayor parte de su vida?

Si resolver demandas no corresponde a la gestión actual, que se gestione ante quien corresponda o que se obligue a ésta de alguna manera a solucionar.

El caso es que se supere el problema.

Nada más conveniente.

Pero, mira, respetable lector, lo que sucede y en lo que viene a parar todo.

¿Puede jactarse un gobierno, dígase federal, estatal o municipal, de ser una autoridad justa si da pie a que por calles y dependencias desfilen quienes fueron sus trabajadores reclamando lo que por derecho es de ellos? n

Bienestar animal

Mar 09, 2021

Si bien es loable que, por fin, el ayuntamiento de Acapulco se haya decidido a poner en operación un módulo de atención a los animales que viven en el municipio –que denominó de manera oficial Módulo de Bienestar Animal–, no deja de llamar la atención que lo haya hecho hasta ahora, cuando está más cerca del fin que del principio de su periodo constitucional.

Con la creación de esta unidad, cuyo propósito es vacunar y esterilizar a las mascotas y –se supone– al resto de los animales que viven en Acapulco, el gobierno municipal da cumplimiento a la parte que le corresponde de la Ley 491 de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, que ordena que esas acciones deben ser masivas, gratuitas y permanentes. Pero la ley está vigente desde hace seis años.

No es difícil imaginar cuál es la causa de la demora en cumplir la disposición: la austeridad impuesta desde el gobierno central, que obedece al interés de canalizar la mayor cantidad posible de recursos a los proyectos prioritarios del Ejecutivo federal, aunque ello implique dejar en la inanición otros proyectos y programas que, a juicio del gobierno de la República, pueden esperar a un mejor momento.

Pues bien, el mejor momento es el que se anticipa, el que no espera a que estalle una crisis para tomar medidas, que en ese caso serían preventivas, en vez de correctivas.

Es una obligación de la sociedad atender a los animales que nos acompañan en este planeta, que es el hogar de todos, no sólo de la especie humana, como antaño pensaban las instituciones y las personas.

De hecho, del trato que las sociedades dan a los animales puede determinarse cuán civilizadas están. Ese trato incluye, por supuesto, los esfuerzos presupuestales que hagan los gobiernos para cubrir todos los rubros que deben ser cubiertos, no sólo en la medida de las posibilidades financieras, sino también en la medida de las necesidades.

No es una política financiera responsable aquella que deja sin cobertura alguna a un sector –uno que, por cierto, no puede manifestarse, ni protestar por la discriminación, la marginación o la exclusión–, para dar la mejor atención posible a otro.

Con carencias y deficiencias, pero el Módulo de Bienestar Animal de Acapulco va adelante. n

No pocos sectores de la población se muestran hartos de las frecuentes protestas que realizan los maestros y, en parte, con mucha razón, porque con sus actos, entre ellos los bloqueos viales, desequilibran las actividades cotidianas.

En ese aspecto, la gente está en su derecho de exigir que se haga efectivo el libre tránsito, además de que, si las autoridades algo les adeudan, nada tiene que ver ella con los incumplimientos.

Que los docentes exijan el respecto a sus derechos, es correcto, justo y necesario, pero no mediante procedimientos que constituyen actos violatorios a la ley y perjudiciales para sus congéneres, que ninguna culpa tienen.

Resulta incongruente, pues, que los formadores de futuros profesionistas demanden legalidad violando la ley.

Pero por otro lado, es ilegal, injusto y repudiable, que el gobierno, concretamente la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), les quite el pago salarial y el de prestaciones.

No se vale.

No puede aducir insuficiencia de recursos, cuando más podrá argumentar deficiente administración, que no es problema de sus trabajadores, como lo exhibe el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del cual ya hemos hecho referencia en este espacio, en el que la dependencia la acusa, por ejemplo, de pagar salarios a difuntos.

Ayer, para no salirse del guión cotidiano, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (Ceteg), protestaron en las oficinas de Administración y Finanzas de la SEG, para demandar el pago retroactivo a 500 compañeros.

La Secretaría no paga a quien debe, pero maniobra para aprovechar sus recursos de manera que le convenga, con la complicidad de la Contraloría del gobierno del estado, cuya existencia pasa inadvertida, y tiene que ser la ASF la que venga a descubrir la cloaca.

No se vale, pues, que los docentes golpeen a la población, ni a sus alumnos con sus protestas cuando las desplazan a las calles, como tampoco se vale que la administración estatal no respete los derechos de sus trabajadores y no les entregue el dinero que les corresponde.

Eso no es justicia.

Ni legalidad.

Ni democracia. n

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