Contradicciones

Sep 21, 2019

Es usual que, tal vez más por conveniencia política o económica que por beneficio social, el gobierno suela atacar las consecuencias de un problema en vez de sus causas.

Un ejemplo de ello, en el que incluso se trasluce una clara contradicción e incongruencia, es la construcción de más hospitales para atender a personas con diabetes, obesidad e hipertensión arterial, que abarrotan los nosocomios, en vez de impedir o restringir la producción de frituras, tabaco, alcohol y refrescos, que son algunos de los principales productos causantes de esas enfermedades.

Corren versiones de que, cuando el gobierno pidió propuestas para crear el plato de buen comer, una organización dedicada al cuidado de la nutrición, sugirió verduras, frutas, granos y semillas; el gobierno echó abajo la idea e impuso la suya incluyendo leche, carne y huevos, pese a que el ser humano no es carnívoro, sino herbívoro, y que la leche no es para los niños, sino para los becerros, disparando con ello la producción de colesterol y triglicéridos en los humanos, así como los problemas de alergias entre la población infantil.

Por eso no es de extrañarse que, ahora con el problema de la violencia, la Secretaría de Salud estatal anuncie una inversión de 35 millones de pesos en la construcción de una nueva instalación del Semefo en Acapulco, con capacidad de almacenamiento de 400 cuerpos.

Eso, en vez de fortalecer los cuerpos de seguridad estatal y municipales y poner a trabajar a los agentes del Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado.

Ni los ayuntamientos se hacen responsables de los trabajos de prevención del delito ni la fiscalía hace lo suficiente para detener y someter a proceso a los delincuentes, que siguen atacando cuando quieren y donde quieren con entera libertad.

Así, en lugar de que los encargados de estas tareas hagan su trabajo para frenar la comisión de homicidios, la autoriedad opta por ampliar los servicios para acumular más cadáveres.

Es decir, en vez de impedir que haya más muertos, concentra su atención en crear espacios para albergar más cuerpos.

En el último de los casos, no está mal porque siguen matando a la gente, pero deberían atender los dos aspectos al mismo tiempo. n

Cuando, a mediados de noviembre de 2017, los trabajadores de la sede de la Fiscalía General del estado, en Chilpancingo, suspendieron labores en protesta por el constante hedor procedente de la morgue colindante, que les impedía desempeñar sus funciones, de seguro muy pocos de ellos imaginaron que la situación del Servicio Médico Forense aun empeoraría.

Pero empeoró. En ese entonces había 646 cadáveres en depósitos en todo el estado, cifra que rebasaba en 100 por ciento la capacidad de las morgues, según informó en esa fecha el director del Servicio Médico Forense, Ben Yehuda Martínez Villa. El mismo funcionario informó ayer que la cifra de cuerpos sin reclamar asciende a 900, lo cual implica un aumento de casi 40 por ciento en dos años.

No cabe duda que, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno es un “elefante reumático” al que hay que acicatear para que cumpla sus responsabilidades. El Ejecutivo federal, en estos nueve meses y medio, ha tenido oportunidad de comprobarlo, pues parte del crecimiento de esta cifra ha ocurrido en su gestión.

Es necesario precisar, sin embargo, que este fenómeno, el crecimiento imparable de la cifra de cadáveres que no son recogidos por sus deudos, no está reñido con la reducción de asesinatos que también reportan las autoridades. Más bien, lo que sugieren ambos datos es que ha aumentado el número de muertos que se quedan sin deudos que los busquen y los reclamen.

Como quiera que sea, ello no quita responsabilidad al gobierno en el fenómeno, pues en dos años, de habérselo propuesto, habría avanzado en la catalogación genética de las víctimas mortales –lo cual habría facilitado mucho la confronta de datos con quienes los buscan– y hasta pudo construir los cementerios forenses que hubieran sido necesarios para la disposición final de los cuerpos.

Pero no ocurrió así, no al menos a la velocidad requerida. Ejemplo de ello es que ayer mismo, en el mismo encuentro en que el director del Servicio Médico Forense daba su información –el décimo Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses, desarrollado en Acapulco–, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, reiteró el anuncio que hizo hace meses, en el sentido de que serán invertidos 35 millones de pesos para construir otra morgue en este puerto, con capacidad para 400 cuerpos.

Falta mucho por hacer, y la velocidad con que se hace no es suficiente. Sobre todo porque hace dos días el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gabinete de López Obrador, Alfonso Durazo Montaño, precisó que los resultados de la lucha contra la delincuencia en el país se verán apenas en cuatro años.

Elefantes reumáticos son todos los gobiernos del mundo. Unos están más reumáticos que otros, según las culturas y los usos de sus pueblos. Pero parece que el de México es un caso grave. n

Cuando la diputada local Mariana García Guillén habla de que sólo 18 de los 81 municipios de la entidad cuentan con órganos de control interno y que hay resistencia de algunos ayuntamientos de Guerrero a instalarlos, habrá que entender que la legisladora está en lo suyo.

Asegura que debido a esta reticencia Guerrero está muy atrasado en materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que el Congreso local ha estado exigiendo a los ayuntamientos que cumplan con la instalación de sus órganos de control interno.

Habrá que puntualizar, no obstante, que crear más mecanismos con el propósito ya expresado no necesariamente conllevaría a un mejor manejo de los recursos presupuestales, el cual se lograría tan sólo con que el Congreso precisamente hiciera su chamba en el área de fiscalización.

Si la transparencia y la rendición de cuentas se mide por la existencia o ausencia de ese órgano de control interno, habría que preguntar si los 18 ayuntamientos que cuentan con el mismo se desempeñan de mejor manera que los omisos.

Es de suponerse que son los municipios más importantes los que cuentan ya con el órgano interno, y aun en esos abundan los señalamientos de desaseo contra las anteriores administraciones.

Es de entenderse que la transparencia y la rendición de cuentas se traducen necesariamente en una mejor administración, cuando en realidad no es así.

Ahí están todos los alcaldes que entraron hace un año, quejándose de saqueos; haciendo malabares para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

¿Cómo se diferencian los que tienen órgano de control interno de los que no? Todos navegan en un océano de opacidad y truculencias que luego negocian alcaldes entrantes y salientes. Siempre ha sido lo mismo.

Es claro que lo que dice la diputada García Guillén es cumplir solamente la legalidad, lo cual no reditúa en honestidad, simple y llanamente porque no funcionan los sistemas fiscalizadores.

Si tan sólo mediante su brazo ejecutor, que es la Auditoría Superior del Estado, el Congreso local cumpliera su responsabilidad de fiscalizar a los municipios, no habría necesidad de tantos brincos, ruido e inventos. n

La liberación de Gildardo López Astudillo El Gil fue el grano que comenzó a desgranar la mazorca en el caso de los presos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este fin de semana, Samuel Ventura Ramos, juez primero de Distrito de procesos penales de Reynosa, Tamaulipas, decretó auto de libertad para 24 detenidos, entre ellos policías de Huitzuco, Iguala y Cocula, así como líderes del crimen organizado.

El subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, denunció que en los siguientes días podrían quedar en libertad más implicados en el caso “por corrupción en el Poder Judicial federal”.

Encinas contabilizó que estas 24 liberaciones, más las 53 ya otorgadas por el mismo juez, hacen un total de 77, y quedan en prisión 65 de las 142 personas detenidas.

Advirtió el funcionario federal que quizá en los próximos días sean liberadas otras personas.

Ante el alud de liberaciones, el gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió: así como van las cosas, al rato no habrá nadie responsable del caso Ayotzinapa.

Antes, al enterarse de la liberación de López Astudillo, el mandatario había pedido “parar todo en seco”, revisar la actuación de los jueces y hacer las reformas legales que tuvieran que hacerse.

En el caso de El Gil, el juez adujo la liberación a fallas en el debido proceso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, uno de los normalistas desaparecidos, consideró que, si bien las fallas fueron del procurador de Justicia de la anterior administración, hubo descuido en el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, acusó, debió estar atento al asunto. Toda la razón.

El subsecretario Encinas atribuye las excarcelaciones a corrupción en el Poder Judicial.

El punto es que todos tienen la culpa de que estén saliendo del penal los responsables, menos el actual gobierno, al que nueve meses de gestión no le han sido suficientes para meter mano en el seguimiento de los procesos de los detenidos.

Si el anterior régimen falló, ¿cómo es que el actual no ha corregido esas fallas? Si la corrupción es la causa, ¿por qué no se ha hecho nada para corregirla?. n

Asimismo, se declara en sesión permanente por las Fiestas Patrias


Al llevarse a cabo una sesión más de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores revisó con sus integrantes las acciones de resguardo de 240 escuelas de Acapulco, así como los operativos para reforzar la seguridad en las siete regiones de Guerrero y se instalaron las instancias de seguridad en sesión permanente para brindar vigilancia en las Fiestas Patrias. 

En una reunión efectuada en las instalaciones de la Octava Región Naval, acompañado por el almirante Francisco Limas López; el comandante de la Novena Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez; el comandante de la 27 Zona Militar, Eufemio Ibarra Flores; el Ejecutivo guerrerense informó que se acordó reforzar la seguridad en distintos municipios del estado como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, entre otros. 

También estuvieron presentes en la sesión, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Ada; el delegado federal en Guerrero, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, entre otros. 

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