El ayuntamiento de Acapulco no ha librado del todo los riesgos en torno al impuesto predial, el rubro que le genera la mayor cantidad de ingresos propios.

Es ahora el presidente del Grupo ACA, el abogado Melquiades Olmedo Montes, quien cuestiona la forma en que ha elaborado los recibos.

Acusa a la alcaldía de violar la Ley de Catastro al no especificar la base gravable y la rebate al afirmar que aplica en el cobro incrementos hasta de 400 por ciento, contrario a lo que ha sostenido de que el contribuyente pagará este año lo mismo que sufragó en 2020.

Unos días antes, el presidente de la Barra de Acapulco Colegio de Abogados, Adrián Cruz Vargas, acusó que la autoridad administrativa no está haciendo los procedimientos de manera correcta “desde el momento en que no pone en el estado de cuenta el concepto de base gravable; quiere decir que la base gravable se ha incrementado de manera exponencial”.

Cruz Vargas sostuvo que “es cierto que disminuyó la tasa del impuesto al 3.9 de 12 al millar, como estaba el año pasado, pero aumentó la base gravable, y eso está afectando mucho”.

Ahora bien, al margen de las observaciones de los abogados, viene al caso citar que el municipio ofrece descuentos en el pago en general, pero al presentarse el contribuyente en ventanilla y reclamar el descuento, el empleado lo niega cuando se trata de lo que llama una “base gravable mínima”.

Es decir, el descuento procede en ciertos casos, pero eso no lo explica.

La inconformidad de los contribuyentes obligó al ayuntamiento a publicar un desplegado en el que apunta: “La actualización de las bases gravables para determinar el cobro de este impuesto, se realizó luego de 20 años que no se hizo esta tarea y, para no castigar la economía de las clases menos favorecidas, se disminuyó la tasa al cobro del 12 al 3.9 al millar sobre el valor catastral de terrenos baldíos, casas, departamentos y residencias, para que los propietarios de bienes inmuebles antes descritos paguen cantidades similares al año pasado”.

Es obvio que si aumenta la base gravable, se elevará el cobro del predial.

Luego entonces resulta contradictoria la versión de que se pagará lo mismo que el año pasado.

Es muy serio lo observado por los abogados, pues se trata de profesionistas dedicados al estudio y práctica de las leyes. Saben lo que dicen. Eso exhibe a la alcaldía. O son ignorantes quienes la dirigen o son de mala fe.

Por otro lado, es evidente que la misma autoridad ha tratado de sorprender con verdades a medias –engaños, pues– asegurando que se pagará lo mismo que en 2021.

Ilegalidad y mentiras asoman el rostro en el tema. n

Deuda municipal

Ene 22, 2021

La moralización de la gestión pública que en apariencia impulsa la actual administración federal podría no ser del todo útil si descuida al nivel más básico de gobierno, que es el ayuntamiento, la bisagra entre la población y la autoridad.

Si bien podrían ser citados muchos ejemplos, el de Acapulco es muy representativo, a juzgar por las declaraciones que hizo ayer el síndico Javier Solorio Almazán relacionadas con varios de los compromisos financieros de la administración municipal.

Reveló el edil que el gobierno del puerto dejará pendiente el pago de más de 300 laudos firmes por pleitos laborales perdidos y unas mil demandas diversas en curso, además de una deuda de 450 millones de pesos por la que la comuna tiene que pagar más de mil millones de pesos por intereses, sin contar la caída en la recaudación por el impuesto predial el año pasado, más la que se espera este año a consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del nuevo coronavirus.

Ante este panorama, es evidente que no basta tener gobiernos de ciudadanos honestos, incapaces de apropiarse de los dineros públicos, sino que es imperioso también que sepan administrar y cuya capacidad de conciliación aleje el riesgo de demandas masivas –laborales o mercantiles–, que a fuerza acabarán por afectar la salud financiera de la hacienda municipal.

Y, a la par, es también imperioso que los diputados en los congresos locales legislen para impedir que los presidentes municipales y sus cabildos endeuden de tal modo a sus ayuntamientos. n

Se proyecta rescatar la zona y detonar su desarrollo urbano


La presidenta municipal Adela Román Ocampo dio el banderazo inicial a la limpieza del bordo del río de La Sabana, acción que ayudará a rescatar la zona y crear un desarrollo ecológico sustentable en los márgenes con moderna vía de comunicación y plazas de esparcimiento deportivo y familiar.

Durante su mensaje, en el punto que antes se conocía como La Máquina, donde ahora se ubica la colonia Carlos Salinas de Gortari, la alcaldesa destacó que este proyecto busca elevar la calidad de vida de los habitantes, la plusvalía de los inmuebles y ofrecer una nueva imagen de este manto acuífero que dignificará la vida de los vecinos, no solo del poblado de La Sabana sino de colonias aledañas.

"Compañeros y compañeras de esta parte, hasta hoy, abandonada de Acapulco, la obra que se inicia con la limpieza va a ser una obra hermosa, para mí va a ser un orgullo decirles que la primera mujer presidenta de Acapulco se bañó en las aguas cristalinas del río de La Sabana y que hoy regresa para dignificar la vida de los pobladores de esta parte de Acapulco. Las Plazuelas ya no va a ser un basurero, va a ser un espacio donde la gente puede sentarse a platicar", recalcó.

Nadie aprende

Ene 22, 2021

Para nada sorprende el repunte del Covid-19.

Ya las autoridades habían previsto que, a la afluencia de visitantes en las fiestas decembrinas, sobrevendría una nueva oleada de casos: más contagios, más hospitalizaciones, más muertes.

Mediante el movimiento en el semáforo epidemiológico en la víspera de la temporada decembrina, el gobierno privilegió el aspecto económico con miras a aliviar un poco la vapuleada economía; fue así que declaró el color amarillo para, terminado el mes, retornar al naranja.

Comienza ahora la repercusión de los descuidos.

A la elevación de contagios seguirá el alza en las hospitalizaciones y luego en la cifra de defunciones.

La hora temida ha llegado.

Adultos mayores son los que pagan “los platos rotos”, advierte Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud.

Pese a lo previsto, preocupa la información vertida por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell Ramírez, en el sentido de que en Guerrero se comienza a registrar un aumento acelerado en el número de casos de Covid-19.

El gobernador Héctor Astudillo Flores adelantó que ante el rebrote de contagios en el estado, nuevamente se reconvertirán hospitales, mientras empresas de Chilpancingo dedicadas a la venta de oxígeno reportan problemas de desabasto, al igual que en Iguala, Taxco y Tierra Caliente.

La situación, no obstante, no contiene la suficiente motivación para que buena parte de la población se ajuste a los protocolos sanitarios, ni para que las autoridades hagan lo suficiente, particularmente en materia de transporte y sitios de concentración como los mercados públicos, lo cual no impide para proceder con todo rigor contra negocios como bares y restaurantes.

Lejos de meter al orden a transportistas, los gobiernos optan por la espectacularidad antes que por la eficacia.

Comisionan a empleados para que, en vistosos operativos, saniticen unidades en vez de obligar a los concesionarios a que se apeguen a la norma sanitaria.

En el caso del Covid, se ha caído exactamente en la misma estrategia que cayeron en el de la violencia: anunciar reforzamiento de medidas en las zonas más afectadas, sin crear nuevas que arrojen resultados positivos.

Y así se la llevan.

Culpar a la población de los repuntes es su justificación más socorrida. n

Tranquiliza el reconocimiento público hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador al trabajo del gobernador Héctor Astudillo Flores.

En Guerrero –puntualizó el mandatario del país– se ha logrado avanzar porque se trabaja de manera conjunta con el gobernador del estado.

Eso, aunque de ninguna manera es novedad, porque no es la primera vez que el jefe del Ejecutivo federal le levanta la mano al estatal, seguramente deja buen ánimo entre los guerrerenses, sobre todo si se toma en cuenta el conflicto suscitado entre algunos gobernadores de otros estados y el gobierno federal.

Aún militando en diferente partido político, Astudillo Flores, sin caer en el sometimiento, pero sin dejar de ser prudente y respetuoso, ha sabido llevar una buena relación con el gobierno de la República, aunque no libre de algunos diferendos que han llegado a superarse en buenos términos.

No obstante, esa buena relación, esa coordinación a la que hizo referencia López Obrador, no ha sido suficiente para resolver algunos problemas que no dejan de lastimar a ciertos sectores o grupos de guerrerenses, que, ante la gira del mandatario por la entidad, salieron inevitablemente a flote.

Así, desplazados de la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán le pidieron  proyectos productivos para salir adelante, pues tuvieron que salir huyendo de sus comunidades acosados por la violencia.

Ejidatarios de El Rincón le solicitaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pague por las tierras expropiadas para la creación del centro vacacional integralmente planeado Ixtapa.

En Zacualpan, Atoyac, surgió la protesta y la desesperación de trabajadores del sector salud, de pescadores de la región y de habitantes de la parte alta de la sierra, a los que se negó a escuchar.

En Zihuatanejo, fundadores de la empresa Frutas Tropicales Mexicanas pidieron al mandatario que el ex comisionado nacional del fertilizante en la entidad, Jorge Gage Francois, les devuelva las instalaciones y acciones que, acusaron, les ha despojado.

En Acapulco, madres de niños con cáncer pidieron al Presidente abastecimiento de medicamentos al Instituto Estatal de Cancerología.

Los conflictos se enraizan cada día y se añejan profundizando el resentimiento, la indignación y el enojo entre los afectados.

¿Habrá respuesta? n

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