Las cuentas de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto al fraude en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) no cuadran.

Los hechos: el auditor superior del estado, Alfonso Damián Peralta, informó este miércoles haber inhabilitado a tres ex funcionarios de la paramunicipal por la no comprobación de 138 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2016.

Se trata del ex director general Javier Chona Gutiérrez, el de Administración y Finanzas Guillermo Adolfo Galeana Salas y el de Operación Juan Antonio Ramírez Valle.

En la resolución relacionada con la auditoría aplicada a Capama, la ASE mencionó como responsables del faltante a los tres ya referidos, pero también incluyó a quien fungía como directora de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos.

¿Por qué Garzón Campos no figura entre los responsables del fraude, ni es parte de los inhabilitados?

¿Qué tuvo que suceder para que la diputada local Samantha Arroyo Salgado, el mismo día que tomó posesión del cargo, pidiera ser considerada legisladora independiente? ¿Se le acercó el poder y la tentó con una oferta jugosa, imposible de rechazar, para que defeccionara? ¿Lo hizo por convicción propia después de observar el desempeño de la fracción parlamentaria a la que estaría adscrita y no resultar convencida? ¿Lo hizo por razones ideológicas? ¿Lo hizo por estar en desacuerdo con el desempeño del gobierno de Morena en el país?

Puede que nunca se conozca respuesta a esas preguntas que, por lo demás, siempre seguirán haciéndose, pues siempre habrá representantes populares que decidan cambiar de bando en cualquier momento, el que ellos consideren conveniente, y por los motivos más variados y hasta contradictorios.

Eso no debería causar extrañeza; así es la democracia.

Lo que sí puede afirmarse con relativa certeza es que entre los efectos más probables y más notorios que tendrá su renuncia estará el que el grupo que aún conserva la mayoría relativa en el Congreso local enfrentará más dificultades para concretar sus intenciones por medio del voto. Quizá eso obligue a algunos de sus más conspicuos representantes a atemperar la actitud que la oposición –en general, más experimentada en las lides políticas y en la vida que los morenistas– ha tachado de soberbia.

Tal vez el pueblo de Guerrero verá a unos diputados morenistas más dispuestos al diálogo y a la negociación. Y en ese sentido puede que este cambio resulte favorable, pues al parlamento se debe ir a parlamentar, es decir a hablar, a dialogar, a convencer con la fuerza de los argumentos, en principio, porque un buen demócrata deja la fuerza de los votos como último recurso. Porque no se trata de vencer al enemigo, sino de convencer al adversario de ocasión, para emprender juntos la solución a los problemas de la sociedad. Porque no hay personalidades iluminadas, y porque la verdad no es monopolio de una expresión política. n

Es axiomática la aseveración de la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla Martínez, en cuanto a que, en vez de hacer su trabajo, las autoridades dejan que sean madres, padres, familiares y amigos de desaparecidos los que investiguen por su cuenta, costo y riesgo, el paradero de sus seres queridos.

Por ello, llamó a los afectados a levantar la voz para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad.

La inconformidad, aunque en diferente sentido, se extiende a otros colectivos de la entidad al reprochar que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha opacado a otras organizaciones que buscan a sus familiares, pues los recursos, la seguridad y los permisos se canalizan a los parientes de los estudiantes, mientras que a ellos les cierran las puertas.

Así, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, declaró que la desaparición de los alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos ha generado mayor interés respecto a otras personas no localizadas en el municipio, hecho que atribuyó al compromiso que el gobierno hizo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se quejó de que ese caso, el de los 43, se trabaja aparte; “nosotros tenemos que tocar puertas para que se nos permita hacer diligencias y obtener resultados”, protestó.

No son los únicos que marcan la diferencia, quejándose de la misma. José Díaz Navarro, del colectivo Siempre Vivos, de Chilapa, señaló que “todos los recursos, el acompañamiento de la Policía Federal y demás apoyos se van con ellos –los familiares de los 43–; nosotros no tenemos nada. Todo está centrado en el caso Ayotzinapa, millones de dólares para la investigación.

Muy cómodo, prácticamente en condición de espectador, el gobierno interpreta como un favor el dar vigilancia policiaca y otros apoyos a quienes buscan a sus familiares, en vez de ser él quien asuma la responsabilidad de localizarlos. n

Si el gobierno federal tuviera que responder por la incapacidad y la deshonestidad con que se manejan administraciones estatales y municipales, así como organismos que dependen de las mismas, no le alcanzarían los recursos.

Parece ya una estrategia el hecho de que los gobernantes van heredando unos a otros los adeudos adquiridos durante sus respectivas gestiones y cuando los mismos colapsan, recurren al siguiente nivel en busca del rescate financiero, mientras los responsables gozan de impunidad y hasta de nueva posición política merced a la red de corrupción y complicidades en el ámbito oficial.

Por eso mismo, es entendible lo declarado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, en el caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), cada quien debe asumir su responsabilidad para subsanar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, gestiona el apoyo para saldar la deuda de más de 500 millones de pesos que tiene Capama con la CFE.

Eso, como tarea inmediata para salir del paso, está bien, pero no es suficiente.

Al abordar el tema en su conferencia mañanera de ayer, López Obrador insistió en que en su gobierno no se permitirá la corrupción.

El asunto es que no sólo no debería impedirse en la actual administración, sino investigar y castigar a los corruptos de, cuando menos, la pasada administración.

Por eso mismo, Román Ocampo no sólo debe buscar la ayuda financiera para pagar a la CFE, sino paralelamente sano sería que presionara al Congreso local para que acelerara las diligencias sobre la administración del ex alcalde Evodio Velázquez.

Para la alcaldesa ningún beneficio constituye el hecho de que Morena, partido que la llevó al poder, sea mayoría en el Congreso, pues la está dejando sola al no apurar a la Comisión de Vigilancia para que la Auditoría Superior del Estado agilice indagatorias de la situación financiera que dejó Velázquez.

El caso es que el asunto Capama-CFE sigue pareciendo irresoluble. n

Aca Moto

May 24, 2019

La agradabilidad de los grupos sociales que visitan Acapulco ha solido ser más bien una reacción subjetiva de los prestadores de servicios turísticos, alimentada en parte por el racismo de los mexicanos –siempre soterrado– y en parte por la discriminación a partir del mucho o del poco poder adquisitivo de los turistas.

Cuando Acapulco era el destino preferido del llamado Jet Set internacional –cuyo núcleo más identificable era el mundillo de la meca del cine, Hollywood–, el único visitante merecedor de todas las atenciones y afabilidades era de piel blanca, cabello rubio, ojos azules o verdes y dólares en la cartera.

El turista mexicano era entonces muy mal visto y peor recibido por estos lares, sobre todo el que procedía de la capital del país. “Malditos chilangos” era un mote muy usual en esos tiempos entre prestadores de servicios turísticos para referirse a esos visitantes, y su animosidad era compartida por muchos otros habitantes del puerto.

Pero, como todo cambia, pasado un tiempo los venerados turistas extranjeros hallaron otros sitios para vacacionar, y se fueron para no volver. De manera que el turista nacional, antes tan menospreciado por los prestadores de servicios de la localidad, empezó a parecerles más agradable, no tan feo, ni tan pobre, y a la larga pasó a ser más que amigo: la tabla de salvación de todo el sector.

Hoy ocurre algo similar con los motociclistas que visitan el puerto en masa con motivo del encuentro denominado Aca Moto: un amplio sector de prestadores de servicios y del resto de la comunidad local los mira con recelo y con desconfianza, cuando no con abierta reprobación.

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