Sólo 20 de los 81 ayuntamientos en el estado han presentado su atlas de riesgo, para identificar cuáles son las zonas que están en vulnerabilidad en cada municipio, en caso de presentarse un fenómeno meteorológico, dice la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso local, Perla Edith Martínez Ríos.

Los atlas de riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimientos del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio.

En esta temporada de lluvias, los municipios que cuenten con sus respectivos atlas tendrán ubicadas con claridad y precisión las zonas más vulnerables y con base en ello podrán apoyar a la población en caso de inundaciones, por ejemplo.

¿Y los que no lo tengan?

Llegado el momento de algún desastre actuarán a ciegas.

¿Por qué no todos los alcades obtienen esta herramienta?

La diputada explica que los alcaldes aducen carencia de recursos económicos para su elaboración. Ella los justifica diciendo que es una respuesta válida por los recortes presupuestales que el gobierno federal aplicó a los municipios desde hace dos años.

El hecho se agrava, explica, con la desaparición de fideicomisos como el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

Viendo hacia delante, habrá que preguntarse ¿qué harán los alcaldes en casos de algún desastre en su municipio?

¿Se cruzarán de brazos y echarán la culpa a la Federación?

Si la temporada viene con muchas lluvias, quien gobierne Acapulco deberá ir pensando qué hará cuando se desborde el río de La Sabana e inunde la decena de colonias y comunidades ubicadas cerca de sus orillas, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Peor estará la situación porque el río se encuentra azolvado de lodo, tierra, arena, piedras y vegetación, que se han venido acumulando en las últimas temporadas por el abandono oficial.

Le toca a la Federación, dirán. Pues, entonces, cuando lleguen las inundaciones –ojalá que no–, que expliquen eso a los damnificados.

Muy bien se van a ver y mejor van a quedar.

No sería de extrañarse que en vez de prevenir una tragedia, las autoridades todas esperen que la misma ocurra para intervenir y entonces sí conseguir recursos para zarapes y colchonetas, para así erguirse como los salvadores de los damnificados.

Y es que prevenir no arroja dividendos políticos.

Si para los médicos lo mejor es prevenir que curar, para políticos y gobernantes mejor es curar que prevenir.

Les va mejor. n

Quienes, creyéndose puros e inmaculados, están metidos en el juego de poder y, sin autoanalizarse primero, levantan la mano y dirigen su índice de fuego hacia el adversario, deberían, por elemental cordura y prudencia, ser un poco reflexivos y tomar en cuenta el alto riesgo que, en su caso, representa el escupir al cielo.

Si la experiencia y el conocimiento fueran cruciales para hacer un buen gobierno, como aducen algunos, Guerrero no se encontraría entre los estados más pobres del país, más rezagados, más subdesarrollados.

Experiencia y conocimiento han sido determinantes, sí, para que las camadas de funcionarios, gobernantes y políticos tejan efectivas redes de complicidad que les permitan salir cada sexenio bien librados de sus turbios manejos en los diferentes ámbitos.

¿Qué otra explicación habría, si no, en el caso de aquel político costachiquense que, autoerigiéndose en actual mentor de la gobernanza, no logró concluir su sexenio y que, si bien pudo no haber tenido participación directa en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, sí estaba enterado de cuanto estaba ocurriendo la noche de los acontecimientos y todos los demás días?

¿Dónde entra aquí la experiencia que el ex gobernador privilegia como una virtud que debe tener quien gobierne la entidad? ¿De qué le sirvió? ¿Cómo fue que no le ahorró la vergüenza de haber salido disparado de la gubernatura?

¿Es esa la manera de ejercer la gobernanza?

¿Dónde tiene cabida el arte del buen gobierno, la experiencia y el conocimiento en el caso de aquel gobernador que en 1999 comenzó a contratar profesores sin contar con el debido respaldo presupuestal?

¿Dónde el de aquellos gobernadores que, después de ese, siguieron contratando más docentes y administrativos hasta sumar miles y convertir el problema en una bomba que ha provocado la paralización del magisterio porque no se le ha alcanzado a pagar sus salarios?

¿Qué tanta es la experiencia y el conocimiento y qué tan vasto debe ser el arte de gobernar que debe tenerse para crear un conflicto de esa naturaleza, que, por cierto, le será heredado al próximo gobernador?

¿Qué tan bien debe gobernarse para convertir la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Guerrero en las que más malos manejos financieros han tenido en los últimos sexenios?

¿Cómo es que al 4 de noviembre de 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estaba exigiendo la aclaración o recuperación de 19 mil 899 millones 800 mil pesos desviados entre 2002 y 2018?

¿Se necesita mucha experiencia para dejar tan malas cuentas y resultar sin castigo? ¿Es eso gobernanza? ¿Es la herencia de los genios que han gobernado Guerrero en los últimos sexenios?

¿Es el mismo tipo de políticos que requiere la entidad?

El gran mentor dice que sí. n

El terreno de las campañas políticas no resulta tan árido como para que no florezca algún planteamiento acorde con el actual estado turístico de Acapulco.

Luisa Fernanda Fontova Torreblanca, candidata a presidenta municipal de Acapulco por el Partido Acción Nacional (PAN), al reunirse ayer con integrantes del Colectivo Estatal de Turismo, llevó a la mesa al menos dos de ellos, que no deberían pasarse por alto porque está de por medio el resurgimiento o el hundimiento total del puerto.

Habló la candidata de que el puerto tiene una infraestructura de alojamiento caduca e hizo hincapié en la necesidad de “echarle la mano a los hoteleros”.

El punto nada tiene de novedoso.

Lo hizo ya Rodolfo Elizondo Torres, quien en su condición de secretario de Turismo en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) declaró que Acapulco estaba acabado como destino turístico.

Habló en un acto público en esta ciudad, y provocó el escándalo y la indignación de autoridades y prestadores de servicios turísticos, quienes lo llegaron a declarar persona no grata.

Elizondo Torres refirió precisamente que los hoteles estaban muy viejos y que sólo si se reconstruían o reparaban podría haber un repunte del puerto.

No hubo ni ha habido inversión hasta estos días.

El Acapulco Tradicional está solo y abandonado.

La zona Dorada oscila entre la oscuridad y la claridad.

Las nuevas inversiones se canalizan hacia el Acapulco Diamante, donde, allá sí, hay sitios de hospedaje, centros de convenciones y zonas comerciales nuevos e infraestructura bien cuidada.

Luego vino el auge de Cancún y la apertura de destinos turísticos en Centroamérica, que inclinaron aun más al puerto hacia el declive.

En los últimos años, a partir de 2006, la violencia lo ha apaleado, y desde el año pasado la pandemia del Covid lo zarandea.

Por otra parte, subrayó Fontova Torreblanca que si no bajan los indicadores delictivos y el números de contagios de Covid-19, la suerte de Acapulco no cambiará.

Por fortuna, el combate al Covid muestra alentadores resultados, pero ¿qué hay con la violencia y el relanzamiento turístico?

Después de funcionar como centro turístico finsemanero y depender de la afluencia de los nacionales –que si bien antes eran discriminados por los turisteros ahora se lo revierten con un “por nosotros tragan”– , ¿cuál será el futuro de Acapulco? n

Es de lo más usual, y está visto que cada vez lo es más, que en épocas electorales los partidos contendientes anuncien por todo lo alto las adhesiones de militantes relevantes o de grupos más o menos amplios de integrantes de otras formaciones políticas.

Es usual y es también hasta cierto punto normal, porque las épocas electorales son temporadas de definiciones. Antes lo eran por razones netamente ideológico-políticas; ahora lo son más por motivaciones directamente relacionadas con la repartición de las posiciones de poder.

Hoy, militantes que no resultan candidatos a cargos de elección popular pueden sentirse blanco de discriminación, o pueden no sentirse debidamente recompensados por sus servicios partidistas. Y pueden acabar decidiendo abandonar su partido y, si también les es posible, llevarse con ellos al mayor número de correligionarios.

Esto pasa en todos los partidos y, al menos en apariencia, cada vez con más frecuencia.

Por eso esta migración causa menos extrañeza en cada proceso electoral. Pero no debería ser así, sino que dirigentes y militantes deberían obrar en la misma sintonía y decidir en apego a sus fundamentos ideológicos y políticos. Los dirigentes deberían proponer lo que consideran más conveniente no sólo para el partido, sino también –sobre todo– para la nación, y los militantes afectados deberían procurar ser más disciplinados y acatar con más humildad las decisiones de la superioridad que se enmarquen en esos criterios.

En otras palabras, el fenómeno muestra una especie de descomposición de la militancia partidista, una especie de degradación de la mística que, se supone, implica participar en un partido político, un descenso en la altura de miras de quien decide militar en una organización.

Esta descomposición ha trascendido a los partidos y ha llegado a las cámaras de diputados y senadores, donde la filiación partidista ya se había vuelto moneda de cambio, y los grupos parlamentarios ya estaban comprando –sí, comprando– representantes populares de otras formaciones políticas para formar mayorías artificiales o para acceder a presupuestos inalcanzables por otras vías.

Al respecto, ya el INE adoptó criterios para evitar este modo de lograr mayorías artificiales. Es un paso que hay que analizar y, de ser conveniente, afinar.

Sin embargo, es claro que esta circunstancia es uno de los nuevos escenarios de la democracia participativa. Y más vale que nos vayamos acostumbrando. n

La historia demuestra que cuando fuerzas oscuras –por darles una denominación– han determinado eliminar a algún político o gobernante no hay poder humano que lo impida, así lo resguarden todas las fuerzas de seguridad.

Así lo prueba el caso de Estados Unidos, por citar sólo un país, uno de los más poderosos del mundo, cuatro de cuyos presidentes han sido asesinados.

John F. Kennedy fue baleado el 22 de noviembre de 1963 a las 14:30 horas cuando circulaba en el coche presidencial por la plaza Dealey.

Antes, el 14 de abril de 1865, alrededor de las 22:25 horas, Abraham Lincoln recibió un tiro en la cabeza cuando asistía al teatro Ford en Washington DC.

¿Les faltó vigilancia?

El tema viene a colación por las declaraciones del secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, David Portillo Menchaca, en el sentido de que al menos 27 candidatos a cargos de elección popular de diversas regiones del estado han solicitado y obtenido el resguardo de 116 policías.

Ayer, la Mesa de Coordinación para la Paz, responsable de definir estrategias para tratar la seguridad, abordó el tema.

¿Resuelto el problema?

Un recuento elaborado por Héctor Briseño, reportero de La Jornada Guerrero, publicado este 26 de abril, aporta con nombres, apellidos, ubicación y cargos, una relación de 18 políticos, funcionarios y candidatos asesinados entre abril de 2020 y abril de 2021.

¿Qué hizo la Mesa de Coordinación para protegerlos?

¿Hará lo mismo con los candidatos que acaban de demandar resguardo policiaco?

Los aspirantes a puestos de elección popular saben a ciencia cierta el peligro que corren, pero es de entenderse que sus deseos de disfrutar o seguir disfrutando –según el caso– las mieles del poder son más fuertes que su miedo.

Y saben que si alguien, desde la oscuridad o la claridad, se ha propuesto dejarlos a medio camino, su destino ha sido trazado ya.

Por eso mismo, siete candidatos –cinco mujeres y dos varones– han renunciado ya a sus aspiraciones. Eso, por lo que corresponde sólo al distrito electoral 10, con sede en Tecpan.

Luego entonces, la vida de los candidatos es un volado cuya moneda está en el aire. n

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