¿Hizo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores al no impedir el ataque de normalistas al Congreso del estado perpetrado como parte de la jornada nacional por los seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

Mantenerse al margen el gobierno podría interpretarse como una invitación a cualquier grupo inconforme a actuar de igual modo que los estudiantes, con la certeza de que los abrigará la impunidad, que ya de por sí lo hacen.

Frenar a los agresores mediante el uso de la fuerza pública, por otra parte, habría generado una confrontación con saldo –fácil, fácil– de muertos y heridos, y habría creado un conflicto mayor con repercusiones indeseables. Eso sí.

En consecuencia, lo mismo en la agresión al Congreso que la embestida violenta contra el Poder Judicial, el gobierno optó por asumir el costo de los daños, y evitar así un problema de inexpugnables dimensiones.

¿Pero, entonces, dónde queda la ley?

¿Dónde el derecho constitucional?

¿Se encuadra esta decisión en el estado de derecho?

Dejemos la respuesta a los estudiosos del derecho, pero sí habrá que entender que ambos ataques constituyen facturas que no corresponde pagar al estado de Guerrero.

¿Cómo está eso?

Es verdad que en el Congreso local se han resistido a llamar a comparecencia a representantes del Poder Judicial para que expliquen qué pasó con los videos que supuestamente fueron entregados al Tribunal Superior de Justicia y que contenían grabaciones de la noche en que se ejecutó la detención y la desaparición de los 43.

También es verdad que el Poder Judicial ha sido reacio a definir de manera convincente qué pasó con esas grabaciones, motivos, en ambos casos, tras los que se pertrechan los normalistas para ejecutar sus protestas en la entidad.

Los reclamos parecen peccata minuta comparados con lo que no ha hecho el gobierno federal, en cuyas manos está la solución al problema de fondo.

Ha sido la Federación –y no las autoridades de Guerrero– la que, en un sexenio y otro, ha venido posponiendo el esclarecimiento de los acontecimientos y la aplicación de la ley a los responsables.

Seis años cumplirá mañana la desaparición de los muchachos, tiempo en que se ha simulado que se investiga el caso, sin que se resuelva.

Pero corresponde al gobierno federal hacer justicia o asumir las consecuencias; cobrar la factura a Guerrero es improcedente e injusto.

Obvio: los normalistas lo que buscan es provocar ruido, causar desorden, pero si ya se hubiera resuelto la desaparición –o mejor aún, si se hubiera impedido– no tendrían los inconformes bandera que enarbolar. n

“Hay que insistir en todos los medios a nuestro alcance”, expresa


Chilpancingo, 23 de septiembre. El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con la participación de los alcaldes de Tixtla, Chilpancingo y Chilapa, quienes reconocieron el esfuerzo y solidaridad del ejecutivo estatal durante estos seis meses de pandemia, y acordaron el reforzamiento de acciones y medidas sanitarias para evitar los contagios por Covid-19.

“Sigamos estando rígidos en la aplicación de acciones. Hay que insistir en todos los medios a nuestro alcance en Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, para que la gente siga escuchando de la necesidad de cuidarnos y que estamos nuevamente en semáforo naranja, el perifoneo hay que activarlo en los municipios con brigadas que vayan a mercados y que los lugares cerrados sigan cerrados, no hay que dejar de decir lo delicado de una festividad patronal”, puntualizó Astudillo Flores.

El gobernador pidió a la alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, y a los alcaldes de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y de Chilapa, Jesús Parra García, tomar medidas sanitarias más rigurosas a efecto de lograr contener y disminuir los contagios de Covid19, con el uso de cubrebocas y sana distancia, principalmente.

23 de septiembre

Sep 27, 2020

Ex combatientes y supervivientes de la guerra sucia emprendida por el gobierno contra la guerrilla y los luchadores sociales en los años 70 del siglo pasado conmemoraron ayer los 55 años del asalto al cuartel de Madera, Chihuahua –llevado a cabo por un puñado de jóvenes mexicanos que soñaban con un futuro de equidad social y justicia en todos los órdenes–, que acabó en la muerte trágica de sus protagonistas, muchachos cuya preparación en las artes militares distaba mucho de la que habrían necesitado para levantarse victoriosos ante un batallón del Ejército.

La fecha, 23 de septiembre, fue después retomada por una coalición de organizaciones de izquierda radicalizadas a causa de la cerrazón autoritaria del régimen que terminó en el año 2000, conocido como PRI-gobierno, que decidieron denominarse Liga Comunista 23 de Septiembre y que eligieron el camino de las armas para enfrentar al Estado en aquel entonces.

El memorial llevado a cabo ayer en Acapulco, en un restaurante de los pocos que están abiertos a pesar de la pandemia, recordó a sus participantes y a muchos observadores que el gobierno de la 4T tiene una asignatura que anteriores dejaron pendientes, sobre todo los dos que encabezó el Partido Acción Nacional –porque el PRI era gobierno cuando fueron cometidos aquellos crímenes–: aclarar qué fue de los casi 500 desaparecidos de Guerrero en esos años aciagos.

Como ha sido documentado hasta la saciedad, muchos ciudadanos desaparecieron entonces tras ser detenidos por el Ejército o secuestrados por cuerpos policiacos, parapoliciacos o paramilitares que operaban con la complacencia del gobierno, y nunca más se volvió a saber de ellos.

Muchos de los ciudadanos afectados por la desaparición de sus familiares esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logre lo que otros no quisieron o no pudieron.

Hay que reconocer, sin embargo, que también el gobierno de la 4T la tiene difícil, pues ha depositado mucha de su confianza en las fuerzas armadas hasta el extremo de depender de ellas en aspectos vitales para el país. Tal vez no se atreva a pedirles cuentas al respecto. n

El gobierno ha endurecido las medidas contra establecimientos cerrados.

Hace bien; el avance de la pandemia lo reclama.

Intensifica los trabajos en los 65 filtros sanitarios ubicados en playas, mercados y lugares de alta concentración.

Perfecto; el crecimiento de casos así lo exige.

Reparte cubrebocas, hará trabajos de sanitización y labor de concientización.

Excelente; el horno no está para bollos.

Pero…

Entre cierto porcentaje de la población se percibe que mientras con unos es muy exigente, con otros actúa muy condescendiente.

Desde comienzos de la contingencia, la administración estatal ubicó al transporte como uno de los dos focos principales de contagio; no obstante, no se le ha sometido al orden, al menos en lo que se refiere a Acapulco, la ciudad más importante de la entidad, la de más población y la de mayor cifra de contagios y defunciones.

En julio, el ayuntamiento acapulqueño anunció una serie de medidas que supuestamente impondría al transporte público, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo.

Aseguró que en autobuses y transporte liviano, los operadores usarían cubreboca, aplicarían gel antibacterial a los pasajeros al abordar la unidad, les tomarían la temperatura y, en el caso de los taxis, viajarían en cada uno tres pasajeros, uno delante junto al conductor y dos atrás.

La mayoría de los taxistas usa cubrebocas, hay que decirlo, pero ninguna de las otras medidas se cumple. ¿Por qué?

El Hoy No Circula nunca se hizo respetar.

Permisionarios y choferes alegaban que era ilegal y que, por tanto, no procedía.

Hasta donde se sabe, las pocas infracciones levantadas fueron canceladas.

Hoy en día, ni el fantasma del programa se asoma por el sector.

¡Vaya!, ni se menciona ya. ¿Qué pasó en realidad?

En el caso del Sistema de Transporte Acabús, operado por el gobierno estatal, las medidas se cumplen a medias.

Todos los operadores, es verdad, cargan su respectivo cubreboca; en las terminales, un empleado toma la temperatura en el brazo (¿no debería ser en la frente?) y deja a criterio del usuario si se aplica o no el gel.

En estaciones intermedias, ni toman temperatura, ni hay gel.

Los túneles sanitizadores se colocaron en el centro de la ciudad. En la terminal de Playa Seca ni los conocen.

Vigilan, eso sí, que el usuario de todo tipo de unidades lleve cubrebocas.

De la sana distancia, ni qué decir.

Imposible aplicarla, de acuerdo; pero cuando menos podrían reducir la frecuencia de paso de las unidades para que viajaran menos saturadas, sobre todo en horas de mayor afluencia. Pero no lo hacen.

Así el asunto, pareciera, pues, que las medidas antivirus se aplican de manera selectiva. n

Se requiere la participación conjunta de pobladores y autoridades


Luego de convocar de nueva cuenta a la sociedad guerrerense a cerrar filas para combatir el Covid-19, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, señaló que no se puede mirar con indiferencia este tema, ni tampoco se trata de haya una acción unilateral, sino que se requiere de la participación de todas las autoridades, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto.

“El gobernador no quiere trasladar la responsabilidad a la sociedad, el gobernador y el gobierno federal y todas las instituciones del gobierno, en todas las instancias, las municipales también, necesitamos la colaboración de la sociedad, no que la sociedad se responsabilice de todo. Su colaboración es muy importante”, dijo.

Durante la actualización de los datos del Covid-19 en la entidad, el mandatario estatal hizo un enérgico llamado a quienes aún no toman las previsiones necesarias, pero sobre todo, que no comprenden cuál es la situación que se está viviendo a consecuencia de la presencia de esta pandemia.

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