Tiempo de cambios

Sep 21, 2018

Ya en el proceso de entrega-recepción, hay presidentes municipales entrantes que creen que todavía están en campaña y no dejan de enarbolar la bandera de castigo contra los alcaldes salientes en caso de descubrir irregularidades.

En realidad, no hay razón para tanto brinco, pues los que realmente tienen que exigir cuentas a los ediles salientes y proceder en su contra si no justifican el gasto de los recursos públicos son los organismos fiscalizadores.

Para empezar, los cuerpos edilicios son los primeros que deberían tener fiscalizados a los alcaldes; mas sucede por regla general que, para bien o para mal, caminan de común acuerdo, y aunque la hacienda municipal haya quedado en bancarrota, como ha sucedido casi siempre, los regidores se convierten en cómplices del edil.

Por otra parte, es función de la Auditoría Superior del Estado (ASE), dependiente del Congreso local, fiscalizar las partidas presupuestales de los municipios, para lo cual estos están obligados a entregar informes y cuentas públicas periódicamente; la ASE revisa y hace observaciones a los ayuntamientos, que están obligados a “solventarlas”.

De no hacerlo, la ASE procede jurídicamente.

Doble rasero

Sep 21, 2018

Allá por julio, cuando la basura había rebasado la capacidad de respuesta del ayuntamiento de Chilpancingo encabezado por Marco Antonio Leyva Mena, el gobierno del estado le entró al rescate destinando camiones para la recolección de los desechos.

El problema, atribuido a la poca habilidad política del primer edil para solucionarlo, no desapareció efectivamente, pero lo resaltable aquí es que la administración estatal encabezada por Héctor Astudillo Flores le entró al quite.

Insistentes versiones corrieron en los mentideros políticos de que alcalde y gobernador estaban distanciados; Leyva Mena se encargó de fortalecer los comentarios emitiendo declaraciones públicas en las que quedaba de manifiesto, efectivamente, el distanciamiento de ambos gobernantes.

El pasado 30 de agosto, el titular de la Secretaría de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, decretó emergencia sanitaria en Acapulco, por “la acumulación impresionante” de basura en diversos puntos del puerto y multó al ayuntamiento con más de 300 mil pesos por no haber ejecutado acciones de recolección de los desechos sólidos.

Encrucijada

Sep 21, 2018

Hasta las 10 de la noche de este sábado –dos horas antes del fin oficial del día–, el gobierno de Estados Unidos no había confirmado la lapidaria amenaza que un día antes lanzó su presidente, Donald Trump, que anunciaba el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La intención del magnate, vociferada por él mismo durante meses a todo lo alto, es poner fin al tratado trilateral para dar paso a dos –o a uno– tratados bilaterales, uno entre México y Estados Unidos y otro entre este país y Canadá.

No se necesita mucho cálculo para tener certeza de lo que busca el magnate que hoy ocupa la Oficina Oval de la Casa Blanca, quien considera casi enemigos a los dos socios comerciales de su país: dividirlos para estar en condiciones de vencerlos en negociaciones y tratos que él, en su condicionada mente neoliberal, concibe como una guerra. Vencer a toda costa y vencer a como dé lugar es su divisa.

Ya lo logró con México, aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto y el comisionado del próximo gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, lo callen, si bien sólo al primero cabe la responsabilidad porque es el gobierno en funciones. El equipo negociador mexicano dobló las manos y aceptó dos condiciones humillantes para la planta productiva de nuestro país con tal de lograr la tan ansiada firma del documento: que ya no sean páneles del propio TLC, trinacionales, sino tribunales de Estados Unidos, los que se encarguen de dirimir las diferencias que vayan surgiendo en el intercambio comercial entre ambas naciones, y que a los obreros especializados del sector automotriz se les paguen 16 dólares por hora.

Letra muerta

Sep 21, 2018

Si bien es comprensible y justificada la preocupación de la asociación defensora de animales Patitas Felices por la vida de los caballos empleados para tirar de las carrozas para paseos turísticos –que en Acapulco son llamadas calandrias–, es de hacer notar que este problema es apenas una fracción menor del reto que las autoridades están obligadas a superar en este tema.

La Ley de Bienestar Animal del estado es letra muerta, y lo seguirá siendo hasta en tanto las autoridades no cobren consciencia y desarrollen verdadera vocación por proteger a nuestros compañeros de viaje en este planeta.

En efecto, una de las consecuencias esperadas de esta ley –promulgada en julio de 2014– era que los caballos de tiro de las calandrias saldrían de circulación y pasarían a mejor vida, sin eufemismos.

Y la ley ordena la creación de Centros de Control Animal administrados unos por los ayuntamientos y otros por la Secretaría de Salud del estado, a los que podrían ser remitidos los jamelgos retirados del servicio de tracción de los mencionados vehículos de paseos turísticos. Pero, a cuatro años, tales establecimientos no existen.

Así, quien tendría que hacerse cargo de la manutención de los caballos sería su propietario, para quien resultaría oneroso alimentar y dar atención veterinaria a sus animales a cambio de nada, porque éstos ya no saldrían a la Costera a proporcionarle los ingresos que necesitaría para ello. De este modo, podrían correr la misma suerte que los animales de los circos, que murieron de hambre cuando dejaron de producir ingresos.

Es seguro que seguirá habiendo no sólo caballos en la Costera, sino, un poco más hacia el interior de la ciudad, perros, gatos, cerdos, gallinas y una gama más o menos extensa de animales abandonados, enfermos y desnutridos, sin que la autoridad les preste debida atención, a pesar de sus esfuerzos.

Pero, ¿qué se puede esperar de unas autoridades urgidas por conseguir dinero para pagar salarios retrasados y aguinaldos de sus trabajadores? n

Lo ocurrido el jueves pasado transmite el mensaje a los diputados locales morenistas de que, en adelante, deberán ser más cuidadosos en su actuación; el hecho de tener el control del Congreso estatal les da poder, pero también el hecho reviste una gran responsabilidad.

Apenas comenzado el periodo ordinario de sesiones, sufrieron un resbalón que, si actuaran con prudencia, bien pudieron evitar.

Fallaron en su intento de resolver como un asunto urgente y de obvia resolución la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para que respondiera por la supuesta compra de una residencia en Acapulco con costo, dicen, de 10 millones de pesos.

El caso fue regresado a la Junta de Coordinación Política, pues la mayoría absoluta no les dio para cumplir su objetivo, puesto que se requería mayoría calificada: los diputados de los demás partidos coincidieron en echarles abajo su propósito al considerar improcedente la medida.

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