Postura cetegista

Jul 29, 2021

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) en Atoyac define como postura ante la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda llevar a cabo en todas las regiones de la entidad foros de consulta con el magisterio guerrerense para la designación del próximo titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

La Ceteg se propone que de esos foros surja la propuesta para designar al próximo titular de la SEG.

Queda claro, pues, que la Ceteg tiene la idea de que sea un funcionario emanado de sus filas, por lo que, es obvio, ese servidor público deberá alinearse con los cetegistas porque a ellos les deberá la chamba.

Sería tanto como atar las manos a la gobernadora.

En el supuesto de que fuera así, ¿quien se responsabilizaría de los problemas que surgieran en la educación?

¿Quién sería el responsable?

La gobernadora, desde luego, porque será la autoridad en el estado.

En consecuencia, será facultad de la jefa del Poder Ejecutivo estatal designar a sus colaboradores, y del Congreso, cuando sea el caso, autorizarlos

No está mal que le hagan llegar propuestas, pero finalmente será ella quien apruebe, porque será ella quien responda por el trabajo de sus colaboradores y por la conducción del estado.

La Ceteg dice rechazar una imposición en el cargo.

¿Cómo hablar de imposición cuando la que designa es la autoridad indicada y facultada para ello?

Lo más sano y conveniente es que, si se busca una relación armoniosa y de cooperación con el próximo gobierno, así como de respeto mutuo, como debe ser, los cetegistas se tranquilicen.

No se trata de asegurar desde ahora cotos de poder, sino de procurar que cada quien haga su trabajo y cumpla su responsabilidad, en un marco de entendimiento, sin soslayar que, sin pasar por alto los derechos de los trabajadores del gremio, primero debe estar la educación, tan vapuleada en la entidad y vista y tratada como botín.

No se trata de aplicar el “yo gano, tú pierdes”; ni el “yo pierdo, tú ganas”, sino de practicar el ganar-ganar.

Estuvo bien ya de que siempre pierda la educación y todos los demás salgan ganando.

Es ahí donde los cetegistas deberían poner atención.

No se trata de que magisterio y gobierno siempre estén en el jaloneo teniendo en medio a la educación como si fuera el jamón del sandwich.

Es de desearse y esperarse que, cuando se habla de Cuarta Transformación, se refieran a que van a ganar los trabajadores, el gobierno y la educación, cada quien haciendo su parte. n

A propósito de la crítica presidencial dirigida a quienes, dijo, “confunden a policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) con autodefensas o sicarios”, refiriéndose a una fotografía publicada sobre su visita el 11 de junio a Marquelia, sobre la que se decía “El presidente pasa frente a sicario armado como si nada”, y “En riesgo, el presidente López Obrador pasa frente a un hombre armado como si nada”.

Vale comentar: la única policía comunitaria reconocida por el gobierno del estado y el Congreso local, porque se apega a la ley, es la Crac, efectivamente, pero esta organización, de acuerdo con afirmaciones de comunicadores de la región de cabal seriedad, no tiene presencia en Marquelia, y sostienen ambos que el policía que figura en la fotografía de referencia es integrante de la Upoeg, que se dice policía comunitaria, de la que el mismo gobierno estatal ha advertido infinidad de veces, que está fuera de la ley.

El 11 de junio, día de la gira presidencial por Marquelia, el diario nacional Milenio publicó: “Fue en Marquelia, Guerrero, donde un grupo de jóvenes armados, con uniforme verde olivo, esposas y carrilleras, pertenecientes a la Policía Comunitaria Upoeg de Guerrero, suspendieron el ‘boteo’ sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional para dejar pasar al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Valga precisar que la Upoeg aglutina en su seno a decenas de las llamadas policías comunitarias tampoco reconocidas legalmente, obviamente, y se enfrenta con otras “policías comunitarias” en disputa de territorios, dejando desaparecidos, heridos y muertos, además de cercar comunidades y tomarlas por asalto.

¿Quién se confunde, entonces?

Queda claro que la información que han entregado al Presidente respecto al tema no ha tenido el origen correcto.

Sicario o no, quién sabe, pero sí es un policía ilegal.

Pero al margen de cualquier confusión, llama la atención cómo el equipo responsable de la seguridad personal del Presidente lo expone al no tomar las medidas preventivas que lo alejen de todo peligro.

¿Qué hizo el equipo de avanzada?

Si López Obrador cree de buena fe que nadie desea hacerle daño, es un punto; pero que los encargados de protegerlo lo descuiden de esa manera es otro muy distinto, ese sí, criticable.

El mismo Presidente, el mismo gobernador Héctor Astudillo, han acusado una y otra vez que muchas de esas autollamadas policías comunitarias sirven a grupos del crimen organizado. n

La alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, así como el director general de la Capama, Roberto Villalobos Alcalde, aseguran, por una parte, que en la paramunicipal no hay corrupción, en tanto por otra afirman que se combate.

Eso lleva a preguntar: si no hay, ¿cómo es que se combate? ¿Cómo atacar un mal que no existe? ¿No querrán decir que se toman medidas preventivas para evitarla?

¿Será, acaso, cuestión de semántica?

Es decir, ¿los señores se enredaron en el manejo del lenguaje?

Si así fuera, entonces ¿por qué la presidenta municipal electa, morenista como la que está en funciones, Abelina López Rodríguez, anunció que pondrá candados a la corrupción en la Capama?

¿Alguien estará insinuando que la próxima alcaldesa no sabe de lo que está hablando? ¿Querrán decir que está mal informada? ¿Sugieren que ve moros con tranchete?

Algo más: la primera autoridad porteña y a la vez presidenta del consejo de administración de Capama apuntó que “ha habido corrupción de otras administraciones; en esta administración se ha sido muy cuidadoso; sin embargo, para eso está la Contraloría”.

No especificó si se refería a la municipal o a la de la paramunicipal, pero sea una o las dos, ¿cómo es que no detectaron el fraude perpetrado por directivos de la Capama en 2016 por 194 millones 577 mil 346.98 pesos, según pliego resolutivo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) hecho público el 21 de febrero de 2018?

Es verdad: el desvío fue cometido por funcionarios de la administración municipal que encabezó Evodio Velázquez, pero ¿querrá decir eso que entonces las contralorías referidas no hacían su chamba y ahora sí?

Otro punto: Villalobos Alcalde aseguró que el problema de la falta de recursos en la Capama se debe a que una buena parte de la población no paga el servicio de agua potable.

Pero le faltó decir que, a pesar de tan quebrantada situación, nada hicieron por recuperar lo defraudado que se menciona líneas arriba; no explicó por qué ni Capama ni el ayuntamiento le dieron seguimiento a las denuncias penales contra los involucrados radicadas en el Ministerio Público.

Tampoco revela por qué estando Capama en bancarrota financiera, técnica y administrativa, no le cobra el agua a los actores políticos de primer nivel de varios partidos que tienen adeudos de hasta 40 meses con el organismo, según declaró siendo director de la Comisión, Leonel Galindo González, el 29 de septiembre de 2019.

Entonces, no es la gente de las colonias la que más adeuda por consumo de agua, como acusó este 28 de junio el actual director, Villalobos Alcalde.

No es todo: la escandalosa quiebra de Capama no fue motivo para que el consejo de administración de la misma dejara de asignar a 21 ex funcionarios y funcionarios del organismo un bono de productividad por más de un millón 115 mil pesos –pagados los primeros días de junio–, lo cual fue autorizado en el presupuesto de 2020.

No es un invento: Capama está quebrada, pero actúa generosa estimulando la supuesta productividad de sus funcionarios, de acuerdo con lo denunciado por el contralor municipal Francisco Torres Valdez.

¡Ah! Pero están gestionando que el gobierno de la República la rescate. n

No constituye novedad alguna que los transportistas de la entidad pretendan que la autoridad del ramo les autorice un aumento en sus tarifas. De hecho, por lo general, ni siquiera necesitan autorización para aumentarlas. Eso lo sabe todo mundo.

Por ejemplo, muchos de los conductores de colectivos que cubren la zona periférica suroeste de Acapulco cobran en 18 pesos la dejada, cuando la tarifa autorizada es de 17 pesos. Y lo hacen en conjunto con otras infracciones o violaciones a disposiciones oficiales, como las relacionadas con las medidas sanitarias de carácter obligatorio relacionadas con la pandemia de Covid-19, como el uso de mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, incluido –sobre todo– el conductor, y la reducción del número de pasajeros.

Sin ánimo de generalizar –porque de seguro hay operarios respetuosos de leyes y reglamentos–, buena parte del gremio viola las disposiciones y las normas con todo desparpajo.

El director de Transporte y Vialidad del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, reveló ayer que integrantes del gremio le han hecho llegar solicitudes de autorización para aumentar sus precios. Y agregó que esa petición no les será concedida por este gobierno, no por otra razón sino porque ya va de salida –cesa en sus funciones el 14 de octubre– y por ello no dispone de tiempo para hacer los estudios socioeconómicos correspondientes.

En otras palabras, el gobierno estaría abierto a estudiar su petición, si tuviera tiempo.

Al respecto, es preciso hacer varias observaciones: siempre que el gobierno ha decidido concederles el aumento –en el supuesto de que los estudios socioeconómicos sean reales– les ha puesto como condición el mejoramiento físico de sus vehículos, para que el servicio al usuario sea más confortable. Pero los transportistas nunca han cumplido.

El capitalismo de cuates –como ha sido caracterizada en los debates nacionales esta relación irregular entre autoridades y empresarios– debe terminar. Los empresarios deben, en buena lid, obtener utilidades de sus inversiones, y deben afrontar las pérdidas cuando estas no corren con suerte.

El gobierno no puede actuar como comparsa para que quienes no estén dispuestos a respetar las leyes y los reglamentos los burlen siempre que quieran. La función de la autoridad es cumplir y hacer cumplir las leyes. Que no se les olvide. n

El pronóstico hecho por el gobernador Héctor Astudillo Flores en 2020 se hace realidad.

En octubre de 2020, el mandatario alertó: 2021 será un año históricamente complicado a consecuencia del coronavirus.

En principio, advirtió que los ingresos estimados para el ejercicio fiscal eran menores a los aprobados en 2020.

Este 23, Tulio Samuel Pérez Calvo, secretario de Finanzas del gobierno estatal, declaró que el gobierno federal ha anunciado una disminución de recursos o ajuste presupuestal a partir de julio por el orden de los 700 millones de pesos, debido a la baja recaudación fiscal del estado y los municipios en el último año.

Esa reducción afectará algunas funciones de gobierno, como viáticos, combustible, telefonía, algunas adquisiciones y demás temas que se requieren para la operación diaria del gobierno del estado en los próximos cuatro meses, explicó.

Aparte, el mandatario había sentenciado que “en 2021 comenzaremos a sufrir las consecuencias económicas de que se hayan cerrado, en el periodo marzo-junio, más de 375 hoteles, 587 restaurantes y 669 establecimientos turísticos, como discotecas, bares, agencias de viajes, artesanías, joyerías, centros recreativos; de que se hayan suspendidos 66 congresos y convenciones, 17 vuelos nacionales y 19 vuelos internacionales, ocho cruceros al puerto de Acapulco; el que se haya dejado de recibir 2.6 millones de turistas; se hayan perdido 15 mil empleos formales y cerca de 40 mil empleos informales.

Para entonces, el gobierno estatal se había dado cuenta ya de los devastadores efectos que había tenido la paralización de la actividad económica.

En consecuencia, en la segunda vuelta del Covid-19 decidió no volver a cerrar las playas; flexibilizó, asimismo, los aforos a establecimientos y los horarios de actividades.

La administración estatal ha sido insistente hoy en día en que, si bien se ha mantenido el semáforo epidemiológico verde, no debe descuidarse la aplicación de las medidas sanitarias, más aun que en los últimos días se ha generado un aumento en los contagios.

A este respecto, el prestigiado periodista Enrique Quintana alerta en su columna de El Financiero publicada este lunes, que la tercera ola de contagios toca a la puerta.

Documenta su advertencia mencionando, entre otros elementos, el hecho de que la Ciudad de México regresó del semáforo verde al amarillo.

Cita que hay varias entidades de la República que destacan en el incremento de contagios, como Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y Sinaloa. Por ejemplo –hace hincapié– en Baja California Sur, el número de casos activos confirmados en las pasadas dos semanas se incrementó en más de cuatro veces; en Quintana Roo, en más de 5 veces; en Yucatán y Sinaloa, en más de tres veces.

Por su parte, Astudillo Flores reconoció este lunes el alza de contagios en otras entidades; dijo que no es drástica, pero llamó a extremar precauciones.

Luego entonces, la pesadilla, lejos de terminar, amenaza con recrudecerse.... n

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