Con ser la expresión más extrema de la inseguridad pública –porque es irreversible en sus efectos y porque atenta contra el derecho humano básico, que es el derecho a la vida–, el homicidio no es el único delito que tiene en aprietos a los ciudadanos de bien, a la sociedad en su conjunto y a la economía del estado.

De este modo, resultan alentadoras las informaciones que, cada vez con más frecuencia, difunden los encargados de la seguridad pública y de la gobernanza en la entidad, de manera particular el gobernador Héctor Astudillo, pero también –como este miércoles– el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, que se refieren a la incidencia delictiva y a los homicidios dolosos.

Esto viene a cuento porque, también este miércoles, productores de ganado de la Costa Grande agrupados en la organización Ganaderos Unidos de Zihuatanejo denuncian la difícil situación que viven muchos de ellos en las partes altas de ese municipio, así como de Petatlán, La Unión, Coahuayutla, Zirándaro y Coyuca de Catalán, a causa de actividades ilegales que ejercen con relativa libertad los criminales en esas zonas apartadas de los grandes centros de población del estado.

No es lo mismo ver las estadísticas, y hasta regocijarse por lo que éstas indican, que vivir en el centro del problema; que los reportes oficiales indiquen disminución en la incidencia delictiva no reporta alivio a quienes tienen que convivir con los delincuentes.

Ya dijo el gobernador que las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno actúan no a petición de parte, sino a partir de diagnóstico. Y eso está bien porque significa que el combate a la criminalidad se lleva a cabo con método y sin la distracción que podría implicar el atender la percepción, no siempre objetiva, y en algunos casos maliciosa, del público.

Pero si esa es la ruta, eso significará que sectores productivos como el ganadero tendrán que esperar a que el diagnóstico del gobierno indique que ha llegado el momento de hacerse cargo de la delincuencia que los agobia.

Así, el futuro inmediato no parece muy halagüeño para los afectados. n

Mochila segura

Ene 25, 2020

A consecuencia del inexplicable ataque a tiros perpetrado por un alumno de sexto grado de primaria de un colegio particular de Torreón, Coahuila, a partir de hoy se reactiva en Guerrero –como en muchos otros estados del país– la operación Mochila Segura, que consiste en que profesores, padres o policías revisen las mochilas de los alumnos en busca de objetos peligrosos o sustancias ilegales.

Es de hacer notar que en cuanto autoridades anunciaron la reactivación de la operación, se alzaron voces que advierten sobre la previsible inutilidad de la medida –en razón de la facilidad con que un filtro de esas características puede ser burlado–, si de lo que se trata es de prevenir más homicidios en escuelas o en relación con ellas.

No es, en efecto, difícil imaginar que si un alumno está determinado a cometer un ataque armado, lo hará a pesar de la revisión de las mochilas.

Así las cosas, no es muy descabellado pensar que la mencionada operación es, más bien, una reacción de tipo emocional que busca dar a padres y autoridades la idea de que el asunto está bajo control, en aras de tranquilizar su conciencia, pero que no dará resultados en lo que se refiere a mantener a niños y jóvenes alejados de las armas.

La solución de raíz será abatir la cultura de muerte que se ha extendido tanto entre la juventud mexicana, promovida no sólo por quienes se dedican a actividades fuera de la ley, sino también por medios de comunicación que la ensalzan con series televisivas, canciones y otros recursos. Pero también lo será el combate eficaz al tráfico de armas en el país.

Esto último se antoja difícil en grado sumo, porque detrás de la introducción de armas a suelo nacional, sobre todo desde el norte, está la industria armamentista de Estados Unidos, que tiene particular influencia sobre el gobierno federal de ese país debido al apoyo financiero que dio a la campaña de su ahora presidente, Donald Trump.

Mientras, en México, los alumnos, sobre todo las niñas en edad de transición hormonal, tendrán que aguantar el bochorno de que algunos de sus asuntos íntimos queden a la vista de otras personas. n

La acusación del promotor y vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC) Gonzalo Molina González, en el sentido de que algunos coordinadores de casas de justicia de la misma con sede en la Montaña Alta y Costa Chica están coludidos con la delincuencia organizada, debió cimbrar los cimientos de esa organización y grupos simpatizantes.

En medio de la vorágine provocada por el surgimiento en la entidad de numerosos grupos de civiles armados que han dado en llamarse policías comunitarias, el gobierno ha sido muy claro al reconocer a la Crac-PC, como la única corporación policiaca de este tipo, puesto que, ha expresado, es la única cuyos lineamientos se ajustan a la Ley 701 de Reconocimiento de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

A pesar de los intentos divisionistas de algunas administraciones gubernamentales y la pretensión del gobierno estatal actual que, mediante una reforma legal, eliminó los términos policía comunitaria, lo que dio origen a la presentación de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenarla, el prestigio de la Crac-PC ha sido sólido.

Pero ahora resulta que, según el señalamiento de Gonzalo Molina, algunos coordinadores están al servicio del crimen organizado, lo que la obliga a una depuración interna de sus autoridades y da lugar a la intervención de los gobiernos estatal y federal.

Si la autoridad estaba esperando una oportunidad para inmiscuirse en la organización, se le está presentando en bandeja de plata.

Solamente que la Crac-PC proceda a la detención de los acusados y los entregue al gobierno, evitará que haya intromisión, pues de mantenerse quieta la Coordinadora, parecería inevitable el ingreso de la Guardia Nacional por principio de cuentas.

¿Qué motivó a Gonzalo Molina a denunciar públicamente esta situación? ¿Lo hizo antes al interior de la Crac-PC y no le hicieron caso? ¡Quién sabe!

Lo que sí se sabe es que las declaraciones del vocero y promotor son una bomba, cuyas consecuencias habrá que esperar. n

Hace cuatro meses –el 2 de septiembre–, los alcaldes Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y Hugo Vega Hernández, de Ajuchitlán, declararon que cuando menos 15 comunidades ubicadas entre uno y otro municipios estaban despobladas debido a que sus habitantes las habían abandonado presionados por la inseguridad y la violencia.

El alcalde ajuchitleco dio a a conocer entonces que en su municipio había poblaciones deshabitadas desde hacía un año, como el caso de El Coyol, Llano Grande y Mesas del Guayabo, poblaciones donde incluso –admitió– es posible ver animales, antes domésticos, deambular por los cerros.

Ayer estuvo en Tierra Caliente el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Hizo hincapié en que esa es la región con índice delictivo más bajo del estado.

Revisó la construcción de viviendas en Pinzán Morado por el socavón causado por los trabajos en la mina; visitó el hospital regional; en reunión con los alcaldes calentanos se habló de la obra pública para 2020 y se abordó el tema de la violencia, pero, ni de soslayo, se trató el tema de los desplazados.

Los alcaldes guardaron silencio.

El primer edil de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, presente en la reunión de carácter privado celebrada en las instalaciones del 34 batallón de infantería, informó al gobernador, que en estos momentos Zirándaro ha entrado en la ruta de la tranquilidad.

Pero los presidentes de Coyuca y Ajuchitlán desaprovecharon la oportunidad de tratarle el caso de los desplazados.

¿Dónde están? ¿En qué condiciones viven? ¿Se generan ya las condiciones para que regresen a sus comunidades?

No dijeron nada.

Les interesó ofrecer al mandatario una imagen de certidumbre, de tranquilidad. Aquí no ha pasado nada, pareció ser el mensaje, en tanto sus gobernados que huyeron porque sus vidas estaban en peligro parecen haber sido excluidos de sus comunidades.

Las organizaciones sociales que abogan por el respeto a los derechos humanos no llegan hasta allá.

Allá no es la misma situación de Iguala, Acapulco, Chilapa, donde grupos no gubernamentales velan por las víctimas de la violencia. Hacen ruido.

Son piedras en el zapato para el gobierno.

Allá, en Tierra Caliente, nadie ve por los desplazados.

Evidentemente, ya no existen.

Las autoridades municipales no se acuerdan de ellos.

Para los gobiernos estatal y federal no son víctimas.

Seguramente están de vacaciones en algún lugar de Guerrero. n

Es a partir de este año para el proceso electoral 2020-2021


El Instituto Nacional Electoral (INE) producirá las credenciales para votar con las más altas medidas de seguridad para arrancar los preparativos del proceso electoral 2020-2021.

La dependencia comunicó, en su página oficial en redes sociales, que el nuevo modelo de mica contará con códigos QR (barra bidimensional cuadrada que almacena datos codificados) de alta densidad, con información básica del ciudadano -su rostro y huellas dactilares-, así como 24 medidas de seguridad que la hacen segura e infalsificable.

Citó que nunca se había generado un plástico con tantas garantías como la edición que se originará en el Centro de Producción de Credenciales para Votar.

En la información se detalla que hay alta tecnología empleada en la elaboración de las identificaciones de la base multibiométrica más grande de México.

Los elementos de seguridad visibles en el adverso de la tarjeta son: Patrón debilitado, diseños Guilloche, Microtexto, impresión Arcoíris, elemento táctil, fotografía fantasma con datos variables, tinta OVI, diseño en relieve y óptica variable.

Los elementos de seguridad visibles en el reverso son: Microtexto, diseño en relieve, impresión arcoíris, códigos QR y tinta OVI.

La nueva versión de la credencial no sólo garantiza el derecho a la identidad de las y los ciudadanos mayores de 18 años en el país y el extranjero, sino que se planeó para blindar el próximo proceso electoral de gobernadores y legisladores.

La elección de 2021 es la más grande de la historia nacional, se prevé que voten en todo el país 96 millones de ciudadanos, seis millones más que en la elección presidencial de 2018, según el INE.

El Instituto empezará a expedir el documento a menores de edad para construir el Registro Nacional de Menores a partir de este año para hacer cumplir el derecho a la identidad de todos los mexicanos.

El Registro Federal de Electores y sus instrumentos: el Padrón Electoral y la Credencial para Votar con Fotografía, son considerados como la columna vertebral de las elecciones, define la dependencia.

La cédula gratuita con fotografía tiene un valor unitario de 0.60 centavos de dólar con el IVA incluido; es decir, 11.58 pesos, el centro emitirá unas 15 millones de piezas al año, lo que representa una producción total en cinco años de entre 74.7 y 81.7 millones de ellas.

Las empresas Veridos, Informática El Corte Inglés, Giesecke+Devrient y SeguriData obtuvieron el contrato para desde diciembre de 2019 y por un periodo de cinco años, hacerse cargo de la confección de las credenciales mediante un concurso público realizado por el INE.

Llama el INE a jóvenes a tramitar su credencial para votar

El INE llamó a la población que no cuenta con credencial para votar a realizar el trámite lo más pronto posible, así mismo a quienes cumplen 18 años hasta antes del 7 de junio del año actual, sólo presentando 3 documentos: Acta de nacimiento, identificación con foto y un comprobante de domicilio.

En Acapulco la diligencia puede realizarse en las instalaciones ubicadas en el edificio Costera 125 y en las avenidas Cuauhtémoc 853 y Lázaro Cárdenas en La Sabana, así como en Eje Central Vicente Guerrero en Las Cruces, de 08:00 a 20:00 horas del día, de lunes a sábado.

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