Angel Aguirre Rivero conoce bien su fuerza y sus alcances; no en balde fue gobernador dos veces, si bien la segunda no concluyó el periodo para el cual fue elegido. Conoce muy bien al estado, pues, además de encarnar al Poder Ejecutivo local en ambas ocasiones, ha desempeñado otros cargos públicos que le han permitido recorrer la entidad, trabar y cultivar amistades aquí y allá, y cosechar simpatías por todos los rumbos del territorio estatal, sobre todo en la Costa Chica, la región de la que es originario, simpatías que en jornadas electorales se han convertido en votos.

Y sabe cómo hacerlo: con bonachonería, con trato afable y gentil, como el experto hombre de política que es.

Ángel Aguirre es un valioso activo del PRD –como en su momento lo fue Andrés Manuel López Obrador, pero ese tema es de un análisis separado–, por su extraordinario potencial generador de votos. Y ambos, el partido y él, lo saben. Y aunque se necesitan mutuamente, quien necesita más del otro es el PRD, pues el ex mandatario puede, eventualmente, aceptar ofertas de otras fuerzas políticas, incluso de su antiguo partido, el PRI. Es decir que es más fácil para Aguirre Rivero ser candidato de otro partido, que para el sol azteca conseguir otro abanderado como él.

Cuando, en los albores del proceso electoral 2010-2011, Aguirre –que se sentía agraviado por la decisión del PRI, de postular a Manuel Añorve Baños a la gubernatura– decidió acercarse al PRD para ser su candidato, el tricolor supo que perdería la elección.

Muy movidos andan algunos funcionarios estatales para buscar un arreglo entre trabajadores y la minera Media Luna, ubicada en Cocula, argumentando interés por que no se pierdan fuentes de empleo, ni se corra el riesgo de que la empresa cierre y se vaya de la entidad.

Tal actitud contrasta notoriamente con la que han asumido en el caso de la minera localizada en Taxco, propiedad de Grupo México, caso que, no obstante haber cumplido ya 10 años en huelga, han abandonado a su suerte a pesar de la indiferencia de la patronal y la amenaza de cerrar la mina, acción que dejaría en la calle a cientos de trabajadores.

Para nadie pasó inadvertida la indiferencia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa para con el conflicto laboral taxqueño, en lo que lo ha secundado su sucesor, el actual presidente, Enrique Peña Nieto, lo mismo que las administraciones estatales, incluida la actual, que si bien se desvive en el asunto de Media Luna, ni regresa a ver a la minera de Grupo México.

Partiendo de ahí, el dirigente de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Mineros, Roberto Hernández Mojica, reclama que “si al gobierno estatal le interesa demasiado que la minera Media Luna no se vaya de Guerrero, por la generación de empleos, entonces que también intervenga para resolver una huelga que lleva 10 años”.

Los cuatro adultos mayores que recibieron hoy una respuesta negativa a su solicitud de visa, tendrán una nueva oportunidad de acuerdo con lo indicado en su entrevista consular


Ciudad de México.- De los 26 adultos mayores que se registraron en el Programa “Uniendo Corazones” para viajar al reencuentro con sus hijos y nietos en Texas, 22 obtuvieron la visa de ingreso a Estados Unidos.

Durante dos días los 26 paisanos realizaron sus trámites en la CDMX acompañados por el titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (#SEMAI) Fabián Morales Marchán y el subsecretario para Migrantes Internacionales, doctor Juan Roberto Romero Valladares.

Los paisanos que obtuvieron la visa viajarán en breve a la Unión Americana donde sus hijos y la Organización de Oriundos Asociación de Guerrerenses en Texas, que preside Jaime Damián Jaimes, organizarán el evento de bienvenida.

El Programa “Uniendo Corazones” es una iniciativa de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, como resultado de una promesa hecha en su visita el año pasado a la comunidad guerrerense radicada en Chicago, Illinois, que se lleva a cabo a través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales.

A la fecha el programa ha logrado el reencuentro de adultos mayores con sus hijos y nietos en las ciudades de Chicago, Illinois, y Los Ángeles, California.

Chilpancingo, Guerrero 22 de diciembre.- Con el firme propósito de garantizar la educación de los niños de Tlapa de Comonfort, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se reunió con integrantes del Frente Popular de Tlapa para dar continuidad a la solicitud de la clave de centro de trabajo que solicitaban para el módulo de Educación Primaria Bilingüe de la colonia 5 de Mayo, en dicho municipio.

En este encuentro se informó que se está buscando el terreno  para la reconstrucción del módulo educativo, el cual se tiene previsto resolver para el primer trimestre del 2018. 

Este viernes  22 de diciembre acudirá el subsecretario de Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel, al municipio de Tlapa para que acompañado por el alcalde, Jesús Noé Abundio García, realicen una visita al predio que se pretende adquirir para el avaluó del mismo. 

En otro punto, el secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega, otorgará para los primeros días de enero 2018, las claves oficiales del Módulo de Educación Bilingüe 5 de Mayo y del Jardín de Niños Indígena de la Colonia Loma Bonita.

El día 18 de enero de 2018, se reunirán en Tlapa, personal de Sedatu, Protección Civil del Estado, el alcalde de Tlapa y el subsecretario de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para atender el tema de la escuela Aztlán y respecto a las viviendas aledañas que tienen que ser reubicadas por los sismos de septiembre de este año. 

La administración que encabeza el gobernador Héctor Astudillo Flores, está dando seguimiento a las demandas y necesidades de los ciudadanos con responsabilidad y respeto a los derechos de las personas.

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

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