Se trata de  fortalecer la democracia, la promoción y defensa de los Derechos Humanos

La justicia electoral es la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, dice el magistrado José Luis Vargas Valdez

Necesario mantener la colaboración vigente, frente a los desafíos democráticos en la región, destaca el secretario general de la OEA, Luis Almagro


El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las relaciones institucionales y llevar a cabo programas y actividades de interés recíproco en materia de justicia y derecho electoral, y con ello, profundizar su conocimiento y difusión de la justicia y fortalecer la democracia y la promoción y defensa de los derechos humanos.

Con la representación del TEPJF, el magistrado de la Sala Superior José Luis Vargas Valdez suscribió el Convenio con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la sede del organismo continental en Washington.

El magistrado José Luis Vargas Valdez subrayó la responsabilidad que tiene el TEPJF en la impartición de justicia electoral, “al ser la última instancia de defensa de la democracia, la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión, la coordinación y la colaboración nos permitirá atender esa alta responsabilidad y enfrentar los retos de un mundo cambiante, de una manera más eficaz”.

Vargas Valdez destacó la importancia de la colaboración interamericana en un contexto globalizado por la tecnología y la interdependencia política y económica. Por ello, “el intercambio de buenas prácticas y la identificación de soluciones a dilemas compartidos, son necesarias para el desarrollo democrático”.

Por su parte, el Secretario General de la OEA reconoció la colaboración entre ambas instituciones, y como un ejemplo de ello, señaló el apoyo del TEPJF en el Grupo de Jurisprudencia Electoral Americana, en las misiones de observación electoral en las que participaron especialistas en la materia, así como su decidido respaldo para en la organización de la XI Reunión de Autoridades Electorales en 2016.

Almagro aludió al convenio específico de colaboración firmado con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), y aplaudió que la paridad de género esté garantizada por la Constitución de México. “Ello demuestra el compromiso del TEPJF con la democracia, en un tiempo donde las autoridades electorales desempeñan un papel crucial para la consolidación y estabilidad de los sistemas democráticos en la región”.

El magistrado Vargas Valdez y Luis Almagro coincidieron en destacar la importancia de la colaboración de la OEA y el TEPJF en foros e iniciativas internacionales, como la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

La RMJE, constituida en México durante noviembre pasado, busca el intercambio de mejores prácticas, desde la perspectiva de la justicia electoral, para hacer frente a los desafíos de las democracias contemporáneas, como lo son el uso de nuevas tecnologías, el financiamiento de la política, la participación política igualitaria y hacer frente a la desafección democrática.

Al menos dos hechos ocurridos ayer restriegan al gobierno la orfandad de justicia en que mantiene al estado de Guerrero.

Uno: mujeres y hombres adheridos al Frente Popular de Tlapa, representantes de Ceteg, Opig y El Grito se manifestaron en Tlapa en protesta pacífica para demandar la libertad del líder comunitario indígena y jefe de la Policía Comunitaria Arturo Campos Herrera, que el pasado día 1º cumplió cuatro años encarcelado, no obstante que en el transcurso de las diligencias no se le ha comprobado los delitos que se le imputan.

Mediante dos amparos, tribunales federales han declarado su inocencia en tres de las cuatro causas penales abiertas en su contra. Actualmente está pendiente sólo el proceso por el delito de secuestro en agravio de 43 personas, en el cual Arturo Campos se ha careado con los 43 supuestos agraviados, y ninguno ha sostenido su dicho frente al defensor comunitario; por lo contrario, reconocieron que era la primera vez que lo veían, que no les pidió dinero y mucho menos los privó de la libertad. También reconocieron que el tiempo en que estuvieron en reducación nunca intercambiaron palabra alguna con el defensor na saavi y que en ningún momento lo acusaron de haberlos secuestrado; en todo caso, las retenciones que hizo fueron en su calidad de autoridad bajo el sistema comunitario, que tiene un marco normativo que lo reconoce y le da legalidad y legitimidad, en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.

Dos: organizaciones estudiantiles y sociales, padres de los 43 y estudiantes normalistas protestaron por el asesinato de los normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, hace seis años cumplidos ayer, en la autopista del Sol –en el tramo conocido como Parador del Marqués–, mientras se manifestaban para exigir mejoras en su escuela.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y Padres de familia de los 43, bloquearon la Autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo, en el sexto aniversario de la muerte de dos de sus compañeros: Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

 

Apunto de comenzar las precampañas, preciso es recordar el engaño en que suelen incurrir los aspirantes a legisladores para lograr la preferencia de los electores, consistente en ofrecer algo que no está precisamente en su mano conceder.

Un candidato a presidente de la República, gobernador o presidente municipal está en condiciones de ofrecer obras y servicios porque manejará presupuestos y estará en sus manos realizar programas.

Un candidato a senador o diputado no maneja dinero, ni elabora proyectos de obras, puesto que su función básica consiste en fiscalizar el uso de recursos públicos y elaborar iniciativas de ley para luego presentarlas al Congreso, a la Cámara de Diputados o al Senado, según el caso, para su análisis, debate y aprobación.

No bien se había registrado como aspirante a la candidatura a la primera fórmula del Senado, ante la Comisión Nacional Electoral del PRD, acompañada de la diputada de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), Silvia Romero Suárez, cuando Beatriz Mojica Morga empezó a resbalar en el terreno de los compromisos insostenibles e inalcanzables.

"Procedente y necesaria Ley de Seguridad Interior para enfrentar al crimen bajo un marco jurídico y respeto a los Derechos Humanos"

"En Guerrero quien viola los derechos humanos son los delincuentes"

Pide el mandatario estatal al Senado superar limitaciones presupuestales a entidades para elevar capacidades de fuerzas locales de seguridad


Ciudad de México, 11 de diciembre.- Al emitir su opinión respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Ante senadores, el Ejecutivo guerrerense expresó: "Consideramos que es procedente aprobar el dictamen (Ley de Seguridad Interior) en el Senado para revertir institucionalmente la debilidad que tienen todavía los tres órdenes de gobierno en tareas de seguridad.

"La Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en establecer la temporalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas y paralelamente señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal".

Expuso que la condición de violencia de Guerrero es alarmante, a la que se suma el inexistente control de armas y la alta demanda de heroína de parte de Estados Unidos, los cuales dijo, son responsables de la circunstancia de violencia y drama que sufre el Estado.

Archivo

« Junio 2020 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30