Cuando el presidente Enrique Peña Nieto reveló al público –el pasado viernes– el hallazgo de un yacimiento petrolero terrestre que, por sus dimensiones, “hará más rico a Pemex”, hacía más de un año que tenía en sus manos, si no toda, la mayor parte de la información respectiva.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la perforación del pozo Ixachil-1 el 21 de septiembre del año pasado, luego de considerar que podría tener un gran valor estratégico para confirmar la posible continuidad productiva de la llamada Faja de Oro, la zona terrestre que tuvo relevancia superlativa en exploración petrolera a principios del siglo pasado.

Eso significa que hace mucho más de un año que Pemex se topó con el yacimiento, al hacer una perforación.

No deja de causar controversia y expectación a la vez el anuncio gubernamental sobre el Pacto por la Seguridad, sobre todo porque se desconoce a ciencia cierta cuál será la participación de cada grupo o sector de la sociedad y el gobierno.

En este sentido, el presidente del Consejo Nacional de Cámaras Industriales de Guerrero (Concaingro), Julián Urióstegui Carbajal, considera que los municipios, que a su juicio concentran 50 por ciento de la ecuación de seguridad en los estados, representan el mayor reto para este pacto, porque –estima– hay evidencias de que muchos han simulado la certificación de sus policías, y no muestran un compromiso real en el combate a la inseguridad.

Razón no le falta al empresario, pues si se ha cuestionado la efectividad de Sedena, Marina y Policía Federal, lo mismo que la Policía Estatal, en el combate a la violencia, más cuestionable resulta la participación de las policías municipales.

Cuando el dirigente empresarial señala que los municipios “son los más atrasados o poco comprometidos de manera integral en el tema”, habrá que recordar los señalamientos que ha hecho en diversas ocasiones el presidente Enrique Peña Nieto, acusando lo mismo a estados que a municipios de no asumir su responsabilidad en el combate a la inseguridad.

Incluso llegó a amenazarlos diciéndoles que las fuerzas federales no iban a estar de modo permanente en las entidades atacando el problema.

Del 14 al 17 próximos, secretarios de despacho del gobierno estatal acudirán al Congreso del estado para hablar sobre el segundo informe de gobierno del jefe del Ejecutivo estatal.

Durante la sesión del jueves 26, diputados locales aprobaron por unanimidad de votos el calendario de las comparecencias; al respecto, la diputada y coordinadora del PRD, Erika Alcaraz Sosa argumentó que se trata de ampliar la información expuesta en el Segundo Informe, con el propósito de que el Congreso del Estado realice un seguimiento puntual de los asuntos de que se trate y haga las evaluaciones precisas, emitiendo resoluciones pertinentes con aportaciones que impulsen el buen desempeño de la administración pública, buscando siempre el progreso y desarrollo de la sociedad guerrerense”.

Nunca, la verdad, se ha conocido que alguna comparecencia derrame algún beneficio para los guerrerenses; los funcionarios acuden y exponen; algunos diputados aplauden, otros cuestionan, pero de lo que ahí se diga ningún seguimiento se da, por lo que la presencia de servidores públicos no deja de ser ociosa e irrelevante.

Justicia coja

Abr 06, 2020

A pesar de que es percepción común que México está dejando atrás, con paso acelerado aunque vacilante, el régimen autoritario y de simulación que encabezó la dupla PRI-gobierno durante decenios, la sociedad y las instituciones se toparon ya con una especie de prueba de fuego que despierta serias dudas al respecto.

Se trata del fondo de ahorro que se creó con dinero de los trabajadores mexicanos que participaron en el programa Bracero que suscribieron los gobiernos de México y de Estados Unidos entre 1945 y 1964.

Es un fondo de cuya existencia no estaba siquiera enterada una inmensa mayoría de los jornaleros participantes, pero cuya creación estuvo entre los compromisos contraídos por ambos gobiernos.

El objetivo de esa cláusula era que, con el dinero que los patrones descontaban a los braceros, se constituyera un ahorro individual que fuera de utilidad a cada trabajador en el proceso de su reincorporación a la economía nacional, a su regreso al país.

Los guerrerenses no pueden vivir la misma historia. Huracanes y sismos han golpeado fuerte y sin piedad las tierras surianas. A cuatro a años de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, un número importante de damnificados aún no tiene hogar. La reconstrucción que empezó en 2013 sigue sin concluir, a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto destinó millones para que se edificara el Nuevo Guerrero.

Hace algunos días, habitantes de Papagayo, del municipio de Juan R. Escudero, se manifestaron en la capital del estado exigiendo a la Sedatu que termine de construirles sus casas. De igual modo, constantemente, vecinos del fraccionamiento El Nuevo Mirador, de Chilpancingo, bloquean calles para pedir que se concluyan los trabajos. Las familias afectadas siguen sin tener un hogar.

Estos dos casos tienen algo en común. Los habitantes son damnificados de la reconstrucción, y se preguntará por qué. En el primero pretendieron entregar en Papagayo viviendas en un sistema de construcción alejado de sus usos y costumbres, en palafitos; los pobladores, con justa razón, las rechazaron; argumentaron que parecían periqueras y que eran inseguras.

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