Funcionarios del área turística de Guerrero que asistieron a la reunión de navieras internacionales en Mérida, Yucatán, este 27, debieron haber sudado frío cuando los representantes empresariales les plantearon como requisitos para incluirlos en sus recorridos contar con nuevos atractivos, servicios de primer nivel y conectividad, así como una ciudad limpia y ordenada.

Diversificar sus atractivos turísticos, ir más allá del tradicional sol, playa y arena, ha sido el gran desafío que no han querido enfrentar, no el actual solamente, sino los anteriores gobiernos estatales, cuya omisión provocó, en parte, el retiro de los turistas extranjero, incluidos, desde luego, los de los cruceros.

Por si fuera poco, las dependencias y organismos responsables de las tareas de promoción se han echado a la hamaca y le han apostado a la visita de los turistas nacionales, sobre todo del procedente de las entidades vecinas: estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

En torno al pacto convocado por el gobernador Héctor Astudillo Flores para combatir la violencia, uno de los segmentos que podrían contribuir de manera efectiva es, sin duda alguna, el responsable de elaborar y aprobar las leyes relacionadas con la seguridad y la justicia.

Cobra relevancia por ello la declaración del presidente de la mesa directiva del Congreso del estado, Eduardo Cueva Ruiz, en el sentido de que, para sumarse al pacto, se requerirá hacer un llamado a las comisiones para que las iniciativas relacionadas al tema –como aquellas contra el halconeo, la extorsión o el cobro de piso, la desaparición forzada y otras– sean de una vez revisadas y dictaminadas, sea en favor o en contra, pero que se defina una postura, y no queden nada más en la congeladora.

Se trata, pues, de sacar del archivero las iniciativas que se encuentran estancadas a fin de que, sin tanto jaloneo, los legisladores las aprueben o rechacen de una vez.

Hace unos días, el diputado Ernesto González Pérez propuso reformar el Código Penal a fin de incrementar las penas al delito de extorsión de 10 a 25 años de prisión y de 200 a 50 mil pesos de multa a quien cometa extorsión contra personas físicas o morales que se dediquen actividades comerciales, o a quien emplee amenazas de cualquier tipo.

En repetidas ocasiones, el diputado Ricardo Mejía Berdeja ha sido incisivo en criticar la pasividad de sus compañeros legisladores, que se empecinan en mantener en la congeladora iniciativas relacionadas con delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Participaron en desfile por la erección del estado de Guerrero


Alpoyeca, 28 de octubre. Niños de la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón, de este municipio, pidieron la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos durante el desfile conmemorativo por la erección del estado de Guerrero.

Un contingente de mas de 20 niños pertenecientes a la escuela primaria Juan Ruiz de Alarcón, desfiló con las caras de los 43 normalistas desaparecidos y una manta en la que exigían la presentación con vida de los jóvenes estudiantes.

Por primera vez en el municipio de Alpoyeca, se efectuaba un acto de exigencia de justicia por los normalistas, dentro de algún evento cívico, político o cultural.

El contingente de niños vestidos de blanco desfiló junto con sus compañeros que vestían trajes típicos de algunas de las regiones del estado por la conmemoración de la erección de Guerrero.

La exigencia de la presentación con vida de los 43 normalistas, causó asombro a los asistentes que acudieron al centro del municipio para presenciar el recorrido del desfile, en el que participaron todas las instituciones de nivel prescolar, primaria, secundaria y medio superior.

Cuando el contingente arribó al Zócalo para ser vistos por cientos de personas, el presentador del ayuntamiento municipal no hizo ninguna mención del contingente de niños que vestía de blanco y portaba en sus manos los rostros de los jóvenes que llevan mas de tres años desaparecidos.

Nadie puede negar la existencia de una embestida mediática contra la defensora de derechos humanos Yndira Sandoval Sánchez, sea que su comportamiento durante y después de su detención el 16 de septiembre haya sido correcto o no. En eso hay seguridad.

En lo que no hay certeza es en el origen de esa embestida, en si es de generación espontánea o si es dirigida desde un oscuro recoveco del poder. Pero esta inc≠ertidumbre es comprensible, pues no es de esperar que los autores materiales e intelectuales se pusieran a descubierto, si es que existen.

No sería prudente, sin embargo, descartar que las más altas autoridades del gobierno tengan las manos metidas en la difusión del video de la detención de la activista y de una entrevista posterior que un periodista le hace a la agente de policía, ocasión propicia para que ella se explaye en su versión y en sus argumentos.

Bien dice el alcalde Evodio Velázquez Aguirre que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) requiere una transformación a fondo.

Cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganaba elección tras elección estaba muy arraigada la creencia aquella de que el gobierno manejaba como caja chica a la paramunicipal, razón por la que siempre estaba en bancarrota; no obstante, ahora que han llegado a la presidencia municipal militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las condiciones financieras de la empresa no han cambiado.

En tanto corren versiones de malos manejos, la mayor parte de la ciudad se encuentra sin agua, a lo que los responsables de la empresa no tienen otra excusa que la falta de recursos económicos.

Por eso mismo, es importante que se aclare públicamente cuanto antes el punto de las 12 irregularidades detectadas por la Auditoría General del Estado (AGE) a la paramunicipal por 194 millones 577 mil 346. 98 pesos correspondientes a 2016.

Tanto el alcalde como funcionarios de la Capama han sostenido que las observaciones hechas por la AGE sobre estas anomalías fueron entregadas a la Auditoría el 25 de agosto, a pesar de lo cual la misma no ha emitido la resolución correspondiente.

El caso, pues, se encuentra en manos de la AGE, que durante el conflicto originado entre diputados del Congreso local y funcionarios de la paramunicipal no ha emitido opinión alguna al respecto, sino ha dejado que corran especulaciones, rumores y suposiciones.

Gloria Sierra López, regidora del PAN integrante del Consejo de Administración de la Capama, señaló que la paramunicipal tiene que transparentar los más de 194 millones de pesos del posible daño patrimonial, pues, acusó, las irregularidades son graves.

Declaró que en la más reciente sesión extraordinaria del Consejo de Administración para tratar el tema de la auditoría se les dijo a los integrantes que se les haría llegar el pliego de observaciones que envió la Auditoría General del Estado (AGE), pero “es la fecha –17 de octubre– que no hemos recibido nada, ningún documento”.

Entretanto, la honorabilidad de los responsables del organismo administrador, lo mismo que del ayuntamiento, continúa en entredicho; por tanto, saludable sería que sin esperar el dictamen de la AGE aclararan públicamente los señalamientos que se hacen. n

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