No falta razón a los impulsores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, cuando se pronuncian porque el gobierno del estado establezca las condiciones de seguridad para que los candidatos puedan hacer campaña con miras a las elecciones de 2018.

Desde hace algún tiempo corren las versiones de que se está matando a políticos cuya probable postulación para algún puesto de elección popular, pudiera incomodar a ciertos grupos, que han decidido quitarlos del camino en forma definitiva mediante la violencia. Nadie lo ha confirmado, pero tampoco lo han desmentido.

La peor parte le ha tocado a la izquierda, específicamente al Partido de la Revolución Democrática (PRD): en total, nueve políticos han sido asesinados y uno está desaparecido. La mayoría de las agresiones ha sido en contra de políticos ligados al PRD y sólo dos casos en contra de priístas.

Así, el 13 de octubre fue encontrado con un balazo en el cuello, el ex presidente municipal de Zitlala Francisco Tecuchillo Neri, en las calles de Chilapa; horas después falleció en el hospital.

Como si no bastara el conflicto que ya se hizo crónico por la falta de docentes en decenas de planteles de educación básica en la entidad, derivada de la previsible jubilación de maestros que todo el tiempo están llegado al fin oficial de su edad productiva, la Secretaría de Educación Guerrero ha permitido la apertura de un nuevo frente, con propósitos imposibles de imaginar: el de la falta de dictámenes y reparaciones en escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre.

A más de un mes de la catástrofe, lo único que se percibe “es una muy grave desorganización en las instancias de los distintos órdenes de gobierno”, criticó ayer la diputada perredista local Eloísa Hernández Valle. Y ejemplificó: se sabe de 254 planteles dañados, pero no ha concluido la revisión, de modo que esa cifra no es definitiva.

Pero, por otro lado, el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa ya ha autorizado la demolición de algunos, sin el dictamen de Protección Civil, ni en coordinación con la SEG.

Y encima de su incapacidad –o su falta de voluntad– para tomar el control de esta parte de sus obligaciones, la SEG aún no es capaz de mantener a punto las plantillas de docentes, y de trabajadores en general, en las escuelas, supliendo a tiempo a los que van dejando la vida laboral por llegar a su jubilación.

Durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, efectuada en Montevideo, Uruguay, familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos cuestionaron el uso político de la Procuraduría General de la República (PGR) y condenaron que a Tomás Zerón se le premia por sostener la “verdad histórica” mientras que contra otros, como Santiago Nieto (despedido de la Fepade por el caso Obedrecht), se arremete por atentar contra los intereses de la esfera del poder gubernamental.

En el acto, la CIDH puntualizó que, a tres años de la tragedia, no hay avances en la investigación, y advirtió que no abandonará a las familias, ni el caso.

El señalamiento de la CIDH deja en claro, por enésima vez, la falta de voluntad del gobierno federal para solucionar la desaparición de los jóvenes y su falta de interés por castigar a los responsables de los hechos.

Perplejo aún, sin recuperarse del todo del impacto que le causó la noticia del asesinato de su compañero el luchador social Ranferi Hernández Acevedo, Eloy Cisneros Guillén reclama que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue a fondo y cuanto antes el caso.

Si mataron a Ranferi, dice enfático el luchador social, ¿qué esperamos otros compañeros que estamos luchando por democracia, por los derechos humanos?

Entre los impulsores de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República por Morena cunde la extrañeza de que en cuestión de horas de diferencia, promotores de AMLO hayan sufrido dos actos violentos que consideran intimidatorios.

El día 13, unos 60 militares allanaron oficinas en el edificio de la Coprera, en Ejido y Calle 6, donde sesiona el Frente Progresista Guerrerense (FPG), le quitaron las llaves al vigilante y las dejaron cerradas, y colocaron candados en una bodega de la agrupación.

Esperanza agotada

Abr 06, 2020

Cansados, hartos, fastidiados, de recurrir a las autoridades terrenales en exigencia de que acaben con la violencia, sin obtener resultados positivos, ciudadanos de la entidad invocan ahora a la autoridad celestial con la esperanza de ser escuchados y les conceda la tan anhelada, prometida y no cumplida paz, lo que debería ser una vergüenza para el gobierno en sus tres niveles.

En Ciudad Altamirano, católicos portando globos de varios colores marcharon la mañana de este domingo por las calles para pedir paz. “Sólo Dios nos puede ayudar”, dijeron algunos participantes, como si fuera un reproche para la autoridad. Los habitantes de la Tierra Caliente ya no aguantan más, gritó una mujer desde el interior del grupo de los marchistas, con los ojos cerrados, suplicando a Dios que acabe con la violencia que, se dolió, está matando a las nuevas generaciones.

En Iguala, integrantes de diversas iglesias cristianas del movimiento pentecostés, encabezados por la alianza de pastores, efectuaron ayer La Marcha por Jesús, para abogar por la paz. Al grito de “Cristo vive” y a “su nombre gloria”, los más de mil 500 congregantes, todos vestidos con azul y blanco, portando lonas, pancartas con leyendas de “Cristo vive, amor y paz”, y globos blancos, entonaban alabanzas y exaltaban el nombre de Cristo demandando un alto a la violencia.

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