Si alcanzar la paz fuera cuestión exclusivamente de espiritualidad, indudable sería que la iglesia católica desempeñaría un papel relevante.

Empero, la paz que busca la población reside no en su interior, sino en el exterior, allá donde corresponde otorgarla al gobierno, mediante el uso de la autoridad, el poder y la fuerza derivada de los recursos públicos, el aparato de justicia y los elementos de seguridad.

Es plausible, desde luego, que la Diócesis de Acapulco, encabezada ahora por monseñor Leopoldo González, exprese su disposición a mediar para que los grupos delincuenciales mediante el diálogo se aparten del camino de la violencia, cuando es bien sabido que el crimen organizado no es diálogo lo que requiere, sino dinero y poder.

Resulta evidente que la administración estatal tendrá que pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 13 mil millones de pesos por concepto de pago de Impuesto Sobre la Renta, que gestiones anteriores omitieron cubrir en su momento.

Ya la autoridad estatal dio a conocer que el gobierno federal no está dispuesto a condonar la deuda y que, por lo tanto, no queda más que acordar los mecanismos para cumplir con esa responsabilidad, a la que debieron hacer frente otros gobiernos.

Deja entrever la administración actual un dejo de resignación y proyecta todo el ánimo y la mejor disposición de sacar adelante esa situación, así no le corresponda dicho adeudo.

No obstante, en ningún momento se ha mencionado que se haya hecho o se esté llevando a cabo lo conducente a efecto de que los responsables de los gobiernos que dejaron ese pendiente, asuman su responsabilidad.

Cuando de particulares se trata, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  actúa con toda puntualidad contra los contribuyentes que incumplen con el pago del ISR; aunque no deja de sorprender que haya pasado por alto exigir a quienes tocó hacer la declaración correspondiente y sea ahora que esté presionando a los responsables del gobierno actual.

Resulta por demás irrebatible que el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, se asemeja a un rottweiler que se le ha lanzado a la yugular de México y se niega a soltarlo sin antes doblegarlo o hacerlo trizas.

Desde su campaña, el magnate ha soltado golpe tras golpe al país y en los últimos días ha intensificado los ataques, coincidiendo con la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Funcionarios mexicanos, al igual que analistas, atribuyen las embestidas a que el presidente estadunidense pretende obtener la mejor partida en la revisión del TLC, para lo que incluso asume una especie de chantaje en el sentido de que quiere sacar a Estados Unidos del Tratado.

La más reciente tarascada del presidente gringo consistió en calificar a México como el país más inseguro del mundo, aunado a ello, lo secunda el diario The Washington Post, motejando a Acapulco como la capital del crimen y como una ciudad decadente, saturada de violencia y bajo una casi total anarquía.

Así, a simple vista parece ser un arrebato emocional de ambos emisores. Arremeten de manera frontal, sin concesiones, con objetivos a ciencia cierta desconocidos, pero eso sí, habrá que reconocerlo aunque resulte doloroso, tienen mucha de razón.

Ninguna duda cabe de que, si los problemas se resolvieran con discursos y pronunciamientos, Guerrero sería un paraíso y los guerrerenses estarían convertidos en los seres más dichosos del universo.

No hay situación conflictiva alguna que el mundo oficial no enfrente de manera puntual y enérgica, descalificando y arremetiendo, que no corrigendo los entuertos. La más reciente ha sido la ratificación de la declaración de alerta del gobierno estadounidense advirtiendo al personal oficial no visitar Guerrero a raíz de la violencia, la cual se estrelló contra el desdén y el desafío del gobierno.

“Si no quieren venir que no vengan”, fue la voz estridente que se dejó escuchar para luego rectificar que se refería solamente a los funcionarios norteamericanos y que los ciudadanos del país vecino son bienvenidos.

Guerrero sería un estado sin fe y sin esperanza, si es que, ya a la vuelta de la esquina, no aparecieran las elecciones presidenciales.

Una de las mayores demandas de los guerrerenses es la justicia; los informes oficiales asientan que las fuerzas de seguridad han reducido los asesinatos dolosos; empero, no reportan detenidos; tampoco procesados y mucho menos se habla de sentenciados.

José Díaz Navarro, presidente del colectivo Siempre Vivos, ha expuesto: “En los últimos tres años, las comunidades indígenas han sido las más afectadas por las desapariciones, asesinatos, secuestros y los desplazamientos forzados por las amenazas de los grupos del narcotráfico; las familias indígenas son las más discriminadas, las más pobres y a quienes el gobierno les ha negado la justicia o la reparación del daño por el tema de la violencia”.

Ina Zoon, representante del organismo internacional Sociedad Abierta Iniciativa de Justicia, ha puntualizado: “El estado de Guerrero se ha convertido en cuna de la impunidad; en la entidad no existe interés oficial en terminar con la impunidad, ni crear órganos de justicia eficientes, que castiguen a los responsables de los delitos”.

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