Justicia dirigida

Abr 06, 2020

En sesión del martes pasado, diputados locales rechazaron la cuenta pública 2015 correspondiente al periodo del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez; la Auditoría General del Estado (AGE) detectó un presunto daño a la hacienda pública por 194 millones de pesos, en un proceso que, hasta donde quedó claro, no ha concluido.

Cuando diputados del mismo congreso pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y al Verde Ecologista de México revelaron irregularidades coincidentemente por 194 millones de pesos detectadas en auditoría realizada a la Capama, legisladores del PRD se lanzaron contra sus colegas acusándolos de llevar a cabo una guerra sucia contra la administración municipal de Acapulco, dando a conocer, adujeron, un auditoría que se encuentra en proceso todavía, es decir, no concluida aún. Ahora, al balconear al ex gobernador, nadie reparó en que la revisión a la cuenta pública permanece inconclusa todavía y que, si se sigue el mismo patrón observado en el caso de la Capama, es de entenderse que los 44 de los 45 diputados que aprobaron el rechazo, le están haciendo guerra sucia a Ortega Martínez.

La explicación reside no precisamente en la legalidad del punto, sino en que el edil acapulqueño, de filiación perredista, tiene quien lo defienda: la bancada perredista, en tanto el ex mandatario al no pertenecer a ningún partido, se encuentra en estado de orfandad, sin tener por consiguiente nadie que lo proteja.

Ya el PRD, que en su momento lo propuso desde la cúspide para sustituir a Ángel Aguirre Rivero, se le lanzó a la yugular avalando “totalmente el rechazo” a su cuenta pública; la dirigencia estatal parece cobrarle la factura cuando alega que Ortega Martínez gobernó muy distanciadamente del partido.

Pero no solamente los perredistas protegen a sus pupilos; igual ocurre con otros partidos, como el PRI, cuyos diputados locales salvaron de ir a prisión al su colega Saúl Beltrán Orozco, al que, acusado de haber cometido homicidio siendo presidente municipal de San Miguel Totolapan, lo salvaron de ir a prisión al hacer derrapar el juicio que debieron seguirle para desaforarlo, impidiendo que la Fiscalía General de Justicia le diera cumplimiento a la ley.

Así, no paga quien la debe, sino el que no tiene quien lo defienda.

Le las tragedias siempre es posible obtener ventajas, como experiencia, conocimientos y cambios de circunstancias, que pueden ser favorables o desfavorables, según el bando desde el cual se las mire. Tras el terremoto de 1985, el aprendizaje y la ventaja se ubicaron del lado de la sociedad, que las utilizó para forzar reformas profundas en el ámbito político, que desembocaron en un grave predicamento para el partido ofucial del Estado en ese entonces, el PRI.

El terremoto de 2017 también forzará cambios profundos, y más pronto que el sismo de hace 32 años porque ahora la elección está a la vuelta de la esquina.

El PRI y algunos partidos minoritarios reaccionaron con prontitud y con audacia: rechazaron las prerrogativas que tenían pendientes este año para dar oportunidad a la Tesorería de la Federación de emplear ese dinero en la atención de la emergencia generada por los sismos del 7 y del 19 de septiembre.

Desde el momento en que algunos alcaldes permanecen aferrados a su postura de que, en el combate a la violencia y la inseguridad, están haciendo lo que les corresponde, se da por descontado que vayan a hacer un esfuerzo para cumplir con la tarea que les toca en esa materia.

Por tanto, es de pensarse que el llamado del gobernador Héctor Astudillo Flores a los presidentes municipales, a que asuman una responsabilidad mayor y más profunda frente a la crisis de inseguridad que golpea a Guerrero, caerá en el vacío, puesto que los ediles se han montado en la idea de que están cumpliendo su trabajo y que quien está fallando es el gobierno estatal, pero sobre todo el federal, al que adjudican toda la responsabilidad de meter al orden al crimen organizado.

Por simple lógica, si los municipios estuvieran cumpliendo su parte, que se constriñe a la prevención del delito, no habría asesinatos, secuestros, ni extorsiones; cuando ya se han cometido dejan de ser, obviamente, materia de la autoridad municipal, pero el incumplimiento de la misma dio antes origen a su ejecución.

En vez de irse aclarando el caso de la auditoría efectuada por el Congreso local a la Capama, tiende a confundirse más.

Cuando diputados locales del PRD denunciaron guerra sucia de sus pares del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México, contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, al hacer público el pliego de observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) hizo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado al Municipio de Acapulco, aseguraron que el documento “ni siquiera se ha emitido, y al parecer debe quedar en el mes de octubre para que en un plazo de 45 días la Capama las pueda subsanar”.

El diputado Ernesto González aseguró que “el procedimiento de la auditoría no está concluido; tan es así que aún no han notificado al organismo que es la Capama”.

En respuesta, el director del organismo, Javier Chona Gutiérrez, informó que las observaciones fueron contestadas a la AGE en tiempo y forma.

Acapulco sufre ya los embates de la crisis propia de la temporada, agravada por los temblores del pasado 19 de septiembre y las lluvias, en tanto la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal apenas ha anunciado que “se redireccionarán las campañas de promoción”: mientras el enfermo está postrado urgido de atención, la Sectur apenas se está organizando para programar la intervención quirúrgica.

Este sábado se reportó una ocupación hotelera global de 37.8 por ciento, mientras que en la misma fecha de 2016 fue de 54.7 por ciento.

Atenida a lo connacionales que visitan la entidad sin necesidad de promoción, Turismo estatal no se había prevenido con nada, a pesar de que la temporada es la peor del año; luego, el sismo y el temporal le vinieron a correr los invitados a la fiesta, y a agudizar más la ausencia de paseantes.

Ahora que se ve con el problema encima, porque Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla, entidades emisoras de visitantes, han resultado seriamente afectadas por el movimiento telúrico, ha recurrido al truco de que las campañas de promoción que supuestamente se están realizando y que nunca mencionó dónde, ni con qué presupuestos, las dirigirá a Centroamérica y América del Sur, a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, que nunca han sido vistos como mercados potenciales de turismo.

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