Magia en turismo

Jul 29, 2021

La afirmación del secretario de Turismo municipal de Acapulco, José Luis Basilio Talavera, respecto a que el repunte de ocupación hotelera este fin de semana se debió a las medidas sanitarias anti Covid-19, son mera ficción.

¿En qué elementos se apoya el funcionario para formular tal declaración?

No lo expone.

Si se respaldara en un sondeo entre paseantes que arrojaran esta revelación, por ejemplo, o algún otro procedimiento medible, bien podría pensarse que su dicho es realidad.

Aunque también podría pensarse que ha sido porque en la Ciudad de México el semáforo epidemiológico regresó de verde a amarillo y los capitalinos buscaron la manera de eludir el contagio así sea por unos días, viniéndose al puerto a pasar unos días de asueto.

Las razones no dejan de ser un enigma.

Al no haber mediciones no puede haber control.

Ni siquiera puede confiarse en que el repunte sea a 67.6 por ciento de ocupación, porque los funcionarios turísticos carecen de credibilidad.

Antes, sexenios atrás, organizaciones de hoteleros proporcionaban sus ocupaciones para su difusión; el gobierno hacía lo mismo, pero al no coincidir los porcentajes de los dos sectores, el oficial decidió concentrar en su poder los informes para ser él quien los manejara a su criterio exclusivamente, y amordazó a la hotelería.

Igual no deja de sorprender la precisión con que la Secretaría de Turismo estatal ha manejado la cifra de visitantes que en determinadas fechas o temporadas ha tenido Guerrero, al igual que la derrama económica que los paseantes han generado.

No difunde aproximaciones, sino cantidades exactas, sin descubrir nunca los procedimientos de que se vale para obtener los resultados.

La colectividad local fundamenta su percepción sobre qué tantos paseantes hay –pocos, regulares o muchos– observando los autos estacionados en la Costera y su procedencia contenida en las placas; asimismo, viendo la gente que camina por las avenidas turísticas, la ocupación de restaurantes y, desde luego, la afluencia de bañistas en playas.

Pero los funcionarios ¿en que fundamentan su información, sus estadísticas tan aplastantes?

Ni siquiera en la ocupación hotelera pueden calcular la afluencia porque, como es bien sabido, no pocos son los turistas que se hospedan en casas de amigos o familiares, así como en sitios que escapan totalmente al control gubernamental: la llamada hotelería informal, respecto a la que nadie sabe dónde se localiza –ni siquiera el SAT–,  tampoco quién la administra.

No obstante, entre lo más importante de todo ello está el hecho de que no se sabe cuántos vienen, cuánto gastan, ni dónde duermen, pero su presencia se siente en el bolsillo de los guerrerenses. n

Cortina de humo

Jul 29, 2021

La declaracionitis –concebida como el torrente de declaraciones que, sin contar con el sustento debido que las acerquen a la realidad, buscan confundir o ganar terreno en algún tema en boga o cuando menos tender una cortina de humo que beneficie al emisor– se resiste a perder un sitio de preponderancia en la vida diaria, aprovechando la incapacidad, impreparación o falta de interés de muchos reporteros que, lejos de cuestionar a los declarantes, se concretan a grabar lo que tienen a bien decir, operando como meros recogedatos y alejándose de una labor crítica y apegándose mas bien al trabajo de los boletineros.

En esta tesitura, este día 23, Alejandro Román, integrante de la comisión política de la Ceteg en la Costa Chica, expresó la postura cetegista en el sentido de no retornar a clases porque “cuatro maestros que fueron vacunados fallecieron por síntomas de Covid”.

No citó nombres de difuntos; ni de qué vacuna les aplicaron; dónde la recibieron; dónde fueron atendidos y murieron; dónde los sepultaron.

Nada. Ningún dato complementario que permitiera una reflexión respecto a si es o no verdad lo declarado.

¿Por qué creer la versión?

¿Sólo porque la emitió un directivo cetegista?

Lo dicho no soportaba la más elemental prueba de análisis.

Por eso –como era natural–, fácil se la mató el gobierno del estado.

Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud, rebatió la declaración asegurando haber pedido una investigación al Issste, a donde necesariamente debió llevarse y atenderse a los contagiados, y se llegó a la conclusión de que ningún docente vacunado había fallecido.

Contundente.

Salvo que los cetegistas cuenten con información sobre el tema que no se haya dado a conocer, es obvio que su afirmación de los docentes fallecidos careció de peso y por eso mismo, al primer pinchazo, explotó como pompa de jabón.

O no supieron manejar la información o de plano emplearon su imaginación para inventar muertos y afianzarse de ahí para acumular peros a su resistencia a regresar a clases presenciales, pero salieron raspados.

Alejandro Román dijo que en Guerrero se mantiene la postura que acordó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el sentido de que hasta cuando toda la población esté vacunada regresarán a las aulas.

A estas alturas, en la semana que acaba de terminar vacunaron en algunas zonas de Guerrero a quienes fluctúan entre los 40 y los 49 años, el segmento más avanzado.

A esta velocidad, el total de la población podría estar vacunada hasta el 2023.

Otro punto por definirse: no se ha determinado qué tiempo durará el efecto de la vacuna; si es un año, irán terminando de vacunar por primera vez a la población completa cuando ya será necesario empezar con el refuerzo.

Y las clases, ¿cuándo? n

No solamente en la Secretaría de la Función Pública (SFP) permea la amnesia, que afectó al Programa de Fertilizante del Estado de Guerrero al echar al olvido desvíos millonarios durante 2019.

Este miércoles, en el ayuntamiento de Acapulco les vino un vislumbre de recuperación de memoria al recordar que la administración anterior, a cargo de Evodio Velázquez Aguirre, entregó la Secretaría de Seguridad Pública con un faltante de armamento, que nunca volvió a mencionarse en el transcurso de la gestión a punto de concluir.

Continúa la averiguación del Ministerio Público, declaró la autoridad municipal.

Casi tres años el faltante no había merecido siquiera mención alguna.

El 29 de octubre de 2018, 28 días después de haber asumido el mando el actual gobierno municipal, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública estatal presentó denuncia penal por la desaparición de 183 armas en la Policía de Acapulco.

“Va girada contra quien resulte responsable, vamos a hacer investigaciones y a deslindar responsabilidades, entendiendo que serán llamados quienes tengan que ser llamados durante las investigaciones”, se afirmó entonces.

Se comprometió la Fiscalía a trabajar coordinadamente con la alcaldesa Adela Román y a que “en próximos días se daría a conocer el resultado de las investigaciones”.

Como en el corrido de Camelia la Texana, nunca más se supo nada.

También los alcanzó la amnesia.

Ni el ayuntamiento anterior, ni el actual, dieron seguimiento al problema legal, como tampoco en la FGE.

Se perdieron 183 armas pertenecientes a una policía entre cuyos padecimientos figura, precisamente, la escasez de armamento.

Luego, lloraron amargamente la desaparición del Fortaseg, un fondo federal que los subsidiaba con cantidades millonarias cada año para el mejoramiento de las policías, y que si bien les redujeron el financiamiento en los últimos tres años, se debió a que no se cumplía con las metas establecidas por el programa, según declaró el 11 de marzo de 2020 el síndico Javier Solorio Almazán.

La amnesia, el incumplimiento, la irresponsabilidad y la impunidad, felices caminaron de la mano.

¿Quién les dice algo? n

Mirado con ligereza, sólo en la superficie, el anticipo que hace el secretario de Finanzas del estado, Tulio Pérez Calvo, de los recortes federales que vienen este mismo año –es decir que ajustan a la baja el presupuesto del gobierno federal dirigido al estatal– parece correcto: si el gobierno del estado y los ayuntamientos recaudan menos por la vía fiscal, es menos lo que pueden aportar al federal, y, por tanto, es lógico que el gobierno federal recorte los montos que entrega al estatal.

No que se trate de un monto que pueda desestabilizar las finanzas públicas estatales, pero tampoco se trata de una bicoca: 700 millones de pesos pueden ayudar muy bien a resolver problemas de logística o de otro tipo en cualquier administración.

Pero en este punto cabría traer a la memoria uno de los criterios más relevantes aplicados a lo largo de muchas décadas en la administración pública del México posrevolucionario: el de dar trato diferente a realidades diferentes o trato desigual a los desiguales. En los hechos significa que a un estado pobre y atrasado, como Guerrero, no se le debe dar el mismo trato fiscal que se le da a los estados ricos del norte del país, pues uno de los grandes objetivos de nuestro sistema recaudatorio es el de promover la igualdad de las entidades que integran la Federación.

Una de las maneras de lograrlo es con flexibilidad en el trato fiscal. Al gobierno de un estado rico de seguro no le afecta en gran manera un recorte de 700 millones de pesos o de más, a consecuencia de la caída en sus ingresos tributarios. Pero esa cantidad sí puede golpear áreas sensibles de un estado pobre. Así de simple.

Pero, además de lo anterior, el gobierno federal debe considerar el efecto de la pandemia de Covid-19 en la economía de las entidades federativas. Es verdad que la contingencia sanitaria golpeó a todos, a unos más, a otros menos. Pero todos pasaron el trago amargo de tener que cerrar su economía durante largos 15 meses, y eso tuvo efecto en la generación de ganancias y en el pago de impuestos y derechos.

Y no hubo el apoyo requerido del gobierno federal, a no ser los 25 mil pesos que ofreció como crédito y que eran del todo insuficientes para poner a flote cualquier negocio.

Así, a la falta de solidaridad agrega a rajatabla la medida punitiva de recortar el presupuesto para lo que resta del año. n

Si a la Secretaría de la Función Pública (SFP) se le olvidó el mal manejo de los recursos en que incurrió Jorge Gage Francois como responsable del Programa Federal de Fertilizante Gratuito en 2019, no ha sucedido lo mismo a los campesinos.

Ayer, el secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, demandó al nuevo titular de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, que dé a conocer los resultados de la investigación que tiene abierta esa dependencia contra Jorge Gage Francois, para saber el destino de más de mil millones de pesos que fueron aprobados para ese programa.

Irma Eréndira Sandoval Ballesteros salió de la dependencia sin informar en qué terminó el caso.

¿Realmente seguirá abierta la investigación?

En febrero de 2020, Sandoval Ballesteros reveló en una conferencia mañanera haber descubierto, entre otras irregularidades, una diferencia entre el número de sacos comprados y los distribuidos en Guerrero por el Programa Nacional de Fertilizante 2018 y que podría constituir un faltante o daño patrimonial por 127 millones de pesos.

Fueron 95 mil 965 sacos –cerca de 35 por ciento del total– los que desaparecieron.

Aparte, la SFP detectó irregularidades por 91 millones de pesos en asignación de contratos en exceso que fueron pagados por la compra de fertilizantes.

También detectó que servidores públicos de alto nivel ejecutaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes.

A pesar de los 16 meses transcurridos desde entonces, la secretaria nunca volvió a tocar el tema.

El cúmulo de protestas contra Gage Francois obligó a la Federación a retirarlo del programa y asignarle otra responsabilidad sin exigirle cuentas.

Sorprende porque mientras a otros personajes ajenos al equipo federal se les ventanea frecuentemente acusándolos de delitos no comprobados, al asunto de Gage Francois parecen haberle dado carpetazo, no obstante las evidencias recopiladas por la propia SFP.

Cuando el año pasado se anunció la desaparición de las subsecretarías, el Movimiento Fuerza Guerrerense se dijo preocupado de que fueran a eliminar la de Agricultura, sin que rindiera cuentas el titular Miguel García Wínder, que operó el Programa Federal de Fertilizante Gratuito 2020.

No hicieron caso a los productores.

Si no es ineficiencia de la SFP, si no es impunidad o protección a Gage Francois, los campesinos quisieran saber qué es.

De qué se trata.

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