El problema de la disposición final de la basura que produce Chilpancingo tiene explicaciones que van más allá de las que sólo se refieren a la pericia o impericia del alcalde Marco Antonio Leyva Mena en el oficio de gobernar, pues no depende por entero de su falta de habilidad para concertar acuerdos, o de su seriedad para cumplirlos, o de su solidez financiera para poder hacerlos realidad.

También tiene que ver con la actitud de sus gobernados. Y esta comunidad es cada día más contestataria, igual que está ocurriendo con todas las sociedades del mundo, algo que las redes sociales y la Internet facilitan sobremanera.

Cuando no existía este recurso la oposición activa a un gobernante requería de campañas intensivas de propaganda para manifestar tal postura y convocar a la manifestación correspondiente. Hoy basta oprimir unos botones de la computadora o del teléfono celular para que la protesta se potencie a mil por ciento.

Y ya no habrá vuelta atrás. Puede que, debido a la presión de gobiernos o de particulares, las empresas proveedoras de los servicios de redes en Internet regulen algunos excesos, como las fake news o el anonimato de los participantes, pero la esencia de las redes sociales, que es la libertad de expresión, ha llegado para quedarse.

En el caso de la basura, es claro que va siendo hora de que las autoridades se pongan al día con las asignaturas pendientes y abran su mente a las nuevas maneras de tratarla. Los tiraderos –a cielo abierto o en rellenos sanitarios– son cada vez menos aceptables para la sociedad porque implican contaminación y desperdicio. Habrá que adoptar la tecnología necesaria, que ya existe, y tomar nota de cómo están lidiando con este problema los países que llevan la delantera en el mundo en estas cuestiones.

Después de la basura, pero no mucho después, las autoridades mexicanas tendrán también que empezar a tomarse muy en serio otras obligaciones y asignaturas que hasta ahora han sido sus preocupaciones menores, pero sobre las que la sociedad va fijando cada vez más su atención. Puede que la lista de éstas no sea tan corta como quisieran. n

Si de por sí octubre y noviembre son considerados los meses más críticos para Acapulco en el aspecto económico, el sismo de este 19 de septiembre vino a empeorar la situación al resultar afectados los principales estados emisores de visitantes: Ciudad de México, Puebla, Morelos y estado de México.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, advirtió que debido a esta situación están en riesgo unos 36 mil puestos de trabajo del sector servicios en Acapulco, e indicó que no sólo el sismo ha perjudicado al puerto, sino también las tormentas tropicales, y desde hace 15 años, la violencia y la inseguridad.

En esta tesitura, funcionarios de Turismo dieron a conocer que pusieron en marcha un plan especial de promoción, paquetes y descuentos, para hacer frente a los últimos meses del año.

El secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, habló de compensar la contracción del mercado por los fenómenos naturales, redireccionando las campañas de promoción hacia mercados alternativos en países de Centroamérica y América del Sur, como Colombia, Perú, Chile y Argentina.

A todas luces se vislumbra que la difusión de los resultados de la auditoría que la AGE aplicó a la Capama, persiguió objetivos políticos.

Si bien los diputados Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano; Mauricio Legarreta, Partido Verde; y Samuel Reséndiz, PRI, fueron los promoventes de la auditoría, no parecían ser ellos los que necesariamente tuvieran que anunciar los resultados y menos aun cuando el proceso no ha concluido.

El Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), admite haber recibido las observaciones por parte de la Auditoría General del Estado (AGE) órgano correspondiente al Congreso de local, y asegura que, en tiempo y forma, fueron solventadas.

Queda esperar, a este respecto, que la AGE emita los resolutivos sobre las observaciones, lo cual constituye, a decir de los consejeros de Capama, uno de los varios pasos que comprende el proceso de la auditoría, de lo que se deduce que el mismo no está agotado.

Por tanto, lo hecho por los diputados promoventes es equiparable al hecho de que el Ministerio Público hubiera dado a conocer que un acusado de homicidio es un asesino, sin que antes el juez emitiera la sentencia de inocente o culpable.

Cada día que transcurre se ve más lejana la posibilidad de llevar a juicio y sancionar a los autores materiales e intelectuales de las más de 500 desapariciones perpetradas por el Estado mexicano contra luchadores sociales, o contra sospechosos de serlo, durante la ignominiosa etapa conocida como guerra sucia, cuando el gobierno se lanzó con toda su furia y su fuerza, aun por encima de la ley, contra quienes consideraba enemigos, sobre todo en Guerrero.

Cuando Vicente Fox ganó la presidencia de la República en la histórica elección que puso fin al vergonzoso régimen del PRI-gobierno, una especie de rayo de esperanza surcó el cielo de la izquierda. Pero esta expectativa se desvaneció pronto, cuando fue claro que el nuevo presidente no tenía la intención de desmontar el decrépito sistema.

Luego, con Felipe Calderón las fuerzas armadas cobraron una relevancia inusitada porque todas las corporaciones policiacas y de procuración de justicia estaban penetradas por el crimen, y no ofrecían ninguna seguridad. Entonces el presidente que ensalzó al Ejército como la institución salvadora de la república cerró toda posibilidad de abrir juicio por sus crímenes pasados.

Si los resultados que algunos diputados dieron a conocer sobre la auditoría hecha por la Auditoría General del Estado (AGE) a la Capama no encuentran la solventación correspondiente, serán una respuesta contundente a por qué la situación económica de la paramunicipal se encuentra en el naufragio.

Si la información revelada, correspondiente a 2016, es resultado de una auditoría no concluida, como aducen otros legisladores que la impugnan, no hay razón para que estos respinguen tan alto como lo hicieron ayer.

Diputados de PRI, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista de México dieron a conocer que la AGE detectó 12 irregularidades financieras en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama) por más de 194 millones 577 mil 346. 98 pesos.

Entre las anomalías, citaron condonaciones a los saldos de las cuentas de usuarios sin haber hecho el proceso de justificación y autorización, por un monto de 6 millones 441 mil 721 pesos; se identificaron saldos a favor de contratistas sin que se emprendieran las acciones para su comprobación o, en su caso, para su recuperación, además de que se liberaron recursos a favor de proveedores sin comprobar, todo ello por un total de 16 millones 431 mil 589 pesos; se detectó la liberación de 170 mil 741 pesos por gastos a comprobar y préstamos a funcionarios y empleados de la paramunicipal sin que se haya presentado la documentación comprobatoria o justificativa, entre otros conceptos.

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