Contrastes

Ago 08, 2020

Viéndolo bien, la diferencia principal entre los mexicanos y los estadunidenses en lo que respecta a la posesión, portación y detonación de armas de fuego no estriba tanto en la tan criticada libertad y facilidad con que en el vecino país del norte es posible adquirirlas, sino en el cuidado que ponen las autoridades para conceder los permisos correspondientes.

Este tema viene a cuento a propósito de la enésima matanza –la peor de todas, en Las Vegas– de civiles desprevenidos e inermes a manos de un tirador que, en algún momento, pierde contacto con la realidad y decide asesinar a sangre fría a cuantos pueda, con toda premeditación y sin que medie provocación alguna.

Hasta anoche el número de víctimas mortales del ataque superaba los 60; los heridos se contaban por cientos.

Debido a que la legislación estadunidense prohíbe explícitamente el registro y la recolección de datos sobre el tema, sólo es posible hacer cálculos y deducciones. Así, se estima que en el vecino país circulan unos 310 millones de armas, más que el número total de habitantes.

No obstante los antecedentes de incumplimiento, la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Taxco no deja de ser una oleada de aire fresco y esperanzador para los damnificados del sismo de este 19 de septiembre pasado.

En 2013, a raíz de la tormenta Manuel, que –potenciada por el huracán Ingrid–devastó al estado, Peña Nieto visitó la entidad una veintena de veces y creó el Plan Nuevo Guerrero para reconstruir lo arrasado.

Sus visitas resultaron fortalecedoras, pues hicieron sentir a los afectados que tenían el apoyo de la Presidencia de la República y se sintieron acompañados.

Este sábado estuvo en Taxco, donde hizo el compromiso de que en cuatro meses se habrá concluido la reconstrucción de inmuebles dañados por el temblor.

En el caso de las escuelas, informó que hay 157 dañadas y que, para que los alumnos no pierdan el ciclo escolar, serán reubicados en otros planteles, estudiarán en aulas móviles o continuarán sus estudios en sedes alternas.

Habrá que ver ahora cuál es la reacción de los padres de familia y docentes de los inmuebles afectados, porque, desde el sismo, han llevado a cabo protestas exigiendo una solución al problema.

No parece encuadrar en este marco el caso de profesores y padres que reclaman un dictamen sobre algunos planteles que aparentemente no resultaron perjudicados pero no brindan confianza, ni seguridad, para continuar laborando, como tampoco encuadran las manifestaciones de inconformidad de quienes demandan la restitución de docentes faltantes por fallecimiento o jubilación.

Concluida la visita presidencial y firmado el compromiso sobre afectaciones, en el que cabe el de que familias de damnificados seguirán recibiendo apoyo del Fonden, queda vigilar que lo anunciado se cumpla, pues no vaya a suceder lo ocurrido en el caso de Manuel e Ingrid, en el sentido de que el gobierno federal dio por terminado el programa de reconstrucción de daños mientras estaban sin construir viviendas, centros de salud, caminos, puentes y otras obras, de las que dan testimonio sobre todo perjudicados en la región de La Montaña, cuyos habitantes han hecho varios bloqueos carreteros en Tlapa exigiendo el cumplimiento de los compromisos derivados del temporal ocurrido en 2013.

Es de esperarse que, sobre las irregularidades e incumplimientos cometidos en la reconstrucción pasada, la sociedad no permita que se repitan, pues de suceder significará que nada se aprendió de la tragedia. n

Así como tras el terremoto de 1985, hace 32 años, un México nuevo acabó de nacer, tras una larga gestación durante la cual se produjeron los cambios objetivos y subjetivos –y su correspondiente expresión en nuevas leyes, que proporcionaron el sustento legal a esa nueva nación–, ahora, tras el sismo del 19 de septiembre, nuestro país está, otra vez, en condición de dar el salto cualitativo hacia estadios superiores de organización social y de convivencia política.

El cambio cuantitativo acabó por convertirse en cambio cualitativo. Para 1985 se habían acumulado los agravios cometidos contra el pueblo por el régimen anterior, pero se acumuló también la resistencia ciudadana, los saberes y la conciencia de la gente. Y aquel 19 de septiembre, al finalizar el día, los ciudadanos y el gobierno sabían que nada volvería a ser como antes, que el poder del presidente dejaría de ser omnímodo de una vez y para siempre, que en los ciudadanos estaba tomar las riendas de muchos aspectos de la vida nacional en una magnitud nunca antes vista, que en adelante no quedaría impunes las afrentas de la clase gobernante, que el Congreso se abriría para dar paso a las voces discordantes; en suma, que el poder reside en el pueblo, pues.

Finalmente, alguien se dio cuenta en el Congreso local de que los diputados tienen pendiente armonizar la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que regula la operación de las policías comunitarias.

Hace cinco meses venció el plazo para que los diputados llevaran a cabo este trabajo, pero han sido omisos, pues ni los partidos políticos en los que militan, ni el Poder Ejecutivo, los presionan para que cumplan su responsabilidad.

En la sesión de este jueves, la fracción parlamentaria del PRD apremió a las comisiones del Congreso a que resuelvan las diversas iniciativas relacionadas con los temas indígenas, entre ellas la referente a la Ley 701.

 El diputado Ociel Hugar García Trujillo, vicecoordinador parlamentario del PRD, les recordó que se han presentado al menos tres iniciativas dirigidas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos para acelerar el procedimiento, y advirtió que mientras no se dictamine la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución, presentada por el gobierno estatal, para delimitar la actuación de la Policía Comunitaria, la Ley 701 no puede ser ajustada.

Recordó que entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y las comisiones unidas de Asuntos Indígenas y de Justicia existe un acuerdo para que las dos últimas dictaminen las iniciativas presentadas por Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y diversas organizaciones sociales; aseguró que, de no agilizar el proceso, las comisiones unidas procederán en consecuencia.

También la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, expresó su inconformidad por la falta de interés mostrada sobre el tema; criticó en tribuna que siguen turnando a comisiones diversas propuestas, sin tener avances, como es el caso de la armonización de la Ley 701.

Ya el 13 de septiembre, diputados de PRD y Movimiento Ciudadano denunciaron que 50 por ciento de las propuestas presentadas en esta 61 Legislatura se encuentran rezagadas en comisiones.

Habrá que esperar a ver si deciden desquitar su jugoso salario u optan por seguir nadando de a muertito, pues al fin y al cabo no hay nadie que los obligue a cumplir su responsabilidad.

Otra vez, Guerrero vuelve a sobresalir en el plano informativo nacional y no precisamente con algún acontecimiento que lo ubique en el terreno de la superación o el crecimiento en algún rubro constructivo.

No, señor. Si bien en los últimos años ha sido sobre todo la violencia y la inseguridad, sin contar ya el subdesarrollo y demás lastres, lo que lo ha mantenido en el centro del huracán, ahora son los temblores aparte de las lluvias. El temblor del reciente 19 de septiembre y antes, el 14, el huracán Max, han metido en serios problemas a la población, cuyas viviendas, cultivos y centros educativos, han sufrido severos daños, y, lo más lamentable, con pérdida de vidas humanas.

La reacción de las autoridades ha sido inmediata; recorren sus jurisdicciones llevando palabras de aliento y algunos apoyos que les ayudan a pasar el momento.

Eso es lo inmediato, lo cual no constituye la solución al problema de la gente; viene la reconstrucción de viviendas, escuelas y de infraestructura urbana y carretera, lo mismo que el pago de daños de cultivos siniestrados.

Viene a la mente, en forma inevitable, que en 2013 la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, golpearon despiadadamente la entidad y que, a cuatro años, habiéndose declarado concluido el Plan Nuevo Guerrero, que supuestamente resanaría todos los perjuicios, siguen sin reconstruirse numerosas viviendas, escuelas, centros de salud.

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