Este domingo se cumplió el plazo de cinco días que el Congreso local concedió al alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, para que aporte pruebas a su favor relacionadas con el juicio de revocación de mandato que se le sigue por el supuesto mal uso de 12 millones de pesos destinados para resolver el problema de la basura.

Por tanto, se prevé que en la sesión de mañana martes el Congreso desahogará las pruebas aportadas por el munícipe.

En los pasillos del Congreso se ventiló que, independientemente del resultado que haya del análisis de las pruebas entregadas por el ayuntamiento capitalino, la Comisión Instructora ya tiene el sentido del dictamen, que es a favor de la revocación de mandato, para lo cual cuenta con el aval de varios diputados priístas, entre ellos, Cuauhtémoc Salgado Romero e Ignacio Basilio García, integrantes de la Comisión Dictaminadora.

Adelantándose a un probable complot contra el alcalde, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el secretario del ayuntamiento de Chilpancingo, Jesús Vargas, rechazó que vaya a ser este martes cuando diputados aprueben dicha revocación y que de hacerlo “sería ilegal”.

De ser verdad que los legisladores tienen ya armado el mecanismo para sacrificar a Leyva Mena, significa que no están dispuestos a apegarse a la legalidad.

Evidenciaría que el primer edil capitalino no las trae todas consigo, pues que sean los perredistas los que hayan promovido el juicio no es nada extraño, pero el hecho de que varios diputados priístas ya aceptaron empujarlo al fuego proyecta que ni en el mismo PRI lo ven con buenos ojos.

Leyva Mena ha sido criticado severamente por los diversos sectores de la capital, sobre todo por los problemas de seguridad pública y la suciedad en que se ha visto envuelta la cabecera municipal en los meses recientes.

Del conflicto relativo a la basura, que como protesta por no haber dónde tirarla han llegado a depositársela hasta en el Zócalo citadino, se derivó precisamente el juicio de revocación de mandato, el que, independientemente de que sea válido o no legalmente, envía el mensaje de que la primera autoridad municipal no tiene muy buenas relaciones con las esferas gubernamentales y políticas, que parecen haberlo condenado al cadalso. n

Desde hace unos meses que iniciaron las rondas entre México, Canadá y Estados Unidos para actualizar el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), los dos países del norte han insistido en la necesidad de que el gobierno azteca aumente el sueldo a los trabajadores mexicanos, porque consideran que los bajos sueldos que percibe la mayoría de los empleados de todos los sectores, es una ventaja de nuestro país para que las maquiladoras y otras empresas extranjeras nos prefieran para instalar sus fábricas y ensambladoras.

Sin embargo, el gobierno mexicano se ha negado sistemáticamente a ello, al aumento de salarios, con el pretexto de que, los sueldos bajos, propician la creación de empleos y aumentarlos crean inflación.

Pero los representantes de Canadá y EU no alcanzan a comprender por qué las autoridades de nuestro país prefieren mantener en la pobreza a sus trabajadores, sin que sientan remordimientos o se compadezcan del grado de necesidad que tiene la clase obrera de conseguir mejor bienestar para su familia, a través de su salario.

A juzgar por hechos de los que han dado cuenta los medios locales de comunicación, no es del todo improbable que uno o varios gobernantes escuchen la petición del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, de que las autoridades gubernamentales asignen recursos para la reconstrucción de inmuebles de la Iglesia católica que, sin estar catalogados como monumentos históricos, también resultaron dañados por los pasados sismos, sobre todo por el del 19 de septiembre.

Mal harían en prestar oídos a la solicitud del prelado, si bien no sería la primera vez que así lo hicieran.

A finales de 2012, diputados federales que en el Congreso discutían el Presupuesto de Egresos de 2013 acordaron asignar 20 millones de pesos de recursos públicos a la construcción de la nueva catedral de Cristo Rey –que se levanta en la esquina de Universidad e Ignacio Chávez, en Acapulco–, a pesar de la indignación que un año antes despertó entre la comunidad cultural del puerto el anuncio de ocho millones de pesos para el mismo propósito.

Luego, el 7 de agosto de 2015, el cabildo porteño aprobó una partida mensual de 10 mil pesos como apoyo a la fundación cultural Cristo Rey para la construcción de una instalación anunciada como centro cultural que operaría en el subsuelo de la nueva catedral.

La decisión gubernamental de entregar dinero directamente a los damnificados por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, para que sean ellos mismos los que reconstruyan sus viviendas, debería ser sopesada cuidadosamente antes de ponerla en práctica.

La medida tiene su origen en los problemas asociados a la reconstrucción de Guerrero derivada de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que si tuvo incumplimientos, no fue precisamente porque el programa estuviera mal diseñado, sino porque el gobierno no fue minucioso en las labores de supervisión.

Nada garantiza que el hecho de poner el dinero en manos de los afectados se lleve a cabo de la mejor manera, y si en la ejecución del Plan Nuevo Guerrero hubo prácticas de corrupción en sus diversas modalidades, los perjudicados por Max y el temblor también pueden hacer mal uso del recurso, si no se crea un procedimiento que los revise constantemente y verifique cabalmente el cumplimiento de objetivos.

Habrá que recordar tiempos aquellos en que el Banrural, por medio de sus agentes, acudía a las comunidades a entregar en manos de campesinos los créditos en dinero para la siembra y cultivo propio de la temporada de lluvias.

En el mismo sitio en que se repartía el dinero, los campesinos comenzaban a comprar cerveza hasta por cartones; se emborrachaban y al día siguiente amanecían sin moneda alguna.

Hoy en día, no parece tener mucho peso la postura gubernamental de que “quien reconstruya su casa va a tener la gloria de su familia y de su pueblo, porque viven en comunidad; la gente va a ver, va a decir: le dieron dinero, e hizo su casa, y el que no lo haga, pues va a tener la deshonra frente a su pueblo y más con su familia”.

Desafortunadamente, no pocos son los que no se interesan en obtener la gloria de su familia, ni la de su pueblo, ni les preocupa cargar con la deshonra por el incumplimiento.

Tiene lógica, sí, aquello de que la autoconstrucción fomentará el empleo local en el pueblo, la compra de materiales en lugares cercanos, y el ánimo de ir reconstruyendo la casa en la medida de lo posible como los damnificados; no obstante, si no se define un mecanismo de supervisión y cumplimiento adecuado y eficaz, las buenas intenciones podrían dar al traste. n

Justicia dirigida

Mar 02, 2021

En sesión del martes pasado, diputados locales rechazaron la cuenta pública 2015 correspondiente al periodo del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez; la Auditoría General del Estado (AGE) detectó un presunto daño a la hacienda pública por 194 millones de pesos, en un proceso que, hasta donde quedó claro, no ha concluido.

Cuando diputados del mismo congreso pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y al Verde Ecologista de México revelaron irregularidades coincidentemente por 194 millones de pesos detectadas en auditoría realizada a la Capama, legisladores del PRD se lanzaron contra sus colegas acusándolos de llevar a cabo una guerra sucia contra la administración municipal de Acapulco, dando a conocer, adujeron, un auditoría que se encuentra en proceso todavía, es decir, no concluida aún. Ahora, al balconear al ex gobernador, nadie reparó en que la revisión a la cuenta pública permanece inconclusa todavía y que, si se sigue el mismo patrón observado en el caso de la Capama, es de entenderse que los 44 de los 45 diputados que aprobaron el rechazo, le están haciendo guerra sucia a Ortega Martínez.

La explicación reside no precisamente en la legalidad del punto, sino en que el edil acapulqueño, de filiación perredista, tiene quien lo defienda: la bancada perredista, en tanto el ex mandatario al no pertenecer a ningún partido, se encuentra en estado de orfandad, sin tener por consiguiente nadie que lo proteja.

Ya el PRD, que en su momento lo propuso desde la cúspide para sustituir a Ángel Aguirre Rivero, se le lanzó a la yugular avalando “totalmente el rechazo” a su cuenta pública; la dirigencia estatal parece cobrarle la factura cuando alega que Ortega Martínez gobernó muy distanciadamente del partido.

Pero no solamente los perredistas protegen a sus pupilos; igual ocurre con otros partidos, como el PRI, cuyos diputados locales salvaron de ir a prisión al su colega Saúl Beltrán Orozco, al que, acusado de haber cometido homicidio siendo presidente municipal de San Miguel Totolapan, lo salvaron de ir a prisión al hacer derrapar el juicio que debieron seguirle para desaforarlo, impidiendo que la Fiscalía General de Justicia le diera cumplimiento a la ley.

Así, no paga quien la debe, sino el que no tiene quien lo defienda.

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