En vez de irse aclarando el caso de la auditoría efectuada por el Congreso local a la Capama, tiende a confundirse más.

Cuando diputados locales del PRD denunciaron guerra sucia de sus pares del PRI, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista de México, contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, al hacer público el pliego de observaciones que la Auditoría General del Estado (AGE) hizo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado al Municipio de Acapulco, aseguraron que el documento “ni siquiera se ha emitido, y al parecer debe quedar en el mes de octubre para que en un plazo de 45 días la Capama las pueda subsanar”.

El diputado Ernesto González aseguró que “el procedimiento de la auditoría no está concluido; tan es así que aún no han notificado al organismo que es la Capama”.

En respuesta, el director del organismo, Javier Chona Gutiérrez, informó que las observaciones fueron contestadas a la AGE en tiempo y forma.

Acapulco sufre ya los embates de la crisis propia de la temporada, agravada por los temblores del pasado 19 de septiembre y las lluvias, en tanto la Secretaría de Turismo (Sectur) estatal apenas ha anunciado que “se redireccionarán las campañas de promoción”: mientras el enfermo está postrado urgido de atención, la Sectur apenas se está organizando para programar la intervención quirúrgica.

Este sábado se reportó una ocupación hotelera global de 37.8 por ciento, mientras que en la misma fecha de 2016 fue de 54.7 por ciento.

Atenida a lo connacionales que visitan la entidad sin necesidad de promoción, Turismo estatal no se había prevenido con nada, a pesar de que la temporada es la peor del año; luego, el sismo y el temporal le vinieron a correr los invitados a la fiesta, y a agudizar más la ausencia de paseantes.

Ahora que se ve con el problema encima, porque Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla, entidades emisoras de visitantes, han resultado seriamente afectadas por el movimiento telúrico, ha recurrido al truco de que las campañas de promoción que supuestamente se están realizando y que nunca mencionó dónde, ni con qué presupuestos, las dirigirá a Centroamérica y América del Sur, a países como Colombia, Perú, Chile y Argentina, que nunca han sido vistos como mercados potenciales de turismo.

El problema de la disposición final de la basura que produce Chilpancingo tiene explicaciones que van más allá de las que sólo se refieren a la pericia o impericia del alcalde Marco Antonio Leyva Mena en el oficio de gobernar, pues no depende por entero de su falta de habilidad para concertar acuerdos, o de su seriedad para cumplirlos, o de su solidez financiera para poder hacerlos realidad.

También tiene que ver con la actitud de sus gobernados. Y esta comunidad es cada día más contestataria, igual que está ocurriendo con todas las sociedades del mundo, algo que las redes sociales y la Internet facilitan sobremanera.

Cuando no existía este recurso la oposición activa a un gobernante requería de campañas intensivas de propaganda para manifestar tal postura y convocar a la manifestación correspondiente. Hoy basta oprimir unos botones de la computadora o del teléfono celular para que la protesta se potencie a mil por ciento.

Y ya no habrá vuelta atrás. Puede que, debido a la presión de gobiernos o de particulares, las empresas proveedoras de los servicios de redes en Internet regulen algunos excesos, como las fake news o el anonimato de los participantes, pero la esencia de las redes sociales, que es la libertad de expresión, ha llegado para quedarse.

En el caso de la basura, es claro que va siendo hora de que las autoridades se pongan al día con las asignaturas pendientes y abran su mente a las nuevas maneras de tratarla. Los tiraderos –a cielo abierto o en rellenos sanitarios– son cada vez menos aceptables para la sociedad porque implican contaminación y desperdicio. Habrá que adoptar la tecnología necesaria, que ya existe, y tomar nota de cómo están lidiando con este problema los países que llevan la delantera en el mundo en estas cuestiones.

Después de la basura, pero no mucho después, las autoridades mexicanas tendrán también que empezar a tomarse muy en serio otras obligaciones y asignaturas que hasta ahora han sido sus preocupaciones menores, pero sobre las que la sociedad va fijando cada vez más su atención. Puede que la lista de éstas no sea tan corta como quisieran. n

Si de por sí octubre y noviembre son considerados los meses más críticos para Acapulco en el aspecto económico, el sismo de este 19 de septiembre vino a empeorar la situación al resultar afectados los principales estados emisores de visitantes: Ciudad de México, Puebla, Morelos y estado de México.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado de Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, advirtió que debido a esta situación están en riesgo unos 36 mil puestos de trabajo del sector servicios en Acapulco, e indicó que no sólo el sismo ha perjudicado al puerto, sino también las tormentas tropicales, y desde hace 15 años, la violencia y la inseguridad.

En esta tesitura, funcionarios de Turismo dieron a conocer que pusieron en marcha un plan especial de promoción, paquetes y descuentos, para hacer frente a los últimos meses del año.

El secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, habló de compensar la contracción del mercado por los fenómenos naturales, redireccionando las campañas de promoción hacia mercados alternativos en países de Centroamérica y América del Sur, como Colombia, Perú, Chile y Argentina.

A todas luces se vislumbra que la difusión de los resultados de la auditoría que la AGE aplicó a la Capama, persiguió objetivos políticos.

Si bien los diputados Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano; Mauricio Legarreta, Partido Verde; y Samuel Reséndiz, PRI, fueron los promoventes de la auditoría, no parecían ser ellos los que necesariamente tuvieran que anunciar los resultados y menos aun cuando el proceso no ha concluido.

El Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), admite haber recibido las observaciones por parte de la Auditoría General del Estado (AGE) órgano correspondiente al Congreso de local, y asegura que, en tiempo y forma, fueron solventadas.

Queda esperar, a este respecto, que la AGE emita los resolutivos sobre las observaciones, lo cual constituye, a decir de los consejeros de Capama, uno de los varios pasos que comprende el proceso de la auditoría, de lo que se deduce que el mismo no está agotado.

Por tanto, lo hecho por los diputados promoventes es equiparable al hecho de que el Ministerio Público hubiera dado a conocer que un acusado de homicidio es un asesino, sin que antes el juez emitiera la sentencia de inocente o culpable.

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