Mediante su circular número CISEG/2017/0002, fechada el 17 de agosto pasado, dirigido a subsecretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento, jefes de sector, inspectores, supervisores, directores, subdirectores de los centros educativos de nivel básico, el contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón, los exhorta a “que se abstengan de realizar acciones que conlleven a condicionar las inscripciones, mediante cooperaciones económicas o en especie, y que por su actuar y proceder transgredan lo establecido en los artículos 7, 63, 65 de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, y no dar lugar a las sanciones administrativas”.

Ahora sí que, como dice el clásico, no se sabe si el documento es para reír o llorar.

Van razones: la tramposidad de la circular queda al descubierto desde el momento en que se gira a unas cuantas horas de que comience el ciclo escolar. Se extendió el jueves 17, quedando sólo un día hábil para que empezara el ciclo escolar. Para esa hora ya todas las escuelas habían terminado su labor de inscripción, condicionándola en todo caso al pago de determinadas cantidades de dinero. Eso todo lo saben porque todos participan. No hay inocentes.

Pero la trampa no recae solamente en la expedición tardía del documento, sino se orquesta desde el momento de la designación de los comités directivos de las sociedades de padres de familia que organizan e inducen los directores y profesores de tal manera que se nombre en los cargos a personas escogidas ex profeso por ellos a fin de manipularlos, empezando por la aprobación de las cuotas de inscripción.

De esa forma, ante las protestas por los cobros, los directores inmediatamente esgrimen que fue acuerdo tomado en asamblea por los padres de familia. Y de ahí nadie los mueve. Quejas son muchas las que surgen en cada inscripción, pero nunca, en ninguna administración, se ha sabido que la SEG eche abajo un cobro u ordene directamente una inscripción gratuita en base a una queja, ni que haya sancionado a un solo director.

Cierto regocijo debió causar entre guerrerenses –chilpancinguenses sobre todo– el comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que el priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al comprobársele irregularidades en la compra de predios para edificar casas para los damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, mismas en que supuestamente incurrió cuando fungía como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Numerosas fueron las quejas, convertidas en un clamor en su momento, contra Vicario Castrejón, relacionado sobre todo con el fraccionamiento Nuevo Mirador, en Chilpancingo, donde fue necesario incluso reconstruir viviendas que, siendo nuevas, no pudieron ser habitadas por los damnificados. 

Irregularidades como ésta, dieron origen a que el nuevo delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, presentara, según su propia versión, 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fallas en obras de reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud. La medida dictada por la SFP, no obstante, no puede ser considerada aún como un acto de justicia, puesto que el ex funcionario, convertido actualmente en diputado local, dispone de 15 días para presentar sus argumentaciones. 

Vicario Castrejón, cuyo castigo consistiría en no poder desempeñar ningún puesto público durante 10 años, tiempo que ya empezó a correr, asegura que buscará echar abajo la inhabilitación presentando 21 pruebas de que no cometió ninguna anomalía. 

Pocas han sido las inhabilitaciones a funcionarios públicos en este sentido; hasta donde se sabe, ningún gobierno se ha encargado de verificar que se cumplan, pues termina una administración y la que sigue no se ocupa de dar seguimiento, si de por sí se considera que la sanción carece de energía, abriendo aún más las puertas a la impunidad y a la corrupción. Poco importó al PRI que la honorabilidad de Vicario Castrejón estuviera en entredicho y marcada por el escándalo; lo convirtió, tal vez para protegerlo, en diputado local de la actual legislatura, donde permanecerá hasta 2018; a nadie sorprendería que sus amigos los legisladores priístas hicieran cuanto estuviera en su mano para que salga bien librado del trance, tal como lo hicieron con su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, en favor de quien maniobraron para liberarlo de la acusación de homicidio y posiblemente de su estancia en la cárcel. 

Aunque tiene en su contra el repudio público, legalmente no se sabe aún si Vicario es culpable o inocente; lo que sí se sabe, sin lugar a dudas, es que en el programa de reconstrucción por Manuel e Ingrid, afloraron muchas anomalías, como lo evidencian las 12 denuncias interpuestas por Armenta Tello, por lo tanto, también hay culpables, que deberían pagar por sus fechorías. 

La justicia, reza un adagio, es lenta pero llega; en este caso, ha demostrado su lentitud, pero se duda que vaya a llegar, debido a la red de componendas y complicidades entre funcionarios. 

No vaya a ser que, ante las cercanías de las elecciones, el PRI quiera mostrar otra de sus supuestas acciones contra la corrupción para lavar su cara, porque nadie se lo va a creer. n 

Bien merecen una somera reflexión las declaraciones del dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fermín Alvarado Arroyo, respecto a las opciones que tendrá la ciudadanía en la próxima contienda electoral.
El líder acapulqueño expresó que en las elecciones de 2018 habrá dos posturas en la contienda: los que están por la felicidad, que son los priístas, y los que pugnan por el populismo y el autoritarismo, que, dijo, serán los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional, virtual candidato a la Presidencia de la República.
Bien haría el priísta en definir en que fundamentará el PRI su gobierno, si es que retiene la Presidencia, para conceder a los mexicanos esa felicidad que desde ahora vislumbra, porque si conoce la manera de lograrlo, sería interesante saber por qué no ha hecho feliz a la población en el actual sexenio en vez de mantenerla hundida en la zozobra, la intranquilidad, el miedo, derivados de la violencia y la inseguridad, que en su campaña el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a suprimir.
Si por otro lado, es pretensión conducir a los mexicanos a la felicidad mediante la honestidad, bien pudo hacerlo en la presente administración, cuya imagen ha sido la de la corrupción, la opacidad, el engaño.
Y si su idea es lograrlo por medio de la justicia, debió haber esclarecido ya, por ejemplo, el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014,  cuyos padres, respaldados por los diferentes sectores  locales, nacionales y hasta por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, cumplieron ya tres años peregrinando por todas partes en busca de justicia y solidaridad.
¿Qué esperaría a los mexicanos si gana las elecciones López Obrador? A ciencia cierta se desconoce; desde ahora se le endilgan por adelantado políticas gubernamentales de autoritarismo y populismo, no comprobadas aún porque no ha sido presidente, pero sin duda alguna sí se sabe qué espera a la población si conserva la Presidencia el PRI, porque ha dado sobradas muestras de su forma de gobernar.
Efectivamente, los mexicanos tendrán dos sopas a probar en 2018: una cuyo sabor ignora, porque sólo los futurólogos pueden ver en su bola de cristal; de la otra tampoco se sabe aún su textura, pero si es la misma que el cheff le está dando a los mexicanos, se sabe ya que está prepara por un mal cocinero y tiene a los comensales con una permanente infección intestinal. n

Hoy cumplen ocho días de protesta los trabajadores del ayuntamiento municipal de Atoyac, en demanda de que les paguen cuatro quincenas y algunas prestaciones laborales. 

Si muchos de los trabajadores van al día con sus gastos, es de imaginarse los problemas económicos que ellos y sus familias enfrentan en estos momentos en sus hogares. 

En todas las empresas es motivo de irritación para sus empleados que les paguen un día después de lo debido; es común incluso que si la empresa suele pagarles en la mañana y algún pago se los hacen por la tarde, cause enojo. 

Por eso mismo es de entenderse la situación de los trabajadores municipales atoyaquenses, que, en reclamo del pago de su salario, mantienen tomadas oficinas de la alcaldía. 

Sobre el movimiento, el alcalde Dámaso Pérez Organes acusó que “están actores de otros partidos políticos que pretenden desestabilizar al gobierno municipal rumbo al proceso electoral de 2018”, y manifestó que “su administración está abierta a cualquier auditoría que quiera hacer el gobierno estatal”. 

No se trata de esclarecer si hay o no personas ajenas al movimiento, sino la verdad irrebatible es que se adeuda a los trabajadores; es ese el punto medular del conflicto; si hay alguien interesado en aprovecharlo para otros fines, es otro tema. 

Tampoco se trata de definir si el gobierno de Pérez Organes es o no muy honesto, sino del incumplimiento del pago salarial a quienes trabajan para la administración del edil.

La primera autoridad municipal dejó crecer el problema hasta que le reventó en las manos; ahora, en vez de concentrar su voluntad en cumplir sus responsabilidades como patrón, busca distraer la atención adjudicando a las protestas otros ribetes con lo que pretende victimizarse. 

La propuesta del primer edil es pagar los salarios hasta dentro de 15 días, cuando desde la primera quincena que quedó a deberles debió abocarse a apagar el fuego que comenzaba a surgir. 

Ahora, casi al cumplirse ocho días de paro laboral, ve supuestos intentos de desestabilizar su administración, mostrando, sí, gran preocupación por su futuro político, el cual, más bien, está en entredicho por haber llevado a sus trabajadores al desfiladero al dejarlos sin comer junto con sus familias. 

Es hasta ahora que el jefe del gobierno municipal está haciendo lo que debió hacer hace cuatro quincenas: gestionar recursos para pagar. Debió entender que con el salario de los trabajadores no se juega. Sus incumplimientos, esos sí, pueden desestabilizar su administración y estropear su futuro político, porque trabajar con gente resentida a la que no le cumplen, trae funestas consecuencias. Luego entonces, que el alcalde, como dicen en el rancho, no le busque colgadera al plato y asuma su responsabilidad.

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