Cuando empezó a operar la reforma educativa, la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, lo mismo nacional que estatal, se desgarró la vestiduras blandiendo como arma de oposición que la educación tendía a privatizarse con el cambio y manejaba como elemento de muestra el cobro por las inscripciones.

La oposición fue férrea, cerrada, inflexible, hasta que las secretarías de Gobernación y Educación llamaron al diálogo a los defensores; líderes y funcionarios platicaron, negociaron, llegaron a acuerdos que en ningún momento se dieron a conocer; el caso es que los protestantes radicales, recalcitrantes, intransigentes, se apaciguaron y no volvieron a abrir la boca, sospechosamente.

Llegaron las inscripciones; los directores escolares volvieron a imponer su ley y no inscribieron a alumno alguno sin previo pago de la cuota impuesta; no obstante, los profesores que alegaban que con esta acción se conducía a la privatización, nada dijeron, lo cual los convirtió en cómplices.

Por su parte, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por medio de su contralor interno, Ramón Apreza Patrón, volvió a repartir la circular número CISEG/2017/002 mediante la cual exhorta –ni siquiera ordena, tampoco exige– a no cobrar por inscripción, cuando ya todas las inscripciones se llevaron a cabo y los inscritos incluso comienzan hoy el ciclo escolar, sobre lo cual la Ceteg, a pesar de las quejas de los padres de familia, a quienes se atribuye la autorización de las cuotas, ni siquiera ha emitido postura alguna, aunque, en su lucha, demandó y obtuvo el respaldo de los padres pretextando que la reforma educativa privatizaría la educación mediante esos cobros.

Integrantes de la Asociación de Astronomía de Acapulco Aldebarán explicaron a asistentes el fenómeno que en el puerto se vio en 30%


Decenas de familias, jóvenes, estudiantes, personas de todas las edades, se dieron cita en el estacionamiento del Fuerte de San Diego para presenciar, al menos de forma parcial, el eclipse de sol que pudo ser visto de mejor manera en territorio de Estados Unidos.

Durante la mañana, integrantes de la Asociación de Astronomía de Acapulco Aldebarán, participaron como guías de curiosos y aficionados a la observación espacial y cuerpos celestes, que más que eclipse, que apenas pudo verse en un 30 por ciento, tuvieron que soportar el calor y el sol de mediodía.

Algunas mujeres estrenaron peculiares lentes oscuros, especiales para presenciar el fenómeno sin lastimar su vista. El eclipse inició en territorio estatal a las 12:06 horas.

Los jóvenes voluntarios de la asociación y aficionados a la astronomía, explicaron los cuidados necesarios para presenciar el ocultamiento del sol a través de vidrios especiales.

Algunos portaban artefactos de cartón elaborados especialmente para la ocasión, o vidrios de soldador número 14, recomendado por especialistas.

Conflictos educativos que se estuvieron presentando en varias zonas de la entidad y que se habían desactivado eventualmente por el periodo vacacional resurgieron al empezar el ciclo escolar 2017-2018.

En Taxco, durante más de tres horas, padres de familia bloquearon la arteria principal para exigir al titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, la reposición de dos maestros que se jubilaron en la primaria Juan Ruiz de Alarcón.

Los inconformes mantuvieron una manta denunciando que la SEG, desde marzo, no les respondió a sus demandas, lo cual evidenció que el problema no es nuevo.

En Costa Grande, las 11 escuelas que integran la zona escolar 72 de nivel primaria, cuya jurisdicción abarca Atoyac y San Jerónimo, no comenzaron el nuevo ciclo escolar; los docentes se negaron a laborar en protesta por la falta de 30 maestros en varios planteles, situación que se arrastra desde el ciclo pasado y que, dicen los inconformes, la SEG se ha negado a resolver.

En Tlapa, trabajadores de cuatro zonas de escuelas secundarias técnicas tomaron por asalto las oficinas regionales de la SEG para exigir el pago de adeudo de horas laboradas hace más de cinco años.

Por otro lado, en el mismo municipio de Tlapa, padres de familia de la escuela primaria Gregorio Díaz García impidieron el ingreso de la directora del plantel y de otra profesora, a quienes pidieron que ya no se presenten más, pues sólo habían ocasionado pleitos y divisiones.

El asunto no es nuevo; sino que es de años, se quejaron los padres.

Habitantes de la sierra protestaron en Chilpancingo en reclamo de maestros.

Mediante su circular número CISEG/2017/0002, fechada el 17 de agosto pasado, dirigido a subsecretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento, jefes de sector, inspectores, supervisores, directores, subdirectores de los centros educativos de nivel básico, el contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón, los exhorta a “que se abstengan de realizar acciones que conlleven a condicionar las inscripciones, mediante cooperaciones económicas o en especie, y que por su actuar y proceder transgredan lo establecido en los artículos 7, 63, 65 de la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, y no dar lugar a las sanciones administrativas”.

Ahora sí que, como dice el clásico, no se sabe si el documento es para reír o llorar.

Van razones: la tramposidad de la circular queda al descubierto desde el momento en que se gira a unas cuantas horas de que comience el ciclo escolar. Se extendió el jueves 17, quedando sólo un día hábil para que empezara el ciclo escolar. Para esa hora ya todas las escuelas habían terminado su labor de inscripción, condicionándola en todo caso al pago de determinadas cantidades de dinero. Eso todo lo saben porque todos participan. No hay inocentes.

Pero la trampa no recae solamente en la expedición tardía del documento, sino se orquesta desde el momento de la designación de los comités directivos de las sociedades de padres de familia que organizan e inducen los directores y profesores de tal manera que se nombre en los cargos a personas escogidas ex profeso por ellos a fin de manipularlos, empezando por la aprobación de las cuotas de inscripción.

De esa forma, ante las protestas por los cobros, los directores inmediatamente esgrimen que fue acuerdo tomado en asamblea por los padres de familia. Y de ahí nadie los mueve. Quejas son muchas las que surgen en cada inscripción, pero nunca, en ninguna administración, se ha sabido que la SEG eche abajo un cobro u ordene directamente una inscripción gratuita en base a una queja, ni que haya sancionado a un solo director.

Cierto regocijo debió causar entre guerrerenses –chilpancinguenses sobre todo– el comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que el priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al comprobársele irregularidades en la compra de predios para edificar casas para los damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, mismas en que supuestamente incurrió cuando fungía como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Numerosas fueron las quejas, convertidas en un clamor en su momento, contra Vicario Castrejón, relacionado sobre todo con el fraccionamiento Nuevo Mirador, en Chilpancingo, donde fue necesario incluso reconstruir viviendas que, siendo nuevas, no pudieron ser habitadas por los damnificados. 

Irregularidades como ésta, dieron origen a que el nuevo delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, presentara, según su propia versión, 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fallas en obras de reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud. La medida dictada por la SFP, no obstante, no puede ser considerada aún como un acto de justicia, puesto que el ex funcionario, convertido actualmente en diputado local, dispone de 15 días para presentar sus argumentaciones. 

Vicario Castrejón, cuyo castigo consistiría en no poder desempeñar ningún puesto público durante 10 años, tiempo que ya empezó a correr, asegura que buscará echar abajo la inhabilitación presentando 21 pruebas de que no cometió ninguna anomalía. 

Pocas han sido las inhabilitaciones a funcionarios públicos en este sentido; hasta donde se sabe, ningún gobierno se ha encargado de verificar que se cumplan, pues termina una administración y la que sigue no se ocupa de dar seguimiento, si de por sí se considera que la sanción carece de energía, abriendo aún más las puertas a la impunidad y a la corrupción. Poco importó al PRI que la honorabilidad de Vicario Castrejón estuviera en entredicho y marcada por el escándalo; lo convirtió, tal vez para protegerlo, en diputado local de la actual legislatura, donde permanecerá hasta 2018; a nadie sorprendería que sus amigos los legisladores priístas hicieran cuanto estuviera en su mano para que salga bien librado del trance, tal como lo hicieron con su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, en favor de quien maniobraron para liberarlo de la acusación de homicidio y posiblemente de su estancia en la cárcel. 

Aunque tiene en su contra el repudio público, legalmente no se sabe aún si Vicario es culpable o inocente; lo que sí se sabe, sin lugar a dudas, es que en el programa de reconstrucción por Manuel e Ingrid, afloraron muchas anomalías, como lo evidencian las 12 denuncias interpuestas por Armenta Tello, por lo tanto, también hay culpables, que deberían pagar por sus fechorías. 

La justicia, reza un adagio, es lenta pero llega; en este caso, ha demostrado su lentitud, pero se duda que vaya a llegar, debido a la red de componendas y complicidades entre funcionarios. 

No vaya a ser que, ante las cercanías de las elecciones, el PRI quiera mostrar otra de sus supuestas acciones contra la corrupción para lavar su cara, porque nadie se lo va a creer. n 

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