Camino equivocado

Feb 19, 2019

Si son ciertas las declaraciones atribuidas al encargado de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), Leonel Galindo González, en cuanto a que los más preocupante para el organismo es la prensa y después el aspecto financiero, hay razón demás para inquietarse.

Desde la perspectiva de Galindo González, Capama tiene una prensa enemiga “porque alborota a la comunidad”; por ello, cree que los medios de comunicación son el principal problema; después las descargas de aguas negras al mar y el desabasto de agua a la población.

Si la prensa miente no está cumpliendo con su función; si distorsiona la realidad, igual. Incluso, sería razón suficiente para que Capama o cualquier otra dependencia no sólo se queje, sino recurra a las autoridades judiciales a interponer la demanda correspondiente para que se castigue penalmente a los responsables.

Algo no cuadra bien en las cuentas del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, Nazarín Vargas Armenta. Al informar a medios sobre el presupuesto autorizado para este año al organismo, el funcionario estatal reveló que solicitó 507 millones de pesos, pero los diputados le hicieron un recorte de 224 millones de pesos, es decir 44.18 por ciento de aquella cifra, y sólo le autorizaron 283 millones de pesos.

A pesar de ello, aseguró, “siguiendo nuestra política de austeridad, vamos a lograr cumplir con todas las metas institucionales que tenemos previstas para este año”.

Pero eso no es todo. En otra parte de sus declaraciones dice que las prerrogativas de los partidos políticos no se pueden modificar, y éstas sumarán 138 millones de pesos en 2019. Y si tal cantidad es inmodificable, eso significa que en el presupuesto original, la diferencia entre ésta y el total, es decir 369 millones de pesos, estaba destinada al gasto operativo y programas que debe desarrollar el IEPC.

Es este rubro, entonces, el que sufrió todo el peso del recorte: de 369 millones a 145 millones de pesos, una tarascada de 60.7 por ciento. En otras palabras, para gasto operativo y programas varios, el IEPC sólo recibirá la tercera parte de lo que presupuestó como necesidad para este año.

Si bien resulta deplorable el que se emplee a menores de edad para la realización de determinadas actividades mediante las cuales contribuyan al sostenimiento económico del hogar, no menos criticable es el hecho de que infantes sean manipulados para exigir a las autoridades la solución a diversos problemas, y hasta utilizados como carne de cañón.

Ayer, por ejemplo, responsables, trabajadores y padres de familia de estancias infantiles se manifestaron en un sitio público en Chilpancingo para demandar aumento al subsidio que se les ha venido otorgando y la reanudación del mismo, puesto que en enero no les entregaron nada, y saben que en febrero tampoco les llegará.

La petición puede ser justa porque el subsidio representa un apoyo para padres de escasos recursos y sobre todo para madres solteras que, de otra manera, tendrían serios problemas para encargar a sus hijos al acudir al trabajo.

Está bien.

No es ese el punto que conduce a este comentario, sino el que a la manifestación hayan llevado a niños, bebés prácticamente, a los que les enjaretaron pancartas con consignas a las que eran ajenos, simple y llanamente porque ellos no pudieron haberlas escrito, ni sus cerebritos tienen la capacidad todavía para dar cabida a esas ideas.

Habrá que reconocer que fue buena decisión del gobernador Héctor Astudillo Flores la de llevar a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid, España, la representación de Guerrero con fines turísticos.

Si no vienen los estadunidenses, ni los canadienses, hay que animar a los europeos.

Astudillo Flores consideró de vital importancia para la entidad promover sus principales destinos turísticos; “venimos a vendernos, venimos a ofrecernos y a colocarnos como una alternativa de destino turístico en México”, expresó entusiasmado el día 25.

Recordó que del 7 al 10 de abril próximo se realizará el Tianguis Turístico 2019 en Acapulco, y el Abierto Mexicano de Tenis, del 25 de febrero al 2 de marzo.

Hasta ahí, todo muy bien allá. Acá, el prieto en el arroz lo sigue constituyendo la imparable violencia y la incapacidad gubernamental para someterla.

El hecho ha originado que el gobierno de Estados Unidos mantenga al puerto en la alerta que sugiere a los norteamericanos no visitar Acapulco. Si de por sí antes de llegar la ola sangrienta ya no venían al preferir otros destinos con más atractivos, ahora menos.

Tuvieron que transcurrir 10 días de paro laboral para que la autoridad llegara a un acuerdo con los agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) inconformes, quienes demandaban, entre otros puntos, un bono de riesgo de 250 pesos diarios e incremento salarial de 50 por ciento.

El bono de riesgo, a pesar de que lo aprobó el gobernador el 7 de junio de 2017, no se lo habían hecho efectivo, y hace más de cinco años que no les aumentan el salario.

No se les puede calificar de exigentes, ni de desconsiderados, porque aguantaron hasta donde pudieron para finalmente explotar.

Por eso mismo, estas personas merecían la comprensión y el apoyo del gobierno al que sirven, porque no es posible, como ellos mismos aseguran, que secretarias del organismo estén cobrando ya el bono de riesgo, y se lo negaran a quienes laboran en la calle, haciendo frente al peligro en los escenarios de hechos violentos, propios de estos tiempos.

El titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, debió ser el primero en entenderlos y apoyarlos, pero tuvieron que transcurrir varios días de protestas para que los atendiera; más tarde los llevó con diputados locales, lo cual estuvo bien, pero de nada sirvió porque no aportaron nada.

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