Capama contra CFE

Abr 18, 2019

En sesión del Congreso local del 17 de marzo, el diputado Ossiel Pacheco Salas propuso hacer un exhorto a la Secretaría de Energía y presidenta del consejo administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Rocío Nahle García; al comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer; así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, para que ajusten las tarifas de energía eléctrica a los organismos operadores de agua en el estado de Guerrero, con el objetivo de evitar el cobro excesivo de tarifas de energía eléctrica.

Aunque los exhortos son como los llamados a misa, no está mal la propuesta porque denota la preocupación del legislador, pero al gobierno federal no le importa si los administradores de agua tienen o no con qué cubrir sus facturas; si consumen, lógico y natural, tienen que pagar.

Tampoco le importa si en los organismos operadores hay o no corrupción o si los usuarios del servicio cumplen con su responsabilidad o no. Tampoco.

Más viable resulta la propuesta de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, de que la CFE no aplique, en el caso específico de Capama, la tarifa de consumo industrial, sino el de servicio social.

Posteriormente, analizado seguramente el asunto, rencausó y fundamentó su exigencia, demandando la modificación tarifaria tomando en cuenta que lo que hace Capama no es lucrar, sino prestar un servicio social.

Hundimientos

Abr 18, 2019

En términos de oportunidad mediática, el hundimiento en Puerto Marqués del vetusto remolcador del Grupo Mexicano de Desarrollo no pudo haber ocurrido en mejor momento.

Sin exagerar, puede decirse que la larga pemanencia ahí de la vieja embarcación y del chalán que tenía amarrado, así como la propia Marina Majahua, a la que daban servicio, son herencia paradigmática del estilo de hacer las cosas del régimen que oficialmente fue derrotado en el año 2000.

Las autoridades de entonces hicieron oídos sordos al clamor que elevaron los habitantes de Puerto Marqués en cuanto la instalación marítima comenzó a ser construida, primero porque implicó la destrucción del ecosistema de la playa Majahua, ya afectado por la actividad turística, y luego porque cambió las corrientes oceánicas en ese rincón de la bahía portomarquesana, lo cual socavó los cimientos de decenas de modestos restaurantes edificados a la orilla del mar. La obra siguió adelante, literalmente contra viento y marea.

Es pertinente recordar que el GMD es la empresa que construyó –durante el malogrado gobierno autoritario de Rubén Figueroa Alcocer– la mal llamada vía rápida de Acapulco, tan mal diseñada y planificada que en vez de aliviar la presión del tránsito en el centro de la ciudad lo complicó al potenciar el congestionamiento vial.

Hoy que México está en el umbral de una anunciada transformación histórica, la pregunta es si las autoridades obedecerán al pueblo hasta el extremo de cancelar obras anunciadas o en proceso, o de demoler otras que se hicieron mal con toda premeditación, alevosía y ventaja.

El clamor ahí está; los expedientes de las irregularidades, también. ¿Qué falta? n

No serán pocos los que deduzcan, con razón o sin ella, que la creación de la región prioritaria Chilpancingo, que será custodiada por 600 efectivos de las fuerzas armadas, es la respuesta al emplazamiento dada al gobierno estatal por el Frente Unido de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero para que en 30 días a partir del 23 de febrero, pacificara la capital del estado o de lo contrario, 6 mil policías de esa agrupación ocuparían la región para hacerse cargo de la seguridad.

Así sea o no, injusto sería regatear al gobernador Héctor Astudillo Flores, el mérito de esta formación, porque si bien ésta se desprendió del gobierno federal, mucho tuvieron que ver las gestiones llevadas a cabo por el jefe del Ejecutivo estatal.

Los pobladores de la sierra –habían dicho los comunitarios en conferencia de prensa ofrecida el 23 de febrero en su comandancia de Filo de Caballos–, no pueden llegar a Chilpancingo porque los matan.

Salvador Alanís, vocero del Frente, aseguró entonces contar con 9 mil 300 policías comunitarios en 562 pueblos de 10 municipios, con lo que pareció advertir que, en caso dado, podrían movilizarlos para cumplir la tarea que se fijaran, igual que lo han hecho en otros casos como el corredor de Filo de Caballos-Xochipala, Tlapa, Totolapan y Petatlán, donde metieron en aprietos al gobierno.

Cuando desaparece un ciudadano sin reconocimiento público, un desconocido más allá del círculo familiar y el de sus amigos o compañeros, ninguna autoridad se inmuta.

Familiares recurren a las autoridades a interponer la denuncia correspondiente y éstas con toda tranquilidad la archivan para no ocuparse de ella.

Mas cuando se trata de un personaje político, un funcionario público o un líder de reconocida influencia o un caso de alto impacto, sale de su inmovilidad todo el aparato gubernamental para hacer ruido, haciendo correr la voz de que lo andan buscando.

Apenas el pasado 12 de febrero, fue la desaparición de la dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) de Ayutla, Obtilia Eugenio Manuel, la que cimbró a la esfera gubernamental, desde que la secuestraron hasta que apareció.

Mientras miles de ciudadanos guerrerenses se encuentran desaparecidos sin que el gobierno haga caso de ello, desde que desapareció la lideresa, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno activaron los protocolos de búsqueda y localización, que incluyó un despliegue permanente de la fuerza de tarea en tierra y aire.

De la lectura de las notas principales de esta edición de La Jornada Guerrero sólo puede sacarse una conclusión: que la administración pública de Guerrero –de manera relevante los ayuntamientos– es muy mala para recaudar recursos por la vía fiscal, y muy eficiente para perderlos, sobre todo por la vía de las sentencias laborales.

Por un lado, es de todos sabido que los presidentes municipales no se atreven a implantar el cobro de los impuestos que les corresponde cobrar, en la mayoría de los casos porque la imposición de las contribuciones siempre es impopular, situación en la que no quieren caer. En otros casos, porque no están habituados a hacer cuentas y tal vez se imaginan que el dinero brotará de alguna fuente –los gobiernos federal y estatal–, de manera que a ellos no les corresponde hacer esfuerzo alguno al respecto.

Por otro lado, es innegable que su estilo de llevar la parte administrativa de su gestión no es el más adecuado, ni es el que se apega más a las normas de la buena administración, ni a las leyes que rigen las relaciones de trabajo, de manera que acaban por generar conflictos laborales que a la postre cuestan millones de pesos a los gobiernos municipales.

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