El enfrentamiento entre autodefensas ocurrido esta semana en Xaltianguis no ha hecho más que reflejar el vacío de autoridad en esa comunidad, que ha estado en poder de grupos civiles armados, en tanto la población ha quedado en medio, como el jamón del sandwich, y ha pagado las consecuencias de la omisión gubernamental.

El informe de la Fiscalía General del Estado (FGE) en cuanto al decomiso de nueve chalecos tácticos, dos chalecos antibala, 17 radios de comunicación, 24 teléfonos celulares, cartuchos útiles, 37 armas de fuego, entre largas y cortas de uso exclusivo del Ejército, dos cubos metálicos de aproximadamente un metro para fabricar bombas caseras, un dron, dos computadoras y 15 vehículos, dibuja de cuerpo entero la capacidad de organización y el poder de fuego del autollamado Sistema de Seguridad Xaltianguis (SSX).

¿Todo ese armamento era para resguardar a la población? ¡Quién sabe! Lo que sí se sabe es que tiene su origen en la permisividad, si no complicidad, de la autoridad, que permitió la instalación de la autodefensa y su funcionamiento, en rivalidad con la Upoeg, a la que finalmente expulsó para sentar sus reales.

SSX y Upoeg han disputado el derecho de proteger a la población, con saldo de enfrentamientos con muertos y la expulsión de medio centenar de familias con la condescendencia de quienes tienen la responsabilidad legal de guardar el orden.

Este miércoles, los desplazados atribuyeron lo ocurrido en Xaltianguis “a la omisión de los tres niveles de gobierno”.

Aseguraron que en los últimos seis meses interpusieron 25 denuncias en la FGE. Nunca hizo nada la Fiscalía.

Acusaron a la Presidencia Municipal de mantenerse al margen de la situación de inseguridad, a pesar de las constantes peticiones de ayuda que le hicieron; igual se quejaron de la Comisión de los Derechos Humanos del estado.

Finalmente, es de suponerse que con el operativo policiaco-militar efectuado este miércoles se ha rescatado a Xaltianguis y restablecido el orden y la seguridad.

SSX fue expulsado momentáneamente de la comunidad y se ha establecido vigilancia oficial a cargo de más de un centenar de agentes; habrá que esperar qué sigue. n

Coversatorio "los medios de comunicación en el contexto de la violenciia" se celebró en el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano IIEPA - IMA, como parte del Seminario Internacional Democracias Subnacionales Latinoamericanas frente al desafío de las violencias, con la participación de los fotoperiodistas: Raúl Sendic García Estrada, Carlos Yañez, Bernandino Hernández, Adriana Covarrubias, Javier Trujillo, Oscar Basave, Karla Galarce.

En este evento se analiza la situación actual de la prensa frente a los fenómenos de violencia y la visión de los comunicadores, sus vivencias y experiencias en su trabajo periodístico.

Concluyeron con el alto riesgo del trabajo periodístico, la censura, la autocensura y la pasión por comunicar, en el oficio más hermoso del mundo como lo definió el escritor y periodista Gabriel García Márquez.

Durante la más reciente campaña por la Presidencia de la República, el camino hacia la solución al problema de la violencia parecía estar muy claro para el candidato que hoy es presidente: había que legalizar las drogas para que dejaran de ser el tentador fruto prohibido que produce márgenes de utilidad de tal magnitud que incitan a cualquiera, aun a costa de su vida, a meterse a un negocio peligroso, ilegal y sumamente competido; había que arrebatar al crimen organizado a los jóvenes pobres y marginados, para que no siguieran siendo reclutados como sicarios desechables; había que depurar las aduanas para que, ahora sí, cumplieran su función de impedir el paso de las armas ilegales a territorio nacional, que fortalecen a las bandas delincuenciales; había que abrir centros de educación a lo largo y ancho del país para que los jóvenes tuvieran perspectivas; había que dignificar la vida en las comunidades marginadas, sobre todo de las ciudades, donde crecen la desesperanza y el abandono.

Todo estaba muy claro. Pero ya casi transcurre el primero de los seis años del nuevo gobierno, y aun no se ve claro el avance. De hecho, recién el Presidente pidió un año más para empezar a dar resultados en materia de seguridad pública.

Todo estaba muy claro hace un año, pero hoy todo se ha complicado; el recurso no alcanza para todo. Las armas siguen pasando la frontera, a pesar de que, se supone, las aduanas ya han sido limpiadas de corrupción. Hay 21 mil efectivos de la Guardia Nacional, o militares, apostados en la frontera norte, pero no para impedir que las drogas pasen al país vecino o que las armas del país vecino pasen al nuestro, sino para impedir que los migrantes que no fueron detenidos en la frontera sur lleguen al otro lado, como lo exigió en su momento el presidente estadunidense Donald Trump.

Aquella propuesta fue retomada ayer por el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez frente al Grupo Aca: para pacificar el país es necesario recomponer el pacto que el crimen organizado tenía con el gobierno antes de que el entonces presidente Felipe Calderón decidiera echarle al Ejército encima sin más objetivo que el someterlo, objetivo que –está muy claro ahora– no se logró.

El pacto debe ser retomado, pero ahora con todos los elementos que el actual presidente ofreció en campaña, y que podrían resumirse en: apego total a las nuevas leyes y a las nuevas circunstancias. Y si no hay aceptación de la otra parte –sólo si no hay aceptación–, entonces que el Estado haga uso legítimo de su monopolio legal sobre la violencia. Urge. n

Mucho tienen que explicar las autoridades respecto a lo que ocurre en Xaltianguis, que el lunes y el martes volvió a convulsionarse.

La versión difundida por los medios de comunicación coincide en que un enfrentamiento ocurrido entre dos grupos de policías comunitarias derivó en bloqueos y quema de unidades automotrices.

En contraposición, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, se refirió como origen de lo sucedido a un supuesto enfrentamiento, “el cual no se pudo confirmar; de hecho, lo podemos descartar”.

“La situación actual es que no hay muertos, no hay lesionados, sólo hay manifestaciones por parte de algunos pobladores que solicitan la liberación de los detenidos que tuvimos ayer; todo sea de acuerdo a la legalidad, y en ese sentido, no tenemos bloqueos tampoco”, argumentó.

Si, como dice Portillo, no hubo enfrentamiento, ni bloqueos, ¿cómo es que hubo detenidos? ¿Qué hacían? ¿Por qué los detuvieron?

Luego cae en contradicción al expresar que los hechos violentos –¡por fin!, ¿hubo o no hechos violentos?– se deben al enfrentamiento –¿sí hubo, entonces, enfrentamiento?– de dos grupos, “que se hacen llamar policías comunitarios de Xaltianguis y de la Upoeg”.

El funcionario habla, asimismo, de legalidad, cuando la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Policía Federal, la Policía Investigadora Ministerial y la Policía Municipal se coordinan con la autollamada policía comunitaria o Sistema de Seguridad de Xaltianguis, para resguardar a la población, no obstante que el mismo gobierno del estado lo ha declarado ilegal, al igual que a la Upoeg.

El 7 de mayo pasado, unos 300 integrantes del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero –también declarado ilegal– irrumpieron en Xaltianguis, atacaron la comandancia de la Upoeg, mataron policías de esta organización, dejaron cuatro heridos y quemaron una camioneta.

La violencia en Xaltianguis, no obstante, persiste propiciada por organizaciones ilegales a cuyo combate ha renunciado el gobierno, que en cambio ha optado por tolerarlas y llegado incluso a negociar con ellas, como cuando el Frente Unido tomó Petatlán hace meses.

¿Dónde está la legalidad de la que se jactan los funcionarios? n

El caso de las familias que cumplieron ayer un año de haber sido expulsadas por la violencia de sus comunidades ubicadas en la región serrana, para asentarse en la cabecera municipal de Leonardo Bravo, refleja la falta de voluntad del gobierno y su incapacidad para garantizar su regreso a sus lugares de origen.

Si familiares de los desaparecidos se quejan de la falta de apoyo gubernamental para dar con el paradero de sus seres queridos, los desplazados no corren con mejor suerte.

Unos y otros se ubican en la misma frecuencia: la desatención oficial, las promesas incumplidas, la angustia, el dolor, el sufrimiento, las carencias e incomodidades, la incertidumbre y un futuro incierto, por no decir más.

Eran 600 las familias que tuvieron que salir huyendo de la sierra.

Más de 20 se trasladaron a Estados Unidos para pedir asilo político, según declaración de Manuel Olivares, defensor de derechos humanos.

Otras se han dispersado hacia otros estados de la República, y sólo 70 permanecen en Chichihualco en espera de que el gobierno les garantice el retorno a sus hogares.

No son los únicos.

En un hotel de Tecpan, más de 180 familias se encuentran hacinadas luego de que abandonaron sus viviendas en Cuatro Cruces y Chilacayote, en el municipio de Ajuchitlán; Palos Altos y Linda Vista, de San Miguel Totolapan; Pie de la Cuesta, de Atoyac, y Bajitos, de la Laguna de Tecpan.

La violencia los obligó a salir, a algunos en 2013; la policía del estado los escoltó; funcionarios estatales los alojaron en un hotel y los olvidaron, acusa Pablo Angulo Rojas, su representante.

En este contexto, cuando menos 15 comunidades de la Tierra Caliente, entre Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, están convertidas en pueblos fantasma porque la inseguridad y la violencia obligaron a sus habitantes a salir, han reconocido los respectivos alcaldes, Eusebio Echeverría Tabares y Hugo Vega Hernández.

Sobre el tema, un informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) revela que en 2018 hubo en Guerrero 5 mil 56 personas desplazadas por la violencia, dato difundido por la prensa nacional.

La representante del Centro de Derechos Humanos Tepoztlán Víctor Urquidi, Clara Jusidman, advirtió que el tema de desplazamiento forzado interno, minimizado por la autoridad, ha adquirido vigencia muy grande debido al efecto de la violencia y la colusión perversa entre autoridades, crimen organizado y empresas que buscan apoderarse de territorios naturales y minerales, así como para emprender obra pública y nuevos negocios.

En un encuentro en los primeros días de septiembre en Acapulco, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, recalcó que el principal reto del fenómeno del desplazamiento forzado de personas es restituir las garantías de trabajo, seguridad y desarrollo en las comunidades de origen de los afectados, así como su reintegración.

Recalcó que para ello, el Estado debe garantizar la seguridad y recuperar el espacio que ha sido ocupado por grupos delictivos. Aseguró que el desplazamiento forzado representa un enorme reto por enfrentar en Guerrero y que el gobierno federal se propuso incorporar el tema de desplazamiento forzado en la agenda de la seguridad nacional.

Pero hasta ahí. Muchas palabras, cero acciones.

Ningún ámbito de gobierno ha atendido el problema más allá del discurso. No hay opciones para los desplazados. El problema se ha minimizado, sostiene Clara Jusidman; se ha invisibilizado, admite Encinas.

Y así sigue.

Nadie los ve, ni los oye. n

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