Delicado señalamiento es el del regidor de filiación morenista Hugo Hernández Martínez en el sentido de que en la actual administración de Acapulco no se ha aprobado y puesto en vigor el Reglamento de Austeridad y Ahorro, lo que atribuyó a falta de voluntad política.

La acusación del edil adquiere mayor gravedad en el momento en que responsabiliza a la presidenta de la Comisión de Gobernación, la síndica, Leticia Castro Ortiz, de no haber elaborado el dictamen del reglamento para que sea votado por el pleno, no obstante que el documento se presentó hace un año y cuatro meses.

Resulta que, por un lado, son frecuentes los lamentos en el cabildo de que los recursos del ayuntamiento resultan insuficientes para cubrir las necesidades más elementales del gobierno, en tanto por otro se ha descuidado este tipo de acciones que ayudarían a aprovechar de mejor manera el dinero.

No es esa la única acción que, con miras a mejorar la administración municipal, se ha desatendido.

Baste recordar aquel programa de reingeniería administrativa planeado en junio de 2020, entre cuyos propósitos figuraba dar de baja a más de 500 trabajadores municipales; desaparecer 265 de las 805 unidades administrativas, como secretarías, subsecretarías, jefaturas y direcciones, lo que conllevaría a liquidar a 530 empleados de lista de raya y supernumerarios.

Incluía, del mismo modo, disminuir los sueldos de los cargos más altos y jubilar 80 policías municipales que ya están incapacitados para operar por su avanzada edad.

Otro de los planes que no ha ido más allá de las palabras, en tanto la crisis económica asuela al municipio, es el tan pregonado rescate técnico y financiero de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, hace tiempo declarada en quiebra.

Se había venido vendiendo la idea a la población de que el gobierno de la República ejecutaría el tan anhelado rescate, pero inesperadamente se metió en el baúl del olvido a seis meses de que concluya la actual administración.

Y todavía tienen la valentía de hablar de que los recursos no alcanzan, en tanto el cuerpo edilicio privilegia el enfoque de la atención a engarzarse en disputas internas de los grupitos que con tanto empeño han formado para sacar el mejor provecho.

Si no es así, que muestren los regidores los resultados de su trabajo en beneficio de Acapulco. n

A punto de ser aprobado el uso recreativo de la marihuana, además del medicinal, la iniciativa –que deberá ser enviada al Senado en cuanto los diputados terminen de ponerse de acuerdo en las reservas–, ha vuelto a generar polémica entre los sectores sociales que están a favor y en contra de una medida de tal envergadura.

Es posible afirmar con suficiente seguridad que la motivación de quienes han promovido la despenalización del llamado consumo lúdico de la marihuana es la de dejar de vivir la fantasía de que el Estado combate, cual debe ser, un delito que bien puede ser catalogado como grave.

Sin embargo, quienes se oponen a liberar esa planta de los grilletes de la prohibición advierten que despenalizar su uso es una invitación a consumirla, y que ya consumida se convierte en puerta de entrada a drogas más duras, por adictivas y destructivas.

Bien mirado el asunto, el mundo entero ha vivido una ficción con el combate a la cadena de las drogas, entre las cuales la mariguana ha sido reina de popularidad durante muchos años. La política prohibicionista, a partir de una visión policíaco-militar del fenómeno, sólo ha traído muerte, corrupción y desolación en todas partes donde se ha dado.

México es excelente ejemplo de ello. En nuestro país el narcotráfico ha corrompido casi todas las instituciones con las que ha tenido contacto. Pero no se ha conformado con ello; se ha repartido el territorio nacional como si fuera un pastel, y no por las buenas, sino con los peores métodos de repartición: asesinatos salvajes entre cárteles, sometimiento de la población civil a partir del terror y constantes desafíos y ataques a las autoridades.

Tan grave ha sido la escalada de violencia y tanto es el poder de fuego de estos grupos criminales que el gobierno federal ha debido declararlo asunto de seguridad nacional. Esto es lo que mueve a los que proponen quitarle la etiqueta de prohibido, y en vez de ello, sacarle todo el provecho que se pueda, no sólo por la vía impositiva –es decir la que resulta de aplicar impuestos a su venta y a su consumo–, sino también por la vía de la industrialización de sus componentes, que en el caso de la marihuana son muchos, incluso sorprendentes. No se trata de promover su consumo, sino de abandonar la ficción de que se combate un delito, cuando en realidad el delito ha crecido y se ha extendido sin frenos y con muy altos costos sociales.

Quienes promueven la interrupción del embarazo lo menos que desean es que las mujeres lleguen a ese extremo, sino que reconocen que así ocurre, pero en condiciones tales que mueren ellas y el producto, y fuera de todo control de las autoridades. Así pasa con los promotores de la despenalización de la marihuana.

Batallas perdidas

Abr 19, 2021

No hay fracasos, si de los fracasos se aprende y se aprovecha la lección, dicen los especialistas motivacionales.

Los grandes estrategas, por su parte, cada derrota que sufren sus ejércitos, la analizan cuidadosamente y corrigen las fallas para que las siguientes batallas sean exitosas.

Si los maestros afiliados a la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) fueran un ejército que sale a las calles de Acapulco a defender la plaza, sufrirían en cada batalla estrepitosas derrotas.

Lo peor del caso es que al día o a la semana o al mes siguiente vuelven a la carga aplicando exactamente las mismas estrategias y obteniendo exactamente los mismos resultados.

No hay batalla.

No hay guerra.

No hay enemigo a la vista.

Ellos pelean solos contra el sol o el viento porque nadie les hace caso, y terminan derrotándose solos.

Algo les está fallando en sus reclamos laborales.

¿Cuál es su propósito?

¿Presionar mediante bloqueos para que el gobierno los atienda y resuelva sus legítimas demandas?

Si es así, el objetivo no se cumple.

Y si no se cumple, si no funciona, si carece de efectividad el recurso, ¿cómo es que siguen una y otra y otra vez aplicando el mismo método?

¿Qué necedad es esa de hacer lo mismo buscando resultados diferentes?

Logran, eso sí, alterar las actividades diarias de gente que, como ellos, trabaja duro todos los días para llevar el pan a sus familias y que, si se encuentra un bloqueo, es probable que llegue tarde al trabajo y la regresen, y pierda el día con su correspondiente ingreso económico.

¿Qué culpa tiene la población de que el gobierno no les cumpla?

Es obvio que los funcionarios les han perdido el respeto.

No les dan la cara.

Y cuando se dignan a atenderlos y firman compromisos, no los cumplen.

¿No deberían los respetables docentes analizar las formas de protesta y crear otras que obliguen a la administración a tomarlos en cuenta, respetar su dignidad y entregarles lo que les corresponde?

¿Ya agotaron los medios legales?

Algo debieron haber aprendido ya: cuando lo que se hace una o dos veces no causa un efecto inmediato, el round está perdido.

Y los docentes llevan tantos rounds perdidos que el cuadrilátero parece estar teñido ya de knockout.

Algo les falta. n

Ornato

Abr 19, 2021

Los sucesos violentos ocurridos este fin y principio de semana reflejan, una vez más, que la delincuencia no ha desaparecido y que está al acecho, lista para hacer su aparición en el momento y sitio que considera precisos.

Todo lo tiene calculado; nada deja a la improvisación.

Emerge, ataca y desaparece como si nada.

¿Dónde está?

La autoridad lo sabe, pero finge ignorarlo.

¿Dónde están los que incendiaron los siete locales ubicados junto al Mercado Central de Abasto?

¿Dónde están los que quemaron la camioneta tipo Urvan?

¿Y los que quemaron los puestos en el mercado de Tepito?

Entre tanto, el gobierno se complace difundiendo día a día la reducción de homicidios dolosos, que son los únicos que para el mismo cuentan, pues ni referencia hace al cobro de piso, ni a las extorsiones, prácticas que se han convertido en parte de la cotidianidad en la que se ahogan los clamores de empresarios sobre seguridad.

No menos grave resulta el enfrentamiento ocurrido entre civiles de la Upoeg y fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno en San Pedro Las Playas.

Para nada ha servido el que el gobierno desconozca a la Upoeg como policía comunitaria al no reunir los requerimientos propios de esta agrupación.

Ilegal y todo, opera libremente en los territorios conquistados, no obstante que la administración estatal y la misma federal, la han considerado una y otra vez ilegal.

En el enfrentamiento de este domingo, los autodenominados policías comunitarios retuvieron a ocho efectivos de la Policía Estatal; las fuerzas gubernamentales tuvieron que dialogar con los upoegistas para su liberación.

Así, de este nivel es la capacidad de operación de la Upoeg.

No es la primera vez que, en situaciones como ésta, impone sus condiciones al gobierno para salir airosa de los trances en que se ha visto involucrada.

Lejos de aplicar la ley, el gobierno la negocia, y parte de esta negociación implica que la supuesta comunitaria continúe operando imponiendo sus reglas.

Si bien no puede negarse que los homicidios han decrecido y que la violencia ya no es la misma, tampoco puede negarse que las autoridades constitucionales bailan al son que les toca la delincuencia.

Es ella la que impone el clima de seguridad o inseguridad. n

Insistentes hemos sido en este espacio respecto a que no se justifica reclamar el cumplimiento de derechos mediante procedimientos que perjudican a terceros, así como indebido es utilizar la ilegalidad para exigir legalidad.

Si, como suelen pregonar los gobernantes, el de México es un estado de derecho, es decir que es un Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por ley, imprescindible resulta para que ello no sea un slogan político, sino una realidad, que predomine el cumplimiento de la ley para que haya paz, tranquilidad y justicia.

En este contexto, si los responsables de aplicar la ley no hacen su tarea satisfactoriamente, preciso sería retirarlos del cargo; y si son las instituciones las que no están adecuadas a los tiempos actuales, conveniente sería cambiarlas o modificarlas, pero si los responsables de procurar justicia cumplen su cometido y las instituciones responden a las necesidades de la sociedad, necesario es apegarse a sus designios, veredictos y sentencias.

Ahora bien, si el asunto es político, funciona una autoridad electoral que se encarga de ventilarlos y colocarlos en su verdadero sitio.

Por consiguiente, no es aceptable hacer a un lado ninguna de las leyes y dar a los problemas otros cauces, y menos aún si incluyen la violencia, para imponer la voluntad de algunos grupos, provocando la ilegalidad y con ello la anarquía.

Porque si a los procedimientos ilegales se diera validez, serían los grupos generadores del caos los únicos beneficiados, pues para alcanzar su cometido bastaría fabricar de la noche a la mañana campañas de desprestigio montadas en la ilegalidad. n

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