Se acumulan las acusaciones contra el ex diputado local y hoy delegado único del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, o contra integrantes de su grupo cercano de Morena que lo apoyan.

No es cualquier ciudadano el que acusa. Este martes lo hizo el secretario general de su partido en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña, pero ya antes lo había hecho la diputada local Erika Valencia Cardona, entre otras personas que, por su relación de militancia política, deberían estar de su lado, pero no lo están.

El doctor Rodríguez Saldaña denunció que el ex dirigente estatal morenista está detrás del censo irregular de los programas de la Secretaría de Bienestar que un allegado de Sandoval Ballesteros –el ex militante Ignacio Meneses Hernández– lleva a cabo a pesar de haber sido sancionado por ello.

Un diario local ha documentado, incluso con fotografía en portada, que adultos mayores se presentan en el Centro de Capacitación y Formación Política de Morena en Acapulco, es decir una oficina partidista, a solicitar que los inscriban en los programas de la dependencia federal.

Impregnando sus declaraciones con un tinte de informe de actividades, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado, Ramón Navarrete Magdaleno, dio a conocer que durante 2018 recibió 42 quejas contra policías estatales y 14 contra municipales por abuso de autoridad, mientras que en 2017 hubo 50 quejas contra policías estatales y 19 contra municipales, de las cuales algunas terminaron en recomendaciones y otras siguen en proceso.

Hasta ahí, todo bien, con el único inconveniente de que el servidor en ningún momento menciona en qué concluyeron los casos.

Dice, sí, que “algunas terminaron en recomendaciones”, mas no precisa qué fin tuvieron.

¿Castigaron a los abusivos? ¿Los cesaron? ¿Los detuvieron y sometieron a proceso? ¿Están en la cárcel o siguen en sus puestos atropellando ciudadanos? ¡No se sabe!

Luego entonces, la conclusión lógica es que la Coddehum se concreta a recibir las quejas, probablemente las investiga y emite la recomendación correspondiente, cuando la emite.

Pero al parecer ahí da por terminada su función, puesto que el titular no revela resultados.

Archisabido es que frecuentes son los casos en que algunos funcionarios se transforman en jueces y rechazan categóricamente las recomendaciones que consideran improcedentes; los hay también que con prontitud las aceptan, pero no las acatan.

Si los miles de familiares de desaparecidos tenían la esperanza de obtener en 2019 el apoyo del gobierno para continuar su peregrinar en busca de sus seres queridos, a estas alturas del año se habrán dado cuenta ya de que están en un error.

Si durante 2018 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en el estado de Guerrero resultó un fiasco porque su operación no repercutió en ningún beneficio a las víctimas, para el año actual no se prevé mejoría alguna.

De entrada, Emma Mora Liberato, quien la semana pasada juró en el Congreso local como integrante de la Asamblea Consultiva de la CEEAV, advirtió que los 15 millones de pesos asignados como presupuesto para ese organismo serán insuficientes, pues sólo alcanzarán para pagar los sueldos de los trabajadores.

El año pasado, familiares de desaparecidos se quejaron con frecuencia de que la comisión sólo los hacía dar vueltas para finalmente no proporcionarles ningún apoyo.

Si en algo sobresalió fue en los escándalos que en su seno protagonizaron sus integrantes y en los que, incluso, salieron a relucir armas de fuego e intercambio de palabras fuertes.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, declaró ante la Barra de Abogados de Acapulco que “se necesita la participación de las barras, de los colegios, colectivos, de las organizaciones sociales y de toda la sociedad civil, para combatir el índice delictivo en la entidad, porque el gobierno no puede solo”.

Planteó la manera de hacerlo: “La participación para combatir el crimen se hace denunciando, siendo activos y proactivos, construyendo medios para resolver todos los días el problema de la delincuencia”.

El hecho de que el gobierno no puede solo contra la delincuencia es una verdad que no necesita demostración. Eso queda claro cada día.

El problema es que el gobierno sencillamente no hace su parte; pero, eso sí, endosa la factura a la sociedad, a la que le adjudica responsabilidad en el hecho de que la delincuencia asuela al estado.

Los abogados invitaron al fiscal para otorgarle un reconocimiento; no se sabe por qué. Tal vez ha tenido logros que no han trascendido al público, porque lo que se sabe es que se ha concretado a elaborar carpetas de investigación, sin aportar resultados.

El PRD podría estar haciendo un cálculo equivocado al pretender que, si castiga de alguna manera –con expulsión en caso extremo– a sus diputados federales que votaron a favor de la Guardia Nacional, frenará entre sus diputados locales la intención de proceder igual, cuando, llegado su turno, les toque votar la reforma constitucional correspondiente.

Si sus diputados locales deciden correr el riesgo de perder la militancia para ejercer su libertad de votar en concordancia con sus convicciones personales, sería un golpe duro para el partido del sol azteca, que se sumaría a los que le han propinado los electores de un tiempo a la fecha, en pago a su desapego a las aspiraciones de las mayorías, y que lo tienen sin vigor, ni iniciativa y en la postración organizativa y financiera.

A fin de cuentas, en los tiempos que corren, pertenecer o no pertenecer a un clan, un partido o un gremio ha pasado a ser irrelevante.

¿O es, acaso, que los hoy diputados del PRD –o de cualquier partido– deberían temer ante la amenaza de ser defenestrados del instituto político en que militan? ¿Es que podrían ser sometidos a otro castigo, más cruel, doloroso, costoso o degradante que eso? Si no hay manera de hacer pagar una osadía, entonces la osadía dejó de serlo.

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