Este día, por sexta ocasión, el Congreso del estado sesionará fuera de su sede debido al conflicto laboral que ayer entró en su cuarta semana, 22 días en los que los trabajadores se han mantenido en paro en demanda de incremento salarial de 13 por ciento.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo), Antonio Helguera Jiménez, de Morena, habla de los trabajos legislativos; anuncia que durante el periodo de receso, que comienza el próximo día 15, habrá sesiones extraordinarias para desahogar el rezago, pero se abstiene de tocar el tema del problema con los trabajadores.

Este martes concluirá la sesión que quedó suspendida el pasado jueves, cuando los otros partidos en bloque abandonaron el recinto en, dijeron sus diputados, solidaridad con los trabajadores en paro; la sesión se arrastra desde el jueves 30 de mayo, cuando también en bloque reventaron la sesión que se desarrollaba en el salón Pérgolas.

En eso ha consistido el apoyo de legisladores a los trabajadores y en acudir hasta donde están en plantón, donde les han expresado su solidaridad y les han recomendado que no claudiquen en su lucha.

Mientras por un lado quieren hacer creer que respaldan a los paristas, por otro siguen el juego de acudir a las sesiones fuera del recinto, en doble discurso; ofrecen la impresión de que, más bien, hacen como que apoyan a los trabajadores para ir contra Antonio Helguera y demás morenistas; unos y otros traen pleito porque no han coincidido en el reparto de privilegios.

Siete días transcurrieron ya desde que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informó que estaba en espera de que el juez liberara varias órdenes de aprehensión contra responsables del asesinato de ocho personas halladas en una camioneta en Chilpancingo el domingo 26 de mayo.

Cuando se le pregunta al funcionario por un caso en particular, normalmente se rehúsa a hablar arguyendo que, de hacerlo, entorpecería la investigación (¿?); no obstante, hay ocasiones en que, como ésta, lanza un distractor para liberarse del asedio de la prensa.

Zuriel de los Santos no tuvo empacho en asegurar que espera órdenes de aprehensión para proceder, lo que implica dar tiempo a los involucrados a ponerse fuera de su alcance, sobre todo tomando en cuenta la efectividad con que actúa.

Aseguró que hay una sola línea de indagación, pero se negó a mencionarla porque “ya se tienen avances importantes en la investigación”; y, eso sí, ya les avisó a los responsables que ya conoce su identidad para que huyan, si es que les importa huir.

En la última decena de octubre de 2018, a escasos días de haber sido asesinado Gabriel Soriano Kuri, locutor de RTG –un organismo descentralizado del gobierno de Guerrero–, el fiscal se reunió con familiares del desaparecido, entre ellos el padre, nuestro compañero Javier Soriano, a quienes aseguró que en ese momento se dirigía al sitio donde tenían cercado ya al asesino del periodista, y se comprometió a informarles los resultados al día siguiente.

Soriano Guerrero sigue en espera de que el fiscal le informe que ya está detenido el culpable.

Otra salida de Zuriel de los Santos cuando lo cuestionan respecto a un delito en particular es expresar: “investigo todos los casos, no solamente los de este tipo”. Y sale por peteneras.

Nada raro es, entonces, que el funcionario no haya dado resultados todavía de la matanza de los ocho.

Si no lo ha hecho con un trabajador del gobierno estatal, ¿cómo esperar que aplique la ley en otros casos?

Si no se ocupa de procurar justicia por la propia familia, ¿cómo esperar que lo haga con otros?

Mujeres al poder

Jul 15, 2019

Finalmente, el Congreso del estado aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de paridad de género que obliga a dar los mismos espacios a mujeres y a hombres en todos los cargos públicos de los tres poderes de la Unión, en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

Con ello, la ley local se homologa con la federal, cuya reforma en este sentido aprobó el Congreso de la Unión en la última decena de mayo.

La reforma establece que la ley determinará las formas y la modalidad para garantizar la paridad de género en los gabinetes del Ejecutivo federal y de los gobernadores, y en la integración de los organismos públicos autónomos.

Respecto a los poderes Legislativo y Judicial, señala que la integración de las cámaras de Diputados y de Senadores se basará en candidaturas bajo el principio de equidad de género, y el mismo criterio prevalecerá en la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También determina que los partidos políticos fomenten dicho principio en la postulación de sus candidaturas.

La reforma fue enviada a los congresos locales para ser votada, lo cual ha venido ocurriendo, y ayer tocó el turno al de Guerrero.

Cierto es que en lo que se refiere a la alerta de violencia de género las mujeres no han tenido suerte, pues cuanta acción han emprendido por hacerla valer se ha estrellado contra la incapacidad gubernamental, que nada ha hecho para disminuir siquiera los asesinatos de mujeres.

Desde un principio, la alerta resultó un fiasco, pues su declaratoria no se complementó con aplicación de medidas que tendieran a la protección de las mujeres.

Obedeció más bien a la presión de las organizaciones femeniles sobre el gobierno, que con la declaratoria correspondiente dio por hecho haber cumplido su responsabilidad.

Pero en lo político, el sector femenil igualmente ha empujado con energía y furor, y ha obtenido resultados diferentes.

Habla claro de ello el haber tirado de la diputación local a Juan Manuel Santa María Ramírez, quien fue designado cuando Hilda Jenifer Ponce Mendoza renunció al cargo.

Organizaciones femeniles exigieron que, si la diputación correspondía a una mujer, tocaba a una mujer sustituirla. No les hicieron caso. Acudieron a los tribunales, y fue un juez el que determinó que una mujer debería ocupar la curul. Y así fue. Entró al quite Jatziri Jiménez García.

Es la ley electoral la que obliga a aplicar la igualdad de género como en el caso referido, pero las reformas aprobadas ayer la conceden para todos los cargos públicos.

Lo sucedido en el caso Ponce Mendoza-Santa María Ramírez-Jiménez García da una clara idea de si las mujeres están dispuestas a permitir que las sigan excluyendo en el reparto, que ahora tendrá que ser mitad-mitad en todo. n

El diferendo que mantienen trabajadores del ayuntamiento de Chilpancingo afiliados a la scción 28 del Suspeg y el titular de la autoridad municipal en esa alcaldía, Antonio Gaspar Beltrán, es muestra no sólo de la escasa cultura financiera de los mexicanos en general, y de sus políticos en particular, que los lleva a no prever los desastres económicos que pueden derivarse de decisiones que toman, sino también del vacío de autoridad de instancias que están por encima de los cabildos y de los presidentes municipales, de manera señalada Congreso local y la Auditoría Superior del Estado.

Es usual que los alcaldes promuevan la contratación de más personal del que el gobierno municipal necesita o puede pagar. La motivación, casi siempre, es apoyar a los familiares, a los amigos, a sus partidos o grupos políticos y a otras personas con quienes mantienen relaciones de otro tipo. Pero también puede ser que lo hagan como pago de favores políticos o para devolver préstamos en efectivo o en especie.

El caso es más grave cuando, para dar lugar a sus allegados, el presidente municipal y sus colaboradores despiden a trabajadores sin apegarse a lo que ordena la ley para esos casos, porque entonces es seguro que tal decisión acabe en una demanda en los tribunales laborales que puede costar mucho a las finanzas municipales.

Sin saberlo, o quizá sin que les importe, han hipotecado el futuro de los gobiernos que les ha tocado en suerte dirigir, pues tarde o temprano tal desbalance financiero acaba por hacer crisis y postrar a los ayuntamientos en la parálisis para llevar a cabo sus funciones sustantivas, que son dar servicios básicos a la población.

El caso del programa federal de fertilizante gratuito amerita reflexionarse, tomando en cuenta el revuelo que ha causado el supuesto retraso, asunto que más bien despide un tufo político, para lo cual manipulan y arrastran al campesinado.

Para hablar de daños, necesariamente habría que tomarse en cuenta cuándo comienza la temporada de lluvias, sí, pero también cuándo se regulariza, cuándo empiezan los campesinos a preparar las tierras, cuándo siembran y en qué momento aplican la primera dosis de abono, que es el momento real en que lo necesitan, y para que ello suceda falta que transcurra un buen rato.

La temporada oficialmente comienza el 15 de mayo, pero eso no necesariamente significa que ese día empezará a llover y menos aun que sucederá de manera ininterrumpida.

También quiere decir que no es en las primeras lluvias cuando el campesino empieza a sembrar; principia, sí, el barbecho de las parcelas, entendido como la preparación previa para la siembra.

Si el labriego empezara de inmediato a sembrar, se enfrentaría con el inconveniente de que entre julio y agosto se presenta la canícula, lapso caracterizado por la ausencia de lluvias y que en el campo se conoce más bien como verano, que abarca varias semanas y son de alto riesgo para los sembradíos tempraneros.

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