Mal le fue –y no podía ser de otra manera– a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el informe que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el jueves pasado sobre la situación que en materia de desaparición de personas y delitos vinculados impera en el municipio de Chilapa.

De entrada, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, consideró a Chilapa foco rojo debido a que “cuenta con autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios”.

Así que, aunque hubiera cabeceado o se hubiera agachado, el titular de la FGE, el maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no habría podido librar el derechazo, puesto que, si hablamos del ámbito estatal, es el responsable de la procuración de justicia.

Claro y definido está que, si bien De los Santos Barrila llegó al cargo por recomendación del gobernador Héctor Astudillo Flores ante el Congreso local, la Fiscalía es un organismo autónomo y, en consecuencia, nada tiene que ver en su funcionamiento el jefe del Ejecutivo estatal.

En otras palabras, la FGE se manda sola, sin injerencia alguna del primer mandatario; por tanto, los resultados de su trabajo, buenos o malos, son responsabilidad absoluta del fiscal.

Por lo mismo, el aguacero torrencial que le dejó caer González Pérez a las “autoridades incompetentes para defender a la ciudadanía y superar la tasa de homicidios” no podía tener otra dedicatoria.

No es todo. Otro dato citado por González Pérez: en el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2018 se advierte que la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito en México, es decir que se denuncie y se resuelva efectivamente, es de 1.3 por ciento, mientras en el estado de Guerrero presenta una probabilidad aun menor, lo que significa que sólo uno de cada 500 delitos en esta entidad se logra esclarecer.

Advirtió la CNDH que es necesario fortalecer el funcionamiento de la FGE, a fin de que pueda operar de acuerdo con los mejores intereses de la sociedad guerrerense, y que una de las principales demandas de la sociedad de Chilapa es incrementar la eficiencia del organismo, pues se observa que la actuación de algunos agentes del Ministerio Público, policías, peritos y demás auxiliares, constituye un obstáculo para el acceso a la justicia y un mecanismo que genera violaciones a derechos humanos.

¿Qué le falta a la FGE? ¿Qué le sobra? Ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, lo mismo que la Federación, pueden hacerse a un lado respecto a su ineficacia; la impunidad reclama la intervención de todos para analizar el tema y tomar acción ante el hartazgo de la sociedad guerrerense.

La CNDH no vino a descubrir el agua tibia, sino a confirmar la ausencia de justicia en la entidad contra la cual se han expresado una y otra vez los sectores de la población, sin que sean escuchados.

Chilapa no es Guerrero, pero es una muestra clara del problema que en la entidad constituyen las desapariciones forzadas de personas, sin que oficialmente se le preste alguna importancia, pues el gobierno ha centrado su atención y su trabajo en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ante la metralla que le lanzó la CNDH, nada ha objetado el fiscal general; sería sano, conveniente y justo escucharlo; mucho tendrá que explicar sobre la pobreza de resultados.

La nueva fiscalía que prometió al tomar posesión no se ve, ni se vislumbra. Algo o mucho tendrá que decir. n

No puede quedar en la oscuridad lo expuesto en tribuna el martes 29 por el diputado morenista Marco Antonio Cabada Arias, en cuanto a que los cuatro auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) Natividad Pérez Guinto, Luis Javier González Guerrero, Carlos Jiménez Herrera y Raúl Pacheco Sánchez trabajan al margen de la ley, pues si en 2018 terminó el periodo de cuatro años que deberían cubrir, no han sido sustituidos ni ratificados.

Más claro ni el agua.

Cabada Arias pidió hacer un exhorto al auditor superior del estado, para que rinda un informe sobre la situación legal de los auditores, pero el bloque de diputados opositores a Morena echó abajo la demanda.

Al defender su voto en contra, la priísta Araceli Alvarado González acusó que Cabada Arias “insiste en violentar la autonomía técnica y de gestión de la ASE”.

Patinó la legisladora: autonomía técnica no es extraterritorialidad. Alvarado respaldó una posición política; Cabada Arias defendió la legalidad.

Aseguró la diputada que “no se puede tomar la máxima tribuna para sacar raja política”, y consideró que en Guerrero hay cosas más urgentes que legislar.

¿Dónde está la raja política? ¿ En el hecho de buscar que los auditores se apeguen a la legalidad? ¿Hay cosas más urgentes que procurar que los componentes del Congreso, cuya función es obligar a los servidores públicos a apegarse a la ley, operen de acuerdo con la ley?

¿Cómo puede la ASE emitir veredictos sobre desfalcos con base en el trabajo de auditores a los que ya se les venció el periodo de sus funciones y no han sido ni sustituidos ni ratificados?

En su oportunidad, el perredista Bernardo Ortega calificó que la petición de Cabadas Arias es improcedente, “pues la ASE es un órgano con autonomía técnica”.

¿Autonomía técnica significa que puede hacer lo que le venga en gana así lo que haga sea ilegal?

Ahora que, habría que hacer notar, el auditor superior no se manda solo, porque la ASE depende de la Comisión de Vigilancia y Evaluación, a cuyos integrantes rinde cuentas.

Por tanto, toca a esta comisión supervisar el trabajo de la Auditoría; en consecuencia si los cuatro auditores especiales presentan irregularidades, Vigilancia y Evaluación está enterada y avala que se hayan excedido en sus periodos.

En consecuencia, si el auditor superior es responsable de esta omisión, lo mismo lo son los componentes de la Comisión de Vigilancia y hasta la Junta de Coordinación Política, que obviamente no puede ser ajena a lo que está pasando en el Congreso.

El choque de fuerzas antagónicas –políticas, esas sí– no conduce precisamente hacia la legalidad, ni arroja decisiones que beneficien a los guerrerenses. n

Ciudad de México, 30 de octubre. La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, sostuvo hoy una reunión de trabajo con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, a fin de analizar y proponer soluciones a la grave situación financiera y operativa por la que atraviesa la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco (Capama).

En la reunión se acordó realizar de manera inmediata  y urgente un encuentro al más alto nivel con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno del estado de Guerrero a través de Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), para solucionar a fondo y de manera definitiva el problema de la paramunicipal, que se fue agravando cada vez más a lo largo de las cuatro administraciones municipales pasadas y que implica una deuda de casi 500 millones de pesos con la CFE y de más 1,300 millones de manera total con otras instituciones.

Lo que dijo el presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Sedena, general Carlos Gaytán Ochoa, el 22 de octubre –pero divulgado apenas ayer–, en un desayuno oficial, con seguridad no sólo causó estupor, sino que cimbró al resto del gobierno federal, pues de sus palabras puede deducirse que en el instituto armado han crecido el malestar, la incomodidad, la insatisfacción y la preocupación por la manera en que es conducido el país. Y el hecho de que estuviera presente el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González –quien, con toda seguridad, conocía los términos y el tono del discurso–, le da rango de postura oficial.

Dijo que, “como soldados, nos sentimos ofendidos”. Señaló que “la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento”.

Recordó que el actual gobierno “representa aproximadamente a 30 millones de mexicanos”, por lo cual “no podemos soslayar que el hoy titular del Ejecutivo ha sido empoderado legal y legítimamente”. Sin embargo, observa “que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido” su fortalecimiento adicional, que propicia “decisiones estratégicas que no han convencido a todos”.

Ello “nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país”.

Luego una frase que podría interpretarse como un marcar distancia del Presidente: en primer lugar, la “lealtad para con el pueblo de México, ¡sí!, para con el pueblo de México”.

Ayer mismo los senadores de la Comisión de Defensa Nacional manifestaron su apoyo a las Fuerzas Armadas, a modo de hacerles sentir el reconocimiento de las instituciones del país ante el valioso y valeroso servicio que prestan en el combate al crimen organizado y ante desastres naturales. n

La muerte espera

Dic 10, 2019

Algo muy relevante ha hecho ver el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, respecto a la salud: es muy importante que la gente haga conciencia de lo destructivas que resultan las grandes cantidades de grasa, sodio, calorías y azúcares que consumen.

Remarca que, si se logran disminuir las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión arterial, los hospitales dejarán de estar saturados de los pacientes que las padecen.

Se refería el funcionario a la aprobación de las reformas a la Ley General de Salud para establecer etiquetas en alimentos y bebidas no alcohólicas que incluyan información nutrimental veraz, visible y de fácil comprensión, sobre contenido de grasa, azúcar y calorías.

Comentó De la Peña Pintos que con el etiquetado claro los ciudadanos podrán hacer conciencia sobre el problema. Ahí se equivocó.

De acuerdo con las reformas, el etiquetado se fijará en la parte frontal del producto, y la información deberá ser de fácil comprensión, es verdad, pero esa información ya viene en los productos, aunque oculta y con letras pequeñitas; quien se interesa en conocer qué consumirá, la localiza.

No es suficiente decirle a la gente que determinados productos son perjudiciales. Un ejemplo muy claro e ilustrativo: todo mundo sabe que los refrescos son un detonador de la diabetes por su alto contenido de azúcar, sobre todo los de cola, como la Coca Cola, pero todo mundo, aun sabiendo que bebe veneno, consume Coca Cola.

¿Habrá alguien que ignore que beber alcohol aniquila la salud? ¿Desconocerá alguien que el tabaco produce cáncer? ¿Quién no conoce los daños que causa la mariguana? Pues la inmensa mayoría bebe alcohol, fuma tabaco y no son pocos los que le entran con singular alegría a la mariguana y demás drogas prohibidas.

Es ahí donde el sector Salud debe trabajar para que los hospitales ya no estén saturados de diabéticos e hipertensos: en la orientación, la información, la promoción de programas de alimentación nutritiva, la motivación para que la población haga ejercicio y descanse adecuadamente.

La tarea no es fácil, por el alto nivel de resistencia de la gente a renunciar a sus malos hábitos alimenticios y su propensión al sedentarismo.

La prevención, la concienciación, son un reto que el gobierno no está dispuesto a enfrentar; aplicar las reformas legales recientes enterará al consumidor de qué tamaño será el puñal que se clavará en caso de que ingiera un producto dañino, en vez de ordenar el retiro del mercado de todos los puñales para que no los usen o, mejor aun, prohibir su producción, porque los intereses económicos y políticos de por medio son más fuertes que la importancia que los gobernantes dan a la salud de la población.

Mátate si quieres, pero yo ya te advertí que te vas a morir si bebes veneno o consumes productos chatarra, parece ser el mensaje de las reformas, que justifican la supuesta preocupación de los legisladores por la salud de su pueblo que los llevó al poder. n

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