La preparatoria popular Digna Ochoa pasa a formar parte de UAGro


Chilpancingo, 28 de septiembre. Por unanimidad, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero aprobó la creación de la Escuela Preparatoria No. 48 en el poblado de La Venta en Acapulco, con ello la preparatoria popular Digna Ochoa pasó a formar parte de la UAGro para hacer justicia laboral a sus trabajadores y dar seguridad académica a los estudiantes.

En sesión virtual por la pandemia, el máximo órgano de gobierno también aprobó la convocatoria para designar al Contralor General de la Universidad Autónoma de Guerrero por el periodo 2021-2025, así como el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 que se presentará ante las autoridades federales y estatales, y puesto a consideración de los diputados federales y locales.

Sobre la preparatoria No. 48, el rector Javier Saldaña Almazán afirmó que con la aprobación del pleno, “estaremos dando certidumbre laboral a todos los trabajadores que le han puesto mucho empeño para sacar adelante la preparatoria y esto habla del gran compromiso que tenemos los universitarios con la población más humilde del estado de Guerrero”.

Resulta difícil concebir que las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 lleguen a buen término sin conocer el contenido de los videos sobre el caso en manos del Poder Judicial del estado.

Y en esa dirección parecen enfocar sus baterías la Fiscalía General de la República (FGR) y el Congreso local.

Durante el informe que rindió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ha exigido al Poder Judicial de Guerrero rendir cuentas respecto al presunto extravío de los videos que grabaron las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, y que pudieron haber captado el momento en que un autobús con normalistas de Ayotzinapa fueron raptados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El fiscal fue tajante: “es necesario que esas autoridades judiciales de Guerrero rindan cuentas al respecto; se lo estamos exigiendo y haremos que lo cumplan”.

Gertz Manero pronunció un discurso duro contra el Poder Judicial guerrerense, pero tuvieron que pasar dos años del actual gobierno para que dirigiera su mirada hacia ese poder de la entidad, no obstante el mucho polvo que ha levantado el tema.

Mucho tienen que explicar al respecto las autoridades judiciales, pues en ningún momento han dejado en claro cuál es la verdad que se cierne en torno a los videos.

¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?

Parece ser que al exgobernador Ángel Aguirre Rivero no, porque prácticamente se le ha excluido de responsabilidad.

Entonces, ¿al ex presidente Enrique Peña Nieto? ¿A ex funcionarios federales? ¿A la delincuencia? ¿Al Ejército?

Gertz Manero podría desenredar la madeja, si es que realmente va para allá y si lo dejan.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa en el Congreso de Guerrero, Arturo López Sugía, parece haber despertado.

Declaró que es necesario que los funcionarios del Poder Judicial sean llamados a comparecer para esclarecer el asunto de los videos.

Se trata de una declaración, no de una decisión y menos aun de un hecho.

Aunque se creó esa comisión para apoyar supuestamente en las investigaciones de la desaparición, no se les ha ocurrido pedir –si no pueden exigir– una explicación a las autoridades judiciales en torno a los videos.

Bueno sería que dijera la comisión qué ha aportado para el esclarecimiento de los hechos.

No en balde este 22 de septiembre normalistas atacaron las instalaciones del Congreso local, reprochando que se ha resistido a llamar a comparecer a representantes del Poder Judicial para que informen sobre los videos.

¡Ah! Pero todavía se victimizaron, arguyendo que siempre han apoyado el movimiento normalista.

Los normalistas no buscan apoyo; demandan hechos, trabajo, cumplimiento de compromiso, el respeto a la palabra empeñada. No poses.

Habrá que esperar para verificar si FGR y Congreso de veras van por la verdad o siguen impulsando el espectáculo. n

Tajante, contundente y directo fue el desafío de la alcaldesa de Acapulco, Adela Romám Ocampo, a los regidores que la cuestionaron públicamente el día de su informe.

Los retó a que le comprueben las acusaciones que formularon en su contra y les advirtió que está dispuesta a acudir ante las instancias que la citen –Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior del Estado, mencionó– para responder a cualquier señalamiento.

No fue de aplaudir la embestida de los ediles contra la primera autoridad del puerto, porque, si fueran serios, si sus acusaciones tuvieran fundamento, no era para que esperaran el informe e hicieran pública su inconformidad, sino desde antes debieron acudir a las autoridades correspondientes a presentar sus respectivas denuncias.

Lo dicho por los perredistas en voz de Víctor Aguirre Alcaide en cuanto a que “la actual administración municipal se caracteriza por la improvisación, la opacidad, la omisión y la falta de transparencia”, es palabrería hueca, sin cifras, fechas, números, documentos, pruebas, en lo que no se ve otro objetivo que el de fastidiar y llamar la atención.

Por otro lado, si como asegura el edil la alcaldesa destinó 2 millones de pesos a la publicidad del segundo informe cuando fueron 850 mil lo que estaba autorizado en acta del Comité de Adquisiciones, resulta grave, y no fue motivo para expresarlo a los medios de comunicación, sino debió denunciarlo legalmente.

¿Para qué, entonces, está el contralor interno en el ayuntamiento?

¿Qué no funciona una comisión de Hacienda en cabildo que debería conocer y sancionar irregularidades como ésta?

¿No sabrá el regidor que existe la Auditoría Superior del Estado?

¿No habrá fallas que sean incumbencia de la Auditoría Superior de la Federación?

Si, como acusó José de Jesús Herrera Pintos, en representación de la fracción del PRI, falta transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios del ayuntamiento, afirmando que los ediles desconocen cómo se han ejercido los más de 3 mil 700 millones de pesos del presupuesto 2020, ¿no es tema para agendarlo y debatirlo en sesión de cabildo en vez de darle un cauce mediático?

¿Es ese el papel que corresponde a los regidores?

¿Lloriquear? ¿Patalear? ¿Tirar manotazos y patadas en vez de gobernar? ¿De fiscalizar el uso correcto de los recursos del ayuntamiento?

Los señores quieren proyectar la apariencia de ser críticos de la labor de la presidenta municipal, de ser muy honestos y derechos, cuando no hicieron más que el ridículo, ofreciendo un papel grotesco y vergonzoso.

Si Adela Román administra mal, si gobierna indebidamente, y lo que hacen los regidores es gimotear en vez de exigirle cuentas por los cauces legales, no son más que cómplices  de la presidenta.

Ahora que si quieren sacar raja política o de otro tipo, en vez de asumir su responsabilidad y denunciar en las instancias correspondientes, que lo vean con Adela… al fin ya los mandó llamar.

A nadie sorprenda que un día de estos aparezcan todos contentos y abrazados, haciendo a un lado todo lo mal que supuestamente se está haciendo.

¿Es eso gobernar? n

¿Hizo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores al no impedir el ataque de normalistas al Congreso del estado perpetrado como parte de la jornada nacional por los seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

Mantenerse al margen el gobierno podría interpretarse como una invitación a cualquier grupo inconforme a actuar de igual modo que los estudiantes, con la certeza de que los abrigará la impunidad, que ya de por sí lo hacen.

Frenar a los agresores mediante el uso de la fuerza pública, por otra parte, habría generado una confrontación con saldo –fácil, fácil– de muertos y heridos, y habría creado un conflicto mayor con repercusiones indeseables. Eso sí.

En consecuencia, lo mismo en la agresión al Congreso que la embestida violenta contra el Poder Judicial, el gobierno optó por asumir el costo de los daños, y evitar así un problema de inexpugnables dimensiones.

¿Pero, entonces, dónde queda la ley?

¿Dónde el derecho constitucional?

¿Se encuadra esta decisión en el estado de derecho?

Dejemos la respuesta a los estudiosos del derecho, pero sí habrá que entender que ambos ataques constituyen facturas que no corresponde pagar al estado de Guerrero.

¿Cómo está eso?

Es verdad que en el Congreso local se han resistido a llamar a comparecencia a representantes del Poder Judicial para que expliquen qué pasó con los videos que supuestamente fueron entregados al Tribunal Superior de Justicia y que contenían grabaciones de la noche en que se ejecutó la detención y la desaparición de los 43.

También es verdad que el Poder Judicial ha sido reacio a definir de manera convincente qué pasó con esas grabaciones, motivos, en ambos casos, tras los que se pertrechan los normalistas para ejecutar sus protestas en la entidad.

Los reclamos parecen peccata minuta comparados con lo que no ha hecho el gobierno federal, en cuyas manos está la solución al problema de fondo.

Ha sido la Federación –y no las autoridades de Guerrero– la que, en un sexenio y otro, ha venido posponiendo el esclarecimiento de los acontecimientos y la aplicación de la ley a los responsables.

Seis años cumplirá mañana la desaparición de los muchachos, tiempo en que se ha simulado que se investiga el caso, sin que se resuelva.

Pero corresponde al gobierno federal hacer justicia o asumir las consecuencias; cobrar la factura a Guerrero es improcedente e injusto.

Obvio: los normalistas lo que buscan es provocar ruido, causar desorden, pero si ya se hubiera resuelto la desaparición –o mejor aún, si se hubiera impedido– no tendrían los inconformes bandera que enarbolar. n

“Hay que insistir en todos los medios a nuestro alcance”, expresa


Chilpancingo, 23 de septiembre. El gobernador Héctor Astudillo Flores presidió la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz con la participación de los alcaldes de Tixtla, Chilpancingo y Chilapa, quienes reconocieron el esfuerzo y solidaridad del ejecutivo estatal durante estos seis meses de pandemia, y acordaron el reforzamiento de acciones y medidas sanitarias para evitar los contagios por Covid-19.

“Sigamos estando rígidos en la aplicación de acciones. Hay que insistir en todos los medios a nuestro alcance en Tixtla, Chilapa, Chilpancingo, para que la gente siga escuchando de la necesidad de cuidarnos y que estamos nuevamente en semáforo naranja, el perifoneo hay que activarlo en los municipios con brigadas que vayan a mercados y que los lugares cerrados sigan cerrados, no hay que dejar de decir lo delicado de una festividad patronal”, puntualizó Astudillo Flores.

El gobernador pidió a la alcaldesa de Tixtla, Erika Alcaraz Sosa, y a los alcaldes de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y de Chilapa, Jesús Parra García, tomar medidas sanitarias más rigurosas a efecto de lograr contener y disminuir los contagios de Covid19, con el uso de cubrebocas y sana distancia, principalmente.

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