Bien dijo aquella aspirante a la alcaldía de Acapulco en cuanto a que una de las necesidades más enormes de esta municipalidad es el agua potable.

No está descubriendo nada con esta afirmación, pero sí hace hincapié en un tema que los candidatos a la presidencia municipal han enarbolado como bandera para conquistar el voto ciudadano para luego, cuando llegan al poder, concentrar sus esfuerzos en culpar de los problemas a sus antecesores y salir dejando igual o peor el desperfecto.

Muy conocido resulta el reciente caso en que, durante su campaña, un candidato a alcalde pedía el sufragio por las calles porteñas llevando a bordo de una camioneta descubierta a un individuo que simulaba bañarse arrojando sobre su cuerpo agua con una bandeja.

Entró a Presidencia con gran algarabía y estruendo, para dejarla sin pena ni gloria.

Y la escasez de agua seguía.

Sigue y continúa siendo materia viva en los temas de campaña.

A un mes de que se abra el registro de candidatos a los ayuntamientos, labor del 27 de marzo al 10 de abril, asoman ya algunos rostros de aspirantes que empiezan a descubrir los problemas de Acapulco (¿pues dónde han estado que no los conocen?).

Sobre el caso específico del agua, deseable sería que en estos 30 días por venir los aspirantes emplearan un equipo de técnicos para elaborar un estudio profundo y a conciencia sobre la falta del elemento y maneras de solucionarlo.

Porque ha sucedido que, en sus campañas, parlotean sin ton ni son, prometiendo en lenguaje florido soluciones sin conocer siquiera a fondo el problema y sin manejar propuestas serias con el suficiente respaldo técnico.

Por eso mismo, cuando llegan a Presidencia se muestran sorprendidos de la complejidad del punto, y en vez de trabajar para cumplir su promesa, echan mano de cuanta excusa se les viene a la mente, para luego resultar que nada hicieron en su trienio.

¿Engañan a los electores?

No. Los ciudadanos votan no siempre por el mejor, sino por el menos malo.

No necesariamente creen que quien llegue se ocupará realmente de resolver la insuficiencia, pero votan por alguno porque alguien tiene que llegar, pues peor sería anular las boletas.

Hasta ahora, ningún partido político ha elegido a la persona capaz de cumplir la aspiración ciudadana de tener una vida mejor, disponiendo del agua necesaria para satisfacer sus necesidades más elementales, sin pagar el precio de vivir un viacrucis.

Nada prometedor se ve el futuro inmediato de los jubilados y pensionados del Issspeg, que se han manifestado en días recientes para exigir que el organismo estatal les pague la pensión de enero y la última parte del aguinaldo del año pasado.

El problema que limita las finanzas del Issspeg hasta el extremo de imposibilitarlo para cumplir la función sustantiva para la que fue creado, que es pagar, mes a mes, la pensión a los trabajadores jubilados, deriva de que ayuntamientos y organismos públicos del ámbito local –es decir estatal y municipal– no le depositan las cuotas que descuentan a sus trabajadores para seguridad social. Si el organismo no tiene dinero, no puede pagar, así de simple.

Pero si este problema ya era arduo de por sí, debido a la disparidad de criterios y estilos con que son administrados los gobiernos municipales y los organismos públicos, ahora el panorama se ha tornado mucho más difícil, según puede deducirse de las perspectivas económicas del país y del estado.

Es innegable que la caída económica sufrida por el país en 2020, segundo año de la actual administración federal, fue causada por la pandemia del nuevo coronavirus, que golpeó al mundo entero, no sólo a México. Pero ya el año anterior el Producto Interno Bruto nacional había sufrido un retroceso tal que su crecimiento fue negativo.

Para este año, según resulte exitosa o no la campaña de vacunación contra el Covid-19, puede haber crecimiento de la economía considerable o escaso. Y de eso dependen muchas cosas, entre otras que los deudores tengan ingresos suficientes que les permitan saldar su deuda y ponerse al corriente con el Issspeg. n

Si bien la pandemia ha limitado la actividad turística, eso no ha sido obstáculo para que los responsables de la promoción sigan echados en la hamaca esperando mejores tiempos para salir a realizar su trabajo.

En esta tesitura, comenzaron a preparar la participación de la entidad en el Tianguis Turístico de 2021, que nuevamente será digital, con sede en Sinaloa.

La Secretaría de Turismo estatal (Sectur), que encabeza Ernesto Rodríguez Escalona, informó sobre la reciente realización del encuentro virtual de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), donde, entre otros temas, hablaron sobre las estrategias implementadas para trabajar por la reactivación del sector turístico de forma ordenada y responsable, la llegada de más vuelos y la importancia de los certificados punto limpio, con la finalidad de generar entornos seguros para los visitantes.

¿En qué consisten esas estrategias?

Sólo el secretario lo sabe; no obstante, ¿se relacionan con evitar que el visitante escape al Covid-19 cuando se ha acusado al turista de oponerse a practicar las medidas sanitarias?

En otras palabras: se le ha responsabilizado de que, cuando viene, se dispara el número de contagios.

¿Se le obligará a que, cuando lleguen los vuelos, se someta a una prueba rápida y a que use el cubrebocas y guarde la sana distancia?

Por otro lado, como una manera de aparentar que se está trabajando, se resalta mucho el tema del Sello de Calidad Punto Limpio, que no consiste más que en propiciar la incorporación de buenas prácticas de higiene en los modelos de gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, a fin de proteger la salud de sus clientes, de sus trabajadores y de las comunidades.

¿Eso repele al virus?

Lo ideal sería atraer turistas, protegerlos del Covid y cuidar que ellos no contagien a los lugareños.

Si las estrategias de que habla Rodríguez Escalona no tratan de eso, ¿a qué se refieren, entonces?

¿Podría explicarlo o sólo se trata de mantener presencia en los medios? n

Si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el municipio de Acapulco tiene pendiente por aclarar el uso de poco más de 5 millones 220 mil pesos, correspondientes al programa de Fortalecimiento del Desempeño en materia de seguridad pública a los municipios de 2019, quiere decir que las finanzas públicas municipales no se han manejado de la manera más adecuada y que, en consecuencia, lo que públicamente se pregona no concuerda con la manera en que se administran los recursos del pueblo.

Si la ASF no mencionara el caso, no habría lugar para sospecha alguna.

Mal se haría en juzgar que el reporte deja entrever actos de corrupción, porque claramente lo especifica: “tiene pendiente por aclarar”, pero si la Federación no tiene claro cómo gastó el dinero el ayuntamiento, eso ya implica, al menos, un manejo desaseado de las finanzas.

El enredo, no obstante, no debe ser tan sencillo de deshacer, pues si el “pendiente” corresponde a 2019, ya transcurrió todo 2020, y no se ha aclarado.

Es obvio que ha habido una operación indebida, alejada de la normatividad oficial.

En estos casos, es usual que se culpe al presidente municipal, pero si bien es cierto que el alcalde en turno es la cabeza del ayuntamiento, también es verdad que no es la única autoridad responsable del manejo del dinero.

Si hay una operación desaseada de recursos, en principio debe detectarla el síndico de los asuntos administrativos, la Comisión de Hacienda del cabildo, a quien la primera autoridad está obligada a rendir cuentas.

También debería descubrirla el contralor interno, de tal manera que, de hacer su trabajo unos y otros, no habría necesidad de que la ASF exhibiera a todo el ayuntamiento como un mal administrador.

¿Qué cuestiona la ASF?

La inobservancia de la normativa, principalmente en materia de adquisiciones.

Entre las aclaraciones pendientes se encuentra la evidencia de las evaluaciones de control de confianza hechas a policías; la no comprobación del pago de nueve cursos de proximidad social, dos de competencias básicas de la función policial y 30 de actualizaciones para policías, y por presentar un atraso de 19 días en la entrega de dos camionetas pick up, por no aplicar la pena convencional al proveedor por el incumplimiento en la entrega de los bienes.

¿Qué puede entreverse aquí?

¿Desviación de recursos?

¿Hacia dónde, en todo caso?

¿Irregular administración? n

Si en tiempos de prosperidad y abundancia los manejos indebidos de recursos públicos se consideran una ofensa a la sociedad, en momentos de escasez y ajustes presupuestales a la baja como los actuales deberían catalogarse, además de ilegales, como una provocación o, peor aun, una agresión.

No obstante, los desvíos emergen a la luz pública y se perciben como algo normal; ni los auditores informan respecto al estado final de los sucesos, ni los auditados tienen interés alguno por demostrar a la sociedad que no incurrieron en delito alguno, lo que da a entender que sí lo hicieron y que la impunidad los cobijó alegremente, como ha venido ocurriendo por sistema.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitido este fin de semana revela que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) realizó 515 pagos improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), por el orden de más de 4 millones de pesos del ejercicio fiscal 2019, a 95 trabajadores que se identificaron como decesos.

El Fone es el descomunal problema que arrastra la SEG, pues tiene más de 5 mil trabajadores, la mayoría administrativos, sin techo presupuestal que los respalde.

O sea que los contrataron, pero no tienen para pagarles.

Ah! Pero eso sí: les pagan salario religiosamente a difuntos.

No hablemos de desfalcos, ni fraudes, porque no se ha emitido sentencia al respecto, pero cuando menos la SEG exhibe por adelantado su ineficiencia en materia administrativa; si no, ¿por qué no le salen las cuentas?

Pero… ¿Qué hay del reporte hecho público por la ASF en octubre de 2019 en el sentido de haber detectado también en la SEG un probable daño patrimonial al erario público de más de 5 millones de pesos, por haber realizado pagos con recursos del Fone a trabajadores, posteriores a su fecha de baja de la dependencia, además de haber pagado a trabajadores de 13 centros de personal adscrito a centros de trabajo, bolsa o personal por reubicar, de quienes se desconoce si realmente realizaron actividades directamente vinculadas con la educación básica o la formación de docentes?

Nadie sabe. Nadie supo.

Las conclusiones quedaron volando.

Nunca se habló del seguimiento.

Reportan la irregularidad y ahí termina todo.

Creen que con hacer públicos los saqueos ya cumplieron su responsabilidad.

¿Y la guerra a la corrupción? n

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