Dos gatos en un costal representan un símil del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, pues están lejos de transitar unidos y en un plano de cooperación mutua por una misma senda para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.

En tanto la CIDH insiste en señalar un desarrollo irregular de las investigaciones, salpicada de desviaciones, excesos, encubrimientos y omisiones, el gobierno de la República se defiende y, con esmerada diplomacia, regresa las pedradas y fija posturas que, desde luego, defienden y justifican su actuación, al tiempo que afianza su versión de que está haciendo lo que se tiene que hacer.

La diferencia entre los dos encostalados es que la CIDH, si bien ha intervenido en las investigaciones, creando incluso un grupo ex profeso, el Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), su participación está revestida de un papel de imparcialidad, en tanto el gobierno mexicano es juez y parte, siguiendo una inclinación muy clara que lleva a proteger a los responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes.

El gobierno mexicano afirma y confirma estar siguiendo las recomendaciones del GIEI y actuar apegado a derecho. En consecuencia, si asegura estar procediendo de la manera correcta, está mandando el mensaje de que seguirá en el mismo tenor y siguiendo la misma dirección.

Las precisiones de la CIDH han sido contundentes, y no es la excepción su informe Doble Injusticia, en el que resalta que 34 presos fueron detenidos violando sus derechos y torturados.

Si cuando, por la  vía de la PGR, el gobierno federal dejó insatisfechos a los padres de los 43 y a otros sectores de México, lo mismo que a otros países, al declarar su “verdad histórica”, actualmente las expectativas no prevén ningún cambio de rumbo; la detención de Erick La Rana en Cocula, de quien se afirma que fue parte fundamental en la toma de decisiones del destino de los normalistas, así lo dejan entrever. Los padres vislumbran ya una estratagema oficial en el sentido de que los jóvenes fueron quemados y enterrados en el basurero de ese lugar.

Novedad sería que los resultados que prepara el gobierno incluyeran la detención de funcionarios, policías y militares que, según reportes del GIEI, tuvieron que ver en la tragedia. n

Dos gatos en un costal representan un símil del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano, pues están lejos de transitar unidos y en un plano de cooperación mutua por una misma senda para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.

En tanto la CIDH insiste en señalar un desarrollo irregular de las investigaciones, salpicada de desviaciones, excesos, encubrimientos y omisiones, el gobierno de la República se defiende y, con esmerada diplomacia, regresa las pedradas y fija posturas que, desde luego, defienden y justifican su actuación, al tiempo que afianza su versión de que está haciendo lo que se tiene que hacer.

La diferencia entre los dos encostalados es que la CIDH, si bien ha intervenido en las investigaciones, creando incluso un grupo ex profeso, el Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), su participación está revestida de un papel de imparcialidad, en tanto el gobierno mexicano es juez y parte, siguiendo una inclinación muy clara que lleva a proteger a los responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes.

El gobierno mexicano afirma y confirma estar siguiendo las recomendaciones del GIEI y actuar apegado a derecho. En consecuencia, si asegura estar procediendo de la manera correcta, está mandando el mensaje de que seguirá en el mismo tenor y siguiendo la misma dirección.

Las precisiones de la CIDH han sido contundentes, y no es la excepción su informe Doble Injusticia, en el que resalta que 34 presos fueron detenidos violando sus derechos y torturados.

Si cuando, por la  vía de la PGR, el gobierno federal dejó insatisfechos a los padres de los 43 y a otros sectores de México, lo mismo que a otros países, al declarar su “verdad histórica”, actualmente las expectativas no prevén ningún cambio de rumbo; la detención de Erick La Rana en Cocula, de quien se afirma que fue parte fundamental en la toma de decisiones del destino de los normalistas, así lo dejan entrever. Los padres vislumbran ya una estratagema oficial en el sentido de que los jóvenes fueron quemados y enterrados en el basurero de ese lugar.

Novedad sería que los resultados que prepara el gobierno incluyeran la detención de funcionarios, policías y militares que, según reportes del GIEI, tuvieron que ver en la tragedia. n

Playa incluyente

Nov 16, 2018

El ejercicio de los derechos sociales es buen ejemplo para ilustrar el refrán que asegura que del dicho al hecho suele haber mucho trecho, porque es común que haya mucha diferencia entre lo que ordenan las leyes y la vida real.

Las playas son muestra de ello. Es fácil decir que son de todos y que todos tienen derecho a su disfrute. Pero el hecho es que hay personas con discapacidad que no pueden gozarlas como el resto. Personas que necesitan de condiciones especiales para entrar y permanecer en ellas, pues padecen impedimentos físicos que no les permiten hacerlo.

Es un tema en el que los gobiernos municipales y estatales de Guerrero debieron tomar la iniciativa hace mucho tiempo, motivadas por el hecho de que en esta entidad está Acapulco, que ha sido el destino turístico señero del país, el que ha marcado la ruta a seguir, el que ha puesto el ejemplo.

Sin embargo, ninguna de ambas instancias puso manos a la obra, hasta ahora, y otra entidad se les adelantó.

Hace casi dos años la Bahía de Cuastecomates fue intervenida por el gobierno de Jalisco para el disfrute de personas con discapacidad. Ahora dispone de todos los artilugios imaginables para que personas con impedimento visual o motor pueden disfrutar del sol y la playa.

Habilitar los balnearios naturales para hacerlos accesibles a más personas no es sólo un acto de mercadotecnia –por cuanto aumenta el número de visitantes con posibilidad de tener acceso a ellas y, por tanto, de dejar derrama económica–, sino también de inclusión y, a final de cuentas, de justicia social.

Hay posibilidad de justicia cuando un sistema de leyes proporciona a todos iguales o equivalentes garantías para la autodeterminación y el desarrollo personal y para el disfrute de derechos comunes al resto de los ciudadanos.

Es algo muy sencillo de enunciar, pero no tanto de realizar.

Por eso es buena noticia que una playa de Guerrero está en vías de convertirse en la segunda del país en ser habilitada como espacio incluyente para personas con discapacidad. Se trata de la playa Ojo de Agua, en Tecpan, que es objeto de una inversión de más de 7 millones de pesos del gobierno del estado, y que contará, en primer lugar, con rampas para darles acceso a establecimientos comerciales de la zona; equipo y mobiliario que les permitirá entrar al mar, así como baños especiales, muelles, isletas y otros aparatos que les permitirán estar en el agua o sobre un vehículo acuático.

En cuatro meses deberá estar concluida. Vale más tarde que nunca. n

Siempre adelante

Nov 16, 2018

Mal se vieron los dirigentes estatales de ocho partidos políticos al acudir a Casa Guerrero a demandar seguridad para los candidatos a puestos de elección popular durante las campañas.

Ahora sí, como se trata de los candidatos, los líderes se unieron para, de manera conjunta, buscar su protección, cuando por la seguridad de la población, entre la que están sus militantes, nunca se han coordinado para exigir al sector gubernamental el cese a la violencia.

Una verdad que no necesita demostración es que los partidos políticos permanecen alejados a las necesidades de sus bases; recurren a ellas solamente en los procesos electorales; pasados estos, las abandonan y en ningún momento abanderan sus problemas, como son, además de la inseguridad, la violencia, la extorsión y el cobro de piso, la dotación de servicios públicos, el incremento de precios, el aumento en la inflación.

En los meses recientes han sido asesinados unos 20 políticos y aspirantes a algún puesto de elección popular, y ni siquiera en estos casos los partidos han hecho una exigencia seria, contundente, tajante, de justicia; los primeros días del suceso han armado gran ruido, para luego apagarlo y olvidarse de dar seguimiento legal, con lo cual dan lugar a la impunidad.

La vida cambia constantemente: cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, de tal manera que, dice el escritor y espiritualista Wayne W Dyer, lo que en la mañana era mucho en el atardecer será poco; lo que en la mañana era verdadero en la tarde será falso.

De este cambio pueden dar fe los que en un tiempo fueron llamados Los cuatro fantásticos: Evodio Velázquez Aguirre, Víctor Aguirre Alcaide, Sebastián de la Rosa Peláez y David Jiménez Rumbo, que hasta hace poco tiempo eran los amos y señores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad; ellos partían y repartían.

Ahora se encuentran al margen de la toma de decisiones en el PRD, quedando al garete en los movimientos políticos relacionados con las elecciones de este año.

Ayer, finalmente, al ver frustrado su intento de ser designado pre candidato a alcalde, David Jiménez Rumbo hizo pública su renuncia al sol azteca; su resentimiento lo trasladará a quienes fueron los seleccionados por ese partido para los diferentes encargos.

Víctor Aguirre Alcaide, luego de renunciar a un cargo municipal donde lo había acomodado su amigo el alcalde, falló también en su propósito de obtener la candidatura por la alcaldía acapulqueña.

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