El desorden en la zona federal marítima no data de trienios o sexenios, sino de décadas, por no decir desde siempre.

Cada gobierno, en su momento, ha anunciado supuestos intentos de regularizar concesiones y excluir a quienes han venido explotando la zona sin tener una concesión autorizada, pero nunca han cumplido.

La anarquía ha sido la constante.

El síndico administrativo Javier Solorio Almazán no está descubriendo nada cuando denuncia que “hay mucha irregularidad en este cobro (de impuesto), no de ahorita, de forma histórica. Yo tengo aquí una lista, yo le calculo más de 200 lugares que están irregulares en Zofemat, que están en deuda, que incluso ya se les vencieron sus concesiones y aquí tenemos la lista de todos los que no han pagado ese derecho de la zona federal marítimo terrestre, y en esta zona están desde hoteleros, personajes, constructoras que están en la zona Diamante”.

Pero no sólo en la zona Diamante, sino en toda la federal. En su momento se ha señalado que incluso los andadores de acceso a las playas en el Acapulco Dorado están invadidos por establecimientos irregulares, situando hasta hoteles en esa situación.

Ya antaño se han hecho señalamientos en ese sentido; se han anunciado planes de regularización que nunca se concretan.

Para nada sorprende que el síndico refiera que en la zona Diamante “hay condominios que prácticamente se apropiaron de las playas, hay condominios que están usufructando la zona federal marítimo terrestre y que ni siquiera han pagado impuestos”.

Nada extraña que manifieste que “el Acapulco Diamante está lleno de hoteles, de departamentos que el origen de ahí fue expropiar prácticamente a los ejidatarios, comprar a muy bajo costo y ahora ya están prácticamente privatizadas todas las playas de Diamante, donde los acapulqueños o los turistas ni siquiera se pueden meter, donde ni siquiera pueden caminar porque están los dueños de todos esos departamentos, todos esos machuchones diciendo que es propiedad privada”.

Luego entonces, el problema en que han convertido a los comerciantes situados en la zona federal, es “peccata minutta” comparada con el que señala el síndico.

Derivada como efecto de la pandemia, la bomba ha estallado en las manos a la alcaldesa porteña al desalojar a un grupo de los ocupantes de la zona federal, que, exclaman gustosos, qué bueno que quieren poner orden en las playas.

Pero habrá que ver si la autoridad entiende ordenar, como meter en cintura a todos esos dueños de hoteles y condominios que se han apoderado de las playas o si se trata nada más de someter a esa gente pobre que con mucho esfuerzo obtiene el sustento diario vendiendo en las playas, y el cual le niegan ahora.

¿Se atreverán a ponerle el cascabel al gato? n

Sin lugar a dudas, el actual no es el mejor momento para llevar a cabo muchos propósitos en nuestro país, así sean virtuosos, convenientes o magníficos. Por un lado, los recortes presupuestales del gobierno federal tienen impacto en todos los ámbitos de la administración pública, incluso en aquellos más alejados de los centros de toma de decisiones. Debido a la emergencia sanitaria que impone la proliferación del virus Covid-19, los gobiernos de todos los ámbitos han tenido que hacer malabares para, a pesar de esos recortes que les han sido impuestos, estirar su presupuesto para atender las necesidades más apremiantes derivadas de la pandemia, y que consisten, en esencia, en apoyar a los pobladores que resultaron más perjudicados por la nueva circunstancia.

Por el lado de la población la situación es aun más desesperada: millones de trabajadores se quedaron sin empleo y sin dinero debido a la contingencia, que obligó a paralizar extensos sectores de la economía.

Así, casi todos los planes que implican gasto de recursos financieros han debido ser pospuestos para tiempos mejores, tanto en el ámbito privado como en el público.

Así, por ejemplo, cuando parecía claro que Capama había llegado a un extremo de crisis del cual ya no puede haber retorno –y que la hizo objeto de una demanda penal de la Conagua y de la dimisión de toda su directiva–, lo cual justificaría la toma de medidas tan drásticas como su refundación, la terca realidad indica que eso no es viable por una sencilla razón: no hay recursos para llevarlo a cabo. Ayer, por cierto, le llovió sobre mojado: colapsó la red sanitaria de la céntrica calle 16 de Septiembre, justo en el centro neurálgico del comercio de Acapulco, debido a la lluvia de unas horas antes que, con ser copiosa, no tenía nivel de catastrófica.

Pero también se siente el efecto de la crisis en lugares tan alejados de los grandes centros de población como el municipio de Malinaltepec, donde los habitantes de Alacatlatzala y de Malinaltepec –que así también lleva por nombre la comunidad– se están equipando con armas de alto poder para enfrentarse entre sí con más fuerza mortífera, si es posible, mientras los tribunales agrarios están en pausa debido a la contingencia.

No es éste, pues, el mejor momento.

Determinante, cuidar la salud controlando el acceso a sitios, dice


Chilpancingo, 21 de julio. En el marco del informe diario de la evolución del Covid-19 en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que Guerrero sigue en color naranja del semáforo epidemiológico y reiteró que las actividades no esenciales seguirán operando solo al 30 por ciento de su capacidad para disminuir el riesgo de contagios.

El Ejecutivo guerrerense recordó que en días pasados, los representantes de los tres poderes del Estado suscribieron el acuerdo para la reapertura de actividades con motivo de Covid-19, el cual entró en funciones el 2 de julio.

El acuerdo fue la reapertura al 30 por ciento de hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, restaurantes, transporte público, supermercados, almacenes, centros comerciales, gimnasios, barberías, estéticas, servicios religiosos, bancos, platerías y joyerías, producción agroindustrial y mezcalera, plazas cívicas, jardines, parques, polideportivos, unidades deportivas y zoológicos, tribunales judiciales, administrativos y en los laborales con previa cita, actividades comerciales informales, así como playas, servicios náuticos y deportes acuáticos.

Reparto igual

Ago 14, 2020

Al anunciar el calendario de precampañas para las próximas elecciones, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero (IEPC) resalta la advertencia a partidos políticos de no incumplir con la paridad de género para las candidaturas.

Resulta un tanto absurdo el que se designe igual número de candidatos hombres y mujeres, sólo para cubrir un requisito legal, el de la paridad, en vez de privilegiar en las nominaciones elementos como preparación, trayectoria o integridad personal.

No debería importar así, si son más hombres que mujeres, o, a la inversa, más mujeres que hombres porque no es asunto de sexo, sino más personas profesionales que garanticen mejores resultados.

¿Quién tiene la culpa de que no suceda así?

Obviamente ellos, que siempre se habían agandallado las posiciones políticas y, como buenos machos mexicanos, marginaban a las mujeres, sus queridas mujeres que, al igual que ellos, se partían el alma haciendo trabajo partidista para la hora del reparto, hacerlas a un lado groseramente.

Finalmente, las féminas lograron el derecho de la igualdad en el reparto.

¿Significará que con ello habrá mayor justicia, mejor reparto de riqueza, menos pobreza, o más crecimiento y desarrollo?

No precisamente.

La ley de paridad de género no es nueva, ya se aplicó y, hasta donde se ve, no marca ninguna diferencia el que más mujeres vayan a puestos públicos o al Congreso.

Porque finalmente no es que vayan por corregir excesos de sus pares, ni se trata de unirse ellos y ellas para crear bloques que redunden en beneficios para la comunidad.

Nada de eso.

Ellas van por su parte.

Su reclamo es la mitad de poder.

Al menos eso han proyectado hasta ahora, porque resultados que marquen la diferencia no hay a la vista.

Tal vez comiencen ya a trabajar en ello.

El regreso a clases, sólo cuando Guerrero se ubique en semáforo verde


Chilpancingo, 20 de julio. “Hagamos un esfuerzo todas y todos para que conservemos esta categoría de semáforo en color naranja y no regresemos al color rojo, no queremos esa circunstancia porque tendríamos que limitar las actividades no esenciales, por eso queremos evitar que crezca el número de contagios”, puntualizó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo.

Durante la transmisión para actualizar los datos del Covid-19 en el estado, junto al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y del jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el encargado de las finanzas también explicó que a través del sistema DIF se realizaron acciones como la apertura en el CRIT Acapulco con 73 camas para pacientes con Covid-19 y no Covid-19, en el CRIG Guerrero se instaló el área de medicina preventiva para coronavirus con entrega de medicamentos y análisis clínicos, se han distribuido más de mil caretas en mercados y playas, con las unidades de Participación Ciudadana, Organismos Públicos Descentralizados y sociedad civil se entregó material de higiene, equipo de protección personal e insumos médicos.

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