Hasta cierto punto, es comprensible la fogosidad, la vehemencia y el ímpetu de quienes resultaron elegidos representantes populares el pasado 1º de julio, sobre todo los postulados por Morena, que obtuvo mayoría absoluta en las dos cámaras que constituyen el Poder Legislativo federal de nuestra república.

No es para menos; en amplias capas de la población había y persiste un sentido de urgencia extrema, de viva expectación, ante el rumbo que ha tomado el país de manera tan abrupta desde que el gobierno de Miguel de la Madrid decidió abrir las puertas al neoliberalismo y todos sus costos sociales.

En pocos meses los mexicanos y los observadores extranjeros han sido testigos de propuestas a cual más descabellada, que para fortuna de todos no han llegado a materializarse, no obstante lo cual han cimbrado la economía y el sistema financiero: como aquella de apretar los controles sobre las firmas calificadoras del desempeño económico del gobierno y del país –que ese día elevó el dólar a los 19.95 pesos–, o la de poner límite unilateral a las comisiones bancarias, que llevó a las acciones de los bancos a caer con estrépito en la bolsa de valores.

El pasado lunes, el diputado federal morenista de Guerrero Rubén Cayetano García reveló en entrevista su iniciativa de reforma para posibilitar la incursión en embajadas y consulados en territorio mexicano para buscar a desaparecidos, porque, argumenta, la búsqueda debe salir de las bases de datos e ir al campo.

Se trata de un despropósito y se nota que quien lo propuso no tiene idea de lo que es el entramado de leyes y tratados que regulan las relaciones internacionales para la coexistencia pacífica, que nuestro país ha signado con el resto del mundo. n

Algo relevante dijo ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Joaquín Badillo Escamilla: “no importa cuántos cambios de mandos policiacos se hagan, mientras no haya una estrategia de seguridad efectiva de combate a la violencia e inseguridad”.

En consecuencia, no puede atribuirse al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Geovani Mejía Olguín, el que haya descendido el nivel de violencia –si es que así ocurrió– en el municipio de Acapulco, cuando ni siquiera contaba con un programa de trabajo y, por consiguiente, de una estrategia.

En la primera sesión ordinaria de cabildo correspondiente a marzo, realizada este día 14, algunos regidores colgaron medallas a Mejía Olguín por la supuesta reducción de violencia, ignorando olímpicamente la labor de Ejército, Marina, Policía Federal y Policía Estatal, que también participan en el programa de seguridad en Acapulco y la entidad.

Como un acto de justicia puede evaluarse el veredicto de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de dejar sin efecto la toma de protesta a Juan Manuel Santamaría Ramírez como diputado, y ordenar al Congreso local que se nombre a una mujer.

Es de entenderse que Hilda Jennyfer Ponce llegó al Congreso como diputada atendiendo a la paridad de género; luego, cuando al separarse del cargo la sustituyó Eunice Monzón, lo hizo porque era su suplente, pero también atendiendo a la misma linea de la equidad. Por tanto, si Monzón decidió pedir licencia, lo más natural es que otra mujer la supliera.

Pero, lejos de eso, se nombró a Santamaría Ramírez para que ocupara la curul, lo que motivó la indignación de diputadas morenistas, que encausaron una lucha que recurrió al amparo del TEPJF.

Conocido el veredicto del tribunal, el secretario general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Álvarez Angli, lo consideró un exceso y amenazó con acudir a la Sala Superior del TEPJF para promover un recurso de revisión, pues calificó de errada la decisión de la Sala Regional.

En realidad, si, en retrospectiva, los partidos políticos hubieran tomado en cuenta a hombres y mujeres por igual a la hora de las postulaciones a cargos de elección popular, considerando su capacidad y preparación sobre todo, no habría habido necesidad de que la autoridad estableciera el reparto con base en la equidad de género.

Tuvo que llegar al poder Andrés Manuel López Obrador para que se presentara y aprobara –si bien de momento sólo por la Cámara de Diputados– la revocación de mandato.

De haberse aprobado antes, interesante habría sido que a la mitad de sus respectivos sexenios como presidentes de México se hubieran sometido a la prueba Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, por mencionar a los más recientes, ninguno de los cuales la habría pasado.

Los tres habrían tronado con estrépito.

Es de ahí de donde proviene el pánico de los opositores a esa ley, aunque argumenten visiones futuristas del Presidente, quien en todo caso se la irá jugando, pues el hecho de que a 100 días de gobierno goce del respaldo al cercano 80 por ciento de la población –algo inaudito– no significa que en tres años su popularidad siga en el mismo nivel.

Sin vuelta atrás

Abr 24, 2019

El problema de los 5 mil 743 trabajadores de la educación contratados por fuera de la nómina oficial es de esos que no pueden ser resueltos por el método de hacer volver las cosas a su estado original.

Se asemeja –guardada toda proporción– al problema de la destrucción del gran lago sobre el que se asentó la antigua Tenochtitlán, luego la capital de la Nueva España y ahora de México: no hay manera de retroceder hasta el estado original de las cosas, por más que hoy se reconozca que estuvo mal destruir ese vaso lacustre para edificar encima una ciudad.

Los trabajadores de la educación –que no maestros, pues estos son apenas 10 por ciento del total– contratados por fuera del Fone podrían ser despedidos, pero eso originaría una conflagración de tipo social, más que laboral, que incendiaría Guerrero, como bien advierte el senador Manuel Añorve Baños.

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