Efectúa Astudillo una gira de trabajo por la región Norte


Atenango del Río, 20 de septiembre. A tres años del sismo del 19 de septiembre que afectó principalmente a municipios de la región Norte, la reconstrucción y rehabilitación de las 550 escuelas afectadas, concluyó.

Cumpliendo con todas las medidas sanitarias debido a la pandemia del Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores realizó una gira de trabajo por San Vicente Palapa, municipio de Tepecoacuilco de Trujano; y Atenango del Río para entregar dos obras educativas de las 550 planteles que fueron reconstruidos y rehabilitados.

En San Vicente Palapa, el ejecutivo guerrerense entregó un edificio reconstruido de la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, obra que representó una inversión de poco más de 5.4 millones de pesos, consta de un edificio que incluye 8 aulas didácticas y equipamiento, así como barda perimetral, red eléctrica, plaza y andadores en beneficio de 130 niñas y niños.

Se aplicarán acciones más estrictas y rigurosas, advierte


Atenango del Río, 20 de septiembre. Debido a que los contagios de Covid-19 siguen en aumento en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que a partir de este lunes las medidas sanitarias serán más estrictas a fin de contener la pandemia.

En la actualización de las cifras del Covid-19, el Ejecutivo guerrerense insistió en su llamado a la conciencia y responsabilidad de la población para seguir los protocolos sanitarios.

“Creo que es muy importante que todos los guerrerenses sepan, que no estamos en un momento cómodo efectivamente los contagios iban a la baja, ya volvieron a subir”, enfatizó.

Anticipó que a partir de este lunes las medidas serán más estrictas y enérgicas, principalmente en los lugares cerrados, pero para esto, dijo, cada quien tiene que poner su parte y colaborar porque es para un bien común.

“Porque nosotros no podemos andar atrás de cada ciudadano para que use cubrebocas, tenemos que ayudarnos entre todos, como lo he dicho y lo repito, esto es un problema colectivo las soluciones colectivas”, señaló.

A los ayuntamientos apoyados por el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) parece no importarles su inminente desaparición del presupuesto federal para el próximo año.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 incluye la propuesta de desaparecer el Fortaseg, lo que algunos legisladores ya dan por hecho, no obstante lo cual, al darse a conocer su presentación al Congreso de la Unión, las autoridades de los municipios que reciben estos recursos guardaron silencio.

De por sí los alcaldes no acostumbran difundir información relacionada con el dinero que obtienen y menos aun del destino que le dan.

En el caso específico de Acapulco, el 28 de enero pasado, la síndica procuradora Leticia Castro Ortiz prácticamente dio fe de la opacidad con que se gasta ese dinero que, explicó, tiene que ser destinado principalmente al fortalecimiento de la Policía Municipal con la compra de equipamiento y uniformes nuevos.

Señaló que en el puerto no se han visto reflejados los recursos del Fortaseg del año pasado.

No es todo.

El ayuntamiento de Acapulco debe aclarar cómo va o en qué quedó el apercibimiento que le envió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante el oficio OASF/0067/2020 con fecha 21 de febrero del año en curso, respecto a solventar las observaciones sobre las irregularidades en el manejo de 20 millones de pesos pertenecientes a recursos del Fortaseg de 2018.

Por lo que se refiere al subsidio otorgado por el Fortaseg en 2020 (38 millones 231 mil 970 pesos), navega en las mismas aguas turbulentas de la desinformación y la sospecha, lo mismo que sucede con Chilapa (20 millones 939 mil 223 pesos), Chilpancingo (23 millones 258 mil 211 pesos), Iguala (19 millones 241 mil 903 pesos), Taxco (14 millones 33 mil 740 pesos) y Zihuatanejo (16 millones 5 mil 477 pesos).

Eso, sin contar que cada uno de los beneficiarios, según el convenio suscrito con el gobierno federal, se obliga a proporcionar 20 por ciento del total de los recursos aportados por la Federación para cumplir el objetivo de mejorar la Policía Municipal.

¿Alguno de los seis municipios beneficiarios ha entregado ese porcentaje?

Habría que ver en qué condiciones tienen a sus policías.

Si hasta ahora no rinden cuentas, menos lo harán desde el próximo año, porque nada les entregarán ya, pues evidentemente les retirarán la ubre. n

“Hubo retén en Chilapa de la Guardia Nacional; quizá pensaron que los comunitarios irían con sus herramientas” (armas), me platica un compañero que acudió a la marcha y concentración fuera del Congreso del estado convocada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (Crac-PC), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en conjunto con más organizaciones y ciudadanos que decidieron, a pesar de la situación actual, protestar pacíficamente para reclamar derechos que han sido negados en una larga noche de 500 años.

Representantes de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas asistieron al llamado a la capital, a días de celebrarse los 207 años de la instauración del Congreso de Anáhuac, para exigir a los diputados y las diputadas de la 62 Legislatura de Guerrero que aprueben la reforma integral de derechos en la materia. Durante la marcha se dio a conocer que en la Cámara local pospusieron la sesión presencial del periodo ordinario actual.

La propuesta de iniciativa de reforma no ha sido dictaminada por la Comisión de Estudios Constitucionales, que preside el perredista Bernardo Ortega. Podemos decir que la presidencia de comisión tiene el poder para colocar el tema, o no, en el orden del día de sus reuniones de comisión. Se conoce que el diputado Ortega ha argumentado que faltan varios elementos para que se pueda dictaminar, como serían los anexos y las resoluciones que debe entregar el diputado Aristóteles Tito Arroyo.

Tito Arroyo, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, habría recibido del Congreso 100 mil pesos por foro, siendo 10 foros, lo que da un total de un millón de pesos y un tanto más dotado por el INPI para su realización, los cuales sí se realizaron, según han dejado claro los pueblos indígenas y afromexicanos, lo cual quebraría la intentona que buscan algunos diputados de que se organicen nuevos foros, lo cual alargaría de manera injusta e indeterminada la dictaminación.

Se conoce entre pasillos que hay una resistencia del PRD y del PRI para dar salida a esta reforma que revertiría el revés a la Policía Comunitaria enviado por el gobernador y aprobado por la pasada legislatura, de mayoría perredista, pero invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Existen, además, como suele ser en la política, diversas versiones de los hechos: algunas personas aseguran que el grupo parlamentario de Morena está decidido a empujar esta reforma aun con sus posicionamientos diversos.

Durante la movilización en el Congreso de los pueblos salieron de la bancada de Morena los diputados y las diputadas Luis Enrique Ríos, Aristóteles Tito, Yoloczin Domínguez, Blanca Selene Armenta, Nilsan Hilario Mendoza, Norma Otilia Hernández, Moisés Reyes Sandoval, Marco Antonio Cabada y Arturo Martínez Núñez para comunicar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Villanueva, esperaba listo para dialogar, a un grupo de 10 representantes encabezados por el abogado de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra.

Me comentaron que otros diputados y otras diputadas de la fracción de Morena fijarán un posicionamiento respecto de este tema tan relevante para el estado y el país, ante esta exigencia de los pueblos nahuas, na savi, me’phaa, ñomndaa’ y afromexicanos de nuestro estado.

Entonces, la demanda está presente frente a los diputados y las diputadas de esta legislatura local. Una línea, la ideal, es que se avale y apruebe la reforma indígena y afromexicana; que diputados de cualquier bancada marquen la historia para bien o, de segunda, tendremos movilizaciones mayores para demandar derechos en materia de territorio, asambleas comunitarias, libre determinación y justicia y seguridad comunitaria.

Aunado a la protesta por la reforma, también se manifestaron padres y madres de Ayotzinapa y jóvenes normalistas para continuar, próximos a un aniversario más, con la exigencia de justicia para los estudiantes normalistas detenidos y desaparecidos en Iguala en 2014. También hubo movilización de promotores de la creación de cuatro nuevos municipios, dos de la región Montaña: Temalacatzingo, que comprende pueblos nahuas adscritos a Olinalá, y Santa Cruz del Rincón, población me’pháá adjunta al municipio de Malinaltepec, y de la Costa Chica: Las Vigas, de San Marcos, y San Nicolás, de Cuajinicuilapa, que quieren también que sea aprobada su propuesta. n

@LDekonstruccion

 

Cómo puede afirmar el gobierno que no nos ha vencido el virus? ¿Cómo atreverse a asegurar que “hemos manejado la pandemia de la mejor manera”?

¿Cómo, si hay miles y miles de muertos y decenas de miles de contagiados, miles de desempleados, miles de establecimientos comerciales quebrados y una economía tambaleante?

¿Cómo, si incluso se ha tenido que regresar del semáforo amarillo al naranja? ¿Qué bases hay para garantizar que no se volverá al rojo?

¿Cómo alardear que la hospitalización de contagiados no ha rebasado la capacidad hospitalaria cuando es bien sabido que mucha gente muere sin haber ido a un hospital?

¿Qué tendría que ocurrir para que la autoridad se aleje de su falso optimismo y reconozca la verdad, consistente en que el virus nos ha vapuleado a placer, nos ha barrido de lo lindo, nos ha doblegado, sin que el gobierno sea capaz de frenarlo?

¿Tendría necesariamente que arrasar con la población?

Mucho es el empecinamiento de asumir actitudes ilusorias.

¿Cuál es la realidad?

La realidad es que la gente sigue muriendo día a día y que el virus se expande por todos lados, en tanto buen porcentaje de la gente se resiste a acatar las recomendaciones sanitarias.

Que se admite como única fórmula para contener el mal la creación de una vacuna, en tanto que la que están desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford se ha suspendido debido a una sospecha de reacción adversa grave, y la vacuna rusa, la Sputnik V, que ya está en distribución, es cuestionada por la Organización Mundial de Salud con el argumento de que no se apegó al procedimiento correcto para este tipo de experimentos.

Que México ha menospreciado las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, y la máxima autoridad del país ha pasado por alto las medidas sanitarias de su mismo secretario de Salud.

Que por cuestiones políticas, respeto a la democracia o a los derechos humanos, en el caso específico de Guerrero, el gobierno no ha variado su sistema de persuasión para que la población se apegue al uso de cubreboca, guarde su distancia y use gel, por una parte, y por otra, la Comisión de los Derechos Humanos del estado ha advertido a estado y municipios de abstenerse de aplicar medidas correctivas a los reacios porque, de hacerlo, estaría violando sus derechos.

Esa es la realidad; lo demás, las versiones futuristas alegres y aquello de que ya vamos saliendo, es sólo humo.

No se sabe adónde llegaremos ni cuál será el saldo.

Si alguien insiste en que todo está requetebién, que pregunte su opinión a los familiares de los difuntos.

Lo incuestionable es la conveniencia de apegarse a las indicaciones de las autoridades sanitarias; hacer caso al llamado oficial, pues mientras más resistencia presentemos, más muertes habrá que lamentar.

Mal o bien, el gobierno hace lo que cree que debe hacer; si la población no hace lo suyo, se seguirá caminando hacia el precipicio. n

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