Respecto al ataque al Congreso local perpetrado el fin de semana por normalistas de Ayotzinapa y miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), el vicecoordinador de la bancada de Morena Arturo Martínez Núñez, reprochó que “la violencia no es la vía correcta para llegar a concretar el diálogo y lograr acuerdos”.

¿Quién diría al diputado que los agresores querían diálogo? ¿Acaso les dijo el grupo agresor que buscaban acuerdos?

Pero además, ¿acuerdos sobre qué? Lo que demandaban era la presentación de sus 43 hermanos desaparecidos en Iguala en 2014.

¿Y es el Congreso acaso el que está llevando las investigaciones?

Si hubieran atacado el Palacio Judicial tendría cierta lógica porque lo acusan de ocultar videos sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre.

Pero ¿Por qué reclamar a los diputados?

Pero por otra parte, padres de los 43 y grupos de apoyo como Tlachinollan, han expresado en los últimos días su beneplácito por los pasos que sobre las investigaciones ha hecho la Fiscalía General de la República, entre ellos la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43.

¿Quiere eso decir que padres y organizaciones sociales de apoyo transitan por una senda y grupos como los agresores del Congreso caminan por otra tratándose del mismo asunto?

¿Tiene lógica, sentido o congruencia?

Ni la pandemia de Covid-19 "podrá callar el grito por la presentación con vida de nuestros 43 hermanos", dijeron.

¿Quién los está callando, si por el contrario cuentan con toda la libertad no sólo para vociferar, sino para incendiar, saquear y agredir impunemente?

Fundamentaron su atropello diciendo que la pandemia provocó la restricción de muchas actividades, desde la producción del campo hasta las mismas actividades educativas, que el derecho a la salud se quebrantó y que la insolente responsabilidad de autoridades sanitarias han paralizado el andamiaje judicial, impidiendo que los inocentes sean libres y los culpables encarcelados.

¿Alguien atiende este galimatías?

¿Es este vandalismo lucha social?

¿Se trata de desafiar al gobierno, cuya tibieza y pasividad les abre las puertas a la violencia y la anarquía sin recibir castigo jamás?

¿Se busca represión?

No. Que sólo se haga valer el imperio de la ley.

¿Es indebido, injusto o incorrecto? n

Si directivos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), han incurrido en fallas que han quebrantado las finanzas de la paramunicipal sin que sean sometidos al orden legal, es un tanto extraño que ahora que omitieron el cumplimiento de órdenes de la alcaldesa Adela Román Ocampo en el sentido de taponear las descargas de aguas negras al mar, se haya tomado la decisión de destituirlos en masa.

Pasar por alto las instrucciones de la primera autoridad del puerto es, desde luego, un asunto grave que amerita un castigo así. Ni duda cabe.

No obstante han cometido otras acciones que, ameritando una sanción similar, han sido tratados con toda condescendencia.

¿Qué no?

La misma alcaldesa denuncia que todas las administraciones pasadas han saqueado a la paramunicipal, pero la más reciente, la encabezada por Evodio Velázquez Aguirre, ha incurrido en el saqueo extremo.

Suponiendo sin conceder, que así fue, es obvio que el ex alcalde no actuó solo. Alguien lo ayudó. Y no pudieron haber sido otros que sus colaboradores. Los directivos, pues.

Pero entonces, ni Evodio ni los directivos se movieron solos. Para empezar contaron con la complicidad de la Contraloría de Capama, órgano de fiscalización interna, que se da cuenta de cuánto dinero se mueve, hacia dónde y por qué razón.

Contraloría no se queda con la información. Reporta a alguien. Y ese alguien también es cómplice de los saqueadores.

Pero hay algo más.

Estos señores no se mandan solos. Los supervisa y avala o desaprueba el Consejo de Administración, que es la máxima autoridad de la Capama. ¿Y quién cree que lo encabeza? El presidente municipal en turno.

Ahora bien, en el supuesto de que Consejo de Administración, Contraloría Interna y directivos de Capama estén integrados a una mafia, alguien, a otro nivel, los checa, revisa: la Auditoría Superior del Estado, o sea, el Congreso local.

Luego entonces, han sido muchos los responsables en cada trienio; el problema es que a ninguno hacen responsable y aprovechan el asunto sólo para dar golpes mediáticos.

Entre todos estos ha quedado el dinero saqueado que tiene en bancarrota a la Capama. n

Es entendible la aspiración de los trabajadores municipales de que el Ayuntamiento absorba el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a la prima del primer periodo vacacional.

Por una parte, a nadie le gusta que le descuenten de su salario, y por otra, los ingresos nunca son suficientes para satisfacer las necesidades de la casa. Es entendible.

Mas no es justificable que los trabajadores, afiliados a las secciones 19, 24, 56, 27 y 35 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), bloqueen durante seis horas una de las principales avenidas de la ciudad para obligar a la autoridad a sentarse a “negociar”, es decir, sentarla para obligarla a que diga que sí.

Líderes sindicales hacen alarde de poder para atropellar los derechos de toda persona que transita por la avenida.

Ni dirigentes ni trabajadores se fijan por un momento en que están violando la ley.

A ellos lo que les importa es que no les descuenten. Si para conseguirlo tienen que fastidiar a los porteños, pues adelante. Al fin que en un gobierno que se precia de demócrata, detener a los infractores y aplicarles la ley se interpreta como represión. En consecuencia, nunca pasa nada, así los inconformes por lo que sea pateen los derechos de la gente.

Quieren que nos repriman, dirán los transgresores. No. Nada de eso. Nada más se trata de aplicar la ley.

Se trata de que unos respeten y los otros hagan respetar.

¿Cuesta mucho entenderlo?

¿Cómo puede ser que esos cientos de burócratas colocados en diferentes áreas de poder del ayuntamiento, dedicados a hacer respetar leyes, reglamentos, salgan de su entorno a pisotear los derechos de los demás en busca de beneficios personales?

La exigencia es improcedente. Es una ley fiscal que cada contribuyente tiene que cumplir.

Pero ni líderes ni sindicalizados saldrán con las manos vacías; tan es así que ya advirtieron que si la alcaldesa no platica con ellos, radicalizarán las medidas de presión.

Fue el aviso.

El principio de la ilegalidad. n

Supervisa la limpieza de tanques del Infonavit Alta Progreso


La presidenta municipal, Adela Román Ocampo, supervisó la limpieza de tanques de almacenamiento de agua potable del Infonavit Alta Progreso, tarea que no se hizo en casi 40 años.

La alcaldesa llegó a los contenedores gemelos ubicados en el anfiteatro del puerto, donde anunció que este año su gobierno realizará una inversión millonaria para mejorar la infraestructura de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), institución noble y sin fines lucrativos que encontró saqueada y hundida en deudas.

En los límites del área que ocupa la citada unidad habitacional con la colonia Panorámica, Román Ocampo señaló que, pese a la deuda millonaria que heredaron gobiernos del pasado en la paramunicipal, su gobierno sigue trabajando para mejorar los servicios públicos en beneficio de los acapulqueños.

Agradece Astudillo al embajador Zvi Tal por el gesto solidario


Chilpancingo, 15 de julio. Para seguir haciendo frente a la pandemia de Covid-19, la embajada de Israel donó al gobierno de Guerrero insumos médicos consistentes en 19 mil 800 cubrebocas, 225 botellas de gel antibacterial y 47 cajas de guantes.

El gobernador Héctor Astudillo Flores agradeció al embajador Zvi Tal, por este gesto solidario que servirá para proteger al personal médico que sigue en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

De igual forma, expresó su agradecimiento a Bertín Cabañas López, por la gestión realizada tras recordar que Acapulco fue sede del doceavo encuentro latinoamericano de becarios de Israel.

A través de un vídeo, el embajador plenipotenciario de Israel en México, Zvi Tal, indicó que este es un donativo por parte de Mashav, la agencia para la cooperación internacional para el desarrollo de las relaciones exteriores de Israel, basada en el espíritu de la amistad entre los pueblos mexicanos e israelí.

Además es en concordancia con la buena relación entre ambos países, así como por los principios de solidaridad humana.

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