El comunicado que difundió ayer el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata bien podría retratar el atolladero en que se encuentra la seguridad pública en Guerrero, de manera particular en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El Cipog manifestó ayer su respaldo a la Consulta Popular que, promovida por Morena, organiza el INE, con la finalidad de obtener la opinión de la población acerca de la posibilidad de llevar a juicio a actores políticos relevantes del pasado (la promoción morenista da a entender que se trataría de cinco ex presidentes, si bien la pregunta a responder no los incluye de manera expresa).

Pero llama la atención el hecho de que la expresión de esta postura se produzca apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara su rechazo a la creación de grupos de autodefensa, cuyo objetivo declarado es suplir o complementar la función de las corporaciones del Estado mexicano en la tarea de garantizar la seguridad pública.

Y es que el Cipog agrupa en su seno a grupos de policías comunitarios que operan en localidades de municipios de La Montaña baja, como Chilapa, Hueycantenango y Ahuacuotzingo, una zona de Guerrero particularmente deficiente en cuanto a seguridad pública se refiere.

Afirmar que, con esa declaración, el Consejo Indígena y Popular está tratando de congraciarse con el mandatario federal o con el gobierno de la República, podría resultar simple y hasta riesgoso, pues hay elementos que pueden poner en tela de duda una aseveración de esa naturaleza.

En efecto, los grupos de autodefensa no deberían existir, pues el Estado, por disposición constitucional, tiene la obligación de garantizar la seguridad pública, así como la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Es casi un dogma la afirmación de que al Estado le ha sido asignado el monopolio de la violencia para que lo ejerza en el objetivo de preservar el imperio de la ley y de proteger a sus habitantes.

Pero en la realidad –sobre todo la de Guerrero– los hechos son distintos: la comisión de delitos ha estado muy por encima de las capacidades de los gobiernos para hacerle frente. Cuando nació el primer sistema de justicia comunitaria, el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), los delitos que agobiaban a los habitantes de las zonas indígenas eran del orden común. Hoy las víctimas no son sólo los pueblos originarios y no sólo habitan las zonas indígenas. n

Autoridades sanitarias advirtieron que ayer Guerrero registró la segunda cifra más alta de contagios diarios de todo lo que ha transcurrido de la pandemia por el Covid-19.

Eso y el retroceso del semáforo epidemiológico verde al amarillo ofrecen una idea clara de la magnitud del problema que, visto desde la perspectiva de la expansión del mal, es sólo una arista.

Las consecuencias económicas son otras no menos grave y preocupantes.

En esta tesitura, el presidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Guerrero, Alejandro Martínez Sidney, aseguró que el cambio de semáforo epidemiológico causó la pérdida de 20 mil empleos formales en la entidad de manera automática.

El dirigente no explicó qué metodología, sistema o procedimiento utilizó para conocer esta cifra a unas cuantas horas de haberse ejecutado el cambio de semáforo.

No es la primera vez que maneja información de este tipo.

Cuando Guerrero estaba en semáforo rojo emitió declaraciones respecto a cuántos empleos se habían perdido en su área.

Tampoco explicó nunca cómo había obtenido las cifras.

Esta vez acusó, asimismo, que las políticas de salud preventiva anti Covid-19 no se aplican de manera pareja, “porque –reforzó– mientras los negocios establecidos acatan los protocolos exigidos por los tres órdenes de gobierno, otros rubros trabajan con libertad”.

Eso sí, vale decir, resulta obvio y evidente, claro y transparente.

Martínez Sidney cita un ejemplo que se ajusta cabalmente a lo descrito:

“El servicio de transporte público, donde hay mucho desorden –subraya–, pues simple y sencillamente no se mete”.

Ciertamente.

Ahí, ni el ayuntamiento ni el gobierno estatal meten orden.

No hay autoridad.

No hay coordinación.

En otras etapas del Covid-19, el dirigente de comerciantes ha formulado señalamientos similares, y tampoco le han hecho caso.

Y sí.

¿Quién supervisa que el transporte público se sujete al aforo de 50 por ciento y la aplicación de los protocolos sanitarios?

¿Quién verifica el cumplimiento de 50 por ciento de aforo en mercados municipales, tianguis, bazares y mercados sobre ruedas?

Mucho rigor, presiones y amenazas hacia comercios, bares y restaurantes, y mucha relajación con otros. n

En respuesta al aumento de contagios de Covid-19, el Consejo de Salud Estatal regresó del semáforo epidemiológico verde al amarillo, que abarcará del 19 de julio al 1º de agosto.

El retroceso implica la modificación de porcentajes de ocupación, aforos y horarios de actividades esenciales y no esenciales.

Queda claro que, para las autoridades, será una tarea imposible de cumplir si no cuenta con la colaboración de la población residente y flotante, en cuyas manos queda prácticamente impedir el avance de la pandemia.

¿De qué hablamos?

De que el acuerdo del Poder Ejecutivo con las nuevas disposiciones constituye un decálogo de medidas cuidadosamente elaborado, cuyo cumplimiento está fuera del alcance del gobierno sin la participación de la gente.

Controlar los horarios y aforos de actividades en establecimientos cerrados, como bancos, supermercados, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, almacenes y centros comerciales, por mencionar algunos, podría cumplirse con relativa facilidad, pero hacer respetar los aforos y ocupaciones en sitios como hoteles, condominios, cuartos en renta, mercados, plazas públicas, playas y transporte público, representa una tarea titánica.

¿Cómo contener a la avalancha de visitantes que quieren ingresar a la zona de playa? ¿Cómo obligarlos a que usen cubrebocas, por decir lo menos?

¿Cuántos guardias, empleados públicos, policías, guardias nacionales, marinos y soldados se requerirían para controlar el ingreso, la aplicación de medidas sanitarias y la permanencia de usuarios en mercados municipales?

¿Cómo aplicar la norma gubernamental de guardar la sana distancia en el sistema de transporte Acabús?

¿De cuántos agentes se necesita echar mano para obligar a taxistas y operadores de urvans y autobuses urbanos a someterse a la norma?

De ahí la importancia de que toda la población atienda y lleve a la prática cotidiana las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Al final de cuentas, el gobierno podría argumentar que, definiendo normas de protección, aplicando pruebas y atendiendo hospitalizaciones, está haciendo su parte, y si la gente no hace la suya, no tendrá más que atestiguar cómo familiares y amigos van muriendo y llenando los panteones.

¿A quién le dolerá más? n

Nada motivador se avizora el futuro inmediato respecto al Covid-19.

Apoyada seguramente en información recabada como primera autoridad del puerto, Adela Román Ocampo vaticinó ya que en agosto la situación sanitaria será más crítica para Acapulco.

Datos manejados por medios nacionales parecen respaldar el vaticinio de la alcaldesa: este lunes 19, Sinaloa retrocederá al semáforo rojo; el estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca volverán al amarillo.

“Estamos ante una tercera oleada; tenemos noticias bastante fuertes de que hay un número alto de contagios de Covid-19”, advirtió la primera edil.

Indicó que “para el siguiente mes los índices de contagio crecerán y las circunstancias serán complicadas si los sectores no actúan con responsabilidad”.

Aseguró que “por la irresponsabilidad de la gente se perdió la oportunidad de la reactivación económica”.

Dicho sea aparte, es cierto que no pocas personas siguen resistiéndose a aplicar las medidas sanitarias; empero, habrá que hacer ver que si alguien no usa cubreboca no ingresa a un banco, a un supermercado o, por citar algunos ejemplos, a una tienda de conveniencia.

Los mercados municipales son jurisdicción del ayuntamiento.

El Consejo Estatal de Salud determina que mercados, romerías, tianguis, bazares y mercado sobre ruedas, son considerados sitios de alto riesgo de contagio; deben tener un aforo de 60 por ciento; los adultos mayores tendrán preferencia de acceso; se permite el ingreso de un niño o una niña mayor a dos años de edad por familia; deberán estar abiertos de 5:00 a 20:00 horas.

Según el artículo tercero del acuerdo que entró en vigor el día 12 de julio, las actividades practicadas en estos sitios deberán observar las siguientes disposiciones sanitarias: uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial de al menos 65 por ciento de alcohol, mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos, toma de temperatura, sanitización permanente de espacios y objetos, cuidado de los adultos mayores y grupos vulnerables, evitar las aglomeraciones, reducir la movilidad, así como respetar los porcentajes de aforo y horarios de funcionamiento.

¿Está aplicando y haciendo respetar la alcaldía porteña estas reglas?

El artículo sexto asienta: Conforme a su esfera de competencia, los ayuntamientos y el Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres deberán fortalecer las acciones de prevención, mitigación y contención del virus SARS-CoV2 Covid-19; disponer de brigadas de sanitización y divulgación durante el periodo de la pandemia, priorizando los lugares de alta concentración de personas.

¿Lo hace el ayuntamiento?

¿La gente renuente a protegerse es la única culpable de la expansión de contagios?

¿Es la única irresponsable? n

A quién puede atribuirse la responsabilidad de que se suspendiera este día 15 el mensaje que con motivo de su Sexto Informe de Gobierno pronunciaría el gobernador Héctor Astudillo Flores en la explanada del Congreso local?

No hay que dar muchas vueltas al asunto si hemos de atenernos a la versión, por un lado, del líder del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), David Martínez Mastache, y por el otro, a la del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel.

El dirigente del Suspeg acusa al presidente de la Jucopo de operar “para lograr la cancelación del informe”.

Asegura que Sánchez Esquivel generó a propósito el conflicto con los trabajadores y que los confrontó para que bloquearan y no se llevara a cabo el evento.

Indicó que Sánchez Esquivel les informó el miércoles “de manera arbitraria”, un día antes del informe, que no les pagarán los bonos que ya están establecidos.

Haciendo a un lado la hojarasca, Martínez Mastache centra la causa del paro laboral y toma de instalaciones del Congreso en la supuesta cancelación “de última hora de los acuerdos pactados entre la Jucopo y el Suspeg”.

Entre otros puntos, el presidente de la Jucopo expresó que el plazo para el cumplimiento de las demandas de los trabajadores vence el 17 de julio y que en ningún momento se les informó que no fueran a cubrirse las prestaciones.

Preciso es preguntar: Si el plazo para las negociaciones de las demandas sindicales vence el 17, ¿el Suspeg tenía que irrumpir en el Congreso y apoderarse de sus instalaciones cuatro días antes, a unas horas de que el jefe del Ejecutivo pronunciara su mensaje?

¿En qué momento y de qué manera confrontó Sánchez Esquivel a los trabajadores?

Sostiene el presidente de la Jucopo que en ningún momento se informó al Suspeg que no fueran a satisfacerse sus demandas, pero en el supuesto de que así no hubiera ocurrido, ¿no pudo el Suspeg aguantar unas horas más –con tal de no estropear el acto del gobernador– para abalanzarse contra el Congreso?

¿Contra quién fue realmente la embestida?

¿Sólo quiso el Suspeg colocar a la Jucopo contra la pared para obtener respuesta satisfactoria a sus peticiones sindicales o era otro su propósito? n

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