Mal se siguen viendo aquellos que, siendo parte de la administración estatal, se han empecinado en ignorar las recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado, lo mismo que el dictamen de un juez federal a favor de los 176 policías estatales despedidos en mayo de 2017.

Los agentes fueron destituidos después de que llevaron a cabo un paro de actividades para exigir diversas prestaciones de ley, así como una jornada laboral de tres días de trabajo por tres de descanso.

A partir de entonces, han llevado a cabo una serie de protestas y de gestiones en busca de justicia.

En veredicto emitido el 21 de diciembre de 2018, el juez del Séptimo Distrito ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado la reinstalación de los 176. La resolución del juez dio un plazo de 48 horas para su cumplimiento. No pasó nada.

En conferencia de prensa ofrecida el 26 de diciembre en el Congreso del estado, José Muñoz Franco, líder de los despedidos, informó que “el juzgado federal dice que el proceso que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por el general Pedro Almazán Cervantes (entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública) fue de manera arbitraria, ilegal, con coraje y no se llevó a cabo por los conductos administrativos, pues el Consejo de Honor y Justicia es el único facultado para suspender, despedir o reincorporar, y no se llevó a así”.

Por otro lado, la Coddehum ha expedido dos recomendaciones mediante las cuales ha pedido la reinstalación en sus cargos.

El mismo Muñoz Franco declaró ayer en conferencia de prensa que no ha habido ni reinstalación, ni pago de sueldos caídos, ni de viáticos.

Ni un dictamen de un juez federal, ni las recomendaciones de la Coddehum, han surtido efecto alguno.

Es de esperarse que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga en el conflicto corrigiendo el exceso cometido por uno de los que fueron sus colaboradores. n

Si bien las autoridades se encargan de proyectar la impresión de que se adaptaron ya muy bien al clima de violencia y muerte que no deja de estremecer a la población, activistas como María Luisa Garfias Marín insisten en demandar justicia en los casos de asesinato y desaparición de mujeres.

En un mensaje que debe hacer suyo –por si algo sirve– la Fiscalía General del Estado (FGE), Garfias Marín condenó que la impunidad impere en el estado, lo que ha generado, acusa, que continúen las desapariciones de mujeres, sobre todo en municipios como Chilpancingo.

Apuntó que de diciembre a febrero en el estado ha habido 12 mujeres desaparecidas entre niñas, jóvenes y adultas.

Líder de la organización Aliadas por la Justicia y galardonada con la presea Sentimientos de la Nación, se quejó de que no hay acceso a la justicia de las mujeres, aunque a este respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, precisó ya que son los pobres en general los que tienen el mismo problema.

Al mejor postor

Feb 16, 2019

Nada nuevo, ni nada privativo de Guerrero –o de México–, dijo ayer el presidente de la Comisón de los Derechos Humanos del estado, Ramón Navarrete Magdaleno, al atestiguar la juramentación de nuevos integrantes del Foro Guerrerense de Abogados, a pesar de lo cual es siempre meritorio que el defensor oficial de los derechos humanos de la sociedad sea quien lo diga.

Es de todos conocido, alrededor del mundo, que quien cuenta con más recursos –materiales o intelectuales– puede enfrentar mejor las visicitudes de la vida, sean de orden económico, político, sanitario o judicial. Sí, también del orden judicial, que casi equivale a decir que la justicia en todas partes está al mejor postor, al servicio de quien más puede pagar por ella.

Pero no se refería a eso el ombudsman del estado. Por lo contrario, escogió bien sus palabras: en Guerrero, “ser pobre es una desventaja en la preservación de los derechos humanos”, y las explicó al agregar que tener dinero permite “pagar un abogado, pagar fianzas”. Le faltó decir –quizá no lo dijo por corrección política–: pagar gratificaciones al personal del Ministerio Público y a los policías, pagar fotocopias y pagar amparos.

Sin duda alguna, uno de los sucesos que más llamaron la atención durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Guerrero fue el abrazo entre el jefe del Ejecutivo federal y el del estatal, Héctor Astudillo Flores, que limaron la rispidez generada en la anterior visita a Tlapa, el 11 de enero, cuando el gobernador fue abucheado por algunos asistentes.

Si bien Astudillo Flores había advertido que tendría que sopesar cuidadosamente la probabilidad de asistir al próximo evento de AMLO en la entidad, el hombre estuvo presente haciendo honor a la invitación presidencial. Se le vio alegre, contento, al lado del mandatario, quien, por otro lado, hizo cuanto tenía que hacer para que el gobernador superara el mal sabor de boca de aquel infausto acontecimiento.

En consecuencia, no fue de extrañarse ver juntos a los dos mandatarios, pues anticipadamente ya se había visto a Astudillo Flores y al delegado del gobierno federal en la entidad, Pablo Amílcar Sandoval, fundidos en un abrazo, dando por cerrado el episodio negativo y restableciendo el buen clima político, propicio para la conducción constructiva del estado.

Prevención

Feb 16, 2019

El ayuntamiento de Acapulco informó que un avance de 75 por ciento registran los recorridos realizados en canales pluviales y desarenadoras que realiza personal de Protección Civil y de varias dependencias de la alcaldía. Asimismo, dio a conocer que en los 13 días de trabajo, han recorrido más de 50 puntos, 57 presas gavión y 31 desarenadores en colonias del anfiteatro y la zona Poniente de Acapulco, encontrando basura, maleza e incluso escombro que es arrojado por los ciudadanos que viven en los alrededores.

Están muy bien los recorridos sobre todo porque falta un buen rato para que lleguen las lluvias y porque eso deja de manifiesto el interés de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo. Debe hacerse mención de que antes no había ocurrido algo parecido; no obstante, sobra decir que, está muy bien la supervisión, pero ni siquiera hace falta, pues no ha habido una sola temporada de lluvias en que los cauces pluviales, presas gavión y desarenadores queden en condiciones de resistir el siguiente temporal sin que se les dé mantenimiento.

Caso especial es el del cauce del río de La Sabana; ayer, al recorrerlo, los empleados municipales debieron darse cuenta de que está tan azolvado que en la primera tormenta tropical o huracán rebasará los bordes y se desparramará sobre las colonias cercanas, sobre todo Renacimiento, que en ningún momento se ha dicho que esté en zona de alto riesgo; empero, ha sufrido tres inundaciones empezando con el provocado por el huracán Paulina a principios de octubre de 1997.

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