Si en tiempos de prosperidad y abundancia los manejos indebidos de recursos públicos se consideran una ofensa a la sociedad, en momentos de escasez y ajustes presupuestales a la baja como los actuales deberían catalogarse, además de ilegales, como una provocación o, peor aun, una agresión.

No obstante, los desvíos emergen a la luz pública y se perciben como algo normal; ni los auditores informan respecto al estado final de los sucesos, ni los auditados tienen interés alguno por demostrar a la sociedad que no incurrieron en delito alguno, lo que da a entender que sí lo hicieron y que la impunidad los cobijó alegremente, como ha venido ocurriendo por sistema.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitido este fin de semana revela que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) realizó 515 pagos improcedentes con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), por el orden de más de 4 millones de pesos del ejercicio fiscal 2019, a 95 trabajadores que se identificaron como decesos.

El Fone es el descomunal problema que arrastra la SEG, pues tiene más de 5 mil trabajadores, la mayoría administrativos, sin techo presupuestal que los respalde.

O sea que los contrataron, pero no tienen para pagarles.

Ah! Pero eso sí: les pagan salario religiosamente a difuntos.

No hablemos de desfalcos, ni fraudes, porque no se ha emitido sentencia al respecto, pero cuando menos la SEG exhibe por adelantado su ineficiencia en materia administrativa; si no, ¿por qué no le salen las cuentas?

Pero… ¿Qué hay del reporte hecho público por la ASF en octubre de 2019 en el sentido de haber detectado también en la SEG un probable daño patrimonial al erario público de más de 5 millones de pesos, por haber realizado pagos con recursos del Fone a trabajadores, posteriores a su fecha de baja de la dependencia, además de haber pagado a trabajadores de 13 centros de personal adscrito a centros de trabajo, bolsa o personal por reubicar, de quienes se desconoce si realmente realizaron actividades directamente vinculadas con la educación básica o la formación de docentes?

Nadie sabe. Nadie supo.

Las conclusiones quedaron volando.

Nunca se habló del seguimiento.

Reportan la irregularidad y ahí termina todo.

Creen que con hacer públicos los saqueos ya cumplieron su responsabilidad.

¿Y la guerra a la corrupción? n

A la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) directores entran y directores salen, pero no sueltan los mismos argumentos para justificar la escasez de agua.

Este martes, el encargado de despacho, Roberto Villalobos Alcalde, dijo que la falta de agua potable se debe en cierta parte a que hay “huachicoleo” del líquido en algunas colonias.

El 3 de marzo de 2020, es decir hace prácticamente 12 meses, el entonces director general de la paramunicipal, Leonel Galindo González, denunció la existencia de “huachicoleo”, o sea la venta ilegal, el saqueo del líquido.

Entonces habló de que la empresa estaba realizando una campaña de clausurar tomas clandestinas de establecimientos que incurrían en esta práctica ilegal.

Si Capama sigue manejando la existencia del problema, significa obviamente que no se ha resuelto.

Más de 24 meses no han sido suficientes para que terminen de corregir el referido vicio; ya a punto de terminar la actual administración municipal, durante la cual un día sí y otro también han acusado a anteriores administraciones de las irregularidades existentes en la Comisión, es de dudarse que los resuelvan.

Se les terminaron –a fuerza de tanto uso– los argumentos de que Capama está en quiebra técnica y financieramente; de que cuando llegaron hallaron mafias entre las que figuraban trabajadores de la empresa, pero que ya tenían la estrategia para desintegrarlas; de que nadie los iba a asustar, ni a detener.

La actual gestión halló quejas de escasez de agua, y los clamores de la gente hoy en día se acrecientan.

Sus operadores no dan con la salida.

No saben qué aducir.

La más reciente creatividad para encarar los reclamos ha consistido en demandar a los actores y partidos políticos no lucrar electoralmente con el problema de la falta de agua.

Cuando prácticamente agoniza el trienio, se comprometen a no escatimar esfuerzos para rescatar al organismo, lo mismo que han prometido desde que llegaron.

Han convocado a los actores y fuerzas políticas a que en este proceso electoral sean serios y eviten “utilizar la necesidad de la gente en sus aspiraciones políticas”.

La escasez sigue ahí.

Y claro que los partidos políticos y sus candidatos la manejarán en sus trabajos de campaña.

¿Por qué no habrían de hacerlo siendo una necesidad que asfixia a la gente?

¿Acaso ellos no hicieron lo mismo? n

Si bien el hallazgo de sembradíos de la planta de la coca no es precisamente reciente en el país –pues fue hace seis años que el Ejército hizo el primer descubrimiento documentado–, sí debería generar en las autoridades federales un sentido de apremio, que hasta la fecha no han mostrado, por la despenalización de los cultivos hoy ilegales.

Durante la campaña electoral que llevó al poder al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se escatimaron menciones y comentarios relativos a la conveniencia y la intención de despenalizar la marihuana, lo cual hizo parecer la oferta electoral del entonces candidato como la más avanzada en el tema de las drogas, pues ya no hay duda alguna de que la vía del prohibicionismo no lleva al mundo a ningún resultado que no implique muerte, destrucción, corrupción, debilitamiento de las instituciones y del Estado mismo.

La guerra contra las drogas en el mundo está por cumplir un siglo. Ha costado decenas de miles de vidas de policías y de soldados, de delincuentes, de adictos y de inocentes que tuvieron la mala fortuna de quedar atrapados en el fuego cruzado. Y ni en los países en que las medidas represivas son más duras –donde quienes acaban pagando los costos de esta locura son los familiares de los delincuentes, pues suelen quedar desamparados tras el asesinato o encarcelamiento de los acusados– la producción, la venta y el consumo de las drogas ha desaparecido. No se diga en las sociedades donde la justicia es menos estricta.

Ayer el presidente López Obrador reveló que fue descubierto un sembradío de plantas de coca –de la cual se extrae la cocaína– en la sierra de Atoyac, y advirtió a los involucrados que “estamos investigando sobre esto”.

No debería ser novedad, pues hace dos años la policía de Colombia advirtió que en México se produce esa droga a partir de cocaína base que narcotraficantes de ese país envían al nuestro. Más bien, el nuevo descubrimiento muestra que cada vez se afianzan más en esa actividad hoy considerada delictiva.

La realidad es más terca y más persistente que cualquier planteamiento teórico. Así que los legisladores federales tendrán que elegir: dejar un cabo suelto o considerar este cultivo importado como uno más entre los que deben ser incluidos en la iniciativa relacionada con la despenalización de las drogas en México. n

La declaración del director general de la Comisión de Transporte y Vialidad del estado, Miguel Ángel Piña Garibay, en cuanto a que el sistema de transporte Acabús opera con 35 por ciento de sus camiones, no podría reflejar de modo más transparente la razón por la que la empresa respeta sólo a medias los protocolos sanitarios.

De paso eso lleva a pensar que tal vez por esa misma razón, la Comisión de Transporte no se atreve a obligar a los transportistas a respetar las medidas sanitarias.

¿Cómo van a pedir a los concesionarios que se apeguen a las normas determinadas por la Secretaría de Salud si la empresa de traslado de pasajeros administrada por el gobierno no lo hace?

En el papel, de acuerdo con el Diario Oficial del gobierno estatal, el transporte público debe operar con un aforo de 30 por ciento; no obstante, los vehículos del Acabús, al igual que los taxis colectivos, recorren repletos sus rutas en ciertas horas del día.

Piña Garibay informó que de 143 unidades que tenía originalmente el sistema de transporte oficial, ahora solamente circulan unas 70, entre alimentadoras y troncales, mientras que unas 50 permanecen en el taller.

A 11 meses de que comenzó la pandemia, el servicio sigue igual o cada vez peor, porque poco a poco las unidades van quedando en el taller.

Por tanto, en vez de reducir la frecuencia de paso de las unidades a efecto de que no se saturen, lo amplían más.

Si antes –al menos eso decía la empresa– pasaban los camiones cada 10 minutos, ahora cuando menos duran 15.

Nadie, eso sí, viaja sin cubreboca en el Acabús. Pero va restregándose un pasajero con otro porque la unidad va al tope.

¿El gel antibacterial? Es asunto del pasado. Al menos en algunas estaciones, como en la terminal de Playa Seca.

Ni siquiera de refilón, el funcionario del gobierno del estado dejó entrever que haya un plan para sacar del taller todas esas unidades, y por tanto, tampoco hay el propósito de que las medidas sanitarias se respeten a cabalidad.

¡Ah! Pero eso sí: los necios, los escépticos, los renuentes, los que se niegan a usar cubreboca y se resisten a quedarse en casa en espera de que ahí les lleven los alimentos, son los culpables de la expansión del coronavirus.

Desde un principio se dijo que el transporte es una de las fuentes más severas de contaminación –la otra son los hospitales–, pero ni siquiera por eso han intentado que la empresa que mueve prácticamente a todos los acapulqueños haga su trabajo.

Entonces, ¿tenían razón aquellos permisionarios de las tradicionales líneas camioneras que en principio vaticinaban que el Acabús sería un fracaso?

¿Cuánto tiempo falta para que todas las unidades vayan a parar al taller y ahí se jubilen, en tanto los porteños se quedan esperando su camión en las estaciones?

¿Dónde está la eficiencia que tanto pregonan? n

No llega la calma

May 11, 2021

La llegada de vacunas, así sean 25 mil dosis, constituye una bocanada de aire fresco para la entidad y sus gobernantes.

Ayer lunes comenzaron a aplicarse en zonas pobres del estado: Coahuayutla, municipio de la Costa Grande; Tlalchapa y Zirándaro, en Tierra Caliente, y Tlapa, Tlacoapa, Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán, en La Montaña.

La cantidad de dosis es como ver el vaso medio lleno o medio vacío.

Reanudar la vacunación entre el personal médico que faltaba y los primeros adultos mayores proporciona un respiro; el gobierno lo maneja como una mejora importante –y lo es–, pero comparativamente con la población con que cuenta Guerrero –3 millones 500 mil habitantes–, 25 mil no significa prácticamente nada.

Si hubiera que echarle lápiz se caería en la cuenta de que, a esta velocidad, se necesitaría mucho más de un año para aplicar una sola dosis a toda la población.

Entonces, tiene razón el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, cuando advierten que no es momento de ceder en la aplicación de las medidas sanitarias; expertos indican que aun habiendo sido vacunados todos, el virus no desaparecerá.

La situación sigue siendo compleja y el horizonte no se vislumbra nada tanquilizador aun habiendo comenzado la vacunación, porque a la vuelta de la esquina asoma ya el rostro la temporada de Semana Santa, del domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril.

Habrá más turistas. Más derrama económica. Más empleos, pero también más contagios.

Pareciera que lo que ocurrió en diciembre está a punto de repetirse ahora con la Semana Mayor.

La autoridad maneja que 15 días más Guerrero estará en semáforo rojo; no sería de extrañar que se quiera alcanzar el color naranja para, transcurrida la Semana Santa, volver al rojo por el crecimiento de contagios.

Ojalá que no sea así.

Ya sólo Guerrero y Guanajuato están en rojo en el país.

Y es necesario ya que llegue el naranja para luego pasar al amarillo y al verde.

La economía, el confinamiento y la salud no aguantan más.

Si 2020 es conocido como el año perdido, es de esperarse que 2021 sea el de recuperación.

Urge ya. n

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