El 18 de noviembre de 1956, el entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Jruschov, dijo desafiante, sobre las potencias capitalistas, cuyos embajadores estaban reunidos en la embajada de Polonia –entonces también país socialista– en Moscú: “La historia está de nuestra parte. Los enterraremos”.

Se refería el legendadrio Jruschov a la supuesta superioridad intrínseca del socialismo frente al capitalismo, que en su visión estaba condenado a la extinción derivada de sus contradicciones internas.

Pero 33 años después, la potencia socialista, al frente de la cual estaba Mijail Gorbachov, se desintegraba, víctima de sus propias contradicciones internas, y dejaba, de momento, un mundo unipolar, al frente del cual quedaba su gran enemigo histórico –y aún hoy enemigo de la humanidad–: el gobierno de Estados Unidos.

Antes, allá por 1940, el líder nazi Adolfo Hitler emprendió una guerra con la certeza de que al final la Alemania de aquel entonces terminaría dominando el mundo. Pero en 1945 caía con estrépito ante los cañones y las bombas con las que lo atacaban, por un lado, el Ejército Rojo de la Unión Soviética, y por el otro, la aviación aliada de Occidente. Y fue al demente rijoso que el mundo se le vino abajo.

La realidad es más terca que cualquier postura ideológica. Muchos líderes alrededor del mundo hoy lo tienen presente, y evitan frases y admoniciones sentenciosas, porque éstas pueden volverse contra ellos y dejarlos en ridículo. Es, pues, sensato, no hacer alarde de certezas sobre el futuro, ni sobre las capacidades propias.

Sin embargo, hoy en nuestro país se vuelven a oír frases de ese talante, que –obligados por la realidad– han tenido que empezar a masticar para luego tragar, o se aprestan a ello, quienes las han pronunciado.

En Acapulco recién se produjo la misma circunstancia en relación con la alerta de la Cofepris sobre varias playas contaminadas con coliformes fecales más allá de lo aceptable. La reacción inmediata fue condenar el informe y tacharlo de complot ideado para afectar el éxito turístico de este balneario.

Pero luego un estudio ordenado por la alcaldía confirmó el informe del organismo federal, y para rematar el asunto, ayer amanecieron confinados al menos cuatro derrames de aguas turbias y pestilentes que han estado saliendo a la bahía.

La realidad es más terca que cualquier postura política o ideológica. n

El jefe de Gabinete del ayuntamiento de Tlapa, Marco Antonio García Morales, sospechoso del asesinato del líder social Arnulfo Cerón Soriano, continúa en el centro del huracán.

El día 19, familiares, amigos y compañeros del funcionario marcharon y se manifestaron fuera del Cereso de Tlapa para exigir su liberación; ayer volvieron a marchar, ahora en Chilpancingo, con el mismo propósito.

Por su parte, familiares y amigos del dirigente asesinado han expresado su temor de que el detenido haga valer sus influencias para salir en libertad.

Unos aseguran que García Morales, Tony, es inocente; otros afirman que es culpable.

¿Quiénes tienen la razón?

Complicado saberlo.

Corresponde al juez determinarlo.

Desde el momento en que la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó la detención con base en una orden de un juez de control hay motivo para pensar que cuenta con elementos de peso para inculparlo.

El problema estriba en que no hay confianza en quienes tienen en sus manos la impartición de justicia.

Lo correcto y conveniente sería que defensores y acusadores del detenido aportaran pruebas conducentes a demostrar su inocencia o culpabilidad en el proceso jurídico, según el caso, sin necesidad de tanto ruido.

Mas la ausencia de confianza mueve a unos y otros a presionar a favor y en contra.

Los manifestantes de ayer exigían dialogar con la FGE. ¿Qué van a dialogar? Aquí no es cuestión de negociación. Al menos, no debería de ser.

La simple versión de que García Morales es sospechoso de la muerte del dirigente porque éste hizo declaraciones en su contra podría ser tan inválido como aquella de que es inocente nada más porque sí.

También cabría la sospecha de que el funcionario es usado como chivo expiatorio por la Fiscalía como respuesta a la presión.

Lo más sano sería que dejaran de presionar a la Fiscalía para que haga su trabajo con libertad, y que ésta actuara con apego a la ley, que investigara realmente y solucionara el caso, en vez de sumarlo a los rezagos, como usualmente sucede aun con asesinatos de alto impacto.

No es con manifestaciones como se define la aplicación de la justicia, pero tampoco debe hacerse enviando los expedientes al archivo muerto, como ocurre. n

No es extraño que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) haya hecho análisis de las playas. Siempre lo hace en la víspera de alguna temporada vacacional. Esta vez no fue la excepción.

Pero sí es extraño que de las 272 playas de 70 destinos turísticos de los 17 estados costeros del país, 269 hayan pasado la prueba, y las tres restantes, las reprobadas, correspondan a Acapulco.

Ha ocurrido generalmente que son varias las playas de diversos destinos del país las que resultan no aptas para el uso recreativo, es decir que la gente no puede meterse a bañar, pero esta vez las únicas tres que rebasaron los límites establecidos de Enterococcus faecalis fueron de Acapulco.

Eso, empero, no necesariamente significa que Cofepris mienta. Podría suceder que excluyera de la lista otras playas que salieron mal; tal vez, pero no quiere decir que en el caso de este puerto esté desvirtuando la realidad.

No es la primera vez que el organismo federal incluye Playa Suave, Icacos y Manzanillo entre las excesivamente contaminadas, pero las autoridades no se han encargado de corregir definitivamente los problemas.

Las descargas de aguas negras están a la vista de quien quiera verlas; el voluminoso caudal de líquido pestilente que va a dar a la playa Manzanillo ha sido denunciado por los turisteros de la zona, lo mismo por quienes laboraban en los astilleros, sin que se atienda.

Igual en playa Icacos, donde, ya en alguna ocasión hasta fotos submarinas exhibieron una poderosa descarga que nunca ha sido corregida.

Luego entonces, ¿habrá perversidad en Cofepris, como arguye la Presidencia Municipal de Acapulco?

Difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que ninguna autoridad de los tres niveles gubernamentales ha tomado en serio las descargas de residuos fecales, a pesar de que las playas constituyen el único atractivo turístico de Acapulco.

Si saben que Cofepris lleva a cabo análisis cada temporada, mínimo cada temporada deberían ocuparse de evitar que la inmundicia llegara al mar, pero prefieren recurrir al pataleo después y hacerse las víctimas, a asumir su responsabilidad.

Anunció ya la alcaldía que por su parte mandó hacer sus propios estudios; seguramente resultarán favorables; mas si Cofepris resulta sospechosa, menos confiables serán los análisis ordenados por el ayuntamiento.

La autoridad competente para estos efectos es Cofepris, y si se duda de su seriedad, los ofendidos deberían impugnar los resultados ante quienes supervisan a la Comisión en vez de hacer sus panchos.

Otra: si no quieren señalamientos contra Acapulco, sencillamente que no den motivo.

Este asunto es similar al de la inseguridad. ¿No quiere la autoridad que se hable de derramamiento de sangre, y que se diga solamente lo bonito? Simple: que impida los asesinatos. ¿Quieren que no se hable de playas contaminadas?, que corrijan el problema y después lleven a cabo tareas de prevención. Fácil. Lo difícil es que cada quien haga su chamba. n

Lo que es negro es negro y lo blanco es blanco.

Por consiguiente, no deberían dar tantos brincos los gobernadores en relación al ventaneo que, durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de los faltistas a las reuniones en las que se aborda la violencia.

Siendo la inseguridad uno de los principales problemas del país y debiendo ser estas reuniones del ámbito federal las que sirven para analizar la situación imperante en cada entidad, evaluar estrategias y tomar decisiones, es de entenderse que los jefes del Poder Ejecutivo de cada estado deberían estar ahí, atentos, pendientes, analíticos, críticos y haciendo propuestas sobre los temas que se traten.

No acudir o mandar representante podría interpretarse como falta de interés; por eso, bien hace López Obrador en pedir a los mandatarios estatales dar la debida importancia a estos encuentros y no delegar.

De ninguna manera sería insano que en estas reuniones los mandatarios cuestionen lo que ahí se trate; mal está, eso sí, que las ignoren, mientras la violencia flagela a sus gobernados.

Por fortuna, el gobernador Héctor Astudillo no figura en la lista de faltistas e indolentes; si bien no figura en el número uno, el mandatario guerrerense acude con regularidad. Afirma que son de utilidad estas reuniones.

Si hay que creerle o no, sólo habría que echarle un vistazo a las cifras de homicidios dolosos, que han venido a la baja, si bien las extorsiones suben de intensidad, lo que de ninguna manera debe pasarse por alto.

Claro que el gobierno federal no deberá prestar oídos sordos a lo expresado por el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, cuando dice que “en la Conago somos los primeros en pedir que se nos evalúe, pero con base en indicadores. Desde la Conago buscamos solucionar de manera conjunta y ofrecemos con integridad y franqueza al gobierno federal, buscando generar sinergias”.

Bien dicho está eso de “de solucionar de manera conjunta” y buscar generar sinergias, pero tendrán que sumar sus palabras a la acción porque, de acuerdo con el ventaneo, algunos de ellos se están haciendo a un lado. Y eso se llama incongruencia.

Por otro lado, ni el gobierno federal ni los gobernadores deberán tener la piel tan sensible a lo que plantean unos de los otros, derivado de que ni unos ni otros están acostumbrados a la crítica, pero considerando que ésta tiende a construir, no hay razón para soslayarla ni satanizarla en ninguno de los casos.

Presidente y gobernadores deberán entender la necesidad de avanzar unidos, tomando en cuenta que se deben a sus gobernados, es decir que no están escribiendo en sus cuadernos. n

El acuerdo entre las instituciones de crédito que operan en México y el SAT, merced al cual los comercios expedirán la factura correspondiente en el momento mismo del pago de la compra, es una especie de prueba de fuego para el gobierno de la 4T.

Conforme se ha difundido la información relativa a tal acuerdo, una ola de advertencias acerca del peligro que tal medida implicaría para el ciudadano empieza a recorrer el país.

En síntesis, la advertencia es que este acuerdo permitirá al gobierno vigilar las finanzas de los ciudadanos que pagan sus compras con tarjeta de crédito o de débido, con miras a criminalizar a aquellos que tengan ingresos insuficientemente explicados, lo cual sería detectado al comparar sus gastos con sus ingresos declarados. Egresos mayores que los ingresos declarados constituirían una inconsistencia que haría a quien la comete acreedor a una multa del SAT, si no es que a una investigación más profunda.

Por supuesto, dicen, la reacción más probable y más generalizada es que los tarjetahabientes cancelen ese medio de pago y de entonces en adelante paguen en efectivo.

No está claro cuánta certeza hay en esta previsión. Es bien sabido que el uso de efectivo dificulta dar seguimiento al dinero, lo cual no ocurriría si todo mundo empleara medios de pago que dejan registro, como las tarjetas de crédito o de débito y los cheques nominativos. Pero en México casi todos los ciudadanos emplean sólo efectivo, si bien desde hace años las autoridades han emprendido acciones para incentivarlos a usar tarjetas.

Pero la pregunta es: ¿cuánto ha calado en el ánimo de los ciudadanos las pretensiones moralizadoras del gobierno que desde hace un año conduce los destinos del país? Un año es un plazo razonable para empezar a medir resultados, en especial si se trata del objetivo prioritario de la administración: la moralización de la sociedad, sobre todo si se parte de la premisa que ha expresado en innumerables ocasiones el mismo presidente de la República: “el pueblo es bueno y es noble”.

Partiendo de ese supuesto, lo lógico es que la gran mayoría recibiera gustosa, incluso con alborozo, la buena noticia de que a partir de enero sus finanzas personales estarán a la vista del órgano fiscalizador del Estado, porque “el que nada debe nada teme”, como lo ha dicho también el Presidente.

Pero tal vez ni las autoridades tengan tal pretensión fiscalizadora totalitaria, ni todos los ciudadanos estén dispuestos a cancelar sus tarjetas, no por otro motivo, sino sólo porque no tienen nada que esconderle al fisco: sus ingresos están debidamente documentados, al igual que sus egresos.

De hecho, que les expidan la factura al momento de pagar puede ser para ellos una facilidad más para cumplir sus obligaciones fiscales, y quizá hasta lo vean como una ventaja.

Por eso es que esta medida será una prueba de fuego: ¿cuántos cancelarán sus tarjetas para que el SAT no se dé cuenta de cómo administran sus finanzas? n

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